SUMARIO
1- Gatillo fácil en Los Hornos: Más de lo mismo
2- Gatillo fácil en Mendoza: Lo mismo, pero sin medios
3- Los parapoliciales de Arslanian son sus policías
4- Oyarbide, la Triple A y el caso Bulacio
5- Misiones: murió Yamila 6- Nos vamos a Río Negro 7- Próximas actividades.
GATILLO FÁCIL EN LOS HORNOS: MÁS DE LO MISMO
A diferencia de los casos de gatillo fácil que suceden cotidianamente, el
asesinato del adolescente Darián Barzabal tuvo una gran repercusión
mediática. El joven fue detenido tras un robo en la casa del policía Luís
Dorato, quien después de esposarlo y golpearlo llamó a la Comisaría 3ª de Los
Hornos. En el trayecto a la dependencia policial, lo continuaron golpeando y el
sargento Santiago Regalía fusiló al joven dentro del patrullero. En vez de
dirigirse a un hospital, el móvil siguió su camino hacia la 3ª, donde los
sargentos Regalía y Gutiérrez recibieron la "ayudita" de sus colegas el capitán
Daniel Morales, el teniente Lucas Oyarzabal, la oficial Mariana González y el
teniente primero Iván Martínez –este último aportando el "perro", el arma que le
adjudicarían a Barzabal- para alterar la escena del crimen con el fin de
"proteger al camarada que se mandó una macana", como admitió una fuente anónima
a la prensa (ver La Nación, 14/01/2007).
La alteración de pruebas no es un vicio de algunos malos policías bonaerenses,
ni como plantean algunos periodistas que encubren su complicidad con una
pretendida ingenuidad, un hecho inexplicable. Es una práctica constante que
repiten cotidianamente las fuerzas policiales de todo el país, y que define
precisamente lo que llamamos gráficamente "gatillo fácil": un fusilamiento
enmascarado como enfrentamiento (o a lo sumo, como accidente), empleando para
ello una batería clásica de recursos: alteración de la escena del crimen;
plantado de armas, drogas u otros elementos incriminadores; asentamiento de
falsos registros en los libros policiales, etc. En este caso consistió en quitar
y lavar las esposas del joven fusilado, no registrar la detención en el libro de
guardia, plantarle un arma, y la tan recurrente excusa de que al policía se le
"escapó" un disparo que "accidentalmente" fue a dar en la cabeza de Darián.
Para montar esta escena, los bonaerenses se tomaron catorce horas, tiempo que
transcurrió hasta que los padres del menor se enteraron del asesinato y
convocaron a una marcha a la comisaría. Familiares y amigos de Darián,
junto con CORREPI y otras organizaciones políticas y de derechos humanos,
concentraron en la esquina de la comisaría para repudiar el accionar
policial. La respuesta del gobierno fue la de siempre: intentar amedrentar con
un operativo de seguridad compuesto por 500 efectivos (es decir, cinco efectivos
por manifestante presente, aproximadamente). Lejos de sentirse intimidados
por la desproporción numérica, los pibes del barrio, víctimas cotidianas de
amenazas y golpizas por parte de los efectivos de la 3ª, arremetieron a
piedrazos en reiteradas ocasiones contra el cordón policial. Los efectivos de
infantería salieron a cazar pibes no sin antes arrojar algunas balas de goma y
algún que otro gas lacrimógeno. El resultado fue la detención de al menos
cuatro personas que, según los medios de comunicación locales, recuperaron la
libertad al día siguiente. En reiteradas ocasiones CORREPI intentó comunicarse
con la comisaría 3ª, con la Departamental La Plata y con el Ministerio de
Seguridad para conocer la cantidad de detenidos, sin recibir respuesta alguna.
