Argentina: La lucha continúa

"Hoy tenemos una realidad que nos duele: coexisten una riqueza en crecimiento con una pobreza en expansión; pobreza que no sólo es carencia económica sino que incluye otras carencias éticas, morales y espirituales que conllevan como epifenómeno a la inseguridad", dijo el doctor Hermes Binner, primer gobernador socialista de la historia argentina, al asumir el pasado 11 de diciembre. Hizo mención a la necesidad de un cambio progresista y la reforma constitucional provincial. Un simple repaso del preámbulo de la carta magna de los santafesinos promulgada en abril de 1962 y sus primeros cinco artículos, ponen de manifiesto todo aquello que nunca se llevó a cabo y lo que si se efectivizó a favor de los intereses de algunos factores de poder como, por ejemplo, la iglesia católica. En caso de haber reforma y de gobernar para el cambio, la administración Binner deberá enfrentar nichos de poder largamente consolidados desde hace cuarenta y cinco años, la misma edad que tiene la actual constitución. La historia política del presente marca la realidad tangible o la ficción de aquellos artículos de principios de los años sesenta.

El discurso

-Los convoco a cambiar Santa Fe...

Eso fue lo que dijo Hermes Binner en su primer discurso como gobernador electo el pasado 11 de diciembre después de casi un cuarto de siglo de administraciones justicialistas.

Para el médico nacido en Rafaela, el cambio no debe ser "en cualquier dirección sino en un sentido progresista, de desarrollo y crecimiento individual y colectivo".

Aseguró que todo dependerá de la recreación que se haga de la democracia.

Sostuvo que "la democracia de proximidad aparece como punto de encuentro entre la democracia representativa y la participativa. En tal sentido, hay que cambiar el Estado, construir un Estado cercano a las preocupaciones de la gente, capaz de impulsar políticas públicas pero, también, capaz de construir un trato cordial con los ciudadanos. La incorporación de la sociedad civil al binomio Estado-mercado es un hecho tan real como necesario; e incorporar esta trilogía a la gobernabilidad es imprescindible para el cambio", indicó el primer gobernador socialista de la historia argentina.

-La independencia de los tres poderes, base de la construcción republicana, no debe impedir o condicionar el diálogo entre los mismos. La ciudadanía está esperando que quienes tenemos responsabilidades institucionales, asumamos el deber de promover el bienestar de todos. No quiere disputas ni peleas. En tal sentido, será una práctica cotidiana de nuestro gobierno dar respuesta a todos los pedidos de interpelación formulados por las Cámaras, comenzando por quien les habla. De igual modo planteamos un diálogo franco con la Corte Suprema de Justicia; no para incorporar miembros a este cuerpo -ya que el decreto de autolimitación de las designaciones constituirá nuestra primera acción de gobierno-, sino para superar las dificultades que perturban sus tareas cotidianas - agregó Binner.

Remarcó el sentido progresista de la historia de Santa Fe desde "la construcción del Fuerte de Sancti Spíritu, en la Fundación de Cayastá, en la primera Constitución Provincial, en las colonias agrícolas, en la Revolución de los Siete Jefes, en el Grito de Alcorta y en el Rosariazo; la que ejemplificaron Nicasio Oroño y Lisandro de la Torre, y a la que cantaron José Pedroni y Julio Migno. Todos estos hechos son parte de nuestra historia, fuentes ineludibles para interpretar la realidad actual, y ejemplos para construir el futuro", añadió.

Hizo hincapié en que "la idea del ascenso social a través del esfuerzo ha quedado trunca. Hoy tenemos una realidad donde el esfuerzo, el estudio y el trabajo han dejado de ser las vías seguras de acceso a la evolución individual y colectiva. Hoy tenemos una realidad que nos duele: coexisten una riqueza en crecimiento con una pobreza en expansión; pobreza que no sólo es carencia económica sino que incluye otras carencias éticas, morales y espirituales que conllevan como epifenómeno a la inseguridad".

En relación a la inseguridad la definió como "la mayor preocupación" de los santafesinos" y para superarla es necesario "abordar firmemente los problemas sociales y económicos" de la provincia "sin perjuicio de encarar medidas específicas de política criminal, tendrá como consecuencia directa la mejora de las relaciones interpersonales y el destierro de la violencia".

Habló del sueño sarmientino "el de la construcción de una sociedad de colonización sobre la base de la pequeña propiedad de la tierra. Así, desde Santa Fe, el ejemplo de la Colonia La Esperanza representó el paradigma de la construcción de una de las sociedades más inclusivas de América Latina".

Convocó a "construir en Santa Fe una sociedad justa y democrática, con independencia de los poderes, con materialización de los derechos, con funcionamiento de las instituciones. Con responsabilidad social empresaria y con trabajo decente".

