Mariano Reyna
Rebelion

Cuando se habla del IPC no se trata de un partido masas, aunque la sigla se preste a confusiones bipolares y permita comparaciones con procesos autoritarios del siglo pasado. Lo ocurrido en el INDEC es la síntesis de un renovado particularismo argentino adecuado a las reglas de la nueva economía y de una herencia tradicionalista en el control de los artefactos políticos.

El impacto del índice de precios al consumidor (IPC) sobre la sociedad argentina mostró el lado más frágil de la deuda interna que dejó la crisis político-económica de 2001. El elevado costo de vida como contracara de los datos oficiales y la continuidad de funcionarios estratégicos son apenas una muestra de la orquestación del cambio, probablemente, para que nada cambie.

Los retoques en los métodos de medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la remoción de técnicos estadísticos y el default oculto para los bonistas ajustados al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) fueron los artificios del gobierno saliente para disimular los valores de la inflación real y reforzar la visión optimista de los éxitos macroeconómicos conseguidos a corto plazo por la primera gestión Kirchner.

No obstante, la ya habitual dualidad retórica de Néstor Carlos Kirchner como estrategia de consolidación mediática parece haber pasado por generación espontánea con la banda presidencial. Apenas una semana antes de oficializarse la proclamación de Cristina Fernández, la entonces primera ciudadana reconoció la necesidad de sincerar las nuevas formas de medición del INDEC. Esto ocurrió en una entrevista exclusiva que la entonces presidenta electa concediera desde El Calafate al diario Página/12 <http://www.pagina12.com.ar/diario/principal/index-2007-11-25.html

Pero lo cierto es que la profundización del cambio propuesto en la campaña electoral dejó en el mismo lugar estratégico al conflictivo secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el principal operador que diseño la nueva metodología de tabula rasa para contener los supuestos factores distorsivos de las técnicas preexistentes que elevarían, en consecuencia, el delicado índice inflacionario.

El inspector Lousteau y su sargento Do Do

La receta básica para comprender la ecuación del IPC consiste en la comparación de los precios de un conjunto de bienes y servicios, los cuales son cotejados en forma diacrónica para observar los cambios en el comportamiento de la economía interna de un país, según muestras regulares. Este mecanismo sirve para medir el funcionamiento de la economía en general y, también, para evaluar casos particulares, según los cuales resulta posible establecer un diagnóstico situacional a efectos de encarar políticas públicas.

No se trata de un tema menor, pues la inflación es actual tabú que asussta a los economistas del gobierno que entienden superada la fase infantil del "riesgo país", una estimación estadística elaborada específicamente para inversores internacionales (por entidades financieras privadas como J. P. Morgan, Standad & Poor`s y Moody`s) que compara la potencialidad de ganancias marginales del amplio abanico de países en oferta, en relación con las tasas del Tesoro estadounidense; y pone sobre relieve la importancia del IPC local en el contexto financiero internacional.

El maquillaje en los números suponía, hasta el escándalo de la remoción de los funcionarios de carrera, que generaría mayor confianza para el ingreso de capitales al país. Por eso, la nueva presidenta se esforzó en enmendar el error y proseguir con un plan que, por ahora, ha favorecido tanto a los grupos productivos agroexportadores como al rezagado sector industrial, que desde el gobierno de Carlos Pellegrini (1890-92) ha intentado afirmarse sin demasiado éxito.

Ese será el desafío del joven titular de la cartera de Hacienda, Martín Lousteau, en su intento por mantener un tipo de cambio alto que promueva el crecimiento industrial. Para ello, la continuidad de su sargento Do Do, Guillermo Moreno, sigue siendo de gran utilidad, sobre todo cuando se toman medidas antipáticas para los pequeños productores (no las industrias), como la reciente fijación de precios máximos para la leche o la medición del desempleo sin la inclusión de los relevamientos del Gran Buenos Aires (el mayor centro urbano del país) para que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) no eleve los índices de pobreza e indigencia.

Los desplazados

Una breve reseña del proceso de desguase del INDEC muestra cómo en apenas un año se desmoronó el sistema estadístico nacional. Desde la intervención política de Beatriz Paglieri, tanto el organismo central como sus direcciones provinciales sufrieron el rigor de alteraciones constantes; salvo casos más resistentes como en las provincias de Mendoza y San Luís, que publicaron sus índices genuinos mas allá del intento de imposición de comisariados.

Como consecuencia de la exclusión de la medicina prepaga y de otros elementos inconvenientes en la canasta básica de alimentos (como la lechuga, la papa y el tomate) en julio pasado la directora de la EPH, Cynthia Pok, fue desplazada del cargo por cuestionar la medición del índice de pobreza e indigencia (que contrasta el ingreso en los hogares con la canasta registrada en el IPC). Lo mismo ocurrió en septiembre con la coordinadora de la dirección del IPC, Marcela Almeida.

Desde entonces, equipos paralelos producen encuestas duplicadas. El INDEC no difunde el trabajo de los técnicos de carrera y se han incorporado más de 150 empleados para cumplir esas tareas con agentes dobles.

La bolsa o la vida

Sin embargo, hay quienes tienen renovadas esperanzas por los dichos de Cristina Fernández, quien estaría evaluando la pronta salida de Beatriz Paglieri del orgnanismo. No obstante, entre los nombres que se barajan figura el de Alejandra Hernández, discípula de Guillermo Moreno cuando este se desempeñaba como titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), antes de obtener el ascenso a la secretaría de Comercio.

Un dato menos conocido pero de similares características fue, también, el desmantelamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de investigar el lavado de dinero en Argentina. Lo curioso del caso es que la responsable de intervenir el INDEC y entonces ministra Felisa Miceli, hoy es investigada por ese delito debido al famoso episodio de la bolsa con dólares escondida en el baño de su despacho privado.

Las valijas de Southerd Winds y las de Antonini Wilson no cuentan en esta historia. Que el marido de la ex ministra, Ricardo "Pacha" Velazco, fuera mencionado en las indagaciones del caso Skanska -por ser funcionario jerárquico del Ente Nacional Regulador del Gas- tampoco.