Leandro Rodríguez
Anred

El fenómeno de la recuperación de empresas por quienes trabajaban en ellas es un fenómeno que pone en cuestión en forma parcial un aspecto clave de la sociedad en que vivimos: la propiedad privada sobre los medios de producción. Es un fenómeno que surge de la contradicción entre el derecho de la propiedad privada y el derecho al trabajo, de la imposibilidad manifiesta de satisfacer los dos derechos a la vez.

Esto ocurría bajo el contexto de la recesión iniciada en 1998 y la crisis de 2001, contexto en el cual quebraron más de 200 mil PyMEs en el país y muchas de las grandes empresas utilizaban menos del 50 % de la capacidad instalada en ellas y donde la desocupación era superior al 20 % y la subocupación otro tanto. A su vez, las instituciones del Estado se veían notoriamente desprestigiadas ante una fracción mayoritaria de la sociedad.

Es en este contexto que porciones crecientes de colectivos de trabajadores comienzan a custodiar las empresas en que trabajaban en momentos en que los patrones cerraban esas empresas. Luego de custodiarlas para evitar su vaciamiento, muchos se ponen a producir, quebrando definitivamente el derecho de propiedad privada del patrón.

¿Cuál fue entonces la actitud del gobierno en estos cuatro años?

Hay que aclarar en primer lugar al hablar de un gobierno, que el Estado tiene múltiples organismos estatales que lo componen. Existen por ejemplo programas oficiales a nivel nacional, como los del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social (sobre todo el instituto cooperativista Inaes) y de Economía y Producción (en especial la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa); el INTI, el Consejo Federal de Inversiones, el Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) y el Banco Nación, sin contar que esta variedad se reproduce a nivel de cada estado provincial y municipal. A ésto se le agrega que a cada Empresa Recuperada por sus Trabajadores (ERT) se le puede dar un tratamiento particular, no sólo a nivel de programas de apoyo, sino incluso una ley específica por empresa.

El nivel de intervención estatal en toda esta temática durante este período es sin duda muy limitado. Podemos enumerar algunas de las principales. El INAES por ejemplo tiene apenas 161 ayudas a las cooperativas, sobre las casi 12.000 cooperativas que reconoce su existencia en el país. El Ministerio de Trabajo de la Nación apenas entrega 500 pesos de subsidio por trabajador (cuando se calcula que el gasto completo para dar un nuevo empleo industrial es de 250.000 pesos).

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha implementado un diagnóstico de empresas como condición para otorgar créditos blandos y asesoramiento jurídico-técnico, pero justamente exige como condición lo que tendría que ofrecer, es decir, el diagnóstico en vez de facilitar la precisión de la ayuda termina trabándola, por considerar una supuesta falta de capacidad de competir en el mercado por parte de las ERT.

Por lo demás, y en otro plano de la intervención estatal, jamás se ha visto que el Estado reprima a un empresario, pero sí numerosas veces en estos años que reprima a trabajadores en defensa de su posibilidad de trabajar, cuando éstos se manifiestan para conquistarla.

Pero, en definitiva la pregunta que todo atento lector se hará es: ¿Por qué el Estado se haría cargo de defender y apoyar a la ERT? ¿Por qué emplear dinero en una ERT y no en otro uso? ¿Por qué defender a un colectivo obrero que pone en cuestión el derecho a la propiedad privada?

Hay que tener en cuenta que, una vez 'recuperada', la propiedad sobre la empresa se encuentra en una tensión: ¿es propiedad de la cooperativa o es propiedad del Estado? En caso de ser propiedad de la cooperativa, la empresa sigue siendo capital, y los dueños de la cooperativa ocupan el lugar de capitalistas frente al resto de la población (tanto frente a los empresarios como frente al resto de los trabajadores) por lo que la socialización de los medios de producción se limita a su forma directa, donde sólo los trabajadores de la cooperativa, como pequeñísimo fragmento del conjunto de los obreros del país, se apropian de esos medios de producción.

En caso de ser propiedad estatal, en cambio, formalmente el conjunto de la población es dueña de la empresa y el carácter de capital se limitaría a su carácter de capital (empresa privada) frente al resto de la población mundial. Esta socialización indirecta es sin embargo sólo formal en la medida en que el Estado no es efectivamente controlado por el conjunto de la población. Si esta propiedad estatal es cedida en usufructo a la cooperativa, en ese caso nos encontramos en la práctica con un caso similar al citado en primer lugar.

