Argentina: La lucha continúa

En esta nota de la revista Desafíos de noviembre de 2006, Eduardo Vaianella sintetiza los principales conceptos vertidos por los integrantes del MORENO, en una exposición brindada en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, sobre la propiedad de los recursos energéticos, la renta petrolera, el modelo de privatización, la crisis energética, el estado de las reservas y el papel de ENARSA.

El conflicto entre producción y consumo

Los hidrocarburos en general, y el petróleo en particular, son insumos económica y tecnológica- mente estratégicos por ser recursos naturales no renovables y extremadamente usados en la vida diaria (combustibles, electricidad, calefacción, productos plásticos, abonos, asfaltos, etc.). Existe una permanente puja por la distribución despareja de las reservas mundiales de hidrocarburos, ya que por un lado se concentran los grandes propietarios y por el otro los grandes consumidores, lo que ha generado, durante el siglo XX y lo que va del actual, numerosas guerras por su dominio. La denominada Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay en la tercera década del siglo XX, es un ejemplo paradigmático, así como el despojo mediante el cual Perú, representando a la Standard Oil, arrebató una y parte del territorio ecuatoriano donde tenía influencia la Shell.

El petróleo es un recurso no renovable. Por eso, se incurre en un error conceptual al hablar de 'producción' de petróleo cuando lo correcto sería decir 'extracción',ya que el petróleo es el mismo que primero está bajo tierra y luego, una vez extraído, es quemado. Y ya nunca más podrá ser utilizado. La fijación de su precio internacional se basa en criterios políticos, ya que resulta de la negociación entre las fuerzas que operan en un mercado oligopólico: existen unos pocos países con muchas reservas, unas pocas empresas que las manejan y un conjunto de grandes consumidores muy concentrados. Por ello, el precio de venta no guarda relación alguna con su costo.

La renta petrolera

La renta corresponde al propietario del recurso, ya se trate de un campo, una mina o un pozo petrolero. En nuestro caso el propietario del recurso es el pueblo argentino, encarnado en el Estado Nacional y los estados provinciales. Nada tiene que ver esto con la utilidad normal que, dentro del sistema capitalista, corresponde a un inversor y que, por otra parte, las petroleras descuentan para calcular sus costos.

Según datos extraídos del balance de Repsol, el costo por barril en el 2005 fue de U$S 5,85(1); el petróleo argentino se vendió, en promedio, a U$S 56 el barril, lo que deja una renta unitaria aproximada de U$S 49. Con lo que se extrajo en ese año el cálculo de la renta total alcanza a U$S 12 mil millones y se distribuyó del siguiente modo:

Nación (retenciones e impuestos): 3.100 millones de dólares (26%).

Provincias (regalías): 700 millones de dólares (6%).

Empresas: 3.200 millones de dólares (27%).

El 40 % restante va en una escasa proporción a los consumidores, que pagan las naftas a un precio inferior al internacional, pero la mayor parte es retenida por las refinerías -que son las propias petroleras- al adquirir el producto a un precio mucho más barato que el internacional. Además, la mitad de la nafta que se obtiene con petróleo barato, es exportada por estas empresas. A esto se suman los subsidios, directos e indirectos, que reciben del Estado. En definitiva, quien maneja propiedad, renta, gestión y derechos del petróleo, es quien en realidad fija la política petrolera.

Un poco de historia

La Argentina descubrió petróleo el 13 de diciembre de 1907, en Comodoro Rivadavia. Era el noveno o décimo de los países del mundo que descubría petróleo por entonces y fue el primero en establecer una empresa petrolera y hacer una reserva del recurso. Se trató de una política de Estado que se mantuvo a través de los años y los gobiernos. El pensamiento señero de Mosconi fue tomado como ejemplo por Uruguay, México y Venezuela que crearon sus empresas estatales e hicieron la reserva de su petróleo. Buscaban con ello defenderse de la guerra entre los dos grandes monopolios mundiales de la época, Standard Oil y Shell, que respondían a EEUU e Inglaterra, respectivamente.

En nuestro país, YPF se desarrolló en los Territorios Nacionales. Esto obedeció al histórico conflicto planteado entre la gestión empresaria estatal, monopólica y centralizada, y las viejas oligarquías provinciales (salteña y mendocina, en aquel momento), que entregaban concesiones a las multinacionales. Cuando las provincias petroleras, ya en nuestros días y como parte del proceso privatizador, recibieron el 12% de las acciones de Y.P.F., las vendieron de inmediato. De no haberlo hecho, contarían con una posición mayoritaria en Repsol. Pero no había en los gobiernos provinciales vocación petrolera, sino que había vocación financiera del petróleo. Mientras que la Nación tardó de 1907 a 1992 en concretar la traición de la venta de Y.P.F., las oligarquías provinciales tardaron menos de un año.

