Hoy la universidad
Argenpress

El nuevo anteproyecto de reforma del Código Penal contempla la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de violación y vuelve a abrir el nunca acabado debate sobre este tema. Mientras, la ausencia de estadísticas sobre su cantidad, la proliferación de mujeres que llegan a los hospitales tras intentos frustrados, la falta de educación sexual y drogas que se ponen de moda. En este informe, Hoy la Universidad cuenta qué pasa en el país.

Trazar, al menos desprolijamente, un bosquejo del fenómeno del aborto en Argentina resulta una cruzada casi destinada al fracaso: la ausencia de estadísticas actualizadas que permitan dimensionar con precisión su alcance se presenta como el principal escollo. Ocurre que los datos existentes no reflejan las cifras reales de las interrupciones intencionales de los embarazos y sólo es posible acercarse a algún indicador a través del registro de las situaciones en las que el intento se complica y obliga a la mujer a recurrir a las instituciones de salud para salvar su vida. El resto de las intervenciones que no derivan en cuadros infecciosos o hemorragias simplemente permanece en el terreno de las presunciones y son difíciles de cuantificar.

Según la información publicada a fines de 2005 por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, 94 mujeres habían fallecido en el país un año antes como consecuencia del aborto, esto es, prácticamente una mujer cada cuatro días. El dato lo ubica entre las principales causas de mortalidad materna en Argentina.

Luis Aller Atucha es presidente de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, y ocupó diversos cargos en organismos internacionales en Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Perú y El Salvador. Aunque reconoce que es casi imposible saber los números definitivos en el país, sostiene que es factible efectuar una estimación a partir del entrecruzamiento de diversos indicadores.

"Si consideramos las fórmulas utilizadas por la Organización Mundial de la Salud para calcular la cantidad de interrupciones de embarazos en función del uso de anticonceptivos, cuántas camas están ocupadas en los servicios de ginecología y obstetricia por casos incompletos, la cantidad de sangre utilizada para tratar a esas pacientes y los relatos de los jefes de servicio de los hospitales, se podría hablar de que cada cinco embarazos, dos se interrumpen. Eso nos lleva a un promedio estimativo de 450 mil abortos anuales en Argentina", indica.

El Hospital Rawson es una institución testigo en Córdoba, básicamente porque es el ámbito sanitario especializado en el tratamiento de cuadros infecciosos y complicaciones postaborto. De acuerdo con Marta Ledesma, del Servicio de Ginecología de ese nosocomio, en 2005 ingresaron aproximadamente 418 pacientes con diagnóstico de aborto, contra las 500 que lo hicieron en 2004. Sobre la carencia de información certera, la especialista apunta un dato clave: en general, el 30 por ciento de las mujeres que interrumpen su embarazo presenta complicaciones o infecciones.

Para delinear un panorama más acabado de la problemática, residentes del Servicio de Ginecología del Rawson dirigidos por Ledesma efectuaron durante 2005 una serie de estudios que analizó las historias clínicas de las pacientes con diagnóstico de aborto tratadas entre enero de 2003 y diciembre de 2004. Lo que el trabajo aportó es una caracterización detallada del perfil demográfico de las mujeres que optaron por interrumpir su embarazo y las maniobras más utilizadas (ver Estudios. . . ).

Según los relevamientos, de las 1. 116 mujeres asistidas durante esos 24 meses, 234 (el 21 por ciento) declararon abiertamente haber practicado algún método abortivo al ingresar al nosocomio, mientras que otras 34 lo hicieron posteriormente. De aquella cifra, el 29 por ciento indicó haber utilizado sondas, tallos de perejil, legrados clandestinos o la combinación de diferentes maniobras. No obstante, el dato más llamativo se centra en el 71 por ciento restante, que reconoció el empleo de misoprostol, un fármaco que en los últimos años adquirió notoriedad y se difundió ampliamente entre quienes decidieron interrumpir la gestación.

El misoprostol es parte componente de un reconocido antiinflamatorio de venta libre que se receta para el tratamiento de la úlcera gástrica. Sin embargo, sus efectos abortivos fueron descubiertos hace tiempo y por ello las mujeres utilizan el misoprostol que contiene para finalizar con su estado de gravidez. A tal punto llega su popularidad, que insume sólo 15 minutos encontrar en Internet un sitio en castellano que explica con todos los detalles cómo emplearlo, cuál es la dosis más adecuada, su índice de efectividad, las precauciones que se deben adoptar y las posibles complicaciones. La página web incluye también diversos argumentos o excusas que pueden esgrimirse ante la negativa de un farmacéutico a vender el medicamento sin receta, y funciona como un foro donde las mujeres que tienen la intención de discontinuar su embarazo pueden evacuar dudas y realizar consultas.

