Si bien la principal afectada por la resolución de la justicia es María Estela Martínez de Perón, los ecos de los fallos pueden llegar más arriba suyo, hasta el propio fundador del peronismo. Y seguro, ya llegaron abajo, a varios jefes operativos de la AAA.

Emilio Marín

No es que los crímenes cometidos durante la dictadura militar hayan sido totalmente investigados y menos aún enjuiciados y castigados. Todavía falta mucho para eso. Ahora comenzó, en rigor recomenzó, una tarea similar enfocando el período anterior al golpe del 24 de marzo de 1976, cuando la organización fascista Acción Anticomunista Argentina (AAA) cometió 1.500 asesinatos políticos contando con la venia del gobierno de Isabel Perón.
Esa administración justicialista está ahora jaqueada por dos causas. Una la tramita el juez federal Norberto Oyarbide y apunta directamente contra jefes operativos de la Triple A como el ex subcomisario Rodolfo E. Almirón, acusado de los crímenes del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el cura Carlos Mugica, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el intelectual Silvio Frondizi y el abogado laboralista Alfredo Curutchet, entre otros.
El otro expediente lo lleva el juez federal de Mendoza, Héctor R. Acosta, quien acaba de pedir a Interpol la detención de la ex presidente residente en Madrid. La acusa de privación ilegítima de la libertad y torturas en perjuicio de Héctor A. Fagetti, un joven detenido en Mendoza por fuerzas policiales y militares en febrero de 1976, un mes antes del golpe, y que nunca recuperó la libertad pese a haber sido visto vivo en dos cuarteles.
Dos ex ministros de entonces, Antonio Cafiero (Economía) y Carlos Ruckauf (Trabajo), también están imputados en la causa. Son los únicos sobrevivientes pues los demás ministros ya fallecieron, excepto el ex presidente provisional Italo Luder, quien padecería una enfermedad mental propia de su avanzada edad y fue dejado de lado en las actuaciones judiciales.
Todos ellos firmaron el 6 de octubre de 1975 los decretos 2770, 2771 y 2772 ordenando a las Fuerzas Armadas entrar en operaciones para "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país", como aclaraba el texto del último de esa serie. Isabel estaba de vacaciones en una residencia de la Fuerza Aérea en Ascochinga, junto a las esposas de los tres comandantes, por lo que los instrumentos del PEN llevaron la rúbrica de Luder. De todos modos la presidente los ratificó y avaló a su regreso a la Casa Rosada, diez días después, y lo más importante, los puso en práctica como máxima autoridad del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Si esta causa mendocina no hubiera dormido el sueño de los justos, los argentinos podrían haberse ahorrado el pago de suculentas sumas de dinero a la señora de Perón en 1983, la candidatura presidencial de Luder ese mismo año, la gobernación bonaerense de Cafiero en 1997 y sus senadurías nacionales, y la gobernación del "meta bala" Ruckauf, devenido en canciller y actual diputado. Hasta se habrían salvado de verlo como comentarista internacional proestadounidense en los noticieros de Canal 9.

De lesa humanidad

Las medidas ordenadas por Oyarbide contra Almirón y otros pistoleros como el ex comisario Ramón Morales y Miguel A. Rovira y el ex director de la revista fascista El Caudillo, Felipe Romeo, así como las enviadas a Interpol por su colega mendocino, se fundamentaron en que las acciones de la AAA y la represión derivada de los tres decretos fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad. De lo contrario esos asesinatos, cometidos hace más de treinta años, habrían prescriptos.
Particularmente Oyarbide fundó su resolución en que "la existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros, obedecieron a circunstacias políticas enmarcadas en cuestiones ideológicas y montadas desde el aparato del Estado, bajo cuya garantía de impunidad actuó la asociación". Así lo estampó en su decisión del 26 de diciembre último, de la causa 1075/2006, que desairó la aspiración de la defensa jurídica de los imputados de burlar la justicia por la vía de la prescripción.
Y no es que la opinión pública deba comprar la idea de que Oyarbide y Acosta sean magistrados impolutos e independientes. El primero era parte de la lista de jueces de la "servilleta" de Carlos Corach y tenía relaciones de amistad con comisarios de la Federal acusados de recaudaciones non sanctas. El segundo fue testigo propuesto por el banquero menemista Raúl Moneta, además de haber sido acusado por el ex magistrado Luis Leiva de avalar apremios ilegales contra un joven discapacitado.
Pero independientemente de la calidad moral, o de la falta de ella, las actuaciones de esos magistrados están bien orientadas. La mayoría de los organismos de derechos humanos, incluso los que actúan en España como el Movimiento de Argentinos en el Exterior y la Acusación Popular de Madrid –dirigidos por Lois Pérez Leira y Carlos Slepoy respectivamente- avalaron la reapertura de la causa Triple A y la calificaron de "una buena noticia".
Almirón, Morales y Rovira están detenidos; Romeo está con pedido de captura lo mismo que Isabel Perón. La viuda del desaparecido mendocino declaró que la orden contra la ex presidente era una "noticia muy movilizadora". Lo mismo debe pasar por la cabeza de los demás familiares y amigos de los 1.500 masacrados por la Triple A.

Rol del peronismo