Marcelo Maggio
Agencia de Noticias Biodiversidadla

Que en una localidad del norte argentino se conforme una "comisión por el agua", o que en todo el territorio de una provincia sea necesaria una "Junta Coordinadora Popular del Agua", habla de problemas concretos y urgentes. Una pulseada en la que el pueblo de Salta se ve obligado a dar el golpe de timón antes de que se le vaya la vida en el intento El hecho es significativo. Que en una localidad del norte argentino se conforme una "comisión por el agua", o que en todo el territorio de una provincia sea necesaria una "Junta Coordinadora Popular del Agua", habla de problemas concretos y urgentes.
Los vecinos de la localidad de Hipólito Yrigoyen (departamento de Orán, en la provincia de Salta), justamente conformados en "comisión por el agua" se movilizaron a las puertas de la empresa privada Aguas de Salta exigiendo la reestatización y la normalización del servicio. La falta de presión en las cañerías se convirtió en corte total durante los días más duros de principios de enero. Esta movilización dio al tema una repercusión mayor, que trascendió la frontera provincial: una manifestante atropellada y fallecida el viernes 12 de enero, y al día siguiente una brutal represión policial (con decenas de golpeados y detenidos), que desembocó en una promesa municipal de reestatizar el servicio, como logro final.
A partir de allí podemos hurgar lo que sucede en Salta, una provincia promocionada como paraíso turístico desde la gestión del gobernador Juan Carlos Romero. Y encontramos que la situación de Orán no es aislada y que los problemas con Aguas de Salta se repiten con creces.
Según un artículo publicado en el sitio www.iruya.com el agua en la provincia "no cumple con los requisitos de calidad, cantidad y presión de agua. Se toma agua turbia, contaminada con minerales dañinos para la salud (.) en algunos lugares sólo tienen agua dos o tres horas diarias, pero se cobra como si se brindara el servicio las 24 horas". Lo grave es que un recurso básico y esencial como el agua, un derecho de la población concebido como servicio público, aparece distorsionado por concebirselo como una mercancía más para el lucro.
Según el artículo 83º de la Constitución de la Provincia de Salta "Las aguas de dominio público de la Provincia están destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción". Y luego, "el uso de las aguas de dominio público destinadas a las necesidades de consumo de la población es un derecho de ésta y no puede ser objeto de concesiones a favor de personas privadas". La cláusula constitucional está deliberadamente violada por el Gobierno provincial en más de un sentido al concesionar el recurso a la empresa Aguas de Salta, en reemplazo de la AGAS (Administración General de Aguas de Salta).
El negocio de Aguas de Salta continuó con la instalación de medidores del consumo de agua, "aparatos obsoletos de desecho procedentes de Canadá que fueron compulsivamente conectados en la pirámide comunitaria, primero a los pobres y a la escasa clase media de la Capital", (testimonio de Jorgelo Callán, Equipo de Salta Noticias Salta).
Pero numerosos son los escándalos que rodean a la empresa privada: - Presencia de arsénico y no tratamiento del agua potable en San Antonio de los Cobres.
- La empresa Aguas de Salta reconoció que ingresó agua sin tratar a la red en Tartagal, sin previo aviso a los habitantes.
- En la localidad de Metán realizaron cortes de agua durante más de una semana desde el 31 de diciembre.
- Falta de agua y de presión en Orán.
- Denuncias de contaminación de agua y aire con Boro en diversas localidades (en Tincalayu se encuentra una de las principales minas de Borax del mundo, ver www.caem.com.ar).
No conformes con esta situación, el nuevo año trajo más beneficios para los accionistas de Aguas de Salta. Durante la primera semana de enero el Ente Regulador de Servicios Públicos autorizó el aumento del 12% en la tarifa del agua. Las zonas más empobrecidas se encuentran ahora con medidores de agua y recibiendo boletas con cifras exorbitantes por un servicio "esencial" mal brindado. Una escena que recuerda bastante a los filmes africanos de actualidad social (como Abouna, que transcurre en Chad, del año 2002).
Esto lo ejemplifica Mónica, vecina de la localidad de Hipólito Yrigoyen y manifestante del bloqueo realizado en la ruta 50 contra Aguas de Salta: "empezamos a recibir intimaciones por parte de Aguas de Salta para pagar el servicio, con boletas de 100 y hasta de 200 pesos. Nosotros no íbamos a pagar hasta que no se normalice. Nicanor Sosa, el intendente, accedió a respaldarnos". Sobre la calidad del servicio explica: "aun no está reestablecido y falta presión, hay escasa agua en estos días de verano.
Algunos tienen que esperar hasta la noche para cargar tan sólo un balde".
Según Mónica, "los vecinos de Yrigoyen estamos tomando agua sin cloro, sin potabilizar".
