Entrevista a Carmen Ríos, de la Asociación Nicaragüense de
Afectados por Insuficiencia Renal Crónica
"Hoy enterramos a cuatro compañeros, y así es cada día…"
Rel-UITA
El pequeño pueblo de Chichigalpa, en el occidente de Nicaragua, se ha
transformado en un trágico escenario de muerte para miles de ex cañeros del
Ingenio San Antonio, afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC). La larga e
inclaudicable lucha de estos trabajadores y de las viudas que quedaron
abandonadas por el Estado nicaragüense, sigue sacudiendo la conciencia de ese
país.
Después de participar, junto a los bananeros afectados por el nematicida Nemagón
en la histórica "Marcha sin Retorno" de 2005, los cañeros reunidos en la
Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC) se
han sentado a negociar con las principales instituciones de Nicaragua, logrando
abrir una brecha en el complicado enredo de política, burocracia y falta de
interés, pero sin llegar todavía a un satisfactorio cumplimiento de los
diferentes acuerdos firmados a lo largo de más de un año de lucha.
SIREL dialogó con Carmen Ríos, presidenta de ANAIRC, para conocer la situación
que todavía se está viviendo en Chichigalpa y los avances en las negociaciones.
-¿Cuál es la situación de los ex trabajadores afectados por IRC en este momento?
-Las cosas se han puesto mucho más graves que cuando la Rel-UITA nos visitó para
el primer reportaje. Era enero de 2006 y desde entonces hemos tenido un
crecimiento muy acelerado de la mortalidad. Actualmente se están muriendo de
cuatro a cinco compañeros cada día, y justo hoy hemos enterrado a dos compañeros
por la mañana y vamos a enterrar a otros dos por la tarde.
-¿Tienen contabilizado cuánta gente ha muerto hasta el momento?
-Son casi 1.700. Es una cantidad impresionante que nos preocupa, sobre todo por
el ritmo acelerado de muertos que ha habido en estos últimos meses. La situación
se ha agravado aún más porque de los acuerdos que firmamos con el gobierno en
mayo de 2005 respecto a la salud, no se ha cumplido casi nada. La gente sigue
esperando su medicamento, la hemodiálisis, pero todavía no ha visto
absolutamente nada de eso. Para nosotros, cada minuto que pasa son vidas que se
pierden y la muerte no espera.
-Tengo entendido que el Ministerio de Salud (MINSA) les dio un carné para que
fueran atendidos gratuitamente en los hospitales y Centros de Salud, y para que
se les diera el medicamento requerido, ya que en el Presupuesto General de la
República para 2006 hay una partida específica para ustedes. ¿Que pasó con todo
eso?
-En el Centro de Salud "Julio Durán", donde deberían atendernos, no quieren
reconocer nuestro carné porque el Manual de Procedimiento que se elaboró con el
gobierno en el marco de las negociaciones, habla de "enfermos del Nemagón" y no
especifica lo de la IRC.
Intentamos explicarle al director del Centro de Salud, doctor Álvaro Reyes, que
el Nemagón no es la enfermedad sino el nombre de uno de los agrotóxicos que nos
perjudicaron a todos, pero no quiso escucharnos.
Además, en el Centro de Salud están atendiendo sólo a los que fueron
trabajadores del Ingenio San Antonio, y de todas maneras, nunca te dan
medicamentos. Nada de lo que acordamos y firmamos con el gobierno el 13 de mayo
de 2005 sobre asistencia sanitaria y medicamentos se ha cumplido. Los doctores
dicen que no ha llegado nada de lo que fue aprobado para nosotros en el
Presupuesto y que no hay recursos para medicamentos, exámenes y análisis. La
partida presupuestaria incluía también los gastos de transporte para los que
tienen que viajar a Managua para la hemodiálisis, pero nada de eso ha llegado.
Nos sentimos frustrados y completamente fuera de los Acuerdos.
-Pero, ¿por qué no especificaron los dos grupos de afectados a la hora de
redactar el Manual de Procedimiento?