Con todo, los sanitaristas destacan que el misoprostol constituye el método abortivo menos dañino para la salud de las mujeres, sobre todo frente a las sondas, agujas de tejer, rayos de bicicleta o tallos de perejil. Esto se debe a que generalmente no provoca infección y reduce la posibilidad de fallecimiento de la paciente. "Las jóvenes que lo toman tienen contracciones y hemorragias, se presentan en el hospital, se les diagnostica aborto incompleto y se las trata con éxito", explica Ricardo Rizzi, docente de la Facultad de Ciencias Médicas y director de la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva de la Escuela de Salud Pública de la UNC.

De todos modos, de acuerdo con el investigador, el problema radica en que un sector de la población femenina está utilizando el aborto como método anticonceptivo y de planificación familiar. "Este enfoque es un error terrible, porque lo que se debe evitar es llegar al embarazo no deseado", apunta.

En realidad, situaciones como ésta dejan entrever la carencia de educación sexual, que impide a las mujeres conocer sus períodos de fertilidad y las formas de protegerse. "Hay un dato que patentiza este cuadro: Suecia, a pesar de ser uno de los países europeos más permisivos en materia de legislación sobre aborto, es el que presenta la tasa más baja de interrupciones por cantidad de nacimientos en el mundo. Esto se debe a las políticas educativas que fijan conocimientos sobre reproducción y salud desde la primaria. Y desde esta perspectiva, sólo deciden terminar con la gestación quienes tuvieron fallas en sus métodos anticonceptivos", subraya Rizzi.

El acceso a una educación sexual, anticonceptivos e información actualizada sobre el tema constituye uno de los ejes que impulsa la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Consideran que disponer de tales elementos de juicio resulta fundamental para evitar el embarazo no deseado. De todos modos, y ante situaciones en las que éste se produce, la agrupación promueve el derecho al aborto legal, seguro y gratuito como una decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y dentro de las 12 primeras semanas de gestación, cuando el feto comienza a desarrollar su sistema neurológico.

"Nuestro argumento es que los embarazos no deseados son una realidad constante que está atravesada por un sinnúmero de factores muy particulares, como condiciones de vida, pobreza, desinformación y hechos de abuso. Las mujeres son sujetos con conciencia, responsabilidad y ética, por eso bregamos para defender su derecho a decidir si desean o no continuar con el embarazo que ellas no anhelan", explica María Teresa Bosio, prosecretaria académica de la Escuela de Trabajo Social e integrante de Católicas.

En consonancia, Gladys Ponte, ex jefa de Ginecología y ex directora del Hospital Rawson, quien también es docente de la 2º cátedra de Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas e integrante de Católicas, remarca que el aborto lleva la inequidad a su máxima expresión, porque mientras la situación económica les permite a algunas mujeres acceder a intervenciones de calidad -que respetan las normas quirúrgicas necesarias para evitar consecuencias adversas-, muchas otras terminan sometiéndose en la clandestinidad a sondas, agujas de tejer y otros elementos que ponen en serio riesgo su vida. "El tallo de perejil, por ejemplo, es uno de los métodos que utilizan porque resulta barato. Pero desencadena rápidamente un cuadro de sepsis muy grave con complicaciones tan severas como la coagulación intravascular diseminada, que produce una insuficiencia renal aguda. Estas mujeres pueden quedar con secuelas muy importantes, algunas terminan perdiendo su vida en diálisis y en otros casos ni siquiera logran llegar a esta instancia. Es la muerte más dramática desde el punto de vista de la medicina, porque fallecen lúcidas, pidiendo por su vida, y lamentablemente yo fui testigo de ello", señala.

Históricamente, el debate sobre la despenalización del aborto ha encontrado fuerte resistencia en diversos sectores sociales. El profesor consulto de la UNC y director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Víctor Reinaldi, evalúa que ni la despenalización ni su punición severa brindarán debida protección a la vida del feto, básicamente porque las interrupciones del embarazo se siguen produciendo a pesar de que la ley vigente sólo considera no punibles los abortos necesarios o terapéuticos, y los eugenésicos. Los primeros son los practicados por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer embarazada y realizado para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, "interés prevaleciente para el derecho", explica el penalista. Mientras que los segundos son los realizados en mujeres idiotas o dementes cuyo embarazo es producto de una violación o atentado al pudor.

