La búsqueda de asilo político y protección en Argentina de
seis líderes campesinos paraguayos
Ainara Lertxundi
Gara Salieron de Paraguay huyendo de la represión, pero lejos de encontrar asilo,
fueron detenidos en Buenos Aires y encarcelados. Un juez argentino ha dado luz
verde a la extradición, ahora recurrida. «Si los extraditan, lo más probable es
que los maten", alega la defensa.
Arístides Luciano Vera, Roque Rodríguez, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo,
Agustín Acosta y Gustavo Lescano esperan desde la prisión argentina Marcos Paz
la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre, el Juzgado Nacional
de lo Correccional y Criminal número 4, a cargo de Ariel Lijo, concedió la
extradición de estos seis paraguayos por el secuestro y muerte en 2004 de
Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas, cuyo cuerpo apareció en
febrero de 2005. Ellos niegan los hechos y la única prueba acusatoria es un
testimonio más que dudoso.
«Paraguay es un país con grandes desigualdades sociales y una dura lucha
política entre los sectores de la oligarquía paraguaya, muy ligados a Estados
Unidos. Es una de las oligarquías más conservadoras de Latinoamérica. Tras 35
años de dictadura de Alfredo Stroessner, los que gobiernan ahora, del Partido
Colorado, son los continuadores de la dictadura en una supuesta democracia. En
los últimos cinco años han muerto 200 campesinos y, entre 3.000 y 4.000 marines
ocupan el país, principalmente en la frontera con Bolivia», subraya a GARA el
abogado argentino Negro Soares que está al cargo de la defensa de estos seis
presos paraguayos, cinco pertenecientes al Partido Patria Libre (PPL) y otro al
movimiento campesino.
A la hora de analizar su situación, Soares se remonta a 2002, año en el que
mataron al vicepresidente de Paraguay. El entonces presidente, Raúl Cubas, tuvo
que dimitir por la revelación de su implicación en esta muerte. «Este hecho
trajo consigo una gran lucha interna política con vínculos con la oligarquía y
el narcotráfico. En 2004, se produjo el secuestro de Cecilia Cubas y un
considerable aumento de la represión contra los movimientos populares y
agrarios. La dirección del Partido Patria Libre fue básicamente diezmada, casi
todos están presos o exiliados», remarca. A modo de ejemplo, recuerda la
detención ilegal e intento de desaparecer a dos dirigentes del PPL en enero de
2002. Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí fueron secuestrados y torturados
durante dos semanas. Tan sólo una filtración y la acción de sus propios
familiares y amigos consiguió rescatarlos con vida de una prisión clandestina.
La implicación de los aparatos del Estado fue un hecho notorio y constatable que
provocó la destitución de los ministros de Justicia y de Interior así como del
fiscal general. El caso está en manos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
En este clima repreviso, los seis optaron por presentarse voluntariamente ante
el juez de instrucción Pedro Mayor que, al no haber pruebas, rechazó en varias
ocasiones procesarlos por la muerte de Cecilia Cubas y la adopción de cualquier
medida cautelar. Pero en cuanto el Gobierno paraguayo supo que, siguiendo la
recomendación del embajador argentino en Asunción y en compañía de su abogada,
habían ido a Argentina en busca de asilo, solicitó su extradición.
Tres de ellos fueron detenidos por la Interpol en la sede del Cepare (Comité de
Elegibilidad para Refugiados) el 2 de mayo. Otros dos lo fueron en una modesta
casa de Florencio Varela y el último, cerca de su lugar de trabajo. En contra de
lo que suele suceder en este tipo de casos, el proceso judicial se llevó a cabo
en un tiempo casi récord. «A los abogados de la defensa no nos permitieron
ninguna prueba y el magistrado aceptó la extradición». El pasado martes Soares
presentó el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, la máxima
instancia judicial argentina. Ese mismo día, 4.000 personas exigieron la puesta
en libertad de estos seis presos paraguayos, que han recibido el respaldo de la
mayoría de organismos de derechos humanos.
«En el recurso adjuntamos la declaración pública del presidente Duarte, que dijo
que `no parará hasta aniquilar los últimos residuos del Partido Patria Libre'.
Si los extraditan, lo más probable es que los maten porque a sus compañeros y
allegados los están acribillando en sus domicilios o en la cárcel. Hay elementos
suficientes para que Argentina les dé refugio», concluye Soares. Ahora, se abre
un indeterminado periodo de espera. Saben que hay muchos intereses políticos en
juego pero «están muy esperanzados y agradecidos por la solidaridad recibida».
