Argentina: La lucha continúa
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El pasado como meta
Sebastián Lacunza
IPS
Néstor Kirchner optó por dividir aguas como estrategia para gobernar Argentina.
Empero, logró mantener alta su popularidad gracias al buen desempeño de la
economía y a la reducción de la pobreza, aunque aún está muy lejos de cumplir
con las metas del milenio.
Los proyecciones oficiales indican que el producto interno bruto (PIB) creció de
modo constante hasta sumar casi 40 por ciento desde el inicio, en mayo de 2003,
del gobierno centroizquierdista de Kirchner hasta su finalización el próximo 10
de diciembre, mientras que la pobreza caerá en el mismo lapso de 52 por ciento
hasta 25 por ciento de los 37 millones de argentinos.
También la indigencia se reducirá hasta ubicarse en 8,7 por ciento de la
población, según un estudio de la consultora Equis que anticipa los datos del
estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).
Si bien ese indicador equivale a un tercio del registro de mitad de 2002, cuando
se sufrían las peores consecuencias del colapso de fines de 2001, todavía falta
mucho para llegar a los buenos indicadores del pasado.
Además, Claudio Katz, investigador de la estatal Universidad de Buenos Aires, le
resta méritos a la administración de Kirchner, pues sostiene que esos índices
positivos no obedecen a políticas específicas suyas.
"Los números del crecimiento no los atribuiría a un mérito del gobierno sino al
cambio del ciclo económico, que le da a Argentina condiciones favorables como no
tenía hace 50 años", relativizó el experto ante la consulta de IPS.
"Lo que hay que preguntarse es cómo, con cuatro años de crecimiento, la pobreza
sigue siendo elevadísima, pues nada lo justifica", interpela Katz.
Datos económicos como recaudación fiscal, superávit fiscal, reservas y
exportaciones también invitan al gobierno a proyectar optimismo con cierto
consenso social. Los salarios y la distribución del ingreso mejoran día a día y
el desempleo ya bajó a 10,2 por ciento de la población económicamente activa,
tras superar 22 por ciento en la cresta de la ola de la crisis.
Sólo la inflación aparece como la principal alarma, al haber llegado el año
pasado a 9,8 por ciento.
Katz, pone el acento pesimista, al anotar que todos esos logros se tornan
relativos cuando se considera que el país había descendido "al infierno", como
suele decir Kirchner, con un retroceso inédito de más de 20 por ciento de su
producción interna bruta entre 1999 y 2002.
En poco tiempo, Argentina conoció una verdadera tragedia social con pocos
antecedentes en el mundo. La conclusión es más aguda si se considera que en los
años 70 la pobreza afectaba a menos de 10 por ciento de su población, con apenas
dos por ciento de indigentes, y que en las décadas previas el país exhibía
números de desarrollo humano superiores a la media europea.
Tras el vendaval de la dictadura militar (1976-1983), el número de pobres llegó
al equivalente de 15 por ciento de la población en la década del 80, indicador
que trepó hasta 25 puntos porcentuales a mediados de los años 90, como
consecuencia de la crisis hiperinflacionaria primero y de la alta desocupación
luego, ya en el gobierno del neoliberal Carlos Menem (1989-1999).
Los dos gobiernos sucesivos de Menem, del mismo Partido Justicialista
(peronista) que Kirchner pero en las antípodas ideológicas, culminaron con una
fuerte recesión, que se acentuó tras la llegada del centrista Fernando de la
Rúa, quien abandonó la presidencia en diciembre de 2001, a la mitad de su
mandato de cuatro años y en medio de la debacle socio-económica.
Si el Indec confirma, como se estima, que 2006 cerró sus mediciones con un
indicador de pobreza de 27,1 por ciento de la población, significará que apenas
se aproxima a los críticos niveles de la década pasada y, por ende, resta mucho
por hacer.
Muchos en Argentina se plantean ahora cómo perforar lo que aparece como un
núcleo de pobreza consolidado, con la urgencia de cumplir con los ocho Objetivos
de Desarrollo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para el Milenio,
que encabeza el compromiso de abatir a la mitad el número de indigentes para
2015, tomando como referencia los datos de 1990.
"El problema que veo es que se ha pasado de una pobreza de la crisis a una de la
reactivación. La pobreza, antes estaba dominada por el desempleo y ahora reside
en los trabajadores precarios", describe Katz, también integrante de la
agrupación Economistas de Izquierda.
