Argentina: La lucha continúa

Los adultos y jóvenes privados de su libertad constituyen un grupo especialmente vulnerable al VIH.
El SIDA en las cárceles argentinas
Los adultos y jóvenes privados de su libertad constituyen un grupo especialmente vulnerable al VIH.

Un virus que no sólo conlleva la supresión del sistema inmunológico, sino que introduce dentro de los lugares de encierro una serie de miedos, prejuicios y conflictos de difícil solución, complicando aún más la convivencia intramural.

El SIDA constituye un problema de salud pública que debe ser atendido por las organizaciones estatales, particularmente por aquellas que tienen bajo su tutela a la población carcelaria. Sin embargo, a pesar de que la atención sanitaria de los detenidos es responsabilidad de la administración penitenciaria, por el momento son las Organizaciones No Gubernamentales las que se cargan al hombro la situación.

Con cifras inexactas, que giran entre un 4 y un 8 por ciento de personas privadas de su libertad conviviendo con VIH —cifras extremadamente más altas que en el resto de la sociedad— en las unidades penales debería desarrollarse un ámbito saludable que contemple la dignidad y los derechos humanos, éticos y legales de los internos alojados.

Además de las personas que ingresan a la cárcel infectadas, muchas otras se contagian en el encierro. No se puede negar el ejercicio de la sexualidad dentro de los penales, y no brindarle a los internos la protección necesaria es lo mismo que ponerles un arma en la cabeza. También existen personas que consumen drogas intravenosas compartiendo las agujas, y muchos otros que realizan tatuajes caseros con biromes y agujas que, obviamente, nunca se esterilizan.

Para la Organización Mundial de la Salud, "el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano". Existen cuestiones que seguramente no se podrán cambiar, como prohibir los tatuajes o impedir que las personas ejerzan su sexualidad, pero sí se puede brindar la educación adecuada y facilitar el acceso a elementos de prevención y tratamiento.

La mirada federal

El Sistema Penitenciario Federal alberga a unos 10 mil detenidos en todo el país, un 70% de ellos en el área de Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde se encuentran las cárceles más grandes y con mayor prevalencia de VIH.

"La población de adentro refiere a la población de afuera, y es en esta zona donde existe la mayor prevalencia de VIH", explicó Celia Wainstein, coordinadora de Infectología en las cárceles federales. De hecho, según el informe anual de ONUSIDA, la cifra de infectados en la Argentina por el virus del VIH asciende a 130 mil, de los cuales el 65% reside en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

El Servicio Penitenciario cuenta con diez médicos propios en el área de Infectología y otros contratados en diferentes provincias. "El interno llega a su centro de detención y se le pregunta si sufre alguna patología, para saber si tiene que ser medicado o puede ir directamente a la celda. Si el paciente es VIH positivo, al día siguiente lo ve el infectólogo y trata de categorizarlo. Si el paciente ingresa e indica qué medicamento está tomando, se habla al Programa Nacional de SIDA para que no discontinúe el tratamiento; en aquel que está dudoso, se le pide un test. Lo que no se hace es pedirlo de rutina", explicó Wainstein.

De acuerdo a la legislación argentina, Ley 23.798, la realización del examen debe ser voluntaria y bajo consentimiento firmado del paciente, mientras que las consultas para la realización del test y entrega de resultados deben ser confidenciales.

Conocer si la persona está infectada con el VIH permite iniciar un tratamiento, tomar precauciones para evitar la reinfección y la transmisión del virus a otras personas, y en el caso de las mujeres embarazadas, prevenir que su hijo nazca infectado.

"Todas las unidades poseen hospitales penitenciarios, y cuando un interno debe trasladarse de una unidad a otra, lo hace con su historia clínica; a veces llega un día más tarde, con las pertenencias de la persona, pero llega. Si hace falta pedirle estudios a algún detenido, se le solicitan al Ministerio de Salud, mientras que los medicamentos y reactivos, folletos y preservativos los recibimos del Programa Nacional de SIDA", explicó Wainstein.

Según la doctora, "cuando el paciente desarrolla una patología agregada, por lo general se lo envía a la Unidad 21 —pegada al Hospital Muñiz— para que se lleven adelante los estudios y tratamientos correspondientes. Sin embargo, cuando el paciente completa el tratamiento vuelve a su unidad de origen. La Unidad 21 es nada más que un centro de internación de patología infecciosa para todos los detenidos federales del país, aunque en provincias distantes por lo general se referencian los pacientes al hospital local".

