Argentina: La lucha continúa

Esta semana el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer el nivel de inflación de enero. La encargada de divulgar el índice tan temido no será Graciela Bevacqua, la titular hasta días atrás de la dirección de Indices de Precios al Consumo, sino una reemplazante puesta allí por Miceli, Beatriz Paglieri.
Según la ministra, el cambio se debió a "razones funcionales", una figura lo suficientemente ambigua como para disimular diferencias técnicas y políticas. Según denunciaron los empleados de la repartición, el aumento de precios en el primer mes del año habría sido lo suficientemente alto como para que desde Hacienda presionaran para una baja artificial. "Cambio de metodología contable", que le llaman a los artilugios o dibujos de una inflación menor a la real.
"Vienen por el índice", denunciaron los más alarmistas dentro del plantel del Indec, según los cuales la inflación de mes en cuestión habría sido superior al 2 por ciento. El PEN, dicen, sólo admitiría 1,2 o a lo sumo 1,5 porque de lo contrario estaría dando por derrotado antes de tiempo su meta inflacionaria de un dígito para todo el año.
El personal del Instituto está en estado de alerta y movilización por esa cuestión puntual. Pero en pocas semanas puede estarlo por el tema salarial ya que sus dirigentes gremiales, de ATE -que a su vez es parte decisiva de la CTA-, han adelantado que exigirán un piso mínimo de aumento del 20 por ciento en sus haberes.
Otros gremios de orientación política tan diferente a aquellos como la Fraternidad (responsable del afiche "No jodan con Perón"), también han planteado ese reclamo del 20 por ciento como mínimo. Hasta el inefable Armando Cavalieri, que dice haber trabajado alguna vez en un comercio, declaró que piensa demandar una suba del 23 por ciento en los haberes.
El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, si bien no puso porcentajes porque aludió a que cada gremio tiene realidades diferentes (el suyo, de Camioneros, logró varias mejoras en estos años), dejó en claro que hay que negociar libremente a la suba.
En un acto donde se recibía material ferroviario adquirido a Portugal, el propio presidente Néstor Kirchner habilitó la discusión sobre los ingresos de los trabajadores. Lo hizo criticando a quienes quieren inhibir ese pedido con el argumento de que esas mejoras conducirían necesariamente a mayor inflación. "No nos quieran asustar esos pícaros que escriben sobre la inflación", expresó Kirchner. El palo tenía varios destinatarios: las centrales empresarias, los columnistas de "La Nación", los economistas neoliberales y Roberto Lavagna.
Si alguien tenía alguna duda de que este será un año de paritarias sobre salarios y condiciones de trabajo, ya la habrá desechado. Y todo ese "tira y afloja" entre gremialistas y ejecutivos va a terminar repercutiendo en el despacho de Miceli, donde se acumulan varios otros problemas. Ella había presentado como un gran logro que en 2006 la inflación fuera del 9,8 por ciento; al menos la medida por el Indec, que la real anduvo bastante por encima.
Poniendo estaba la gansa...
El viejo dicho sirve para ilustrar la conducta de Miceli respecto a España, a la que se le pagará con subidos intereses la "ayuda desinteresada" que brindó en 2001 antes del reventón de la economía y algo más del país.
Los ibéricos habían prestado realmente 860 millones de dólares, en vez de los mil millones anunciados y publicitados hasta el hartazgo. Ahora se les reconocen y abonan 982 millones, luego de reajustar los intereses devengados. Como la cancelación será en seis años y con un interés tasa Libor más 1,4 puntos anuales, la cifra total será mayor.
Es interesante acotar que la sonriente ministra no pudo lograr que caminara su oferta a Madrid, pues ella había pedido que la cancelación fuera a diez años con  tres de gracia, ajustada a una tasa Libor más 1 punto anual. Los términos del acuerdo, como de costumbre, los fijaron los representantes del país imperial, que aunque devenido en potencia de segundo orden, así y todo sigue siendo tal.
El hecho tendría que servir para no digamos que insuflar en la administración K un fervor patriótico que lo lleve a renacionalizar petróleo de manos de Repsol, eso ya se sabe que no será así, pero al menos para que los enviados del rey Juan Carlos no nos tomen el pelo. Es una estupidez decir que esa corona ayudó a nuestro país como nadie lo hizo.
Luego de semejante negociación para pagar deuda externa se puede intuir que seguirá un curso más o menos negativo la que se encare con el Club de París, por 6.500 millones de dólares. Será otro jirón arrancado a la imagen de la ministra, afectada por las tratativas con el embajador de EE UU Earl Wayne y el representante comercial adjunto John Veroneau.
