Viejo Topo
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20 de diciembre, 17 horas. Plaza Congreso. Marcha a Plaza de Mayo por el 6º aniversario de la rebelión popular. Durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, el repudio a un modelo económico y político se hizo sentir en todo el país. Treinta y ocho compañeros/as fueron asesinados/as por las fuerzas represivas, que respondieron las órdenes de un Estado criminal.

19 y 20 de diciembre de 2001. El poder político a nivel nacional y provincial instó a la represión. Las fuerzas de seguridad la ejecutaron y el poder judicial ocultó y favoreció a los autores materiales e intelectuales de las 38 víctimas y de los centenares de heridos y detenidos ilegalmente. El Estado no sólo asesinó sino que también actuó con impunidad: los responsables políticos no fueron condenados; los materiales fueron sobreseídos, esperan la sentencia u obtuvieron penas irrisorias.

El gobierno de De la Rúa ejerció una "limpieza social" durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre, criminalizó la protesta que se expresó como oposición a un sistema político y económico. Este repudio se manifestó tanto en las jornadas de lucha y resistencia, como en el reclamo ante los supermercados por un bolsón de comida, y en las distintas formas organizativas que fueron desde los espacios asamblearios, pasando por las fábricas recuperadas hasta los movimientos de trabajadores desocupados.

La economía argentina a dos años de la asunción del gobierno de la Alianza , se encontraba en una gran depresión, el índice de desocupación llegaba al 20 por ciento, las políticas económicas dictadas por el presidente significaban más ajuste. El anunciado blindaje económico, que supuestamente daría aire a ese gobierno para seguir maniobrando, duró un suspiro. Las medidas económicas anunciadas por López Murphy generaron un repudio tan grande que aceleró la salida del entonces ministro de Economía. La llegada de Domingo Cavallo no hizo más que profundizar esa crisis, y, "corralito" mediante, las capas medias se unieron a las luchas que venían siendo protagonizadas por los sectores más empobrecidos.

Como respuesta a la crisis se profundizaron los paros y movilizaciones de los trabajadores ocupados, en repudio al creciente desempleo y al deterioro de las condiciones laborales, mientras que los sectores desocupados organizados en el movimiento piquetero intensificaron sus reclamos de trabajo y planes sociales. En ese contexto, se desarrolló el 19 y 20 de diciembre de 2001.

Seis años después, el CELS, CORREPI y la Liga Argentina por los Derechos Humanos presentaron una queja por "retardo de justicia" ante la Cámara Federal de Apelaciones y reclamaron que el juez federal Claudio Bonadío eleve la causa a juicio oral. Entre los imputados se encuentran el ex secretario de seguridad, Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos, y los Comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi.

Por otro lado, el juez Bonadío procesó hace poco a De la Rua por los homicidios de la Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001, lo que su defensa apeló. Su línea de descargo, hasta ahora, fue decir que no sabía lo que pasaba, porque no vio televisión, no escuchó radio, no se asomó a las ventanas ni nadie le avisó que el país estaba en llamas y sus policías mataban gente en las calles cumpliendo su orden de despejar la plaza. Pero ahora su argumento cambió: dice que no fue él, sino que la culpa la tuvo su ministro del interior, Ramón Mestre, que se murió justo cuando se lo iba a indagar.

Para De la Rua, él era "ajeno a la disposición o conducción del operativo policial". Lo que no dice es que, como presidente, tenía la potestad de interrumpir, suspender o terminar con la represión que había ordenado.

A seis años, la manifestación y protesta no se encauzaron en un movimiento de unidad. Por el contrario la fragmentación sigue siendo hoy un signo característico de la sociedad en su conjunto. Sólo la unidad de las fuerzas clasistas y de intención revolucionaria será indispensable para revertir este panorama.