Calificó la situación social como "urgente" y planteó una democracia "exigente, que implica igualdad en el punto de partida: atención del embarazo, alimentación equilibrada, acceso al agua potable, techo y abrigo adecuados, alfabetización y educación continua. Esto forma parte de una democracia biológica; quien no accede a ella queda excluido de la democracia política. Y en particular el niño, quien, si carece de un núcleo que funcione como familia, verá amenazada su posibilidad de integración social. Por eso nuestra prioridad son los niños. Por allí debemos comenzar, por allí la vida nos vuelve a dar otra oportunidad", enfatizó el titular del ejecutivo santafesino.

Para Binner, "el gran desafío es la educación y el ámbito escolar es fundamental para empezar esta tarea". Habló de los jóvenes y la necesaria descentralización del ejecutivo provincial.

Apuntó a un desarrollo armónico de la provincia y manifestó que el norte es también un "verdadero desafío".

Se alineó en el proyecto de la producción de alimentos y biocombustibles y la hidrovía Paraná - Paraguay.

Convocó a los legisladores a "consensuar" la reforma constitucional. "Reformar la Constitución no es reducir el debate a la uni o la bicameralidad. Reformar la Constitución significa pensar juntos en cambiar todos aquellos aspectos que limitan el crecimiento espiritual y material de nuestro pueblo, e impulsar juntos propuestas que faciliten la integración y la transparencia en el ejercicio democrático de los derechos. Esa reforma debe surgir del consenso entre las santafesinas y los santafesinos y debe reflejar nuestros valores y nuestras esperanzas", dijo Binner.

Repitió una frase que alguna vez le transmitió un entonces obispo de Reconquista, al decir que "la realidad va a cambiar si asumimos la solidaridad, la participación y la transparencia como valores fundamentales que orienten el desempeño de ciudadanos y gobernantes en la construcción de la provincia de Santa Fe que todos" anhelan y merecen.

Finalizó con una cita del poeta socialista José Lencina: "Seremos porque fuimos".

Así empezaron los días del socialismo en la provincia de Santa Fe.

Los límites de la constitución

La Constitución de la provincia de Santa Fe fue sancionada el 14 de abril de 1962 y publicada en el boletín oficial, cuatro días después.

Casi cuatro décadas y media más tarde es evidente que ni el mundo, ni el país ni la provincia son lo mismo que entonces.

Sin embargo viene bien apuntar algunos artículos y contrastarlo con la realidad existencial de los santafesinos a principios del tercer milenio.

"Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Convención Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal; y garantir en todo el tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución", dice el preámbulo de la carta magna santafesina.

Eran tiempos del frondizismo y proscripción del peronismo, Cuba recién acaba de definirse como un gobierno comunista y empezaban a producirse cambios culturales en todo occidente. Era el prólogo de los años sesenta. En la Argentina ya había aparecido el primer grupo armado, Uturuncos, de raíz peronista y el planeta sufría con la guerra fría y el temible botón rojo que podría desatar una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La CGT hablaba de socializar los medios de producción y nacionalizar el comercio exterior y los depósitos bancarios. Y en la región sur de la provincia de Santa Fe, iniciaban sus actividades algunas firmas multinacionales que terminarían de conformar el segundo cordón industrial más importante de América latina después del de San Pablo. En el norte, mientras tanto, el imperio de La Forestal comenzaba su retirada que dejaría miles de familias en la miseria y un desierto duro como perversa huella de los montes de quebrachales.

"...afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social...", dice uno de los fragmentos más luminosos del preámbulo santafesino.

A fines de 2007, el propio gobernador hace mención en su discurso inaugural de la necesidad de modificar cuestiones relativas al servicio público de justicia en la provincia.

Desde mediados de los años noventa, una docena de jueces y otros tantos camaristas más decenas de empleados de los tribunales santafesinos han coincidido en decirle a este cronista que el poder judicial provincial actúa como una red invertida de pescadores: pasan de largo de los peces grandes, quedan atrapados los peces chicos.

Consecuencia de la historia política que fue desarrollándose a posteriori de la promulgación de la constitución.

A partir de la llamada intervención Sarachaga, en 1968, durante la dictadura que encabezaba Juan Carlos Onganía, los juzgados comenzaron a ser ocupados por hombres vinculados al poder económico y educados en facultades católicas, fuertemente relacionadas con grandes empresas y el partido militar. Hubo jueces desplazados por su profunda convicción democrática, como Juan Carlos Gardella, Aquiles Frábega y Eduardo Basualdo, al mismo tiempo que se imponía la pésima costumbre de jurar por los estatutos del golpe militar de turno como si fuera sinónimo de hacerlo por la Constitución Nacional.

