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Argentina: La lucha continúa
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Nuevos abusos contra miembros del MOCASE
Pablo Dipierri
De Ansud (Agencia de Noticias Sudamericana)
El Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE) repudió la detención
de Domingo Leguizamón, miembro de la Comunidad Indígena Gauycurú que denunció en
los últimos meses amenazas de muerte, matanza de animales y destrucción del pozo
de agua en sus tierras. Por el testimonio de sus hijos, José y Sandra, se supo
que el último sábado irrumpieron en su rancho unos 35 efectivos de GETOAR,
Infantería y Departamento Judicial D-5.
Leguizamón desayunaba con su hijo cuando los uniformados ingresaron
violentamente a su casa en Paraje El Calderón, a 60 kilómetros de Quimilí.
Hemipléjico desde hace 5 años, el dueño del lote fue interrogado por varios
hombres justo cuando otro grupo maltrataba a José, quien sufrió un ataque de
epilepsia producto de la tensión. En tanto, el núcleo restante de efectivos
abordó a Sandra, que todavía dormía en su habitación.
Deolinda Carrizo, integrante del MOCASE, le dijo a ANSud.com que a la mujer le
rociaron la cama con gasoil. "Vos te estás haciendo la pelotuda", le gritaban
los cosacos. Luego, instaron a Leguizamón a que firmara un papel –aunque no
puede mover sus manos-, mientras apuntaban con pistolas a la cabeza de sus
hijos.
Según las presentaciones que hiciera el Equipo Jurídico de la organización, los
autores de las intimidaciones y siniestros serían "paramilitares de seguridad
privada" que responden a Carlos Alberto Ramón Gozal, abogado que perdió en 2003
un juicio por la propiedad de la tierra contra el propio Leguizamón, en la
Cámara Nº 2 de Santiago del Estero. No obstante, el letrado desalojó más tarde
al legítimo dueño sin respeto por el fallo adverso y con el apoyo de una decena
de hombres armados.
En consecuencia, el 26 de octubre pasado un grupo de campesinos expulsó de las
tierras de Leguizamón a Gozal. Cinco días después, el abogado denunció por
"desobediencia judicial, privación ilegítima de la libertad, robo calificado,
lesiones, amenazas, daño y usurpación de propiedad a Don Leguizamón y a otros
miembros de MOCASE".
Bajo esa documentación, la Justicia habría desconocido la sentencia previa y el
2 de noviembre despachó al cuerpo de agentes y policías hacia una serie de
domicilios en los que viven miembros de la agrupación campesina. Aunque los
representantes del MOCASE radicaron las denuncias pertinentes en la Comisaría 29
de Quimilí y en el Juzgado del Crimen de 4ª Nominación, a cargo de Tarchini
Saavedra, las autoridades "nunca respondieron nada", aseguró la organización en
un parte de prensa.
Carrizo afirmó también que se comunicaron con el ministro de Justicia
provincial, Ricardo Deivas, pero el funcionario alegó que el conflicto en el
penal que terminó con la muerte de una treintena de reclusos lo mantiene
"saturado". Desde el sábado, Leguizamón permanece incomunicado en la capital
santiagueña. El MOCASE encuentra "sintonía entre los distintos juzgados" bajo el
propósito de "ver cómo nos procesan" y "nos criminalizan", expresó Carrizo.
Al respecto, detalló que el mismo día se produjeron más allanamientos. Las
fuerzas de seguridad se presentaron en el domicilio de Aldo Aranda y su familia,
ubicado en la Comunidad Indígena Guaycurú Lote 4-Pozo del Toba; en el de Domingo
González, sito en la misma zona; y en la Central Campesina de Quimilí, donde el
MOCASE puso en funcionamiento la FM del Monte, la Cooperativa Ashca Cayku Ltda.
y la Escuela de Formación de Jóvenes en Agroecología.
Los policías informaron en la Central Campesina que secuestrarían vehículos y
armas de fuego y detendrían a los miembros de la organización. Pero los
responsables del lugar no lo permitieron.
Desde hace 20 años, se repite sistemáticamente el mismo proceso: grandes
terratenientes compran en la administración pública títulos de tierras que no
les pertenecen y desalojan por la fuerza a los campesinos que siempre las
habitaron. El MOCASE atribuye al Gobierno provincial falta de voluntad política
para la resolución de estos conflictos.
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