Eva Usi
Deutsche welle
Argenpress

Más de treinta años después del golpe de Estado que dio paso a la dictadura militar en Argentina, la justicia giró una orden de aprehensión contra Isabel Perón. En Alemania, activistas saludan la noticia.

El juez argentino, Raúl Acosta, de la ciudad de San Rafael, envió un oficio a INTERPOL solicitando la detención de María Estela Martínez. Isabelita, viuda del general Juan Perón, deberá comparecer ante la justicia para responder en el caso de la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti, el 25 de febrero de 1976, ocurrido un mes antes del golpe militar que la derrocó.

¿Qué significa políticamente la orden de aprehensión contra Isabel Perón?

La actuación del Tribunal de San Rafael, Mendoza, es posible, gracias a la voluntad política del gobierno de Néstor Kirchner, quien de una vez por todas aspira a pagar las deudas del pasado en materia de derechos humanos, terminar con la impunidad de aquellos delitos y dar lugar a un nuevo pacto social que ubique a Argentina en una posición más decisiva dentro de la comunidad internacional.

El impacto, dentro de las fuerzas del peronismo será mínimo, no será determinante, ya que ese partido abarca una gran diversidad de concepciones político-económicas, incluso contradictorias entre ellas mismas. Muchos allí se reclaman herederos de la ideología peronista, la que es como un acordeón que se estira para dar muchas notas. No creo que, por ejemplo, las mafias que imperan en los sectores sindicales de Argentina, y que se califican de peronistas, se expongan a perder sus privilegios de tantos años, por intentar defender a la señora viuda de Perón. Eso no les traería beneficios políticos ni económicos.

Pero len general, las fuerzas democráticas en el peronismo tienen la oportunidad histórica de consolidarse en el país y en la comunidad latinoamericana como fuerza dirigente del peronismo. Para eso tienen que dejar de lado la ambigüedad y ser más claras en sus posturas respecto a los graves temas que esperan solución en Argentina.

Es muy conocido que la Sra. Martínez de Perón no contaba con las condiciones básicas para gobernar Argentina, y por lo tanto cayó en cautiverio bajo el poder de José López Rega, un aficionado al esoterismo, la brujería, y un fanático anticomunista. López Rega era un miembro de la Logia Propaganda Due, que en Italia se dedicó ente otras cosas a chantajear a empresarios y atentar contra la vida de exiliados latinoamericanos críticos de los regímenes militares de Argentina, Chile y Paraguay.

La orden firmada por la Sra. Martínez de Perón en 1975, de 'eliminar a la subversión', ofreció en Argentina un marco legal para los actos ilegales que cometían los escuadrones de la muerte organizados por López Rega, que en corto tiempo asesinó a dirigentes barriales, sindicales y estudiantiles, entre otros. En octubre de 1975 el Comandante general del Ejército argentino, Jorge Videla, emitió la Directiva N°. 404/75, con la cual toda la policía, el personal penitenciario, y las diversas fuerzas militares fueron subordinados al mando del ejército, que tenía la potestad de establecer blancos 'personas a eliminar', declarar áreas libres, 'zonas de operaciones militares' en la que la policía no podría intervenir. Ya en estos meses se gestó el Estado totalitario, la maquinaria de muerte que condujo a la desaparición y el asesinato de 30,000 personas y forzó al exilio a miles de argentinos. Por todo esto considero que existe una responsabilidad penal de la Sra. Martínez de Perón, en los dos casos concretos que se le acusa, como también en el genocidio cometido por las juntas militares entre 1976 y 1983.

Para que eso ocurra tendría que ser renovado casi totalmente el poder judicial. Hay pocos jueces y fiscales honestos y comprometidos con los derechos humanos. Pero es muy importante que se sigan investigando los crímenes de la Triple A. Las ramificaciones de esa organización criminal pueden llegar incluso a delegaciones diplomáticas acreditadas en Argentina, que favorecieron su actuación.

Nuevamente España es puesta en prueba. Aquí puede producirse, como ocurrió con la Alemania Federal en los años 70, un conflicto de intereses. Cumplir con las responsabilidades de defensa de los derechos humanos y los compromisos de cooperación judicial internacional, o privilegiar las inversiones y la plusvalía de las empresas españolas presentes en Argentina.

España debería cumplir con este pedido de extradición, con lo cual honraría los esfuerzos del juez Baltasar Garzón, quien comprobó los delitos de la dictadura militar argentina, pero no logró que atiendan sus pedidos de extraditar a generales argentinos a España. España puede dar un ejemplo de respeto por los acuerdos de cooperación judicial y defensa del estado de Derecho y los derechos humanos.

La Unión Europea, ahora presidida por Alemania, debería manifestar en hechos concretos su apoyo a los esfuerzos de Argentina por terminar con la impunidad. Las demandas de los tribunales europeos a la justicia Argentina contribuyeron en junio del 2005 a la anulación de las leyes de amnistía e impunidad para los delitos de la dictadura militar de 1976 a 1983. En Alemania, la Coalición contra la Impunidad espera que el poder judicial reinicie las investigaciones de los casos de los ciudadanos alemanes o descendientes de alemanes asesinados en Argentina, investigaciones suspendidas por la Fiscalía y el tribunal de Nuremberg.

Considero que valorando los esfuerzos del gobierno argentino actual, la Fiscalía de Nuremberg debe solicitar nuevamente la cooperación del poder judicial argentino para interrogar a los militares acusados, así como solicitarle a la justicia de Paraguay la documentación jurídica reunida acerca de la Operación Cóndor, relacionada al asesinato del ciudadano alemán Jorge Federico Tatter. En este caso actualmente desarrollamos una campaña de tarjetas postales pidiendo la reapertura del caso.