Diez días fatales

Por primera vez, en el año 1987 el Servicio Penitenciario Federal decidió realizar testeos masivos, compulsivos y arbitrarios de VIH en las cárceles de Buenos Aires, seleccionándose 400 personas de un total de 700. El 17% de los casos testeados dio positivo, dejando a estas personas totalmente desprotegidas por la falta de política penitenciaria con respecto al SIDA, aislados, desprovistos de atención médica, faltos de higiene y con una alimentación deficiente.

Por esos años se aislaba a las personas infectadas en los famosos "sidarios" de las unidades penitenciarias, y se los derivaba para su atención al Hospital Muñiz, donde se los distribuía entre el resto de los pacientes del hospital, diferenciándose del resto por las gruesas cadenas con las cuales eran retenidos a los espaldares y pieceras de las camas en donde padecían su enfermedad.

Esta situación vejatoria determinó en 1990 una denuncia de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Esto se transformó en un escándalo público de tal magnitud que obligó al Estado a la creación del Centro de Enfermedades de Alta Complejidad Unidad 21, con 63 camas de capacidad.

Hasta la creación de este Centro se produjo un interregno de diez días, durante el que todos los detenidos alojados en el Hospital Muñiz fueron concentrados en un pabellón, aislados, sin atención médica y con deficiencias sanitarias, alimenticias y de salubridad absolutas, lo que derivó en que muchos de ellos perdieran la vida en ese período.

Datos que no coinciden…

La palabra oficial del SPF es que la prevalencia de VIH en personas privadas de su libertad se encuentra entre el 3.5 y el 4.5%. "Un estudio realizado en el ’97 y ’98 nos dio una prevalencia general del 6.7% en cárceles federales, contando en ese momento con 5.800 detenidos. Ahora contamos con el doble de detenidos, y el número de personas viviendo con VIH no aumentó. Por lo tanto, el porcentaje bajó", indicó Wainstein.

Por otro lado, la doctora aseguró que "en la población femenina la prevalencia es el 4.9% y está aumentando, la mayoría de ellas por transmisión sexual, al igual que en el caso de los hombres".

Para el juez Martín Vásquez Acuña, "según mi experiencia de diez años en el tema de VIH/SIDA y cárceles, existe entre un 6 y un 8% de detenidos conviviendo con el virus en nuestro país. Sin embargo, creo que la cifra está disminuyendo debido al cambio en el uso de drogas, de endovenosas a psicofármacos".

Por su parte Daniel Barberis, de Fundeso, aseguró: "La cifra de infectados con VIH en la calle es del 0.07%, mientras que en las cárceles argentinas es mucho mayor, del 7%. Si esa cifra se basara en el total de los habitantes del país, sería extremadamente alarmante, porque hablaríamos de casi dos millones de personas".

Pero la declaración más llamativa de Wainstein, que contrasta en gran medida con el resto de los testimonios recolectados por EL MEDICO, es que "el 99.9% de los infectados entró al servicio acarreando su problemática. Un seguimiento realizado durante muchos años indicó que habría un solo caso de infección intramural en el Servicio Penitenciario Federal (....) No existe sexo abierto en la cárcel, por lo menos en el servicio federal no es como la gente cree, que están todos infectados y teniendo sexo. Se trata de que tengan un horario de rutina, que terminen la escolaridad, que practiquen deportes, vayan a talleres, y el hecho de que en los nuevos complejos duerma cada uno en su celda disminuye la posibilidad de infección", aseguró la doctora. Por ese motivo, "los preservativos, que se distribuyen en las cárceles federales desde hace cuatro o cinco años, no se tiran por ahí para que hagan globitos: se colocan en los servicios de Enfermería; en las salas de visitas íntimas; en las visitas de penal a penal; y se le brindan a cada mujer que entra a visita conyugal".

En relación al intercambio de jeringas, Wainstein explicó que no se realiza porque "el registro que nosotros tenemos es que dentro de la cárcel no existen drogas endovenosas, aunque hay un policonsumo de fármacos y de lo que puedan conseguir. Los talleres de drogas se realizan para los que fueron consumidores y luego tienen que volver a la vida en la comunidad externa. Nosotros trabajamos mucho en prevención, porque un interno puede estar tres o cinco años preso pero luego vuelve a la sociedad; estar detenido es un hecho ocasional en la vida de ellos".