Las ERT resuelven estas cuestiones bajo el mecanismo que heredaron de la recuperación de la empresa: la asamblea, el cual como mecanismo organizativo y de poder supone una asociación voluntaria y consciente. El Estado puede condicionar políticamente este funcionamiento de las cooperativas por medio de los requisitos legales, promoviendo una estructuración jerárquica de las relaciones al interior de las cooperativas, al imponer determinada forma de organización para ser legalizada. Las respuestas y las relaciones que se establecen ante ésto son pragmáticas y dependen de una combinación entre los resultados que se prevén y una predisposición ideológica que al pesar en los referentes agiliza o traba contactos.

El caso de Zanón (actual FaSinPat)

Zanón es una excepción frente a la dinámica seguida por la mayoría de las empresas recuperadas, tanto porque manejan tecnología de punta, como por el hecho de que no surge de una mera reacción ante el vaciamiento prácticamente consumado por el patrón. En ella los obreros toman la iniciativa desde antes de su cierre.

La Cerámica Zanón era la principal fábrica de cerámicos de América Latina, con unos 750 trabajadores y tecnología de punta importada de Italia. Esta fábrica fundada en 1977 y situada en Neuquén capital siempre contó con generosos subsidios de los estados provincial y nacional. A fines de los '90 los trabajadores conquistaron democráticamente su comisión interna, a partir de la cual comenzaron primero a resistir los embates de la patronal y luego su propia ofensiva para conseguir aumentos de salario y mejorar las condiciones de trabajo. El patrón ante la imposibilidad de doblegar a los obreros y su comisión interna (a la que luego se le sumó la recuperación del sindicato ceramista provincial) prefirió realizar un lockout patronal antes que ceder. Pero los trabajadores permanecieron en planta y la justicia provincial finalmente les dio la razón, permitiéndoseles finalmente producir.

Habían quedado sólo 270 trabajadores, de los cuales sólo había un ingeniero químico y ninguno de los 70 empleados jerárquicos. Pero con la asamblea y la organización por secciones, más la ayuda de ingenieros de la universidad, lograron reorganizar la producción. Hoy son 500 obreros y producen al 40% de la capacidad instalada. Han incorporado desde piqueteros hasta estudiantes de ingeniería, pasando por militantes de partidos políticos.

Los debates por sección son cotidianos con motivos que van de la marcha de la producción hasta la vida política nacional y las asambleas son reales, tanto como las reuniones de delegados. Uno de los debates más agudos que tienen en este octubre del 2007 es qué hacer con el excedente, si utilizarlo para aumentarse los salarios (están retirando unos 2.000 pesos por mes lo que es poco al lado de lo que gana un petrolero en boca de pozo -4.000 pesos-), o si invertirlo en mantenimiento y nuevas máquinas.

Algunos de los problemas que han tenido han sido el tener que reincorporar el reloj para fichar la entrada y salida, y el elevado porcentaje de scrap (pérdida por falla) es decir de baja en la calidad que tuvieron al incrementar el premio por cantidad producida. En estos momentos ya llevan algunos meses de exportación constante hacia Chile y estarían en condiciones de hacerlo a una gran cantidad de países si contaran con un mínimo apoyo del Estado.

En cuanto a la relación con el Estado, es muy buena con la universidad, con la que tienen establecido un convenio. En cambio, siempre contó con la oposición férrea del ex gobernador Jorge Sobisch y varias veces se los quiso desalojar, también por el estado nacional. Como obreros son además parte activa y dirigente del sindicato ceramista provincial y asiduos concurrentes a las marchas de corte tanto netamente político como sindical. Han impulsado la coordinadora del Alto Valle, que fue la coordinadora de lucha más sólida de las que hubo en el 2002 en nuestro país.

Indudablemente, Zanón se destaca tanto en el desarrollo de la socialización directa como indirecta de los medios de producción, haciéndola efectiva dentro de la fábrica con un alto grado de asociatividad (como con la universidad, los mapuches, diversos sindicatos, centros de salud, presos del penal vecino, etc., etc.) y un debate y proyección de una salida política para el conjunto de la población sobre la base de la estatización bajo control obrero.

Situación actual de las ERT

Autores como Eduardo Lucita (de Economistas de Izquierda) afirman que las ERT han pasado airosas en su mayoría una primera 'etapa heroica', conquistando un espacio social para sí y haciéndose fuertes en él antes que nada a partir de demostrar que son capaces de producir sin patrón.