Antaño las 'guerras petroleras' se libraban en procura del dominio de los mercados. Hoy, en cambio, asistimos a una enconada lucha por el dominio de las reservas. Según las proyecciones de distintos grupos que estudian el tema, éstas se agotarán en 25 ó 30 años, o tal vez un poco más. Lo cierto es que no se agotarán en todos los países a la vez; pero sí se puede afirmar que aquellos que carezcan de petróleo tendrán muchas dificultades para seguir siendo naciones en el futuro. Esto hace que la provincialización actual sea muy riesgosa. Si se piensa que la venta anual de la Exxon Mobil cuadruplica el PIB nacional, se advierte que fragmentar el subsuelo debilita mucho la posibilidad del país para enfrentar a estas potencias petroleras mundiales.

Otro elemento que sirvió eficazmente para despojar a los países de su petróleo -tal como lo ha experimentado la Argentina- ha sido el endeudamiento externo. La empresa estatal YPF fue obligada a tomar decenas de créditos internacionales que no necesitaba, ya que sólo tenía una deuda operativa (no de capital) anual de 300 millones.

El proceso de privatización

En 1989, mediante tres decretos, se privatizó el 'régimen petrolero'. El status jurídico de este primer tramo de la privatización es de crucial importancia ya que estos decretos podrían ser derogados por otros, sin intervención ni del Congreso Nacional, ni de la Corte Suprema de Justicia, ni de la Procuraduría General de la Nación.

Dos años después se privatizaron los yacimientos a través de la Ley de Emergencia Económica y, al año siguiente, se hizo lo propio -también por ley- con la gestión de YPF y Gas del Estado.

Hoy se levantan voces interesadas en preservar los privilegios de las empresas concesionarias, diciendo que no se puede 'renacionalizar' porque están de por medio los contratos. Se pretende hacer primar el derecho anglosajón, en el que los contratos prevalecen sobre la ley y la justicia estable se logra cuando las dos partes pueden negociar libremente entre sí. El derecho romano (también el hispano y el latinoamericano), algo más sabio, sostiene que cuando contrata un débil con un fuerte no se logra la justicia, sino que ésta sólo resulta garantizada por una legislación que tenga como objetivo el bienestar general: la ley prima, pues, por sobre los contratos. Hoy en Argentina tenemos leyes que no se han cumplido y contratos que se quieren cumplir contra la ley.

¿Crisis energética o crisis de modelo?

Lo que está en crisis es el modelo privatizador que, en lugar de conducirnos, como lo habían prometido sus impulsores, a una economía energética moderna de tipo tecnológico postindustrial y postservicios, nos ha retrotraído a una economía primaria: cuando no llueve no hay electricidad en los embalses, cuando hace frío no tenemos gas natural en las viviendas, cuando hay cosecha no alcanza el gasoil, cuando aprieta el calor hay cortes de energía eléctrica, etc. Se trata de una economía primaria regida por el clima.

Lo que debe cuestionarse es el modelo neoliberal de privatización energética y no las medidas de un gobierno en particular.

Pues la crisis obedece a la falta de inversión, a la carencia de exploración, a la falta de nuevas destilerías y de ampliación de las existentes. Se trata de un modelo que permite no invertir e igualmente mantener la concesión.

¿Cómo se logra la inversión en un sistema donde la decisión de hacerlo no está en el Estado concedente sino en la empresa concesionaria, en función de sus utilidades y remesas? Es preciso recuperar la renta petrolera y con ella llevar a cabo las inversiones, dentro de una política de largo plazo. En el corto plazo, mientras tanto, se hacen remiendos: importar gasoil de Venezuela, vender menos gas a Chile, importar más gas de Bolivia, etc. Pero la crisis persiste porque atañe al modelo. Es el sistema neoliberal que en materia energética ha fracasado en la Argentina y a nivel mundial: ha fracasado también en Rusia, donde se vuelve a nacionalizar el crudo; fracasó en Venezuela, donde se retoma la renta petrolera; fracasó en Bolivia, donde se renacionalizaron el petróleo y el gas.

Privatización de la información

Toda la información disponible en materia energética se basa en los números que brindan las empresas del sector, ya que, junto a la privatización de YPF, también se privatizó el dominio de esta información. Cuando YPF era una empresa estatal, la Secretaría de Energía publicaba un informe mensual donde figuraban los costos de extracción cuenca por cuenca. Argentina es hoy el único país del mundo donde las estadísticas petroleras están privatizadas. Asimismo la estadística de reservas disponibles surge de una simple declaración jurada por parte de las empresas. El MORENO ha insistido -sin lograrlo- en la necesidad de que se realice una auditoría de costos y de reservas absolutamente independiente, llevada a cabo por profesionales argentinos, que se cuentan entre los más competentes del mundo.