Recientemente, la comisión abocada a la reforma y actualización integral del Código Penal elevó al Poder Ejecutivo y, por su intermedio, al Congreso Nacional el anteproyecto de ley para su tratamiento. Según Reinaldi, la nueva propuesta mantiene la legalidad del aborto necesario o terapéutico, pero no la del eugenésico. "En su lugar, contempla como no punible el 'aborto sentimental', practicado en caso de que el embarazo provenga de una violación, en contra de la madre que lo concibió, ya que constituye una grave afectación de sus sentimientos y de su derecho a la reserva sexual", describe.

La modificación registra antecedentes en la historia legislativa argentina, ya que esta situación estaba contemplada en las leyes 17. 567 (sancionada en 1968 y derogada en 1973), y 21. 338 (de 1976 y posteriormente derogada por la ley 23. 077 de 1984). "A diferencia de tales antecedentes, el anteproyecto actual no exige que el aborto se practique previa denuncia de la violación por parte de la mujer o de sus representantes legales en el caso de menores o incapaces, pero sí que sea consentido por la embarazada o por éstos", indica Reinaldi.

Uno de los cambios más relevante que incluye la nueva propuesta que deberá analizar el Parlamento argentino, es que no establece como punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer embarazada dentro de los tres meses de la concepción, siempre que las circunstancias lo hicieran excusable; ni el realizado por un médico en igual lapso cuando previamente la haya asesorado sobre las consecuencias de la práctica y las razones existentes para preservar la vida del feto. En este sentido, Reinaldi destaca que el anteproyecto recepta las llamadas "soluciones del plazo", propias de legislaciones europeas (ver La "solución. . . ").

Por lo pronto, diversos especialistas acuerdan que la sociedad argentina ha alcanzado la madurez suficiente como para debatir la temática y su despenalización. Aller Atucha reconoce que es el momento indicado para hacerlo, especialmente ahora, cuando los medios masivos de comunicación exhiben un contenido que invita a "un sexo rápido, tranquilo y descartable".

En la misma línea, Ponte coincide sobre el nivel de conciencia social, aunque destaca que la principal dificultad es que no se asume la sexualidad como parte del ser humano y los temas vinculados a ella todavía se ocultan o no se plantean con apertura, a lo que Bosio agrega: "Tenemos que romper con la hipocresía. Existe un discurso muy prescriptivo sobre lo que no se debe hacer, pero hay muy poco registro de lo que ocurre en la realidad".

Por su parte, Aller Atucha se manifiesta convencido de que la instrumentación de una política de educación sexual "amplia, abierta, profunda y universal" constituye la única forma de solucionar la problemática. "Estamos tratando problemas que se producen por no tener un amplia información, si generalizamos la formación y ponemos los métodos anticonceptivos al alcance de todos, la discusión sobre el aborto va a pasar a la historia", opina.

Las investigaciones efectuadas durante 2005 por la Residencia de Tocoginecología del servicio ginecológico del Hospital Rawson, dirigidos por Marta Ledesma, analizan las historias clínicas de las pacientes ingresadas con diagnóstico de aborto entre enero de 2003 y diciembre de 2004. Son trabajos retrospectivos, epidemiológicos y descriptivos que indagan sobre las maniobras abortivas utilizadas, su evolución y los casos de abortos sépticos. Entre los resultados más relevantes, figuran:

* Total de ingresos por aborto. 1. 116 mujeres llegaron al nosocomio con ese diagnóstico.

* Casos declarados por las mujeres: 234 reconocieron, al momento de ingresar al hospital, haber realizado alguna maniobra para interrumpir el embarazo. Otras 34 lo admitieron posteriormente.

* Edad. De estas 234 pacientes, el 29% tenía entre 20 y 24; el 21% entre 25 y 29; el 19% entre 30 y 34; el 18% entre 15 y 19; el 8% más de 40; el 4% entre 35 y 39; para el 1% restante no se registraron datos sobre la edad.

* Métodos empleados. El 71% usó misoprostol; el 7%, sonda endocavitaria; el 6%, el tallo de perejil; un porcentaje similar combinó diversas técnicas; el 2% se sometió a legrados en forma clandestina; un 1% empleó permanganato de postasio; y el 7% restante recurrió a otros métodos no especificados.

* Resultados. Uno de los trabajos concluye que el misoprostol es la maniobra más utilizada en jóvenes de 20 a 24 años, y que en general este método no evoluciona en infección. En mujeres de mayor edad, prevalecieron prácticas como las sondas y los tallos de perejil.

* Tratamiento. Todas las pacientes debieron someterse a legrados y la mayoría tuvo que recibir antibióticos. El 1,7% requirió cirugía mayor.