La vicegobernadora bonaerense Graciela Giannettasio consideró al asesinato como
un "hecho desgraciado" y tildó de "grupos radicalizados" a los pibes
que reaccionaron contra la policía. En la misma sintonía se mostraron los
funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos provincial y de la Asociación
Bru. Los mismos encargados de dar cursitos de derechos humanos a policías que
salen a la calle y fusilan pibes intentaron por todos los medios frenar la
indignación popular expresada en los piedrazos y las gomas quemadas.
Volviendo a la señora Giannettasio, esta se mostró satisfecha porque el
"Ministerio de Seguridad obró inmediatamente separando de la fuerza o deteniendo
a los implicados" y porque "las instituciones rigen plenamente en la provincia".
Las instituciones de las que parece estar orgullosa la segunda de Felipillo son
las mismas que más allá de toda purga siguen manteniendo el promedio de
una persona asesinada día por medio y que tan bien cumplen su función de
disciplinamiento y limpieza social.
GATILLO FÁCIL EN MENDOZA: LO MISMO, PERO SIN MEDIOS
La versión oficial en el caso de Darián Barzabal de que el pibe tenía un arma y
atacó al policía Regalía dentro del patrullero fue ampliamente superada por la
policía mendocina apenas 48 horas antes. Jonathan Oros (18), murió por disparos
policiales... en el interior de la comisaría 33ª, del humilde barrio San Martín.
Según la policía, Jonathan ingresó a punta de pistola a la comisaría, al grito
de "los voy a matar a todos" y empezó a disparar, por lo que los tres
funcionarios que estaban en la guardia se refugiaron abajo de un escritorio y
repelieron el ataque.
La familia asegura, con el aval de varios testigos que ya declararon ante el
fiscal, que Jonathan iba a tomar el colectivo en la parada que está frente a la
comisaría, cuando pasó un policía que lo conocía y con el que empezó una
discusión hasta que el funcionario le disparó hiriéndole un pie. Inmediatamente
lo ingresó por la fuerza a la dependencia, en cuyo interior le dispararon dos
veces más, una en la ingle y otra en el abdomen. Después de permanecer en coma
varios días, finalmente Jonathan falleció en el hospital.
Salvo los medios locales, el hecho no tuvo repercusión mediática alguna, por lo
que la justicia no se vio obligada a producir espectaculares resultados, mucho
menos con rapidez. El fiscal dijo que "está en un impasse hasta que lleguen los
resultados de la autopsia", después de lo cual evaluará "si se trató de un
exceso o de una legítima defensa". De homicidio, ni hablar.
LOS PARAPOLICIALES DE ARSLANIAN SON SUS POLICÍAS
El Ministro de Seguridad, León Arslanián, aseguró a varios medios que el
gobierno tiene conocimiento de la existencia de grupos parapoliciales que se
dedican a secuestrar testigos de las causas a los represores de la dictadura.
Con la habitual ambigüedad con que habla este gobierno a través de su presidente
y sus funcionarios, las declaraciones de Arslanián no dicen nada nuevo. Desde la
desaparición de López, todo el oficialismo viene batiendo el parche de los
grupos parapoliciales, cosa de lavar la cara de su aparato represivo. Lo único
nuevo en la declaración de Arslanián es que ahora, ante la pregunta de La Nación
de si tiene grupos identificados, respondió "Sí, sabemos de personas que
pueden estar vinculadas a una acción de estas características", y luego de haber
repetido el mismo guión, agregó "No voy a dar ninguna opinión más allá de esta
observación". En fin, el mismo mediocre circo discursivo de siempre.
El Ministro asegura que los grupos parapoliciales "buscan sembrar el terror".
Tal afirmación supone que en este país no hay ningún sector de la sociedad
sometido a prácticas atemorizantes oficiales. ¿Qué significarán para este
funcionario las palabras "escuadrón de la muerte"? ¿No es terror lo que viven
los pibes que son levantados por la policía, apaleados, torturados y tantas
veces asesinados? Cada día, cada ciudad y cada barrio recibe el mensaje
ejemplarizador de casos como el de Darían Barzábal. ¿No es terror morir
calcinado en una celda con las risas del servicio penitenciario como fondo?
