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Monsanto: una compañía piquetera
Enildo Iglesias
Monsanto posee la patente europea 301749, otorgada en 1994 a la compañía
Agracetus. Es una "patente de especie", que otorga a su propietario el monopolio
exclusivo sobre todas las variedades de semillas de soja modificadas
genéticamente, sin tomar en cuenta los genes o la técnica utilizada
Es posible adjudicar el piquete –acto de interrumpir el tránsito de personas,
vehículos o mercaderías para obtener un fin determinado– a la inventiva del
pueblo argentino. Esta forma de presión adquirió nivel internacional el pasado
verano con el corte de los puentes que unen a Argentina y Uruguay por parte de
ambientalistas argentinos, los que pretenden detener la construcción de dos
fábricas de celulosa en el margen uruguayo del río que ambos países comparten.
El gobierno uruguayo protestó por considerar que su par argentino no intervino
para levantar los piquetes y que los mismos le causaron al país pérdidas por 400
millones de dólares. Hoy, el diferendo se encuentra en la Corte Internacional de
Justicia con sede en La Haya, donde ha sido llevado por Argentina.
El último round en este diferendo ocurrió cuando la reina del Carnaval de
Gualeguaychú –ciudad argentina situada frente a donde se están construyendo las
fábricas– se lució en bikini y portando un cartel donde se leía "basta de
papeleras contaminantes" ante los 58 mandatarios que posaban para la foto
oficial en la "Cumbre de Viena".
Simultáneamente, Argentina está experimentando las consecuencias negativas de
los piquetes que la transnacional Monsanto le está organizando en varios países
de Europa. Resulta aleccionante repasar esta triste historia:
Monsanto posee la patente europea 301749, otorgada en 1994 a la compañía
Agracetus. Es una "patente de especie", que otorga a su propietario el monopolio
exclusivo sobre todas las variedades de semillas de soja modificadas
genéticamente, sin tomar en cuenta los genes o la técnica utilizada. Cuando se
otorgó la patente, una serie de onGs denunciaron el hecho y la propia Monsanto
inició un juicio contra Agracetus. Sus principales argumentos consistían en que
no existía "invención ni novedad", por lo que "debía ser revocada en totalidad"
debido al control que entregaba a una sola empresa. Dos años después, Monsanto
compró Agracetus con lo cual, obviamente, la mencionada patente dejó de ser
satanizada. Fue así que Monsanto pasó a detentar el monopolio mundial de la soja
transgénica, situación que defiende con uñas y dientes, a pesar de que en algún
país no tenga apoyo legal.
En los años 70, cuando Monsanto introdujo en Argentina el herbicida Roundup,
nadie sabía bien para que podía servir –aparte de combatir las malezas debajo de
los alambrados– un producto no selectivo que mataba todo lo que tocaba. Años
después llegó la biotecnología y con ella la soja RR, es decir, resistente al
Roundup. En 1996, Argentina aprueba el cultivo de la soja RR y en ese momento se
inicia la multiplicación de la semilla por parte de los agricultores –Monsanto
no registró en Argentina la patente de la semilla de soja RR–. El cultivo de
soja RR, que cubría menos de un millón de hectáreas en 1996, pasa a 9 millones
de hectáreas en 2001 y en la misma proporción crece la multiplicación y venta de
la semilla, a través de la llamada "bolsa blanca". Mediante el contrabando, la
semilla se expande a Brasil, Paraguay y Bolivia, países donde los transgénicos
estaban prohibidos. Frente a ello, Monsanto permanece en silencio y mira para
otro lado.
Con la soja transgénica ya impuesta en Argentina y en plena expansión en el
resto de la región, Monsanto decide en 2001 que llegó el momento de amenazar a
los agricultores por el uso "ilegal" de su semilla y reclamarle al gobierno
argentino que haga cumplir la ley. ¡Menudo problema hacer cumplir una ley
inexistente!
