Residentes de la sureña ciudad argentina de Esquel que llevan cinco años
rechazando la explotación de oro a cielo abierto han sido querellados por la
compañía promotora del proyecto porque difundieron su estrategia para torcer la
voluntad de la comunidad.
"Lo que buscan es perseguirnos, hostigarnos y desalentar nuestra resistencia,
pero vamos a seguir", dijo a IPS Gustavo Macayo, uno de los seis residentes de
Esquel, en la austral provincia de Chubut, litigados por la empresa minera El
Desquite, subsidiaria en Argentina de la compañía de capitales canadienses
Meridian Gold, con sede en Estados Unidos.
La querella fue presentada hace dos años ante tribunales de Buenos Aires, que el
martes citaron a las partes a una fallida audiencia de conciliación.
"Ya que la conciliación fracasó, hoy le presentamos al juez un pedido para que
convoque a una audiencia de juicio oral. Veremos qué responde", dijo este
miércoles a IPS el abogado de la empresa, Miguel Sarrabayrousse.
"El juez manifestó simpatías por la causa ambiental, así que no sabemos si
llamará a juicio o si insistirá en que no hubo delito", como había expresado en
una instancia anterior, dijo.
"Acceder de manera ilegítima a información o documentos privados viola la ley de
confidencialidad", alegó Sarrabayrousse.
La audiencia no tuvo mucho sentido, observó. "El perjuicio ya está hecho, no veo
posibilidad de conciliar nada, el juez habló insólitamente de evitar el litigio,
evitar un conflicto en el que todos pierden, pero para mí no hay posibilidad de
conciliación", dijo.
Macayo, abogado y único de los vecinos presente en la audiencia, consideró que
"la instancia fue buena en general porque nos permitió dar a conocer nuestra
posición y que un juez nos escuchara".
La concesión del proyecto de explotación aurífera fue otorgada por el gobierno
de Chubut a El Desquite en 2002. El mineral se extraería a cielo abierto a sólo
seis kilómetros de Esquel, de 40.000 habitantes, y utilizando cianuro para
desprender el metal de la roca.
A partir de entonces, la comunidad creó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de
Esquel, que organizó marchas en la ciudad, consiguiendo que la alcaldía
convocara a una consulta popular no vinculante el 23 de marzo de 2003, en la que
81 por ciento de los votantes dijeron "No" a la mina.
Las obras se suspendieron, pero la empresa nunca abandonó el proyecto.
En 2006, la justicia aceptó un recurso de amparo interpuesto por una vecina, lo
que impidió a la empresa continuar con las obras hasta tanto cumpliera con el
correspondiente estudio de impacto ambiental y la posterior audiencia pública.
Pero la concesión otorgada no se ha revocado, y El Desquite mantiene sus
depósitos y oficinas en Esquel. El litigio, además, indica que persistirá en su
empeño.
En 2005, los vecinos organizados de Esquel divulgaron en una conferencia de
prensa en esa ciudad grabaciones que reproducían lo dicho en una reunión de
ejecutivos y asesores de El Desquite, realizada en Buenos Aires seis meses
después de la consulta popular, en septiembre de 2003.
En ese encuentro a puertas cerradas en un hotel del centro de Buenos Aires,
representantes de la empresa y asesores en comunicación contratados discutían
una estrategia para revertir la opinión pública desfavorable a la mina mediante
la cooptación de vecinos "respetados" que serían contratados como "abre puertas"
frente a los más duros.
Allí se evaluó el otorgamiento de "beneficios sociales" a los vecinos y la
realización de reuniones, entrevistas e informes destinados a dirigentes
políticos nacionales y provinciales de los que se procuraría su apoyo público al
proyecto.
Para ganar a los vecinos, los asesores de El Desquite sugirieron involucrar a
organizaciones no gubernamentales "de prestigio" como la Fundación Vida
Silvestre, Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
con el fin de "contrabalancear" el discurso de otras contrarias, "como
Greenpeace".