El terrorismo de estado de marzo de 1976 agudizó la contradicción de sostener, por un lado, la cacería de seres humanos, su tortura, desaparición y muerte; y por otro, jueces y abogados que decían cumplir su labor con objetividad y libertad.

La recuperación de la democracia en 1983 generó algunos cambios pero todos hijos de los acuerdos entre los sectores dominantes del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.

Un cuarto de siglo después, seis administraciones peronistas mediante, el poder judicial está lejos de constituirse en una herramienta de las mayorías santafesinas. Al contrario.

Sin embargo, las encuestas que periódicamente se realizan, dicen que no está entre las prioridades del pueblo. Entonces, ¿cómo hará la administración Binner para generar la transformación en el poder judicial si no hay respaldo masivo?.

"Afianzar la justicia" en la provincia de Santa Fe es hacerla democrática y dotarla de la necesaria dinámica que merecen estos tiempos. Para ello habrá que enfrentar poderosos estudios jurídicos que han multiplicado sus ganancias gracias al propio estado provincial y poniéndose al servicio de extraños empresarios que hoy parecen manejar resortes estratégicos de la vida comunitaria como los grandes medios de comunicación, entre otros negocios.

Afianzar es democratizar, ir en contra de los neofeudalismos del tercer milenio y producir fallos que vayan a favor de las necesidades populares y no de los intereses de los privilegios.

Semejante debate político parece imposible en los actuales pasillos de los tribunales de las principales ciudades santafesinas.

Pero habrá que hacerlo.

No hay democracia sin justicia democratizada.

"...estimular y dignificar el trabajo...", también sostiene aquel preámbulo de abril de 1962.

Más allá de la publicidad oficial del gobierno de Jorge Obeid sobre la creación de 400 mil nuevos puestos de trabajo, la mitad de los puestos laborales son en negro.

Una inestabilidad que produce incertidumbre a la hora de pensar en el futuro de las y los trabajadores de la provincia.

Además, según las mediciones siempre extrañas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las diferencias entre los que menos y más tienen en los dos grandes aglomerados, Santa Fe - Santo Tomé y el Gran Rosario, es de treinta veces. Una brutal brecha social que desnuda la permanente concentración de riquezas en pocas manos y la escasa movilidad que viene generando el permanente crecimiento a "tasas asiáticas" de la actividad económica nacional.

"Dignificar el trabajo" quiere decir enfrentar a los que explotan a los trabajadores. Y esa es una decisión política que implica un rol activo del estado a favor de los que producen la riqueza y no que sea cómplice de las patronales como ha venido sucediendo hasta el presente.

"Estimular...el trabajo", por ejemplo, puede ser sinónimo de incorporar en el texto de la potencial reforma constitucional una jornada laboral de seis horas y cupos obligatorios para los que tienen entre dieciocho y veinticinco años y los que pasaron los cuarenta y cinco años, los dos verdaderos núcleos duros de la desocupación que dejó como saldo la década del noventa.

No va a alcanzar con proclamar la necesidad del consenso para que los grandes empresarios de Santa Fe interpreten la llamada función social del sector.

Habrá que ejercer y tomar una serie de medidas que obliguen a invertir parte de las enormes ganancias en beneficio de la creación de puestos laborales estables, genuinos y con todos los beneficios sociales que todavía marca la Constitución Nacional.

Carlos Rodríguez, el designado Ministro de Trabajo que, por ahora, no podrá asumir sus funciones, tiene una elogiable claridad a la hora de apuntar los principales problemas de los santafesinos: el trabajo en negro, el trabajo infantil y el temible índice de accidentes laborales mortales.

El funcionario empieza bien, sabe dónde está parado. La cuestión a resolver es si habrá respaldo político para enfrentar a los productores del trabajo en negro, los explotadores de chicas y chicos y los que prefieren pagar por muerto antes de invertir en higiene y seguridad laboral.

La estimulación del trabajo de parte del estado santafesino también querrá decir dejar de lado los distintos tipos de contratos laborales que suele establecer con distintos agentes o profesionales, tal como vienen denunciando desde hace años la Asociación Trabajadores del Estado y la Asociación del Magisterio de Santa Fe, entre otros.

Los conflictos gremiales que rodearon los primeros días de los tiempos de Binner fueron, justamente, los derivados de la pésima dimensión patronal que tuvo el estado santafesino en estas áreas. Por un lado, una docena de empleados de la Subsecretaría de Derechos Humanos que vienen pidiendo quedar como efectivos, y por otro, los trabajadores de la salud pública, tanto provincial como de la ciudad de Rosario.

Mal puede el estado pontificar sobre las cuestiones laborales cuando utiliza y reproduce lo peor de la flexibilización impuesta en los años noventa por las grandes empresas radicadas en la provincia.

