Exigimos el total esclarecimiento y castigo de los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Sandra Cabrera

Llevamos tres años de impunidad. El de Sandra Cabrera fue un asesinato político.

Desde hace tres años exigimos al Poder Legislativo santafesino involucrarse activamente en la investigación, propusimos la creación de una comisión bicameral y la despenalización del trabajo sexual con la anulación de los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe y toda norma que viole las libertades democráticas y constituya una herramienta para la extorsión, el abuso y la violencia policial. Nada de esto sucedió.

A Sandra la mataron por denunciar lo que AMMAR viene denunciado hace doce años: la explotación, el abuso y la violencia, herramientas de la policía: el mayor proxeneta, un patrón nunca declarado que se sostiene desde la discriminación social y el amparo de sectores judiciales y políticos asociados.

En el año 2000 Sandra realizó la primera denuncia pública, fue a raíz de una paliza propinada por una banda de dueños de prostíbulos y patovicas de un boliche de la zona de la Terminal de Rosario. En el imborrable 2001, luego de que un grupo de policías golpeara a una compañera, Sandra aceleró la construcción de AMMAR Rosario.

Para Sandra el objetivo de AMMAR quedó claro desde el primer momento: defender el derecho al trabajo, de caminar tranquilas, de ser tratadas como personas. Sin estar siempre a expensas de los negocios del comisario de la zona.

Por esos principios se convirtió en sindicalista, por esa lucha fue marcada por los poderosos que se mueven entre los pliegues de la política, la justicia y la represión policial.

A raíz de sus denuncias como secretaria general de AMMAR Rosario, logró la destitución de un jefe, un comisario y un subcomisario de la policía. Tuvo que cometerse el crimen de Sandra para que finalmente el gobierno de Santa Fe disolviera Moralidad Pública, la división policial que Sandra denunció por el cobro de coimas a las compañeras y el amparo a lugares ilegales donde circula la droga, la esclavitud y la explotación sexual infantil.

Por todas esas denuncias, Sandra recibió amenazas contra su vida y la de su hija, fue golpeada salvajemente adentro de su casa a pesar de contar con custodia permanente en el domicilio, custodia que le quitaron una semana antes de asesinarla porque, según el subsecretario de seguridad Alejandro Rossi "no se puede hacer custodia personal sobre una prostituta callejera". El asesinato de Sandra Cabrera no puede seguir el camino de la impunidad: en la investigación se dejó de lado la pista policial, quedó libre al único detenido, el policía Diego Victor Parvluczyk, y hoy la causa está parada.

En la Argentina, la maldita policía mata un joven día por medio. Los asesinatos de las trabajadoras sexuales, ni siquiera se contabilizan: 3 compañeras asesinadas en Córdoba, 2 en Mendoza, 1 asesinada y 1 desaparecida en La Pampa y 32 en Mar del Plata.

En esta ciudad, cuando el poder y los medios pretendían desviar la atención adjudicando los crímenes a un denominado "Loco de la Ruta", AMMAR exigió que se investigara la conexión policial, tal como después quedó demostrado. En Córdoba, el asesino, que fue descubierto gracias a AMMAR y a la gente que lo identificó, resultó ser pariente de un funcionario de seguridad que hacía "trabajitos" por encargo.

En Ushuaia, una trabajadora sexual fue asesinada en la playa, el crimen nunca se esclareció y el gobernador de la provincia justificó el crimen diciendo que eran "gajes del oficio." Seis meses después una compañera que estaba impulsando la filial de AMMAR, sospechosamente fue encontrada ahorcada en su cuarto, sin que ninguna investigación avalara el suicidio con que se caratuló la causa.

Para llevarse presa a una trabajadora sexual o una compañera trans no hay mucha vuelta: se va y se la detiene. Pero para detener a los asesinos de Sandra Cabrera, la justicia ni siquiera reunió las pruebas, que existen.

Al Sindicato de Trabajadoras Sexuales AMMAR y a la Central de Trabajadores de la Argentina no nos quedan dudas: a nuestra compañera la mataron porque estaba rompiendo el código mafioso de las cajas negras policiales. Sandra Cabrera decía que el principal proxeneta es el Estado. Sandra está muerta, sus asesinos libres, y el sauna "Atacáme" que ella denunció sigue abierto y funcionando como siempre.

Nos duele enormemente ver cómo tan rápido se cubren con un manto de olvido los crímenes de hoy. Llevamos tres años de muchas promesas incumplidas, tanto del gobierno de la provincia de Santa Fe como de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que se comprometieron a realizar las acciones políticas que permitieran la creación de una Comisión Investigadora Independiente.

Hay responsabilidades políticas.

La policía está implicada en el crimen de Sandra, por eso no se investiga. Y para que se investigue se necesita la decisión política, del gobierno nacional y provincial.

En todo caso de desaparición de persona, como se demostró durante la dictadura militar y revivimos con los casos Jorge Julio López y Luis Gerez, está presente la policía.

Siempre, en las desapariciones de las compañeras trabajadoras sexuales, en la exclusión, maltrato y en la esclavitud de mujeres y niñas; siempre, está de por medio la policía.

Las trabajadoras sexuales, junto a todo el pueblo, queremos hacer realidad los sueños que construimos con Sandra: una sociedad donde todas las personas seamos iguales, sin pibes muertos de hambre, sin chicas y chicos explotados sexualmente, sin mujeres marcadas, sin justicia de primera y de segunda, una sociedad donde ya no existan la desigualdad, la impunidad ni la muerte.

• Por el total esclarecimiento, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la secretaria general de AMMAR-Rosario, Sandra Cabrera.

• Por la derogación de los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de Rosario y de toda otra norma que viole las libertades democráticas y sea una herramienta para la extorsión, el abuso y la violencia policial.

• Por la despenalización del trabajo sexual en todo el país.

• Por el pleno respeto de los derechos humanos.