Esta necesidad surge de la posibilidad real de que las empresas brinden datos falsos en cuanto a sus reservas, ya que esto está directamente vinculado al valor de sus acciones. El petróleo está en concesión -ya que nos pertenece a los argentinos- pero Repsol, en Bolivia y en Argentina, hace figurar en sus activos propios las reservas de Loma de La Lata y todas sus reservas en territorio boliviano.

Reservas, ¿qué reservas?

Un problema crucial se relaciona con la caída sustancial de las reservas. El último dato oficial nos dice que, a diciembre del 2005, se contaba con ocho años de reservas para el actual nivel de extracción, consumo y exportación. No obstante, esto no significa que en el 2014 el petróleo se acabe indefectiblemente. Por un lado porque no existe la certeza de que el mismo dato sea veraz, pero aun aceptando que lo fuera, hay que separar lo que serían reservas comprobadas - sabemos cuánto petróleo hay y dónde está- y las reservas potenciales. Las empresas hablan de ocho años porque desde que se privatizó YPF se dejó de buscar petróleo, única manera de hallarlo. Mientras YPF estatal perforaba 100 pozos por año, en 2004 se perforaron entre 10 y 15, y hubo años en los que no se hizo ninguno. La caída de las reservas argentinas no se debe a que nuestra riqueza se esté agotando, sino a que no se está buscando nuevo petróleo, a pesar de que existen muchos datos que indican que hay aún mucha riqueza por descubrir.

Existen motivos que pueden llevar a una empresa como Repsol a no explorar. Uno de ellos sería evitar gastos y aumentar así las utilidades y los dividendos. Otro es que, como se trata de una empresa multinacional, la preferencia de inversión puede estar situada en Argelia, en Rusia o en el norte de Noruega y no en las necesidades de los argentinos. Habría una tercera posibilidad que no puede desdeñarse, sin adherir a concepciones conspirativas: que se busque dejar al país sin reservas para exigir, desde una posición de fuerza, nuevos y mayores privilegios: reducciones impositivas, aumento de precios, eliminación del riesgo empresario y/o minero, etc.

Por otra parte, hay datos que indican que Repsol es la empresa que menos explora en el mundo. El Departamento de Energía de los EEUU publica semestralmente lo que se llama 'tasa de reposición', es decir cuánto se repone sobre la base de lo extraído. Esta reposición puede hacerse explorando y encontrando nuevos yacimientos o bien comprando otros pozos o empresas. La tasa de reposición de Exxon Mobil, por ejemplo, es de 120%, la de Repsol es del 18%. Esto indica que Repsol ha decidido, como política empresaria, no invertir en exploración.

ENARSA: Los riesgos del modelo SONANGOL

ENARSA recibió el 100% del mar y del territorio no concesionado en la Argentina. Pero el MORENO alerta sobre la posible réplica del 'modelo SONANGOL'. En Angola existe la Empresa Nacional de Petróleo (SONANGOL) que recibió también del gobierno el 100% del mar y del territorio. Esta empresa constituyó una UTE (unión transitoria de empresas) con la Chevron Texaco y con la Total y ha entregado todo el mar, sin licitación, quedando con una participación de poco más del 10%.

Por esta razón, el MORENO sostiene la necesidad de que haya licitación ya que, aunque éstas puedan amañarse, siempre es mejor conocer previamente las propuestas. Además, este sistema de concesión de una sola vez es muy peligroso, por las prácticas corruptas a las que se presta. Hoy por hoy, ENARSA es más bien una oficina de contratos que una petrolera o una empresa energética.

ENARSA también firmó convenios con Repsol, Petrobrás y PetroUruguay, para hacer exploración marítima en el litoral de la provincia de Río Negro y de la ciudad de Mar del Plata. En ambos casos la empresa participaría con el 35%. A su vez ENARSA tiene el 35% de capital privado. Si por ejemplo, Repsol comprara ese porcentaje, tendría una posición mayoritaria y se reduciría la participación de nuestra empresa al 25%. El MORENO critica esta modalidad de desarrollo en materia energética y no acuerda tampoco con la participación privada.

Nota:
1) De este valor sólo U$S 2,45 es el costo de extracción, el resto corresponde al 'costo de descubrimiento' (estudios, perforación, infraestructura, etc.). En el 2005 Repsol no sólo no descubrió una sola gota de petróleo, sino que el nivel de reservas bajó un 15%

De los autores:
- Félix Herrero es Abogado y economista, Vicepresidente del MORENO.
- Diego Mansilla es Economista especializado en energía. Miembro de la Cátedra Nacional de Economía "Arturo Jauretche".

Fuente: lafogata.org