"Sería importante para el desarrollo de nuestra estrategia que se las contrate
para ciertas actividades", propuso un asesor que estimó conveniente contactar a
FARN, dirigida por "un hombre de prestigio como el constitucionalista Daniel
Sabsay", según el registro de la reunión divulgado por los vecinos y no
desmentido por la empresa.
"Nunca fui contactado", dijo Sabsay a IPS y recordó que él y FARN son contrarios
a la mina. "Estuve en Esquel y fui muy crítico al señalar la inexistencia de
estudios de impacto ambiental, el manejo secreto de la información y las
técnicas tremendamente destructivas que utilizarían", afirmó.
En 2005, FARN se presentó como "amicus curiae" (amigo del tribunal) en la causa
judicial iniciada para frenar el proyecto. Esta figura se refiere a terceros,
ajenos a un litigio, que ofrecen su opinión para colaborar en la resolución de
un caso.
En esa intervención, la organización advirtió que el proyecto no había cumplido
normas vigentes sobre estudio de impacto ambiental y mecanismos de participación
ciudadana.
Sabsay justificó la difusión de la grabación por parte de los vecinos. "Se
defienden como pueden de una estrategia de compra de voluntades", advirtió.
"La comunidad de Esquel actuó en forma determinante en relación a este tema y
pese a todas las amenazas demostró no tener fisuras, me parece muy poco feliz
que la firma siga en esta estrategia de enfrentamiento", opinó.
En la reunión grabada, los asesores aconsejaron contratar a la empresa
encuestadora Catterberg y Asociados, que realiza sondeos preelectorales, para
conocer la opinión de Esquel sobre la mina.
"En la encuesta buscaremos dónde está el quiebre entre aquél al que le interesa
la ecología aunque se muera de hambre y aquél al que le importa el dinero y el
beneficio económico y no tanto el tema ecológico", decía uno de los encargados
de presentar la estrategia ante la empresa.
Entonces, otro de los presentes preguntó si el entonces gobernador de Chubut
(Carlos Maestro), no debía estar prevenido de que la encuesta simularía ser un
sondeo encargado por su administración, pero pagada por la minera.
La respuesta fue que la empresa encuestadora no objetaba poner a Maestro al
corriente.
"Mi preocupación es que salga a la calle la información de que vamos a tratar de
dar vuelta a la comunidad", expresó premonitorio uno de los ejecutivos.
En su presentación, los abogados litigantes de El Desquite reconocieron la
existencia de ese encuentro.
"Los hechos denunciados forman parte de una obvia y agresiva campaña para
perjudicar el prestigio y los intereses de la empresa", alegaron.
Tras el fracaso de la consulta popular, la empresa había decidido "mejorar su
política de comunicación" a través de consultoras que la ayudaran a lidiar con
la "falta de información" en Esquel y con la "información maliciosamente
tergiversada", argumentaron.
Silvia Pérez, residente de Esquel, dijo a IPS por teléfono que la grabación fue
enviada desde Buenos Aires, aunque no reveló la fuente. "Nosotros no robamos
ninguna información ni violamos ningún secreto, simplemente recibimos esos
audios y los difundimos, porque hablaban de nosotros", alegó.
El abogado de El Desquite admite que la grabación puede haber sido entregada a
los vecinos por alguien de la firma que grabó la reunión, pero considera que al
difundir el contenido participaron del delito.
El 4 de este mes, más de 400 personas llevaron a cabo la movilización número 61
contra el proyecto, dijo Pérez.
La estrategia de contrarrestar movilizaciones sociales en los tribunales "es una
nueva forma de desalentar la protesta y de aleccionar a los que se movilizan",
dijo a IPS la socióloga Maristella Svampa, estudiosa de estos fenómenos.
"Llevar a juicio a los que protestan es una práctica que comenzó con el Estado,
ahora también es un recurso de las multinacionales", añadió.
El lunes, una empresa de capitales nacionales y extranjeros, la constructora
Koad inició una demanda por daños y perjuicios contra dos vecinos de un barrio
de Buenos Aires que lideran una organización contraria a una planificada
edificación sin el correspondiente estudio de impacto ambiental.