Cabe recordar que sus protestas empezaron por la falta de agua durante tres días seguidos sin agua en enero de este año. Y a eso se sumó la represión y la intimidación. En un comunicado los vecinos denunciaron que "la Sra María J. Yan continúa aún internada y muchos compañeros han sufrido graves golpes y lesiones físicas". Mónica aclara que "luego de la represión la policía fue directamente a buscar a Ana Mesa, de la comisión por el agua. Le pegaron a ella y a quien la quiso defender. Le pegaron a las dos mujeres". Además, el comisario local Gerardo González fue destituido de su cargo por no acatar una orden de reprimir la protesta en la ciudad de Hipólito Yrigoyen, lo que conduce en todos los caminos a la casa de la gobernación provincial.
Y desde la gobernación, con el actual gobernador Romero, es que fue realizada la privatización del año 1998. El contrato de concesión resultante, a 30 años, resulta más que interesante. Los valores de tolerancia en relación a la presencia de algunos minerales en este contrato lindan el escándalo. La siguiente es una tabla de "Minerales con los que ya se han presentado problemas", (según un informe del sitio www.iruya.com): - BORO: Salta valor límite tolerable 3,0 mg/l, OMS 0,3 mg/l (diez veces superior), Unión Europea 0,001 mg./l.
- ARSENICO: Salta valor límite tolerable 0,10mg/l, OMS 0,01 mg/l (diez veces superior), Unión Europea 0,01 mg/l. [Se pueden chequear valores en, por ejemplo, aquí].
- PLOMO: Salta valor límite tolerable 0.05mg/l, OMS 0,01 (cinco veces superior), Unión Europea, no se tolera.
- CIANURO: Salta valor límite tolerable 0,10 mg/l, OMS y Unión Europea 0,005 mg/l.
Frente a la intolerable situación, la población se va organizando y conformando grupos y asambleas mediante los cuales ejercer presión sobre la problemática puntual: - En Metán mediante la "Coordinadora Vecinal del Agua", que surgió hace dos años para enfrentar el problema del suministro de agua. Este año volvieron a exigir la reestatización luego de pasar las fiestas sin agua.
- En Hipólito Yrigoyen con la "Comisión por el agua", espacio que agrupa a vecinos del pueblo y a integrantes de la comunidad guaraní El Tabacal, protagonistas del piquete en la ruta nacional 50 que culminó con la salvaje represión por parte del gobierno provincial y con el compromiso de la municipalización del servicio.
- La "Asociación de Usuarios" en la localidad de Tartagal, quienes sufren la implementación de medidores desde hace tiempo y que además reciben agua mezclada con barro.
- En San Antonio de los Cobres se convocó a asambleas en el patio de la Iglesia local, reclamaron la reestatización y afirman que "bajo las condiciones que se denunciamos el agua no es apta para el consumo humano siendo inclusive causales de enfermedades fundamentalmente para los niños y lo que resulta más preocupante es que se trata de un servicio que se debe pagar todos los meses".
- Además, a nivel provincial, mediante la "Junta Coordinadora Popular del Agua de la provincia de Salta", que tiene "como objeto principal que la administración de las aguas y servicios cloacales vuelvan a manos de los ciudadanos, al estado y a organizaciones de la sociedad civil".
Hoy se sigue agravando el mapa de situación hídrico con otro tipo de problema. Los poblados del noreste de la provincia están inundados por el desborde del río Pilcomayo. Las localidades de Santa Victoria Este y Santa Victoria Oeste fueron declaradas en emergencia económica, social, habitacional, hídrica y sanitaria esta última semana. Según un informe de www.saltalibre.org, "la situación crítica que se vive en el Norte de la Provincia desnuda problemas estructurales de falta de mantenimiento y construcción de defensas en los cauces. Esta tarea era realizada por la empresa estatal AGAS, desmantelada hace 10 años". Y la frutilla del postre, el gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, pidió que no se difunda información sobre el tema en medios nacionales "para no afectar la imagen turística de Salta".
Sobre a quiénes responde Aguas de Salta es menester aun indagar más. Una versión que también fue publicada en www.saltalibre.org afirma que uno de sus accionistas "sería un socio oculto del ex ministro de la Producción y el Empleo (de Salta) Gilberto Oviedo". Así se explicaría que esta privatizada facture mensualmente alrededor de 7 millones de pesos y además reciba subsidios, ayudas y subvenciones, con ingresos que llegarían a los 12 millones de pesos mensuales, pero con costos mensuales para operar de tres millones. Flagrantes ganancias, en vísperas sobre todo del aumento de la tarifa.
Una pulseada en la que el pueblo de Salta se ve obligado a dar el golpe de timón antes de que se le vaya la vida en el intento.
- Medios consultados: www.saltanoticiassalta.com www.saltalibre.org www.copenoa.com.ar www.iruya.com www.anred.org www.greenfacts.org/es