En pocas horas más se cumplirá un año de la pueblada de Corral de Bustos. Demasiada agua ha corrido bajo los puentes, algunas verdades ya han sido dichas aunque fueron muchos los intentos de ahogarlas en nidos de silenciamiento.

La lucha por la verdad y la justicia, liderada por los mismos que reclamaron en diciembre de 2006, no ha tenido descanso. Y si algo hay que rescatar es la resistencia que opusieron a todos los intentos de dejarlos sin voz. No fueron pocos los que dijeron que todos ellos eran claros ejemplos de barbarie, que no tenían nada para decir y que debían ser enmudecidos. Pero los corralenses siguen reclamando.

Ha pasado un año. Miles de kilómetros recorridos. Cientos de puertas tocadas (algunas se abrieron y otras no). Decenas de marchas alrededor de la plaza central de esa ciudad del sur cordobés diciendo verdades que algunos no quisieron escuchar. Es un pueblo que no se dejó silenciar, y es esa la mejor prueba de salud mental que pueden mostrar ante aquéllos que los miraban como locos cuando iniciaron su camino de lucha.

Hay quienes, quizás deslumbrados por el triste espectáculo de las llamas que quemaron el edificio de tribunales, no han prestado la debida atención a la profundidad del reclamo de estos ciudadanos cordobeses. Claman que se advierta cómo funcionan algunos sectores de la justicia en la provincia. Y ya no puede negarse que, ese mismo reclamo, ha tenido sus manifestaciones en diferentes ciudades de la geografía mediterránea.

Si bien los grandes medios sólo se han quedado con el caso de Nora Dalmaso y el perejilazo en Río Cuarto, varias han sido las ciudades donde se produjeron reclamos al funcionamiento de una justicia provincial que está en deuda con los ciudadanos. Un sistema que en el caso de Corral de Bustos no ha actuado como podría esperarse.

Ya no hay voces que se animen a negar la afirmación de que antes del incendio los tribunales corralenses no funcionaban nada bien. Pero, sin embargo, parece ser que todo quedó solucionado con las renuncias del fiscal y el juez responsable. Nadie se hizo cargo de la virtual privación del servicio de justicia que sufrían algunos sectores de esa localidad, dada la inoperancia de las autoridades judiciales. Sobre esto existen graves acusaciones de parte de los vecinos, pero el sistema ha mirado para otro lado. Tampoco prestó atención a los testimonios en relación a la práctica de "aprietes" policiales para "armar" declaraciones en la causa que tiene procesado a 47 corralenses. Estas declaraciones, que incluso implican a personal de una fiscalía, parecieran no haber inmutado al sistema. Los policías siguen en sus funciones (se les podría haber dado otras). Acaso se espera la denuncia concreta de parte de quienes fueron víctimas de agentes del sistema. Acaso a los hombres de la justicia no les interesa saber la verdad y sancionar lo sancionable. O esto también será solucionado con alguna renuncia, para seguir trabajando en otro lugar del Estado. No debería perderse de vista que estas declaraciones fueron realizadas en el marco de una causa judicial en la cual se investigarían las motivaciones del incendio producido en medio de una manifestación de la población del lugar. Como tampoco debería dejarse de considerar lo que algunos vecinos señalan acerca de que la quema de tribunales fue realizada por quienes necesitaban tapar la inoperancia del juzgado.

Pasado un año, parece ser que el sistema y sus agentes están decididos a continuar, en algunos temas, mirando para otro lado. Quizás por ello no se nombraron conjueces del T.S.J., dejándose actuar a los mismos que se sintieron damnificados por los hechos que se juzgan. Como ésta hay un sinnúmero de circunstancias que poco enaltecen al sistema cordobés, incluso las torcidas interpretaciones del derecho que debieran asistir a los ciudadanos imputados para esperar en libertad la instancia del juicio.

En su lucha, los corralenses, nunca revindicaron el incendio ni pidieron impunidad alguna para nadie. Por el contrario, siempre solicitaron justicia, la pronta apertura de los tribunales y una investigación seria y profunda. Es decir, apostaron a la verdad y llamaron a revisar los métodos reales con los cuales en Córdoba se construye la verdad jurídica. Claro que no han sido originales en el pedido de revisión de la cultura judicial que impera en las provincias argentinas en general y en Córdoba en particular. Allí están las estadísticas que dibujan un mapa de la población carcelaria argentina con gran preponderancia de jóvenes y sectores populares. Y eso debiera ser suficiente para que el acceso de los pobres a la justicia sea tema relevante en la discusión por la seguridad pública.

La lucha de los corralenses nos interpela, como sociedad, tanto acerca de si los pobres tienen las mismas posibilidades de hacer valer sus derechos, como si es posible que puedan defenderse de las acusaciones que suelen venir de sectores más privilegiados en el juego social.

A un año del asesinato de Ariana Sabache (3 años de edad) y la quema de los tribunales en Corral de Bustos, grandes interrogantes siguen abiertos. Algunos miran para el costado, en tanto los corralenses, acompañados por la CTA, siguen planteando interrogantes que penetran hasta el centro de una de las políticas de verdad que posee nuestra sociedad. Si no discutimos cómo se trata el conflicto en los casos penales, cómo se construye la verdad jurídica en sistemas en los que aún imperan muchos resabios de otros tiempos políticos del país, tendremos muchas dificultada para avanzar en la consolidación democrática. Quizás tengamos éxito en lograr la permanencia de un sistema democrático ritualizado, pero poco tiene que ver con la sociedad justa que algunos soñamos.