A una semana del inicio del nuevo año, hemos recibido noticias de variadas y renovadas situaciones represivas a lo largo y ancho del país, que sólo ratifican lo que venimos sosteniendo: el 'gobierno de los DDHH' y sus aliados provinciales, montados sobre el consenso en las capas medias ganado por el periodismo oficial y oficioso, profundizan los mecanismos represivos ya existentes y van por más, afianzando y reproduciendo los métodos históricos.

1.- Organizaciones de DDHH de la zona oeste denunciaron los constantes hechos de detenciones arbitrarias, golpes e interrogatorios ilegales que protagonizan efectivos de gendarmería, policía y seguridad privada en las estaciones ferroviarias, en este caso especialmente del ex Sarmiento (TBA). Como ya hemos constatado en muchas ocasiones, incluso en otras líneas como la ex Roca, es habitual que vendedores ambulantes, chicos de la calle y pasajeros con aspecto 'sospechoso' (es decir, jóvenes y pobres) sean detenidos y llevados a los famosos 'cuartitos' supuestamente destinados a ser guardarropa y lugar de refrigerio de la seguridad privada de la empresa, que en la práctica son usados como centros clandestinos de detención y tortura, donde según el caso se los intimida para ser luego extorsionados, se los fuerza a confesar 'delitos' que permitan a los funcionarios fraguar causas que incrementen su aparente 'efectividad', se disciplina a quienes no pagan 'peaje' para actividades lícitas o ilícitas en los andenes y formaciones ferroviarias, etc.

2.- En Colón, Entre Ríos, en la madrugada del 1° de enero personal policial dio una tremenda paliza a dos adolescentes de 15 años, uno de los cuales es el hermano de otro joven de 23 que sufrió similar situación en la Nochebuena. Ambos son hijos de la directora de un conocido medio de comunicación local, María Alicia Benítez de Roullier. Por el segundo hecho varios policías fueron pasados a disponibilidad, aunque el comisario mayor, jefe de la departamental Colón, Hugo Mantovani, aclaró por si hiciera falta que para la institución sólo se trató de un 'exceso' por parte de los efectivos policiales, que de todas formas sólo produjeron "lesiones de carácter leve". El episodio, que cobró mucha trascendencia local por la identidad de las víctimas, hizo que salieran a la luz situaciones similares anteriores, como la denunciada por la madre de un joven que el 1 de abril de 2004, fue secuestrado cuando se dirigía a la escuela, conducido a la sede policial, golpeado y torturado.

3.- Desde Bariloche, y a raíz de la detención en pleno centro el día de reyes de dos chicos de 12 y 14 años, los compañeros del Colectivo del Alto nos denuncian la sistematicidad con que los chicos de la calle, que además de afear el circuito turístico son vistos como potenciales 'criminales' por las fuerzas policiales, son detenidos y llevados a descampados. Allí les pegan, los hacen correr y les disparan, o los obligan a punta de pistola a dispararle al que corre. Cualquier similitud con el accionar del Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato y las fotos encontradas en casa de su jefe el 'Hugo Beto', no son simple coincidencia. Eso se llama limpieza social.

Al mismo tiempo, el gobernador de la Provincia, Miguel Saiz, presidió la firma de un convenio entre los poderes Ejecutivo y Judicial 'tendiente a diseñar, organizar y poner en marcha en conjunto un Proyecto Piloto en procura de coordinar y optimizar la investigación criminal', plan que incluye el dictado de una Ley de Seguridad Pública, una nueva Ley Orgánica para la policía, y un nuevo Código Procesal Penal. Las normas provinciales existentes no son precisamente blandas: permiten a la policía, sin órdenes judiciales, hacer requisas y allanamientos, arrestar e interrogar testigos, recibir las 'espontáneas' declaraciones de los imputados, detener a cualquiera que les parezca 'sospechoso' por 24 horas, además de aplicar un rigurosísimo código de faltas, todo amparado en actas policiales que 'hacen plena fe', es decir, deben ser reconocidas como prueba válida por los jueces, tanto en cuestiones criminales como contravencionales, lo que en la práctica deriva en la obligación del imputado de probar su inocencia. Será que con todo eso no les alcanza para domesticar a los cada vez más pobres.

4.- Una periodista de la ciudad de 9 de Julio, localidad bonaerense de 40.000 habitantes, nos cuenta que en la zona la violencia policial es alarmante, y que son frecuentes los casos de violación a menores y torturas a detenidos y detenidas.

5.- En Córdoba se ordenó la detención de 20 personas a raíz de los hechos ocurridos el 4 de enero, cuando una multitud de más de 1.500 manifestantes se dirigieron al Tribunal de Corral de Bustos para protestar por la impunidad oficialmente garantizada en un caso de violación y homicidio de una niña de 3 años. El episodio tuvo alguna trascendencia porque uno de los detenidos, que ya son más de una docena, es el hermano del ex DT de San Lorenzo Oscar Ruggeri. Otros de los detenidos son el director de una radio local y un periodista. ¿El violador? Bien, gracias.

6.- En la comisaría de Rosario, en la madrugada del 5 de enero, cuatro presos sufrieron graves quemaduras. La versión oficial es que 36 presos iban a fugarse por un boquete, lo que -no explican cómo- derivó en el incendio que ocasionó las lesiones a cuatro de los detenidos. Uno está muy delicado, los otros tres fuera de peligro.