Agustín Valdés

Desde las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos a los genocidas, los años de la dictadura militar parecían una historia remota, y los asesinos que causaron la desaparición de 30 mil luchadores populares gozaron de una impunidad absoluta. Sin embargo como parte del proceso democrático abierto en el argentinazo, se produjeron dos hechos de importante relevancia que dieron inicio a un nuevo capítulo en la lucha por la verdad y la justicia. Por un lado la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final y por otro la sentencia por genocidio a Etchecolatz. Es preciso entender la relevancia y dinámica de este proceso para  realizar una apuesta a largo plazo desde una perspectiva socialista y anticapitalista.

La lucha contra la impunidad como una lucha estratégica contra el régimen de dominio

La Argentina no es el caso extremo de la impunidad y, debido al enorme movimiento democrático de masas de lucha contra la dictadura y que continuó exigiendo el juicio y el castigo durante la década del ´80, no ha seguido el modelo chileno. Aún así, los partidos tradicionales, tanto la UCR como el PJ, han contenido los reclamos, salvando a los militares en pos de la "reconciliación"; de allí la claudicación a Rico y la leyes de impunidad de 1987, que Alfonsín pagó con una caída estrepitosa de su popularidad. Luego seguiría Carlos Menem con los Indultos. La cobertura teórica de esas medidas fue la "teoría de los dos demonios" que considera a los luchadores populares como un bando terrorista. Esta operación salvó no sólo a los militares, sino que estuvo destinada a lavar la ropa de esos mismos partidos, que apoyaron las leyes de aniquilación a la subversión de Luder en 1975 y a la triple A, organizada por el propio peronismo en el poder y con el apoyo entusiasta de la UCR (recordemos el llamado de Balbín a "aniquilar a la guerrilla fabril"). De esta manera se aseguraron un pacto tácito con las fuerzas represivas, en la medida en que no se tocaron sus intereses y sus personajes, a cambio de integrarse en las necesidades del nuevo régimen político y contribuir a su estabilidad.
Con las leyes de impunidad las fuerzas represivas a la salida de la dictadura militar continuaron albergando a los genocidas. Evidencia que hace irrefutable esta aseveración son las recientes declaraciones de Arslanian ante un pedido de la querella en la causa por la desaparición de López que se sustancia en la justicia federal: sólo en la Bonaerense continúan en función 9.026 policías que ingresaron durante la dictadura militar ¡el 20% del total! y muchos de ellos participaron activamente de la represión. Se calcula que en la dictadura militar participaron 30 mil genocidas en las fuerzas armadas, y cerca de 10 mil civiles (empresarios, políticos, jueces, curas, etc) que fueron cómplices directos de la dictadura, como la empresa Ford que entregaba los Ford Falcon verdes por centenares con los números de motores borrados o cambiados de fabrica. Es decir, cerca de un total de 40 mil de genocidas. Si calculamos que alrededor de 30 mil continúan vivos, siguen mayoritariamente gozando de una absoluta impunidad, ya que la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final permitió abrir 200 nuevas causas y actualmente existen cerca de 200 juzgados de los cuales la mayoría goza de prisión domiciliaria.
La supervivencia de estos genocidas, la continuidad de los mismos grupos económicos que fueron cómplices de la dictadura, hace que la lucha por la verdad y la justicia sea una lucha abiertamente contra el actual régimen de dominio, es decir, contra las fuerzas represivas y contra sectores de la burguesía. Aquí entra la importancia histórica y la relevancia del fallo a Etchecolatz. Mientras que en la condena al Turco Julián se reivindica la teoría de los dos demonios, en la del juicio a Etchecolatz, al contrario, en primer lugar se reconoce la existencia de un genocidio y además en la sentencia se habla del objetivo del genocidio de imponer un plan económico. El precedente que implica este fallo podría sentar las bases no sólo para condenar a los asesinos en las próximas causas de los juicios por la verdad que comienzan en febrero, sino también para derogar los indultos a los asesinos -recordemos que, según todos los tratados internacionales, los crímenes contra la humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados- y para enjuiciar y encarcelar no sólo al conjunto de militares implicados en la dictadura militar, sino también a los cómplices, empezando por los empresarios y los curas que colaboraron con el genocidio. Es decir que habría que investigar a los 9 mil policías de la bonaerense que fueron parte de la dictadura, a los miles y miles de policías y militares en todo el país que fueron parte de las fuerzas represivas en aquel entonces, a todos los empresarios que colaboraron, como Ernestina de Noble, Amalita Fortabat, etc. a los curas, los periodistas como Mariano Grondona, y cientos y cientos de empresarios y grupos económicos.

El gobierno de Kirchner y la verdad

Innegablemente este gobierno ha tomado ciertas medidas de carácter progresista en relación a los derechos humanos. Por ejemplo el remover del ejército a los militares que participan públicamente de actos de la ultraderecha, el discurso y el perfil que ha tenido en ciertas oportunidades, como la creación del museo en la ESMA, y por sobre todas las cosas haber aprobado en el Parlamento la derogación de la ley de obediencia debida y punto final a partir de la iniciativa de la diputada Patricia Walsh. Sin embargo no ha adoptado ninguna medida que vaya a fondo en desmantelar el aparato represivo que continúa desde la época de la dictadura. Ni siquiera ante las desapariciónes de López, de Geréz y las diversas amenazas, aprietes e intimidaciones de la ultraderecha. Por el contrario, en el discurso pronunciado en cadena nacional horas antes de la aparición de Geréz reconoció el operar de la ultraderecha fascista al decir:
"Todo hace pensar que en ambos casos ha actuado lo que se conocía como mano de obra desocupada, es decir elementos paramilitares o parapoliciales, que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad. Se trata de la misma metodología que utilizaron tras el histórico juicio a las juntas militares: extorsionar para obtener impunidad. En aquel momento fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Los actores son diferentes pero los beneficiarios del objetivo de impunidad siguen siendo los mismos.",
pero no adoptó ninguna medida que se corresponda con semejante situación de inseguridad y de accionar mafioso y terrorista ¿Por qué si no se niega a anular los indultos? ¿Por qué no impulsa un juicio político a los jueces de la dictadura o no exonera a los integrantes de las fuerzas de seguridad que tuvieron que ver con la represión? ¿Por qué no entregan a los organismos de derechos humanos y la justicia las listas de aquellos 9 mil policías de la bonaerense para que se los investigue y se los juzgue? ¿Por qué el gobierno a 4 meses de la desaparición de López no ha tomado medidas de fondo contra la ultraderecha? Si Kirchner tomase alguna de estas medidas sería elemental que todos vayamos a Plaza de Mayo a apoyarlas para enfrentar a los genocidas, pero sin embargo el gobierno se muestra timorato y no va a fondo. Y se debe justamente a su carácter de defensor y parte de un régimen corrupto y descompuesto, un régimen que tiene una pata en los genocidas, como también en las mafias policiales, la vieja política, los viejos gobernadores y funcionarios menemistas, la corrupción y las empresas que saquean el patrimonio nacional y los recursos naturales. Tomar medidas de fondo contra los genocidas significa ir en contra del régimen de dominio y de sectores de la propia clase dominante sobre los cuáles se sostiene el kirchnerismo.

Contra la Impunidad, construir una Nueva Izquierda