Argentina: La lucha continúa

Alejandra Waigandt
Artemisa

La presidenta electa Cristina Fernández asumirá el próximo 10 de diciembre con mayoría oficialista en ambas Cámaras legislativas. Si bien esto podría favorecer normas apoyadas por la gestión Kirchner como la tipificación del delito de trata de personas o la sanción de la ley de violencia familiar, feministas opinan que su asunción no garantiza ningún avance en materia de género.

La presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner asumirá el 10 de diciembre próximo con mayoría en ambas cámaras legislativas: el 54,4 por ciento en Diputados y el 58 por ciento en el Senado. Es que la fórmula oficialista fue elegida con el 45 por ciento de los votos en la elección general del 28 de octubre, donde también se votó para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En la Cámara de Diputados, donde se renovarán 130 bancas de las 257 que poseen los 24 distritos del país, el FV ostentará unos 140 escaños propios. Más precisamente sumará unos 78 sillones a los 62 con mandato hasta 2009. Es decir que tendrá la mayoría propia para aprobar las leyes que quiera el próximo gobierno y también el quórum de 129 diputados necesarios para iniciar las sesiones del cuerpo. La escalada en el poder no termina allí, el oficialismo prevé conformar un interbloque con 148 escaños sumando a radicales y socialistas convertidos al kirchnerismo. Asimismo mantiene conversaciones con allegados para beneficiarse con un total de 160 voluntades.

En el otro cuerpo parlamentario, tras ser elegidos 24 senadores y senadoras sobre un total de los y las 72 que lo integran, el FV mantendrá la mayoría propia con 42 legisladores. Pero además podrá contar con los votos que aportarán unos cinco aliados (Partido Nuevo de Corrientes, Partido de Unidad Fueguina, UCR rionegrina y dos concertadores santiagueños), los que elevarán el número de personas afines al gobierno nacional a 47, a sólo uno de los dos tercios necesarios para tratar proyectos especiales como reformas a la

Ley de Coparticipación, juicios políticos, la insistencia en la sanción original de temas que regresan de Diputados y el tratamiento de proyectos sobre tablas.

Analistas internacionales como José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, opinan que la llegada de otra mujer al máximo cargo político de un país latinoamericano 'ratifica una tendencia hemisférica hacia la igualdad de oportunidades en el ámbito político que no tiene precedentes en la región'. La otra mujer en conquistar la cúspide política fue Michelle Bachelet en Chile, quien coincide en la opinión de que el triunfo de Cristina Fernández 'fortalece la defensa de los derechos de las mujeres'.

A la par de esta realidad con la que se encontrará CFK, crece otra tendencia: el acceso de las mujeres a los parlamentos suramericanos. Gracias a la ley de cupo femenino, el recambio legislativo de diciembre mantendrá la tendencia actual, donde las senadoras constituyen más de 40 por ciento y las diputadas más de 30.

El panorama legislativo

Sectores de la sociedad civil y del Estado que abogan por el libre ejercicio de los derechos de las mujeres consideran positivas estas novedades, pero advierten una vez más que no necesariamente implican un avance en materia de género, especialmente en ámbitos claves como el legislativo, donde se marcha muy lentamente.

El Poder Legislativo va a ser dominado por el oficialista Frente para la Victoria (FV) y difícilmente esta fuerza vaya a girar todos los grados que se necesitan para favorecer leyes como la que presentó al Congreso la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a fin de despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho se encuentran pendientes leyes que pueden mejorar la vida de ambos géneros y en especial la de las mujeres desde hace tiempo. Pero ese tipo de iniciativas ni siquiera se trata, quedan reducidas al trabajo en comisiones o terminan en el archivo.

El panorama se repite de renovación en renovación parlamentaria, aunque se registraron avances en algunos temas, tal como ocurrió hace exactamente un año cuando la Legislatura nacional ratificó el Protocolo Facultativo de la CEDAW o Convención Internacional sobre la Eliminación de cualquier forma de Discriminación contra las mujeres, acordado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1999.

Mientras tanto en Diputados descansa una iniciativa que puede resultar beneficiada con la renovación legislativa oficialista. Es la que propone tipificar y federalizar el delito de trata de personas, que afecta principalmente a mujeres y niñas. El Senado le otorgó la media sanción en 2006 en base a un proyecto impulsado por la legisladora Vilma Ibarra (su mandato termina en diciembre de este año), que cuenta con el guiño del presidente argentino Néstor Kirchner. Inclusive en octubre el Ejecutivo nacional creó por decreto un programa para prevenir y erradicar la trata de personas, y asistir a sus víctimas; el mismo estaba incluido en el proyecto de Ibarra, pero fue eliminado por la Cámara alta.