"Mientras que la República de Irlanda contempla en su Constitución la prohibición del aborto y reconoce que el derecho a la vida del no nacido se establece con el respeto a ese mismo derecho por parte de su madre, Estados Unidos -a partir del caso Roe versus Wade, de enero de 1973- considera inconstitucionales las leyes de los Estados federales que sancionen penalmente el aborto, y prevé que es la madre a quien corresponde elegir entre continuar o interrumpir el embarazo, puesto que es a ella a quien afecta particularmente", expresa Víctor Reinaldi, profesor consulto de la UNC. En este sentido, la legislación norteamericana estipula que la interrupción del embarazo puede realizarse durante el primer trimestre de la gestación o en lugares expresamente habilitados cuando se lleva a cabo en el segundo trimestre. "La protección a la vida del feto se brinda recién en los últimos tres meses, en los que es posible anticipar el parto y dar al niño en adopción", agrega. De acuerdo con el especialista, en España, el aborto no es punible siempre que se cumplan determinadas exigencias, como el grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer, que el embarazo sea consecuencia de una violación o que el feto pueda nacer con graves defectos físicos o psíquicos. "Por considerar que no es posible científicamente fijar el momento preciso a partir del cual se puede hablar de que existe vida humana, algunos países, como Francia, Austria e Italia, se inclinan por despenalizar el aborto voluntariamente provocado en las 12 primeras semanas de gestación, período donde la operación tiene menor riesgo. Se trata de la llamada 'solución del plazo'. Tras ese lapso, sólo se autoriza la interrupción del embarazo en caso de recomendación médica o eugenésica. En el escenario internacional existen también sistemas de penalización legal limitada que, según Reinaldi, en la práctica son ampliamente permisivos, como el holandés y el británico. Y otros, como el alemán, en que la penalización rige a partir de la anidación, que ocurre a los 14 días de la concepción. "En este último tipo de legislación, los dispositivos intrauterinos (DIU), que impiden la fijación del óvulo fecundado en el útero, no resultan delictivos", apunta el penalista.

El aborto es un problema de Salud Pública de magnitud en nuestro país y el análisis de los dilemas éticos vinculados a la interrupción voluntaria de un embarazo es uno de los más complejos de nuestra época.

Podríamos afirmar, diría sin equivocarnos, que el ingreso a la guardia hospitalaria de una mujer afectada, a veces muy gravemente, por maniobras abortivas, es el resultado de una dolorosa y muchas veces desesperada decisión de terminar con una situación no buscada ni deseada en un contexto familiar, social, cultural y legal particular y condicionante. Al estigma social, la vergüenza y el miedo se le suma la difícil realidad, muchas veces ignorada, de la pobreza y la violencia. El histórico rol de la mujer sobredimensionado con relación a la maternidad es otro de los factores de este contexto condicionante. El cuerpo y la vida de la mujer al servicio de la reproducción ha sido durante mucho tiempo el modelo "normal" obligado de la conducta sexual humana. Que el cuerpo de una mujer cuente con una anatomía biológicamente apta para la reproducción no significa necesariamente que tenga la plena capacidad de ser madre o que éste deba ser su deseo. En algunos sectores sociales los embarazos reflejan la falta de disociación entre sexualidad y reproducción, ambas consideradas "hechos de la naturaleza", que se supone no pueden evitarse con medidas voluntarias de prevención. Y finalmente, y sólo para enumerar algunos de los aspectos que conforman el entorno en el que se desarrolla la vida de muchas mujeres, el hecho de que una mujer decida abortar en un país donde esta práctica está penalizada, determina su realización en un ámbito clandestino con consecuencias físicas y psíquicas a veces irreversibles. La soledad y el silencio favorecen las complicaciones postaborto, una de las causas más importantes de mortalidad y riesgo para la salud. En este contexto, la noticia de un embarazo no deseado genera una demanda a la que el equipo de salud no puede dar respuesta. ¿Cuáles son los deberes morales del médico frente a esta situación dolorosa y lamentablemente "cotidiana" en nuestras instituciones de salud? Y más aún ¿cuál es la obligación moral que emerge frente a una mujer que ya accedió a un aborto en condiciones clandestinas exponiendo su propia vida? La medicina se ha planteado nuevas metas a la luz de los objetivos y valores de la sociedad de la cual ella es parte: prevenir la enfermedad, restaurar la salud, aliviar el sufrimiento y promover al bienestar humano. Estos son los deberes morales del médico. Nada, ni aun la denuncia penal, podrán silenciar lo que se escucha detrás de cada una de estas mujeres que no son fríos números estadísticos. La pregunta que se plantean muchos profesionales en la guardia de cualquier hospital de nuestro país frente a una mujer que ha abortado es: ¿Culpable? ¿Culpable de qué?