CORREPI ya ha demostrado en más de una ocasión que existen los escuadronnes de
la muerte, como el dirigido por el sargento en actividad Hugo "Beto" Cáceres en
Don Torcuato e intregado por policías de la comisaría 3ª y del comando patrullas
de Tigre, o por policías retirados o exonerados como el "mataguachos" de Villa
Fiorito, José Peloso, que siguen prestando "servicios irregulares" sin uniforme,
generalmente como complemento de la patota de calle de la zona. ¿O ya nos
olvidamos todos de que en el operativo militar del Puente Pueyrredón, el 26 de
junio de 2002, además del personal uniformado de tres fuerzas nacionales y una
provincial, en las camionetas policiales iba disparando, con su célebre chomba
rayada, el policía retirado Francisco Robledo? Esos, y no otros, son los "parapoliciales"
de Arslanian.
En este país no hacen falta otros grupos parapoliciales para sembrar el terror a
quienes hay que disciplinar preventivamente. El terror a la mayoría de la
población se aplica cotidianamente, con la dirección política de Arslanián y
del gobierno que integra, y cuando no les conviene, los rebautizan, y salen
hablando de "resabios de la dictadura", de "bolsones mafiosos" o de "grupos
parapoliciales". Mientras tanto, encerrando a dos o doscientos ancianos
represores, pretenden que olvidemos lo que es el sufrimiento cotidiano infligido
por los que todos los días destruyen un barrio, una familia, y destrozan con la
tortura los cuerpos de los jóvenes que caen en las manos de los que, con una
foto en el patrullero, "buscan a López".
OYARBIDE, LA TRIPLE A Y EL CASO BULACIO
El juez federal Oyarbide decretó, en la muy vieja causa de la Triple A, que
"los graves hechos -secuestros, homicidios, etc.- orquestados desde el Estado"
son, por eso mismo, "delitos que atentan contra los derechos humanos y que
resultan imprescriptibles a la luz de las normas legales vigentes". Sin
perjuicio de que era hora de ocuparse también de los criminales oficiales
nucleados en la organización dirigida por el ministro de bienestar social
del gobierno peronista de 1973 a 1975, no tiene nada de novedosa la reafirmación
de que los crímenes de estado, orquestados desde los gobiernos, perpetrados por
organizaciones surgidas del seno oficial, son por definición violaciones a los DDHH. Nada
que amerite los aplausos recibidos por el pequeño juez federal, que logró dejar
en el olvido sus antecedentes como señero integrante de la servilleta de Corach
y como socio de la policía federal en sus negocios de tráfico de sexo y droga
como lo probó el escándalo Espartacus.
El único debate que abrió la resolución de Oyarbide es el planteado por la más
recalcitrante derecha, la que no entiende "los tiempos que corren" e insiste
desde sus tribunas de doctrina, como el diario La Nación, en que no es
necesario que el sujeto activo sea el estado o quien actúe con su aquiescencia,
para que se configure el crimen de lesa humanidad, es decir, el que afecta a la
humanidad toda en sus derechos y no solamente a los derechos individuales de la
persona. Como lo prueban la letra del Tratado de Roma y una fuerte corriente del
"derecho humanitario internacional", la posición de sostener que también los
particulares o grupos de particulares pueden cometer este tipo de delitos
universalmente repudiados, y en especial, la de meter por la ventana el concepto
nunca definido claramente de "terrorismo" a secas (bien sabemos lo que es el
terrorismo de estado, en cambio), está lejos de ser una discusión jurídica, sino
que se disfraza de eso para disimular que se trata de una postura política que
busca la forma de globalizar la represión a los compañeros y organizaciones
populares que a lo largo y ancho del mundo utilizan la vía violenta en la lucha
por la liberación nacional o la revolución social.