Voces en alto

Los datos divulgados en la XVI Conferencia Internacional sobre SIDA, realizada este año en Canadá, indicaron que 38,7 millones de personas están afectadas hoy con VIH en el mundo, y unos 25 millones han muerto desde el descubrimiento del primer caso, 25 años atrás. Con estas cifras, la epidemia duplicó los pronósticos que ONUSIDA elaboró a mediados de los años 90, poniendo de manifiesto la relación entre el SIDA y la pobreza, ya que el 95% de los infectados vive en países en desarrollo.

"La inacción del poder político a nivel global sobre la epidemia de VIH/SIDA configura un genocidio", definió días atrás Julio Montaner, el médico argentino que a partir de 2008 presidirá la Sociedad Internacional de SIDA. Según el especialista, "lo que nos resulta más difícil es lidiar contra la apatía del poder político a nivel global. Esa inacción es un crimen contra la humanidad. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo y hasta se tomó la decisión de hacerlo, pero esa decisión no se implementa. En el fondo, es un acto de genocidio".

Si se logra la universalización del acceso a los tratamientos retrovirales, que es el objetivo de las Naciones Unidas para 2010, "podríamos tener una caída del 50% en la cantidad de nuevas infecciones. Es necesario que los gobiernos hagan el esfuerzo que deben hacer para que el tratamiento retroviral llegue a todos los que lo necesitan. Actualmente los programas buscan que el enfermo vaya al tratamiento, pero tenemos que lograr que sea el tratamiento el que llegue a los enfermos", insistió Montaner.

Quien también se remitió a la palabra genocidio fue el doctor en Derecho y especialista en Criminología, Elías Neuman, refiriéndose a la situación de las personas privadas de su libertad conviviendo con VIH como "el genocidio encubierto en las cárceles de la región".

De hecho, una reciente presentación judicial del defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganon, dejó en evidencia que en las unidades 3 de San Nicolás, 13 y 16 de Junín y 21 de Campana del Servicio Penitenciario Bonaerense, los presos contagiados con VIH viven en la más paupérrima de las situaciones.

Ganon denunció que cuando se realiza un test, la distancia temporal que existe entre la realización del examen y la obtención del resultado es tan grande que los presos deducen que la falta de respuesta se debe a que no están contagiados y siguen actuando como si no lo estuvieran.

Según la presentación, las jeringas hipodérmicas constituyen otro problema, ya que el SPB prohibe terminantemente su uso y las señala como factor de contagio. Como no se trabaja sobre la adicción pero se prohibe el uso de jeringas —en lugar de ofrecer cambiar jeringas usadas por estériles— el preso termina ocultando la suya por temor a que se la requisen y a ser castigado. Después, la falta de campañas de educación lleva a que los presos crean que el problema se soluciona lavando la jeringa con agua de la canilla, porque ni siquiera les entregan lavandina. Lo mismo ocurre con las hojitas de afeitar: los presos están obligados a afeitarse, pero nadie les entrega hojitas de recambio. Por temor las ocultan, y como escasean, también las comparten.

Por otro lado, un informe del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria reveló días atrás que las cárceles de la Provincia de Buenos Aires mantienen "profundas deficiencias edilicias, y los servicios siguen sin funcionar de manera adecuada. Las condiciones de alojamiento de los internos siguen siendo infrahumanas, aumentando esto el clima de violencia y desesperación que se vive en las cárceles bonaerenses".

Como ejemplo, en el informe se mencionó que en la Unidad 1 de Olmos se presentó un habeas corpus colectivo al que hizo lugar un Juez de Ejecución de La Plata, "quien ordenó la clausura de los Pabellones 8 y 9 de la Unidad ya que, desde hacía bastante tiempo el patio estaba completamente inundado con desechos cloacales, agua putrefacta y basura".

El proyecto de ONUSIDA

Tras el proyecto de prevención y apoyo en VIH/SIDA a personas adultas privadas de su libertad llevado adelante en doce unidades penitenciarias por ONUSIDA, se presentó un informe sobre los avances en la prevención y el mejoramiento de la asistencia en VIH/SIDA en cárceles de Argentina, que arrojó impresionantes resultados.

El proyecto, desarrollado en el 2004, comprobó que el espacio donde les toca vivir a los detenidos, en la gran mayoría de las unidades visitadas, no resulta compatible con lo normado en los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos.

También se acreditó la importancia de la distribución de folletos y stickers informativos sobre prevención de VIH/SIDA y de preservativos a visitantes, a internos y a personal, aunque en algunas instituciones se verificó que la entrega de preservativos era realizada por personal médico, lo que constituye un obstáculo serio, porque es necesario que el detenido se acerque a la enfermería u hospital, limitando seriamente su acceso. A su vez, dentro del personal de escalafón de los servicios penitenciarios y el personal médico, se advirtió no solamente que no participan activamente en las intervenciones de prevención, sino que generan obstáculos.