-Es lo que queríamos. El gobierno organizó talleres para capacitar a nuestros
Fiscales que iban a controlar el cumplimiento de los acuerdos en los diferentes
hospitales y Centros de Salud del país, pero al momento de elaborar el Manual,
nos dijeron que era mejor dejar sólo "enfermos del Nemagón", porque allí íbamos
incluidos todos y todas. Ahora los médicos no quieren aceptarlo de esta manera y
surgen estos problemas.
-Después de más de una año de la firma de los Acuerdos, ¿cuántas personas
pudieron acceder a la hemodiálisis?
-Hasta el momento nadie pudo someterse al tratamiento. La semana pasada murió el
señor Gonzalo López, uno de los afectados que entrevistaste en el reportaje "La
Chatarra de Occidente" que publicó SIREL. El necesitaba desesperadamente la
hemodiálisis, pero nos contestaron que no había recursos, ni siquiera para el
traslado a Managua. Al final murió, como murió también otro de los
entrevistados, Rufino Somarriba, completamente desbaratados, vomitando y
orinando sangre. Como ellos, está muriendo una gran cantidad de personas
conscientes de lo que les está pasando.
-Nicaragua se vio afectada por una larga huelga del gremio médico. ¿Esto pudo
haber atrasado el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno?
-Es difícil evaluarlo, pero podría ser, aunque si el gobierno hubiera querido
cumplir con lo acordado ya lo habría hecho, por lo menos con los más enfermos.
-¿Cómo está haciendo la gente para aguantar esta situación?
-El Instituto de Seguridad Social (INSS) lleva pequeñas cantidades de
medicamentos al consultorio que abrió en el Centro de Salud para atender a los
afectados por IRC. Cuando la gente pasa consulta sólo le recetan vitaminas y
calcio, y cuando eso se termina, ya no hay nada para nadie.
Nunca hay medicamentos específicos para las enfermedades graves que sufren las
personas. Esos tenemos que buscarlos en otro lado. Estamos hablando, por
ejemplo, de inyecciones de Eritroproiectina que ayudan a purificar la sangre y
que cuestan 68 dólares cada una. Tenemos muchas personas que necesitan diez
inyecciones al mes. ¿De dónde vamos a sacar esta cantidad de dinero, si la
mayoría de la gente es pobre, no tiene trabajo y sobrevive de la mísera pensión
que le pasa el INSS?
Al final, con la receta en la mano, venimos a Managua y vamos a pedir ayuda a
amigos y organizaciones que tengan contactos con grupos del extranjero, para ver
si nos ayudan a conseguir los medicamentos. Actualmente son casi dos mil las
personas en estado crítico y que necesitan ese tipo de tratamiento ya que no les
queda más que ponerse un rótulo que diga: "Aquí existieron riñones".
-Hace algunos meses comenzaron las negociaciones con el Seguro Social y parecía
que las cosas iban por buen camino. ¿Qué pasó entonces?
-Efectivamente, logramos que el INSS cambiara de oficina en Chichigalpa, porque
el antiguo local no era apto para atender a la gran cantidad de gente que se
presentaba todos los días.
Al contrario, el proceso para que los afectados y las viudas puedan tener sus
pensiones ha sido muy lento y los resultados muy pobres.
Nos hemos reunido varias veces, pero con muy pocos resultados y nuestra gente no
tiene tiempo, porque se está muriendo o no tiene con qué vivir. Parece que la
gente del INSS no entiende o no se da cuenta de la gravedad del caso. No hemos
visto un verdadero avance en las cosas y nos topamos siempre con los mismos
problemas que ya hemos discutido hasta el hartazgo, como el no querer reconocer
el derecho a la pensión a los que no fueron cortadores de caña, sino personal
del Ingenio que trabajaba en otros sectores pero que igualmente fueron afectados
por los agrotóxicos.
-Desde que comenzaron las negociaciones con el INSS, ¿cuántas eran las pensiones
que estaban tramitando y a cuántas aprobaron?