Pero hay otra arista que, por supuesto, nadie vio, y no motiva debate alguno: Si
los crímenes de la Triple A -igual que los de la dictadura- son definidos por la
justicia argentina como violaciones a los derechos humanos porque fueron
cometidos desde el estado, a través de sus instituciones o de organizaciones
orquestadas al amparo de ellas, ¿porqué no definen de igual modo los homicidios,
secuestros y torturas cometidos por los actuales integrantes de las fuerzas de
seguridad? ¿O los policías, gendarmes y miembros de los servicios penitenciarios
de hoy son menos parte del estado que la Triple A?
No hay más clara evidencia de que, como hemos sostenido siempre, se miran de un
modo los crímenes del pasado, cuyos ejecutores ya no son útiles hoy para el
sistema, y de otro los cometidos por quienes hoy integran el brazo armado de la
opresión, sencillamente porque a éstos los precisan acá y ahora para disciplinar
preventivamente a potenciales insumisos. No hay otra explicación para el dislate
jurídico -totalmente lógico si se analiza políticamente- que significa que la
Corte Suprema, la misma que Oyarbide cita profusamente en los fundamentos de su
resolución, se haya negado a reconocer el carácter de crimen de estado del
delito policial en el caso Bulacio, y por extensión, a todos los casos de
gatillo fácil, torturas y detenciones arbitrarias.
Mientras hablando de delitos cometidos hace más de 30 años la justicia argentina
puede darse el lujo de decir que "la existencia de la Triple A (...) montada
desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la
asociación, en una práctica generalizada que de por sí constituyó una grave
violación a los derechos humanos justamente porque fueron implementados y
llevados a cabo desde el Estado y por sujetos que respondían a ese poder", la
Corte Suprema, en la causa Bulacio, dijo al negarse a acatar la sentencia
internacional que el caso "no podría considerarse alcanzado por las reglas de
derecho internacional incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en materia de
imprescriptibilidad". Dicho de otro modo: un homicidio cometido por el
comisario Almirón en 1975 es una violación a los DDHH, y por lo tanto
imprescriptible, porque él era policía, pero el mismo homicidio, cometido por un
policía hoy, no lo es. Las "reglas de derecho internacional incorporadas a
nuestro ordenamiento jurídico" tienen un claro límite de aplicación temporal:
valen para los represores jubilados, no para los que ejecutan hoy la política
represiva estatal.
MISIONES: MURIÓ YAMILA
En el Boletín n° 408 contábamos que el sábado 23 de diciembre una nena de 15
años, Rosa Yamila Gauna, fue detenida y alojada en la Comisaría de la Mujer de
Misiones, con la excusa de alguna contravención del Código de Faltas de la
provincia. La encerraron en una "sala de alojamiento" desde donde, según la
versión policial, minutos después empezó a salir humo. La detención,
absolutamente ilegal por la edad de la chica, no había sido comunicada al juez
de menores de turno. Decíamos también que había indicios de que la quemaron viva
para ocultar algún tipo de abuso al que fue sometida en la comisaría. El 11 de
enero Yamila, con el 90 % del cuerpo afectado por las quemaduras, finalmente
murió.
También como en Los Hornos, se pudo establecer que hay asientos tergiversados en
los libros policiales y hasta un certificado médico falsificado. La posibilidad
de que haya sido violada en la comisaría hizo que el juez de menores ordenara
poco antes de su muerte un examen ginecológico cuyo resultado no se conoce
todavía, pero lo más destacable es que a 20 días del hecho, y a pesar que su
madre desde el mismo día de la detención reclamó que se investigara
judicialmente, el sumario todavía no salió de la misma dependencia policial
responsable de la muerte, y el juez de instrucción no ha tomado medida alguna.
