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Argentina: La lucha continúa
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Tucumán: Un trago amargo para los azucareros
Confirmado: 11 ingenios contaminan el agua que desemboca en la cuenca Salí-Dulce
El esperado informe de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional
develó que 11 ingenios tucumanos, en general, exceden los valores de
contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. Los
resultados surgen de las muestras de agua que fueron extraídas en las fábricas
azucareras en el marco de allanamientos ordenados por el juez federal subrogante
Nº2, Mario Racedo. Ahora, el magistrado le pidió al secretario de Medio Ambiente
de la provincia, Alfredo Montalván, que rinda cuenta sobre los planes, controles
y estudios de impacto ambiental a los que están sometidas las industrias.
Lo que todos saben y lo que los vecinos del sur padecen y denuncian hasta el
cansancio fue confirmado por un estudio de la División de Medio Ambiente de
Gendarmería Nacional. Los resultados de las muestras de agua que fueron
extraídas por peritos de la fuerza nacional en 11 ingenios azucareros develaron
que, en general, exceden los valores de contaminación permitidos tanto por la
Nación como por la provincia, con lo que se complica aún más la situación
judicial de los industriales involucrados en la causa que está en manos del juez
federal subrogante Nº 2, Mario Racedo.
Con la firma del Jefe de la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional,
Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el
esperado informe, al que tuvo acceso primerafuente, confirmó que los valores de
los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO), superan los parámetros estipulados por la
resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución
1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.
Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que
había ordenado en setiembre pasado el juez Racedo para investigar en qué grado
contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua
que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial
se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para
que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las
empresas tucumanas en los cauces de agua.
El juez pidió a Montalván que rinda cuenta sobre los planes y controles
Racedo recibió dicho informe, que data del 24 de setiembre pasado, hace más de
una semana y tras un minucioso análisis de los resultados que arrojaron las
muestras de agua, libró un oficio al secretario de Medio Ambiente de la
provincia, Alfredo Montalván. A través del escrito, le solicitó que en un plazo
de 10 días le informe si los ingenios involucrados formalizaron o presentaron
'un plan integrado basado en el sistema de progresividad que prevea como
objetivos ambientales la recomposición de los efluentes líquidos, sólidos y
gaseoso que emanasen de la fábrica, objetivos a lograrse en forma gradual, a
través de metas interinas y finales proyectadas en un cronograma temporal'.
A ello, agregó que en caso afirmativo, remita la copia de dicho plan e informe
sobre los controles efectuados y si el programa se encuentra cumplimentado a la
fecha comprometida. También le solicitó al funcionario que envíe informes de los
estudios de impacto y de ordenamiento ambientales de los 11 ingenios.
La medición atmosférica sigue pendiente
Otra cuestión pendiente para la Justicia Federal es avanzar en la medición de la
contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, el juez
federal subrogante Nº2, Mario Racedo, no cuenta con los elementos necesarios
para medir el daño que se produce en el aire, mientras los vecinos del sur
siguen protestando en contra de la lluvia de cenizas que soportan a diario.
Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15
en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en
el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares,
Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad,
Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa.
Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos
al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las
causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
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