Además, las actividades de prevención desarrolladas se identificaron como parciales y se detectaron dificultades en relación con el acceso a insumos específicos: preservativos, diagnóstico bajo normas de confidencialidad, voluntariedad, oportunidad y devolución de resultados, y en menor medida, cloro para la desinfección de equipos de inyección y tatuaje.

Por otro lado, se identificaron situaciones de riesgo que deben ser atendidas: sexo no permitido, forzado o voluntario, practicado en forma clandestina tanto con visitas como con otros detenidos y personal; uso de drogas que disminuyen la capacidad de cuidado y casos de uso de drogas inyectables; frecuente realización de tatuajes con elementos precarios no esterilizados; y dificultades en el acceso y disponibilidad a la atención médica y psicológica.

La escasez de espacio físico adecuado para destinar a los encuentros de visita conyugal en los penales colabora con el escaso acceso de la población penal a este tipo de encuentros, incrementando los encuentros sexuales con las visitas en espacios y momentos no autorizados, en condiciones de precariedad y clandestinidad.

El poder sancionatorio de la Administración en relación al sexo y al uso de drogas obstaculiza que los detenidos planteen consultas y solicitud de testeo asociadas con prácticas de riesgo de infección, tal vez por constituir antecedentes que puedan afectar su situación procesal.

En todos los casos se identificaron dificultades para el acceso al diagnóstico de la infección por VIH por factores asociados tanto a prácticas institucionales como a irregularidades en la disponibilidad de reactivos. Se destaca entre las falencias del proceso de diagnóstico de la infección por VIH, la no devolución de resultados a quienes son seronegativos y la ausencia de constancias de consentimiento informado y resultado en las historias clínicas de los detenidos. De hecho, internos de la mayoría de las unidades refirieron como práctica extendida considerar ser seronegativos al VIH si, realizada la extracción de sangre para la realización de la prueba de detección, no son posteriormente convocados por el Servicio Médico y/o infectólogos que visitan las unidades para comunicarle su seropositividad e incluirlos en el seguimiento médico.

Estudios realizados han permitido establecer que la detención y permanencia en prisión han sido para algunas personas privadas de libertad una primera oportunidad para conocer su estado serológico en relación con el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como para tomar contacto con los servicios sanitarios.

En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, el lapso que media entre que se prescriben los medicamentos antirretrovirales y otros fármacos para hacer frente al VIH/SIDA y patologías conexas, y la efectiva entrega a quienes lo necesitan, resulta ser dilatado, teniendo en consideración la naturaleza de la enfermedad y la necesidad de que el tratamiento sea oportuno y continuo.

Se comprobó que las historias clínicas no solamente no son confeccionadas conforme lo manda la Ley de Ejecución —por ejemplo, el asiento en las mismas de los tests y los resultados, y su notificación al detenido— sino también que no acompañan a las personas privadas de la libertad cuando son trasladadas a otra unidad.

También se comprobó en algunas jurisdicciones penitenciarias que cuando la persona privada de su libertad con VIH/SIDA es trasladada a otra unidad carcelaria, no se le suministran los medicamentos necesarios para hacer frente a sus patologías, por lo que se recomienda que los medicamentos se le entreguen al detenido cuando es reasignado, como también la receta correspondiente, obviando de ese modo que deba reiniciar el trámite correspondiente para obtener nuevamente el suministro.

Por otro lado, cuando las personas privadas de su libertad con VIH/SIDA egresan de los establecimientos carcelarios, no se les brinda la asistencia que demanda su patología, por lo que se recomienda que dentro del programa de pre-libertad se prevea la asignación de un turno en un establecimiento extramural especializado en la temática, como asimismo se le suministren una copia de su historia clínica y los medicamentos necesarios, hasta que el sistema de salud le brinde los propios.

Entre las respuestas seleccionadas por ONUSIDA para contribuir a mejorar la situación del VIH/SIDA en las cárceles, se incluyeron el involucramiento de las autoridades gubernamentales y agentes penitenciarios; la facilitación del acceso al diagnóstico y la consejería; la provisión gratuita de preservativos; la sensibilización e información a detenidos, visitantes y personal a través de canales diversos; la capacitación de grupos de pares; y la sistematización de la experiencia para su comunicación y replicabilidad. 

Fuente: lafogata.org