Argentina: La lucha continúa

Marcos Taire

Una ex detenida-desaparecida denunció ante la Procuración General de la Nación al fiscal federal de Tucumán, Emilio Eduardo Ferrer Collados. Lo acusa de haber sido colaborador de la dictadura militar, mal desempeño de la función pública, culpable de negligencia y desconocimiento del derecho, abuso de autoridad y prevaricato.

La denuncia formulada ante el doctor Esteban Righi fue concretada por Leoni Susana Auad, una ex detenida desaparecida que en diciembre de 2005 fue detenida y procesada por la justicia federal de Tucumán, acusada por el fiscal Ferrer, encarcelada por el ex juez federal Jorge Parache y mantenida en prisión durante un año y medio, hasta que la Cámara Federal de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y la liberó.

Auad recuerda en su denuncia que "Ferrer Collados fue nombrado por el dictador militar Lino Montiel Forzano (…) en la Fiscalía terrorista del Ejecutivo Provincial", que era "el órgano asesor" del gobierno tucumano y estaba "encargada de armar e impulsar los expedientes acusatorios contra los integrantes de las autoridades depuestas". Dice Auad que esas "investigaciones fueron la pantalla que usaron los uniformados y sus asesores para encubrir o disimular el manejo discrecional de fondos, (…) principalmente del Fondo Patriótico Azucarero".

La ex detenida desaparecida afirma en su denuncia que "de la Fiscalía de Estado partieron las bandas armadas que secuestraron a los "donantes" de los terrenos sobre los que se montaron los pueblos Soldado Maldonado, Capitán Cáceres, Sargento Moya y Teniente Berdina, (…) trasladados en ropa interior a la Casa de Gobierno (…) a los fines de "convencerlos" de donar sus tierras para los asentamientos". Esos cuatro pueblos fueron construidos por el genocida Bussi copiando el armado de las aldeas estratégicas creadas por los norteamericanos durante la guerra de Vietnam.

La denuncia recuerda que al frente de la Fiscalía de Estado tucumana en tiempos de la dictadura se desempeñaba el capitán auditor Roberto Abbas, que "se paseaba en uniforme de combate, casco, granadas al cinto y pistola" y decía que "en su fiscalía no había abogados sino soldados de la patria". Al respecto, afirma que "Abbas, ya retirado, mantiene en la provincia negocios inmobiliarios y el fiscal Ferrer jamás lo acusó de nada", porque "es conocedor de éste y otros sujetos de igual envergadura a quienes nunca encausó" (…) por el contrario, cuando actuó lo hizo en contra de dos sobrevivientes". Auad alude así a la denuncia efectuada por el fiscal contra ella y su ex novio, Osvaldo Pérez, ambos ex detenidos desaparecidos que permanecieron secuestrados durante más de un año en el campo de exterminio del Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Tras recordar que durante su cautiverio se la sometió "al paso de corriente eléctrica, azotes, quemaduras con cigarrillos y simulacros de fusilamiento", Auad afirma que "Ferrer emplea la misma acusación que Von Wernich empleó para descalificar el testimonio de Luis Velazco". En el auto de procesamiento, fue acusada de haberse transformado, en el campo de concentración, en un "funcionario público asimilado".

Auad dice que "Ferrer y Laura Figueroa, una abogada dedicada a los derechos humanos cuando estos se transformaron en una cuestión rentable (…) fogonearon este caso con el claro objeto de lograr una condena contra dos sobrevivientes de la dictadura (…) y reunieron declaraciones sacadas a personas que nunca estuvieron detenidas en el Arsenal, como son los casos de M.A.M. de R. y su esposo". Auad anticipa en su denuncia que también querellará a la abogada.

Susana Auad recuerda que el Estado Nacional le reconoció su calidad de detenida desaparecida y le otorgó la indemnización correspondiente, que fue embargada por la justicia. También denuncia que durante ocho meses concurrió semanalmente a averiguar a la fiscalía de Ferrer el porqué de dicho embargo. Además, señala que "armaron durante dos años una causa en mi contra y el secretario del juzgado, Norberto Véliz aprovechó mi presencia en su despacho para proceder a mi detención, obviando la cédula citatoria". Sobre el particular, afirma que "el secretario "me tendió una cama", como se dice en la jerga del hampa, no me dio oportunidad de apersonarme con abogado (…) forma ilegal de actuar (…) y fue tal mi sorpresa que recordé la noche de mi secuestro".

La ex detenida desaparecida destaca que "en las manos del denunciado (Ferrer) se encuentran las más de 600 causas que en esta jurisdicción se siguen contra los militares, (…) en ellas se encuentran nombres de civiles participantes de las patotas, junto a gendarmes y demás personal de las fuerzas armadas. No obstante se las ingenió para poner en el centro de su actuar este tramado judicial (la acusación contra Auad y Osvaldo Pérez) y dejar a aquellos de lado".

Tras denunciar que "Ferrer cometió prevaricato al aplicarme una figura (delito de lesa humanidad) a sabiendas que no fui jamás funcionaria pública (…) debe ser separado del cargo y procesado por colaborador voluntario, partícipe necesario de delitos de lesa humanidad llevados a cabo desde la Fiscalía de Estado de la dictadura militar que lo tuvo a él de funcionario (…) y se le inicie el proceso de enjuiciamiento previsto por ley y mientras tanto se lo separe del cargo".    

Fuente: lafogata.org