Pasando de las amenazas a la acción, Monsanto comienza el año 2004 anunciando
que se retira del mercado de la soja en Argentina, dado que el mismo no le
resulta rentable debido a la proliferación de semillas "ilegales". Aclara que no
pretende "presionar al gobierno" y manifiesta su intención de dedicarse al maíz
y al sorgo. En una solicitada publicada en la prensa, la compañía declara su
enojo y reclama que: "Sólo el 18 por ciento de los 14 millones de hectáreas que
se cultivaron en Argentina durante el ciclo 2003/04, fue sembrado con semillas
certificadas y vendida en el mercado legal".
Casi simultáneamente a las declaraciones de Monsanto y por pura casualidad –dado
que el gobierno no debe, ni puede, sentirse presionado– el secretario de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos, informa que se está
estudiando una ley para crear un Fondo de Compensación Tecnológica. El
mencionado proyecto de ley, que recibió el rechazo masivo de las organizaciones
de los productores (que en las elecciones manejan votos) nunca llegó a ingresar
formalmente al Congreso. Debido a ello, Monsanto decide recurrir a los piquetes,
anunciando que para percibir los royalties por el gen RR introducido en la soja
(no patentado en Argentina) procederá a cobrar los mismos en los puertos de
destino donde la patente esté vigente.
La soja se ha convertido en el grano de mayor producción del país, superando los
30 millones de toneladas anuales. En 2004 la soja aportó 10.000 millones de
dólares a las exportaciones argentinas, de los cuales el Estado se quedó con
2.000 millones por concepto de retenciones. Por eso al gobierno le preocupa el
inicio de acciones legales por parte de Monsanto en Europa contra importadores
de la oleaginosa y productos derivados de origen argentino. Solamente en el
transcurso del corriente mes de mayo se detuvieron cuatro embarques de harina de
soja (producto del que Argentina es el mayor exportador mundial) en España y dos
en Holanda, lo mismo había ocurrido anteriormente en Inglaterra y Dinamarca.
No es de extrañar entonces la preocupación y enojo del secretario de Agricultura
de la Nación. Ambas cosas las descargó en una reciente conferencia de prensa,
que resultó esclarecedora de la forma cómo se manejan asuntos que tienen que ver
con la alimentación de la gente . En la misma, dijo Miguel Campos que el
mecanismo exigido por la empresa Monsanto para cobrar regalías por la soja
transgénica argentina es "extorsivo e inaceptable porque en un país serio el
pago de derechos debe encauzarse por las vías institucionales". Puntualizando
que: "La extorsión pasa por plantear que si no acepto la pretensión de Monsanto
estoy contra la biotecnología. A las innovaciones tecnológicas en semillas hay
que pagarlas, pero dentro de un sistema legal e institucional". Más adelante se
sintió obligado a que "no soy anti Monsanto, ni empleado de Monsanto, como se
dijo cuando aprobamos, semanas atrás, la producción y comercialización en el
país del maíz RR de la empresa".
Ya en pleno embalaje no pudo contenerse y agregó: "Monsanto no vino a hacer
beneficencia a la Argentina. Reconocemos la importancia de su inversión, pero
también obtuvo beneficios. Cobró y cobra regalías por las ventas de las semillas
con su gen RR sin tener la patente reconocida en el país y facturó unos 175
millones de dólares en glifosato –principal componente del herbicida Roundup–
usado en la oleaginosa". Ya en plena incontinencia verbal reconoció que
"Argentina asumió el riesgo de producir transgénicos cuando eran cuestionados en
los principales mercados del mundo y acompañó a Estados Unidos en su
presentación ante la OMC (Organización Mundial del Comercio) contra la Unión
Europea por la moratoria a los transgénicos". "Eso no beneficia a los semilleros
argentinos sino a Monsanto y a las empresas estadounidenses" concluyó,
desaprovechando una buena oportunidad de callarse la boca.
La historia, más allá de los piquetes de Monsanto y la complicidad de los
gobiernos de turno, deja como moraleja que para bailar el tango se necesitan
dos. http://www.rel-uita.org
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