"...impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social...", decía con sabiduría el preámbulo de la constitución de abril de 1962.

Desarrollo económico subordinado a la justicia social

Si algo ha quedado claro después de veinticuatro años de justicialismo es que no hay justicia social en el segundo estado de la Argentina.

Mientras que las principales veinte exportadoras de la provincia facturan entre cuatro mil y quinientos dólares por minuto, casi el cuarenta por ciento de las familias está por debajo de la línea de la pobreza. Y la mayoría de esos empobrecidos son chicas y chicos menores de quince años.

Una fenomenal demostración de la injusticia social que vertebra la vida cotidiana de los santafesinos.

Nadie está en contra del desarrollo económico, pero debe estar en relación directa a la sociedad que lo produce.

Por eso es necesario pensar en profundidad el mensaje del doctor Binner cuando habla de la ventaja que tiene Santa Fe al formar parte del proyecto de las multinacionales del biodisel y los que impulsan la hidrovía tal como hoy está planteado.

Organizaciones ecologistas, como el Taller Ecologista de Rosario, por un lado, e instituciones sociales, como algunas pastorales de ciertos obispados de la provincia, vienen alertando sobre el significado de subordinar las políticas estatales a los deseos de estas firmas radicadas en la zona.

Un año antes del terrorismo de estado, en 1975, los trabajadores habían recuperado gran parte del de la participación en el producto bruto interno como fruto de sus luchas a favor de la democratización de las relaciones laborales y la renta empresaria.

La respuesta del gran poder económico fue la masacre como paso previo a la concentración de riquezas en pocas manos.

¿Cómo jugó el estado a partir de la democracia?.

Los datos económicos vertidos más arriba responden la pregunta: el estado fue un garante de las ganancias empresariales y, a lo sumo, demostró menor o mayor capacidad a la hora de "contener" la protesta social de los que se quedaban del otro lado de los muros de los castillos de la opulencia.

Aquella frase de la Constitución de abril de 1962 sigue siendo hoy un principio todavía no logrado en la realidad concreta de los santafesinos.

Vendría bien tenerlo en cuenta a la hora de reformarlo o, lisa y llanamente, eliminarlo.

Aquellas garantías

La sección primera de la Constitución Provincial habla de los "Principios, derechos, garantías y deberes", y cuenta de veintiocho artículos.

"La religión de la Provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes", dice el artículo tercero.

Algo que, efectivamente, fue cumplido a rajatabla por todos los gobiernos que le sucedieron a la propia constitución.

La influencia del arzobispado de Santa Fe capital sobre la educación, especialmente en enseñanza privada, demuestra aquello de la "protección más decidida" de parte del estado santafesino.

Semejante "protección" derivó, por ejemplo, en la crónica siniestra de Edgardo Storni y la todavía no informada cantidad de dinero que efectivamente recibe la iglesia de parte del estado provincial.

No parece ser este artículo una necesidad de tiempos en donde la tolerancia y el ecumenismo están muy por encima de las llamadas religiones de estado. Va en contra de la libertad de cultos y la proclamada igualdad ante la ley.

En los hechos, por lo tanto, se verifica aquello que se quería evitar cuando se hablaba que la mencionada protección era "sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes".

Por eso es necesario tener en cuenta para una eventual reforma constitucional, el peso histórico y económico de la iglesia católica en las últimas cuatro décadas y media.

"Todos los habitantes de la Provincia están obligados a concurrir a los gastos públicos según su capacidad contributiva. El régimen tributario puede inspirarse en criterios de progresividad", sostiene un fragmente del artículo número cinco.

Desde el gobierno de Carlos Reutemann, a principios de los años noventa, las exportadoras santafesinas no pagan ingresos brutos.

Una obscenidad que niega en su totalidad aquella idea de un régimen tributario inspirado en "criterios de progresividad".

También es fundamental saber el nivel de evasión y elusión impositivas de los llamados grandes contribuyentes, urbanos y rurales, que tiene registrado la Administración Provincial de Impuestos.

Será interesante cotejar los nombres de aquellos incumplidores con los "gastos públicos" y quizás ver de que se trata de las mismas personas que cuentan con trabajadores en negro o que fugaron capitales durante los difíciles días de 2001.

Por eso cuando Binner resaltó que el cambio no debe ser "en cualquier dirección sino en un sentido progresista, de desarrollo y crecimiento individual y colectivo", es imprescindible saber qué tipo de política aplicará contra aquellos sectores que quieren sostener un orden conservador, de desarrollo según los modelos impuestos por las multinacionales y crecimiento para pocos.

De esa decisión política dependerá el límite del primer gobierno socialista de la Argentina.     

Fuente: lafogata.org