Otro de los problemas pendientes de solución parlamentaria es la situación de violencia doméstica. En el Congreso hay más de un proyecto sobre este tema, muchos de los cuales proponen mejoras a la Ley nacional 24.417 de Violencia Familiar. Sin embargo hay una iniciativa que aún no ingresó a las cámaras pero tiene todas las de ganar, ya que fue impulsada por el Ministerio del Interior a través del Programa Las Víctimas de las Violencias. La norma va a legislar la protección, sanción y erradicación de la violencia y el abuso del poder en el ámbito de las organizaciones familiares.

El año pasado hubo una reunión entre la coordinadora de Programa Las Víctimas de Las Violencias, Eva Giberti, y la diputada arista Marcela Rodríguez (continuará en su banca hasta 2009), a fin de conversar sobre puntos en común entre la iniciativa oficialista, que ingresará al parlamento en breve, y el proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cuya sanción viene batallando desde 2002 la legisladora opositora.

Marcela Rodríguez aclaró en ese sentido que su bloque mantendrá la exigencia de arribar a un concepto claro sobre violencia de género, pero a partir de diciembre este tipo de reclamos podrán hacerse desde una bancada mejor posicionada, ya que en los comicios generales de octubre Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica y fundadora del ARI (Afirmación para una Republica Igualitaria), consiguió la segunda posición con 22 por ciento de los sufragios.

Junto con aliados socialistas (Rubén Giustiniani) y de la centroderecha (Patricia Bullrich, Alfonso Prat-Gay y María Eugenia Estenssoro) la coalición que lidera Lilita Carrió constituirá la primera minoría en la Cámara baja y la segunda en la alta. Este sector quiere conseguir la chapa de principal oposición al gobierno kirchnerista y ensaya alianzas con dirigentes radicales a fin de enfrentar al oficialismo al menos en el campo parlamentario. No obstante la pelea por los cargos que ocuparán según el número de votos obtenidos embarra la cancha. También la disconformidad de los y las aristas puros con el rumbo que tomó la coalición al asociarse con la centroderecha.

Mientras, la socialdemócrata Unión Cívica Radical, que respaldó la candidatura del peronista disidente Roberto Lavagna (tercero en los cómputos oficiales), fue desplazado por primera vez en Diputados, donde comandará la segunda minoría. Si bien logró mantener la primera minoría en Senadores verá mermado mucho más su poder.

Los justicialistas disidentes, entre los que se cuentan Hilda 'Chiche' Duhalde, Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saá, continuarán en el Congreso ya que ninguna de esas bancas fue puesta en juego. El Partido Justicialista peronista también perdió poder en la elección de octubre.

Superados los comicios y fuera de las discusiones políticas, diputadosnacionales oficialistas y opositores impulsaron hace unos días un proyecto de ley para la prevención y sanción del acoso sexual. La propuesta consensuada establece un régimen aplicable a todo tipo de relación laboral, de derecho público o privado, incluyendo entidades educativas y de la salud.

La legisladora oficialista Diana Conti, cuyo mandato caduca dentro de dos años, también promueve sancionar el acoso sexual modificando el Código Penal. Su iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara alta. Diputados estuvo a punto de sancionarla a fines del año pasado, pero finalmente fue cajoneada.

La ejecución

En las primeras horas de la transición presidencial, Cristina Fernández hizo saber sus preferencias en cuanto a la conformación de su gabinete. Según su criterio deberían continuar varios de los ministros que acompañaron a su esposo, entre ellos Alberto Fernández, Jorge Taiana y Miguel Peirano. Todo parece indicar que la hermana de Kirchner, Alicia (actual ministra de Desarrollo Social) será la única mujer que integrará el cuerpo de colaboradores más inmediato a la presidencia en la estructura del Poder Ejecutivo.

Igualmente hay varias mujeres en la lista de ministeriables, todas con buena llegada a la primera dama. La senadora Diana Conti suena para ocupar la cartera de Justicia; Mercedes Marcó del Pont tiene chances en Economía y Marita Perceval podría ocuparse de Defensa. Sin embargo éstas son especulaciones y en diciembre se conocerán las personas que acompañarán a la mandataria electa en el próximo gobierno.

Por su parte CFK insiste en su deseo de ser llamada presidenta haciendo énfasis sobre el género. ¿Insistirá la presidenta en tomar medidas de protección de la mujer teniendo en cuenta que en lo que va del año se registraron 56 femicidios o que la violencia sexual, doméstica y laboral afecta a más de 80 por ciento de argentinas según las estadísticas oficiales? Eso está por verse.   

Fuente: lafogata.org