El cambio en la situación del país deslegitimó al movimiento piquetero y quitó sentido social a las asambleas barriales, probablemente ésto sea extensible a los trabajadores que aún hoy no han podido comenzar a producir, como es el caso de SASETRU [2].

Las ERT en cambio, vieron que en aquella etapa la cuestión no se resolvía con la forma legal que adoptaran [3], sino por la capacidad positiva que se mostrara en sacar adelante la autogestión.

El 2° relevamiento de empresas recuperadas de la secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), afirma que: "La autogestión no es una definición o un reglamento, sino una dinámica permanente que atañe a las relaciones humanas que se dan en el seno de la producción. Requiere una gestión igualitaria de las relaciones económicas, una construcción en el día a día de una práctica social, económica, política y cultural […] es en derredor del tema autogestivo donde se puede apreciar, sino el elemento de ruptura, la discontinuidad con las anteriores experiencias de la clase trabajadora argentina, formada en un contexto político y cultural que casi nunca ha encarado sus reivindicaciones y su práctica cotidiana en este marco."

La autogestión no es aquí el puente de transición entre un sistema y otro, es apenas el escalón (o la trinchera) que permite abordar la segunda etapa, que Lucita llama 'período del mercado y la competencia'. "Si lo que caracterizaba la primera etapa era el esfuerzo y la voluntad colectiva, ahora lo que puja por prevalecer es la racionalidad empresaria; es un proceso objetivo que deviene de no poder aislarse del mercado y de la competencia […] de la mano del éxito, los lazos de la solidaridad y los niveles de politización tienden a romperse" (Lucita, trabajo publicado en la 2º revista del EDI (Economistas de Izquierda) lo cual no hace sino recordarnos la evolución de las cooperativas en el siglo XX.

De hecho, distintos organismos del Estado han sancionado programas de apoyo, varios de los cuales están en marcha (más allá de que son de baja magnitud) con la orientación explícita de empujar a las ERT a convertirse en cooperativas tradicionales.

Esta segunda etapa de competencia en el mercado será larga, y así como las ERT aprovecharon las grietas de la crisis, hoy tienen que aprovechar las grietas de la estabilidad y el crecimiento.

Los nuevos alineamientos de las empresas recuperadas (tanto los logrados por Zanón, como federaciones de recuperadas como FACTA, MNFRT, MERPBA, ANTA) entre sí y con otros actores sociales, muestran que hay un amplio campo de trabajo común entre las distintas fuerzas, y también que estas fuerzas emergentes no esperarán sentadas una nueva crisis, sino que buscan forjarse su propia conciencia y su propia fuerza.

Si esta fuerza ha de seguir representando una ruptura subjetiva permanente con lo dado y un llamado a la socialización consciente, lo dirá el tiempo, nuestro tiempo.

El gobierno de Kirchner ha jugado en estos cuatro años con cartas bajas, no podría decirse que ni a favor ni en contra. Más bien simplemente ha dejado jugar. Habiendo tomado el poder ejecutivo a pocas semanas del violento desalojo de Brukman, Kirchner ha echado el ancla de la represión, ha suspendido los desalojos y representado una tregua en expropiaciones provisorias a la espera de tener las manos libres. Hoy parecen tener las manos libres y los entes del Estado anuncian un impulso a las empresas que, aparenta, abarcará a las empresas recuperadas. Las ERT han demostrado eficiencia en el uso de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, han demostrado sustentabilidad respecto a los patrones que les antecedieron.

Es una duda si el nuevo gobierno extenderá la mano del Estado. Y también si aparecerán en esta escena otros estados, como el venezolano, aliado de FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados).

Es una duda si esa mano moldeará a las ERT o si estas serán capaces de construir el espacio de su autonomía, es decir de su propio proyecto (con otros) y de sus propias reglas (con otros). Toda una muestra de la Argentina que estamos haciendo venir...

Notas:

[1] Ya que es propietario, aquél que se comporta con la cosa como con algo que es suyo.

[2] SASETRU tuvo una escisión de trabajadores que intentaron ponerla a producir sí o sí. Este sector hoy llamado SASETRU Gestión Obrera, afirmó en entrevista realizada que, como los fondos que el Partido Obrero conseguía en Europa no eran entregados a la asamblea de la fábrica, ellos vieron que el PO no tenía intenciones de ponerla a producir. Entonces buscaron en el barrio alguien que pudiera arreglar la máquina clave que estaba rota. Al encontrarlo, éste la arregló y poco después el PO la rompió.

[3] Estatización bajo control obrero o cooperativa de trabajo.