El economista alerta que "una masa muy amplia de los trabajadores informales
tiene un ingreso menor que el costo de la canasta básica de pobreza". En rigor,
el salario mínimo, elevado drásticamente por decisión de Kirchner, está hoy en
863 pesos (270 dólares), mientras que el límite de pobreza fijado por el Indec
alcanza los 899 pesos.
Se estima que sólo en la economía formal ganan el salio mínimo unos 700.000
trabajadores, número que como mínimo se duplica entre los empleados "en negro".
El debate que estableció Kirchner es entre un modelo de perfil desarrollista y
la receta del libre-mercado, cuyo emblema en los años 90 fue Menem y ahora lo es
el ascendente político centroderechista Mauricio Macri, empresario, presidente
del popular club de fútbol Boca Juniors y probable candidato presidencial en las
elecciones de octubre.
El oficialismo enfatiza que, en caso de haberse implementado el ajuste que
pregonaban los candidatos de centroderecha con el fin de "generar confianza en
los inversores", ello hubiera impedido el despegue que exhibió Argentina desde
fines de 2002.
Katz aduce que "es una falsa alternativa decir que una política neoliberal,
monetarista, hubiera sido peor". "Ni esa política malsana ni el modelo
neo-desarrollista actual son las únicas posibles. Existe un modelo de
redistribución radical del ingreso que permitiría erradicar la pobreza",
argumentó.
En la agenda distributiva de Katz figuran la utilización "del excedente del
superávit para garantizar un ingreso universal a los más humildes y la reforma
impositiva que todos dicen que hay que hacer y nunca se hace, como la rebaja del
impuesto al valor agregado y la imposición a la renta financiera".
"El modelo de acumulación ya no beneficia al capital financiero y a las empresas
privatizadas pero sí a sectores industriales que necesitan tener un bajo nivel
salarial. No debe haber un techo salarial marcado por la inflación sino que los
ingresos deben acompañar al aumento del beneficio empresarial y a la
productividad", explicó.
En cuanto a un ingreso universal, una módica suma en torno a los 50 dólares fue
puesta en práctica por el gobierno interino del centrista Eduardo Duhalde
(2002-2003), también justicialista, para contener el peor momento de la debacle
social.
El denominado plan Jefes y Jefas de Hogar, lanzado entonces y aún vigente, llegó
a abarcar a 2,2 millones de beneficiados con la supuesta contraprestación de una
tarea social.
El número de beneficiados de ese programa social se fue reduciendo hasta abarcar
ahora 1,1 millones de personas, a lo que hay que sumar otros programas, como el
Familias para madres solteras con hijos menores, que incluye a 330.000 mujeres.
Los planes Jefes y Jefas de Hogar llegaron a incluir a casi la totalidad de la
población activa de algunas regiones marginadas del norte del país. Al día de
hoy, unas 350.000 personas que reciben el beneficio son considerados ocupados
para las estadísticas estatales.
Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando Ferreres (centroderecha),
cuestionó ante IPS la metodología de los planes universales. "Los ingresos
universales sirven sólo en el corto plazo, pero no incentivan a nadie a ser más
productivo".
Spotorno, aunque justifica los planes dispuestos en la administración de Duhalde,
entiende que, "para el largo plazo, lo más importante es la educación y
garantizar inversiones".
En cuanto a lo primero, algunas conquistas que comenzaron a implementarse en
Argentina en el siglo XIX lograron sobrevivir a la última y brutal crisis, como
los buenos indicadores de escolarización primaria y de alfabetismo.
Esa situación, que fue destacada en un informe del Instituto Internacional de
Planeamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, hace prever que el país pueda alcanzar otras metas del
milenio, aprobadas en 2000 por la ONU.
Sin embargo, el economista Spotorno enciende la luz de alerta en cuanto a la
atracción de inversiones "a largo plazo, que no se ha logrado", y a la
posibilidad de que los salarios sigan subiendo "sin que la economía pierda
competitividad".
"En los años 90, con salarios más altos, la desocupación era de 15 por ciento",
advirtió.
En cambio, resalta que la política de "fijar un tipo de cambio real alto sirve
para generar empleo, pero a la vez genera inflación, y ello puede afectar a las
capas más pobres".