Argentina: La lucha contin�a
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Vecinos litigados por Meridian Gold
Marcela Valente
IPS
Residentes de la sure�a ciudad argentina de Esquel que llevan cinco a�os
rechazando la explotaci�n de oro a cielo abierto han sido querellados por la
compa��a promotora del proyecto porque difundieron su estrategia para torcer la
voluntad de la comunidad.
"Lo que buscan es perseguirnos, hostigarnos y desalentar nuestra resistencia,
pero vamos a seguir", dijo a IPS Gustavo Macayo, uno de los seis residentes de
Esquel, en la austral provincia de Chubut, litigados por la empresa minera El
Desquite, subsidiaria en Argentina de la compa��a de capitales canadienses
Meridian Gold, con sede en Estados Unidos.
La querella fue presentada hace dos a�os ante tribunales de Buenos Aires, que el
martes citaron a las partes a una fallida audiencia de conciliaci�n.
"Ya que la conciliaci�n fracas�, hoy le presentamos al juez un pedido para que
convoque a una audiencia de juicio oral. Veremos qu� responde", dijo este
mi�rcoles a IPS el abogado de la empresa, Miguel Sarrabayrousse.
"El juez manifest� simpat�as por la causa ambiental, as� que no sabemos si
llamar� a juicio o si insistir� en que no hubo delito", como hab�a expresado en
una instancia anterior, dijo.
"Acceder de manera ileg�tima a informaci�n o documentos privados viola la ley de
confidencialidad", aleg� Sarrabayrousse.
La audiencia no tuvo mucho sentido, observ�. "El perjuicio ya est� hecho, no veo
posibilidad de conciliar nada, el juez habl� ins�litamente de evitar el litigio,
evitar un conflicto en el que todos pierden, pero para m� no hay posibilidad de
conciliaci�n", dijo.
Macayo, abogado y �nico de los vecinos presente en la audiencia, consider� que
"la instancia fue buena en general porque nos permiti� dar a conocer nuestra
posici�n y que un juez nos escuchara".
La concesi�n del proyecto de explotaci�n aur�fera fue otorgada por el gobierno
de Chubut a El Desquite en 2002. El mineral se extraer�a a cielo abierto a s�lo
seis kil�metros de Esquel, de 40.000 habitantes, y utilizando cianuro para
desprender el metal de la roca.
A partir de entonces, la comunidad cre� la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de
Esquel, que organiz� marchas en la ciudad, consiguiendo que la alcald�a
convocara a una consulta popular no vinculante el 23 de marzo de 2003, en la que
81 por ciento de los votantes dijeron "No" a la mina.
Las obras se suspendieron, pero la empresa nunca abandon� el proyecto.
En 2006, la justicia acept� un recurso de amparo interpuesto por una vecina, lo
que impidi� a la empresa continuar con las obras hasta tanto cumpliera con el
correspondiente estudio de impacto ambiental y la posterior audiencia p�blica.
Pero la concesi�n otorgada no se ha revocado, y El Desquite mantiene sus
dep�sitos y oficinas en Esquel. El litigio, adem�s, indica que persistir� en su
empe�o.
En 2005, los vecinos organizados de Esquel divulgaron en una conferencia de
prensa en esa ciudad grabaciones que reproduc�an lo dicho en una reuni�n de
ejecutivos y asesores de El Desquite, realizada en Buenos Aires seis meses
despu�s de la consulta popular, en septiembre de 2003.
En ese encuentro a puertas cerradas en un hotel del centro de Buenos Aires,
representantes de la empresa y asesores en comunicaci�n contratados discut�an
una estrategia para revertir la opini�n p�blica desfavorable a la mina mediante
la cooptaci�n de vecinos "respetados" que ser�an contratados como "abre puertas"
frente a los m�s duros.
All� se evalu� el otorgamiento de "beneficios sociales" a los vecinos y la
realizaci�n de reuniones, entrevistas e informes destinados a dirigentes
pol�ticos nacionales y provinciales de los que se procurar�a su apoyo p�blico al
proyecto.
Para ganar a los vecinos, los asesores de El Desquite sugirieron involucrar a
organizaciones no gubernamentales "de prestigio" como la Fundaci�n Vida
Silvestre, Poder Ciudadano y la Fundaci�n Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
con el fin de "contrabalancear" el discurso de otras contrarias, "como
Greenpeace".