Según el diario El Territorio Digital del 12 de enero, "el juez en feria,
Horacio Gallardo, hasta ayer sólo sabía del caso por las publicaciones
periodísticas". Vamos con el gobierno de los Derechos Humanos.
NOS VAMOS A RÍO NEGRO
El próximo 17 de enero, una delegación de compañeros de CORREPI viajará a la
provincia de Río Negro, con el propósito de realizar diversas actividades en las
ciudades de Viedma y Bariloche. Vale resaltar que esta provincia cuenta con una
estructura represiva sumamente aceitada, que incluye amplísimas facultades
policiales en materia de detenciones arbitrarias, con un código de faltas que
establece como prueba irrefutable las actas policiales, un sistema de
detenciones por averiguación de antecedentes de hasta 24 horas por mera
"sospecha" policial, y otras perlas como la autorización, código procesal
mediante, para que la policía realice allanamientos y requisas sin orden
judicial "en caso de urgencia" (que obviamente, ellos mismos califican como
tal). La policía, en casos de presuntos delitos, puede por sí misma retener
personas en el lugar, interrogarlas, y si bien formalmente no puede tomar
declaración al imputado, se la autoriza para que si el "sospechoso" manifiesta
deseo de hacerlo espontáneamente, se labre el acta correspondiente. Ya sabemos
con qué "incentivos" hacen los detenidos esas declaraciones "espontáneas",
siempre incriminantes...
Los compañeros confluirán en Bariloche con los militantes del Colectivo del
Alto, que vienen denunciando sostenidamente el creciente estado de
militarización de los barrios pobres de la ciudad, el uso indiscriminado de
detenciones arbitrarias de jóvenes pobres, los casos de gatillo fácil y las
recurrentes muertes en la Alcaidía y las comisarías locales. Realizarán jornadas
callejeras de agitación y propaganda con el Manual del Pequeño Detenido y otros
materiales, y una charla pública. El código de faltas provincial exige pedir
autorización previa a la policía para toda actividad en lugares
públicos, encorsetando el ejercicio del derecho de reunión y de manifestar en la
vía pública como ni el legislador porteño Enríquez se hubiera animado a
plantear. Damos por fehacientemente informadas a las autoridades locales por
este medio, ya que no vamos a pedirles permiso para salir a la calle a denunciar
la política represiva del estado.
En Viedma, el encuentro será con la familia de David Moyano, que junto con
compañeros del ámbito estudiantil y militantes antirrepresivos vienen
organizando la denuncia de los casos de muertes en las comisarías locales,
especialmente la Alcaidía, con eje en lo ocurrido a David, quien murió quemado
en la celda de aislamiento en el marco de una serie de denuncias previas de su
parte y de su familia que permitían prever ese desenlace. De hecho, el 7 de
noviembre de 2005, al mismo tiempo que se incendiaba el pequeño
calabozo donde cumplía una sanción por haber intentado defender a otro preso al
que el estaban pegando, funcionarios del Patronato de Presos y Liberados, de la
Defensoría del Pueblo y de la Dirección de DDHH provincial estaban presentes en
la Alcaidía, a raiz de los llamados de los internos pidiendo ayuda. A estar a
las constancias de la causa penal en la que los padres de David son
querellantes, ni como testigos sirvieron, porque estaban casualmente todos
mirando para otro lado en el momento que se desató el fuego. Es escalofriante la
foto obtenida por un periodista del Diario De la Costa en el momento que tres
policías sacaban, agarrándolo por las manos y pies, a Moyano del calabozo. Uno
de ellos, mirando el cuerpo llagado por el fuego (tenía el 60 % de la superficie
corporal quemada), no puede contener ni ante la cámara una sonrisa socarrona. Se
habían librado del "preso molesto".
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
18 de enero, movilización reclamando al aparición con vida de Jorge Julio López.
12 de febrero, 9:00, comienza el juicio oral al oficial Cristian Solanas por el
asesinato de Rodrigo Corzo. San Martín 123, Morón.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