-Al comienzo eran 383 pensiones, y en una primera etapa resolvieron 71, quedando
todavía 312 pendientes. Salieron pensiones de entre 700 y 1.000 córdobas
(equivalente a 40 y 60 dólares respectivamente). En un segundo momento aprobaron
otras 64 pensiones, quedando 248 pendientes. El problema fue que en todo ese
largo proceso, casi 30 personas fallecieron y tuvimos que depurar las listas y
comenzar de nuevo los trámites, porque ya no era una pensión para Riesgos
Profesionales, sino para Viudez y Orfandad. Al final, las pensiones que
otorgaron en todos estos meses son una mínima parte. Nuestra impresión es que
están esperando a que todos se mueran para no dar las pensiones. Ni siquiera ha
mejorado el trato que están dando a las personas en la sucursal del INSS de
Chichigalpa, y se está desarrollando otro fenómeno muy preocupante que es el
extravío de documentos, lo que nos obliga a comenzar de nuevo los trámites.
-Otro aspecto de su lucha es la reforma a la Ley 456 para que se reconozca la
IRC como enfermedad profesional y, sobre todo, para que sean beneficiados con
pensión todos los trabajadores de la agroindustria azucarera y no sólo los
cortadores de caña. En agosto de 2005 lograron acuerdos con la Asamblea Nacional
para que reformara la ley. ¿Hubo avances en ese punto?
-Absolutamente nada. Los diputados de la Asamblea Nacional no han dado respuesta
y están politizando todo el asunto. Hemos tenido contactos directos con el
Tercer Vice Presidente de la Asamblea Nacional, Orlando Tardencilla, y con el
diputado José Figueroa del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
firmante de los Acuerdos de agosto de 2005, pero siempre nos dicen que hay que
esperar, que el tema todavía no está en agenda, y ya han pasado diez meses.
-¿Cómo piensan seguir esta lucha?
-No vamos a dejar de luchar, aunque la situación se vuelve cada día más difícil
y los niveles de mortalidad más elevados. Les pedimos a las organizaciones que
nos han ayudado, que han dado a conocer nuestra situación, como es el caso de la
UITA, de la sociedad civil nicaragüense y de nuevos amigos y amigas que nos
están contactando en esos días desde Europa para brindarnos su solidaridad, que
nos sigan apoyando.
En nuestro país, nuestras instituciones no quieren entender que este drama de la
IRC es una emergencia y una alarma nacional. Debería darles vergüenza que
tengamos que pedir ayuda afuera del país, para no seguir muriéndonos de esa
manera.
Pero creo que el sistema político de mi país ya perdió hasta la vergüenza. Una
vez, nuestro general Augusto C. Sandino dijo: "Mi maldito país", y yo me
incomodé por esta expresión, pero ahora me estoy dando cuenta de que tal vez
tenía razón, no por su pueblo, sino por sus gobernantes.
-Próximamente va a haber una reunión con la Comisión Interinstitucional para dar
seguimiento a los Acuerdos. ¿Qué es lo que le van a plantear al gobierno?
-Hace más de dos meses que no nos reunimos. Lo primero que le vamos a preguntar
a la ministra de Salud y coordinadora de la Comisión Interinstitucional,
Margarita Gurdián, será ¿dónde está la partida presupuestaria que se aprobó y
que tiene el MINSA para atender a los afectados por IRC? Hasta el momento no
hemos visto ni un centavo.
Vamos a tener que volver a presionar fuertemente a las instituciones que no
están dando respuestas o que las están dando de una forma demasiado lenta.
Nosotros seguimos la lucha junto con los compañeros y compañeras del Nemagón,
del 25 por ciento de la caña y del banano, y no vamos a dejar de luchar hasta
que nos den respuestas. Tampoco olvidamos que, después de que se apruebe la
reforma a la Ley 456, vamos a pedir una indemnización al Ingenio San Antonio por
los daños que nos ha causado en todos estos años.
A todas las personas que van a leer esta entrevista les pido que difundan
nuestra historia y la lucha que estamos llevando adelante en esta pequeña ciudad
de Nicaragua, Chichigalpa. Les pedimos que el mundo se entere de cómo aquí la
gente se muere, desechada como basura, de que aquí la vida humana ya no vale
nada, pero que estamos dispuestos a seguir en la lucha.
