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Argentina: La lucha continúa
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Violencia policial sin límites
174 personas muertas en dependencias policiales y penitenciarias o
asesinadas en las calles por agentes estatales
Marcela Valente
IPS
Fueron 15 muertes por mes en este país de 38 millones de habitantes, la mayoría
a causa del llamado "gatillo fácil" policial, o por presunto suicidio en lugares
de detención, aunque también por otras causas, dijo a IPS la abogada María del
Carmen Verdú, responsable Correpi.
La organización sostiene que desde la investidura del presidente Néstor Kirchner
en mayo de 2003, los muertos por estas causas han sido 635. "Este gobierno
enarbola la bandera de los derechos humanos como estrategia para captar a
organismos humanitarios y sociales, pero adopta la represión policial como
política de Estado", cuestionó Verdú.
Según la abogada, las situaciones de las víctimas de fuerzas de seguridad
recogidas por la entidad revelan que el fenómeno "va más allá de desbordes
aislados", y tampoco pueden ser atribuidas, como suele sugerir el gobierno, a
"resabios de la dictadura", en alusión a la acción de ex represores del último
régimen militar (1976-1983).
"Los asesinos de Lucas Ivarrola eran tres marinos jóvenes, menores de 40 años,
hijos de la dictadura", remarcó. Ivarrola tenía 15 años y fue secuestrado este
año en Moreno, en la oriental provincia de Buenos Aires, por tres hermanos
miembros de la marina de guerra, los Romero, que lo acusaron de haberles robado
un televisor.
El adolescente fue trasladado a un descampado, torturado, golpeado y baleado en
la nuca. Su cuerpo apareció calcinado a pocas cuadras de su casa.
La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Kirchner no niega estos casos
y los repudia con energía, pero la violencia persiste, a veces bajo su órbita y
otras en distritos provinciales donde sus posibilidades de control de las
fuerzas de seguridad son menores.
Este año, la violencia sumó una nueva modalidad, por ahora inclasificable: el
secuestro y/o desaparición de personas que habían sido testigos en procesos
contra uniformados torturadores en los años 70. Uno fue Jorge López,
desaparecido en septiembre, y el otro Luis Gerez, secuestrado el miércoles y
hallado con vida en la noche del viernes, tras un intenso operativo de búsqueda,
con señales de haber sido torturado.
El no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también está
preocupado por la violencia policial, pero sus denuncias, a veces coincidentes
con las de Correpi, apuntan a limpiar las fuerzas de seguridad de agentes
vinculados a la represión y capacitarlos en el respeto a los derechos humanos.
Correpi no cree en esta estrategia. Para Verdú, las sucesivas "purgas"
realizadas en la desprestigiada Policía de la Provincia de Buenos Aires, con
miles de uniformados separados de sus cargos, no impidieron que el distrito
siguiera siendo el de mayor proporción de víctimas (47,4 por ciento según el
informe de este año).
El archivo revela que el 42 por ciento de las muertes fueron perpetradas este
año en comisarías y cárceles de todo el país, y en casi todos los casos las
víctimas aparecieron ahorcadas. También había detenidos, sin proceso legal, que
fueron apuñalados o carbonizados en incendios inducidos.
La segunda causa de las muertes es el "gatillo fácil". Sesenta y ocho por ciento
de los muertos eran varones de entre 15 y 25 años de edad. Por ejemplo Jonathan
Chandía, de 20 años, asesinado en la occidental provincia de Mendoza de un
disparo en la nuca, en un episodio en el que la policía le atribuía un atraco.
Otro caso es el de Diego Coronel, de 21 años, muerto de un balazo en la
bonaerense localidad de Adrogué, acusado por un policía provincial de intentar
robarle la motocicleta. O el de Nelson Farías, 19 años, asesinado por la espalda
por un agente policial de la misma provincia, al salir de una discoteca.
En otra modalidad que se repite, Juan Fleitas, de 15 años, iba pateando una
botella de plástico por Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, cuando el envase
hizo sonar la alarma de un automóvil. El dueño del vehículo, un policía, lo
increpó y cuando el adolescente intentó huir le disparó por la espalda.
"La policía y las demás fuerzas de seguridad no tienen una política autónoma
sino que cumplen con una tarea estatal de control social mediante la violencia",
mientras que el gobierno las deja hacer, afirmó Verdú.
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