El otro problema político que atraviesa a su gestión viene de tranqueras adentro. Si bien la semana pasada hubo una división en dos del bloque de entidades agropecuarias a la hora de las acciones a encarar, en el fondo las cuatro están que trinan contra la política agropecuaria del oficialismo.
Confederaciones Rurales y la Federación Agraria hicieron nuevas asambleas y protestas contra la suba de las retenciones a la soja, en tanto Coninagro y la Sociedad Rural, que compartieron ese ideario en el paro anterior, en esta oportunidad levantaron el pie del acelerador de sus camionetas "4 por 4".
Pero se vienen nuevas medidas de fuerza de esos productores pues el gobierno no parece dispuesto a eliminar las retenciones, aduciendo necesitarlas para pagar subsidios a los productores que demandan cereales para la elaboración de alimentos. Y el nivel de precios de éstos está entre los de mayores impactos en las mediciones del Indec, como se consignó al inicio, lo que configura un problema político para la ministra y el secretario de Comercio Guillermo Moreno, pero sobre todo para el presidente Kirchner.
Esto último tiene una razón de ser. Desde que Lavagna fue eyectado de Hacienda, en noviembre de 2005, se supo que -más allá del nombre de quien estuviera sentado en esa poltrona- el real ministro de Economía sería el mismo jefe de Estado.
Hacerse cargo La tramitación de las causas por violaciones a los derechos humanos ha mostrado que todos los militares y policías procesados tratan de lavarse las manos. Ellos enrostran a otros la responsabilidad de crímenes, desapariciones, torturas, violaciones y robos de bebés entre otros horrendos delitos. A lo sumo reservan para sí el rol de humildes servidores que hacían lo que otros indicaban. El descargo de la "obediencia debida" no fue tenido en cuenta como válida en 1945, cuando los jerarcas del régimen nazi la esgrimieron ante sus jueces de Nuremberg. Acá es repetida, por ignorancia, cobardía o falta de mejores argumentos; o por un poco de cada cosa.
Esa estrategia se apreció en la penúltima semana de enero, cuando el ex capitán de fragata Alfredo Astiz -ascendido durante el gobierno de Raúl Alfonsín- declaró que no tuvo que ver con las desapariciones de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y los demás militantes populares capturados en la Iglesia de la Santa Cruz. Según Astiz, eso fue obra de agentes secretos franceses como René Bertrand Perceval.
Independientemente de que ese agente haya tenido algo que ver con los secuestros -la embajada gala en Buenos Aires no tomó en diciembre de 1977 el caso con la fuerza necesaria- eso no quita que Astiz fue el entregador y la Armada la fuerza que llevó los prisioneros a la Esma. Allí fueron torturados y luego enviados de pasajeros de los "vuelos de la muerte", para aparecer algunos de sus cadáveres arrastrados por el mar a la altura de Santa Teresita.
Astiz, alias "Angel Rubio", fue parte de ese grupo criminal y tendrá que hacerse cargo de sus actos cuando la demorada justicia al fin lo lleve a juicio la causa Esma.
Las estratagemas para ganar tiempo y tirar lastre también fueron utilizadas por el ex vicealmirante Luis M. Mendía, citado en la misma causa, al pretender justificar los operativos en las órdenes recibidas por el gobierno de Isabel Perón. Demasiado aprovecharon los militares esas órdenes entre 1974 y 1976 para avanzar con su plan golpista, para que aún hoy, más de treinta años después, digan que a posteriori de 1976 siguieron actuando con ese plan. Está a la vista que, luego de asaltar el poder, la línea represiva dio un salto cualitativo y al servicio de un gobierno cien por ciento al servicio del establishment. El gobierno derrocado fue usado como un limón y todos sabemos adónde va a parar el cítrico una vez exprimido.
Aquí ya se había advertido que la necesaria y justa reapertura de la causa Isabel Perón y Triple A, en cuyo marco ha sido pedida la detención y la extradición de la ex presidente, podía tener un inconveniente: algunos genocidas buscarían justificar el terrorismo de Estado alegando que cumplieron órdenes de un gobierno constitucional. Mendía fue señalado por el capitán Adolfo Scilingo como el jefe del Comando de Operaciones Navales que explicitó a los oficiales la metodología de las desapariciones de los secuestrados y en particular el uso del pentotal y los vuelos para descargar los cuerpos adormecidos en el río y el mar. ".   

Fuente: lafogata.org