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Argentina: La lucha continúa
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Los nuevos dueños de las telecomunicaciones
Glenn Poltolsky
La Crujía/Red Voltaire
El mercado de la televisión por cable en la Argentina se constituye como uno de
los más importantes en la región. La tasa de penetración, desde mediados de los
noventa, llega a un 50 % de los hogares, y en su mejor momento llegó a contar
con más de cinco millones de abonados en todo el país. Tres empresas organizadas
bajo la forma MSO (Multi System Operators, aquellas que poseen sistemas de
cables múltiples en diferentes ubicaciones bajo el control de una organización
única y común), se disputaban a comienzos de la década pasada el mercado
principal del AMBA: Video Cable Color (VCC), Cablevisión y Multicanal.
Primero fue la venta de VCC a sus competidores, y ahora la fusión de estos
últimos, lo que da cuenta de un mercado con un alto índice de concentración, y
nada menos que bajo el control del principal grupo comunicacional del país. El
Grupo Clarín pasó a controlar el 60% de Cablevisión, junto al fondo de inversión
americano Fintech Advisory.
No sólo en el área de la televisión por abono esto significó un replanteo de las
condiciones de competitividad. La operación también incluyó la incorporación de
Fibertel, Los nuevos dueños de el proveedor de acceso a Internet; Teledigital,
operador de cable de Neuquén; y Prima, firma proveedora de acceso a web,
controlante de Flash, Ciudad Internet y Fullzero, consolidando la posición del
grupo en el sector de proveedores de acceso a Internet, tanto en banda ancha
como en ADSL.
La nueva operadora manejará en conjunto el 47,3% del negocio de la televisión
por cable en el país, y a eso se suma el 20% que Clarín posee en Supercanal
Holding, la operadora de cable con mayor cantidad de abonados en distintas
provincias. La posición dominante permitiría a la nueva compañía fijar los
precios del mercado, manejar estratégicamente la información, elegir las señales
a contratar, como así también definir su ubicación en la grilla de programación.
Esta situación atenta sin duda contra las buenas prácticas que deberían existir
para garantizar tanto la libertad de información, como la de expresión. Podemos
reconocer en el grupo Clarín a lo que en el campo de la economía política de la
comunicación se define como el "campeón nacional", es decir, el actor con mayor
capacidad de poder simbólico: tiene la propiedad del diario de mayor venta a
escala nacional, y también al canal de TV abierta que con más rating en la
franja del prime time, donde se destina el 70% de la totalidad de la torta
publicitaria televisiva, entre otras empresas líderes en el sector de la
industria cultural.
Esto le permite conjugar tanto su capacidad de lobby e influencia en su relación
con la dirigencia política y los controles del Estado, como una capacidad
económica que le permite posicionarse como el actor en mejores condiciones
comparativas para cualquier emprendimiento vinculado al sector comunicacional en
la Argentina.
Ley de mercado. Esta operación presenta una serie de aristas cuanto menos
complejas para el Estado a la hora de autorizar su concreción.
Existen dificultades formales que implican el incumplimiento de la normativa
vigente. Según la Ley 25.750 de Preservación y Conservación de Bienes
Culturales, sólo se permite la participación en medios de comunicación "de
empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que
otorgue derecho a voto hasta por el mismo porcentaje del 30%", el fondo Fintech
Advisory supera dicho porcentaje.
También la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), deberá
expedirse si la operación afecta o no lo establecido en la Ley 25156 de defensa
de la Competencia. La unión del primer (Cablevisión) y el segundo (Multicanal),
operadores de CATV del país, le permiten una cobertura del setenta por ciento de
los abonados y una presencia geográfica de casi todo el país. Ello implica un
50% del total del país, y en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires el
65 por ciento de los abonados totales. El dominio sería del 70% del mercado.
La disposición adoptada por las sociedades licenciatarias de seguir operando de
manera independiente, es otra forma de obturar la competencia de cualquier
potencial nuevo prestador del servicio. Según lo dispuesto por la Ley 1877 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo se permite operar por el tendido aéreo del
cableado a tres empresas (las dos mencionadas y la tercera en algunos sectores
de la ciudad, Telecentro del Grupo Pierri). Claro que según sea la perspectiva
de análisis que se emplee, siempre se podrá condicionar la decisión.
Vincular al negocio de la televisión directa al hogar junto con la prestación
del servicio de la TV por cable, ya que ambas implican un acceso por el pago de
un abono, puede ser uno de los artilugios para convalidar la operación.
La nueva operadora de hecho brinda los servicios vinculados al llamado triple
play; provisión de contenidos a través de la TV por cable, servicios de valor
agregado y manifiesta intenciones de prestar telefonía por IP. Ante esa
probabilidad seguramente serán las empresas prestatarias de servicios
telefónicos las que reclamaran igualdad para ofertar en las mismas condiciones.
La diferencia cualitativa que se plantea entre los cableoperadores y las
telefónicas deviene que en el primer caso existe no sólo el control sino también
la propiedad de la red. En el caso de las telefónicas las redes que controlan y
explotan son de propiedad pública, otorgada como parte de la privatización de
ENTEL. Pero el Estado tiene potestad sobre las condiciones de gestión y
prestación de los servicios que por allí se brindan, de ahí la capacidad para
condicionar los aumentos de tarifas, el valor del servicio de interconexión, o
el tipo de servicio que puedo o no ser ofertado.
Existen una serie de decisiones gubernamentales que afectarán de forma directa
el futuro escenario comunicacional. La aprobación o no de esta transacción, la
definición de la norma con la cual va a operar la televisión digital, y la
autorización a la prestación del servicio triple play. Una constante de todos
los gobiernos en tiempos electorales fue usar como moneda de cambio el
intercambio de favores con los grupos comunicacionales más poderosos.
Poco antes de las últimas elecciones legislativas se sancionó el decreto 527/05,
que extendió por 10 años la explotación de las licencias de radiodifusión. Nada
hace pensar que esta vez será distinto.
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Glenn Poltolsky es Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Docente e
investigador de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Miembro del
Observatorio de Medios de la UTPBA
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