"Ser�a importante para el desarrollo de nuestra estrategia que se las contrate
para ciertas actividades", propuso un asesor que estim� conveniente contactar a
FARN, dirigida por "un hombre de prestigio como el constitucionalista Daniel
Sabsay", seg�n el registro de la reuni�n divulgado por los vecinos y no
desmentido por la empresa.
"Nunca fui contactado", dijo Sabsay a IPS y record� que �l y FARN son contrarios
a la mina. "Estuve en Esquel y fui muy cr�tico al se�alar la inexistencia de
estudios de impacto ambiental, el manejo secreto de la informaci�n y las
t�cnicas tremendamente destructivas que utilizar�an", afirm�.
En 2005, FARN se present� como "amicus curiae" (amigo del tribunal) en la causa
judicial iniciada para frenar el proyecto. Esta figura se refiere a terceros,
ajenos a un litigio, que ofrecen su opini�n para colaborar en la resoluci�n de
un caso.
En esa intervenci�n, la organizaci�n advirti� que el proyecto no hab�a cumplido
normas vigentes sobre estudio de impacto ambiental y mecanismos de participaci�n
ciudadana.
Sabsay justific� la difusi�n de la grabaci�n por parte de los vecinos. "Se
defienden como pueden de una estrategia de compra de voluntades", advirti�.
"La comunidad de Esquel actu� en forma determinante en relaci�n a este tema y
pese a todas las amenazas demostr� no tener fisuras, me parece muy poco feliz
que la firma siga en esta estrategia de enfrentamiento", opin�.
En la reuni�n grabada, los asesores aconsejaron contratar a la empresa
encuestadora Catterberg y Asociados, que realiza sondeos preelectorales, para
conocer la opini�n de Esquel sobre la mina.
"En la encuesta buscaremos d�nde est� el quiebre entre aqu�l al que le interesa
la ecolog�a aunque se muera de hambre y aqu�l al que le importa el dinero y el
beneficio econ�mico y no tanto el tema ecol�gico", dec�a uno de los encargados
de presentar la estrategia ante la empresa.
Entonces, otro de los presentes pregunt� si el entonces gobernador de Chubut
(Carlos Maestro), no deb�a estar prevenido de que la encuesta simular�a ser un
sondeo encargado por su administraci�n, pero pagada por la minera.
La respuesta fue que la empresa encuestadora no objetaba poner a Maestro al
corriente.
"Mi preocupaci�n es que salga a la calle la informaci�n de que vamos a tratar de
dar vuelta a la comunidad", expres� premonitorio uno de los ejecutivos.
En su presentaci�n, los abogados litigantes de El Desquite reconocieron la
existencia de ese encuentro.
"Los hechos denunciados forman parte de una obvia y agresiva campa�a para
perjudicar el prestigio y los intereses de la empresa", alegaron.
Tras el fracaso de la consulta popular, la empresa hab�a decidido "mejorar su
pol�tica de comunicaci�n" a trav�s de consultoras que la ayudaran a lidiar con
la "falta de informaci�n" en Esquel y con la "informaci�n maliciosamente
tergiversada", argumentaron.
Silvia P�rez, residente de Esquel, dijo a IPS por tel�fono que la grabaci�n fue
enviada desde Buenos Aires, aunque no revel� la fuente. "Nosotros no robamos
ninguna informaci�n ni violamos ning�n secreto, simplemente recibimos esos
audios y los difundimos, porque hablaban de nosotros", aleg�.
El abogado de El Desquite admite que la grabaci�n puede haber sido entregada a
los vecinos por alguien de la firma que grab� la reuni�n, pero considera que al
difundir el contenido participaron del delito.
El 4 de este mes, m�s de 400 personas llevaron a cabo la movilizaci�n n�mero 61
contra el proyecto, dijo P�rez.
La estrategia de contrarrestar movilizaciones sociales en los tribunales "es una
nueva forma de desalentar la protesta y de aleccionar a los que se movilizan",
dijo a IPS la soci�loga Maristella Svampa, estudiosa de estos fen�menos.
"Llevar a juicio a los que protestan es una pr�ctica que comenz� con el Estado,
ahora tambi�n es un recurso de las multinacionales", a�adi�.
El lunes, una empresa de capitales nacionales y extranjeros, la constructora
Koad inici� una demanda por da�os y perjuicios contra dos vecinos de un barrio
de Buenos Aires que lideran una organizaci�n contraria a una planificada
edificaci�n sin el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Fuente: lafogata.org