Antes de fin de año se reanudarían las excavaciones en el Pozo
de Vargas
Primera fuente
El juez federal subrogante Nº2, Mario Racedo, confirmó que el Consejo de la
Magistratura de la Nación ya envió los $6.000 restantes de un total de $16.000
para el avance de las obras de infraestructura en el Pozo de Vargas. Los
trabajos están en manos de un grupo de Construcciones Universitarias y estiman
que serán finalizados antes de fin de año. Instalarán un nuevo elevador. Hasta
el momento, sólo dos veces se hallaron restos humanos en el predio, que estarían
vinculados con las víctimas de la última dictadura militar.
Tras la llegada de los 6.000 pesos restantes (de un total de 16.000 pesos) por
parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, las obras de infraestructura
que se realizan en el Pozo de Vargas tienden a agilizarse. Ante una consulta, el
juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, estimó que antes de fin de año
estarían finalizados los trabajos para la instalación de un nuevo elevador en el
predio ubicado en la avenida Francisco de Aguirre al 4.000 por lo que
automáticamente se reanudarían las excavaciones en busca de restos humanos que
habrían sido arrojados durante la última dictadura militar.
Las tareas son realizadas por un grupo de Construcciones Universitarias
(dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán), mientras que el elevador,
que permitirá llegar hasta la profundidad del pozo, es fabricado por una empresa
tucumana. Según fuentes judiciales no se podía seguir con las excavaciones con
el viejo ascensor debido a que presentaba condiciones de precariedad
estructural. Una vez que se ponga en marcha el nuevo elevador, los especialistas
del Grupo Interdisciplinario de Arqueólogos y Antropólogos de Tucumán (Giatt)
estarían en condiciones de reanudar la búsqueda de restos humanos.
Hasta el momento las excavaciones en el pozo, que tendría unos 80 metros bajo
tierra, llegaron a unos 25 metros de profundidad. La causa se inició en 2004 a
raíz de una denuncia del dirigente justicialista Enrique Romero y estuvo en sus
inicios en manos del destituido juez Felipe Terán, quien a fines de 2005
confirmó el hallazgo de los primeros restos humanos que presuntamente
pertenecerían a tucumanos desaparecidos durante los años negros del 70. El
segundo hallazgo se produjo el 9 de junio del año pasado, ya bajo la supervisión
del juez subrogante Racedo.
