Martin Khor
Red del Tercer Mundo

Una cuestión clave ha ocupado el centro de las negociaciones mundiales de comercio: si los países en desarrollo tienen derecho a la seguridad alimentaria y a proteger el sustento de sus agricultores, o si deben permitir que las importaciones baratas desplacen a la agricultura nacional.

¿Los países en desarrollo tienen derecho a proteger su sector agrícola de los efectos nocivos de las importaciones baratas?

La mayoría de los países en desarrollo así lo creen. En la Organización Mundial del Comercio (OMC), argumentan que la seguridad alimentaria y el sustento de sus agricultores son más importantes que el principio abstracto del libre comercio o el acceso a los mercados.

Sin embargo, se enfrentan a Estados Unidos, que pretende derribar las barreras para sus productos agrícolas, fuertemente subsidiados y por tanto artificialmente baratos. Respaldan a Estados Unidos algunos países en desarrollo, como Tailandia, que quieren exportar más.

Está en juego el destino de cientos de millones de agricultores. La mayoría de los países también quieren producir sus propios alimentos, por una cuestión de seguridad y para ofrecer ingresos a los campesinos pobres y a la vez ahorrar divisas.

Ya hubo protestas de agricultores en varios países, como Indonesia, Filipinas, Ghana y Senegal, y también en el Caribe, porque la venta en sus propios países de alimentos importados por debajo del costo desplaza a la producción local.

Ahora, una gran batalla se libra en la OMC sobre este asunto, y el contenido emocional es muy fuerte. Si no se resuelve a corto plazo, las negociaciones mundiales de comercio podrían descarrilar.

Recientemente, la gran mayoría de los países en desarrollo reaccionaron con indignación cuando Estados Unidos, respaldado por un puñado de países, rechazó (y hasta ridiculizó) su propuesta de proteger los intereses de seguridad alimentaria y el sustento de los agricultores pobres.

La mayoría de los países en desarrollo quieren ser capaces de designar 20 por ciento de sus importaciones agrícolas como "productos especiales", sujetos a escasa o ninguna reducción arancelaria, como parte de la conclusión de las actuales negociaciones comerciales. Se trata de productos vinculados con la seguridad alimentaria, el sustento de los agricultores o el desarrollo rural.

También proponen la creación de un "mecanismo de salvaguardia especial" para permitir que los países en desarrollo impongan un arancel mayor a determinadas importaciones agrícolas en caso de que aumente el volumen o caiga el precio de éstas, de modo que amenacen la producción nacional.

Los conceptos de productos especiales y mecanismo de salvaguardia especial ya han sido acordados. La cuestión ahora es cómo implementarlos, por ejemplo, determinar cuántos productos podrían designarse como "especiales" y cómo deberían ser tratados en términos de reducción arancelaria.

Recientemente, Estados Unidos contrapropuso que sólo cinco líneas arancelarias se designaran como "especiales". Los países en desarrollo lo consideraron ridículo, dado que típicamente tienen más de mil líneas arancelarias en el área de la agricultura, y algunos productos clave, como el arroz, abarcan entre 20 y 50 líneas.

Para Estados Unidos, estos "productos especiales" deben someterse también a recortes arancelarios, y algunos de ellos a "arancel cero".

Algunos países en desarrollo, como Tailandia y Malasia, también apoyaron la aplicación de severas restricciones y condiciones al uso de productos especiales.

Estados Unidos propuso también varias restricciones y condiciones al uso del mecanismo de salvaguardia, al punto de que éste se volvería inútil.

Cuatro poderosas agrupaciones que constituyen la mayoría de los países en desarrollo se unieron para emitir un "manifiesto conjunto" en contra de los intentos por restringir y debilitar el uso de los productos especiales y el mecanismo de salvaguardia especial.

El Grupo de África, el Grupo de los 33 (encabezado por Indonesia), el Grupo de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y el Grupo de los países menos adelantados advirtieron que no pueden aceptar ningún acuerdo de la OMC sobre agricultura que no atienda sus necesidades de seguridad alimentaria, seguridad del sustento y desarrollo rural.

Gusmardi Bustami, embajador de Insonesia, dijo que "no es posible ningún acuerdo que amenace los productos especiales y el mecanismo de salvaguardia especial desde una perspectiva puramente comercial o de acceso a los mercados, o que disminuya o elimine el valor de ambos para el desarrollo".

Agregó que ambos instrumentos tienden a "satisfacer las necesidades de millones de agricultores pobres de todo el mundo, cuya seguridad alimentaria, sustento y desarrollo rural son amenazados por la apertura desenfrenada de los mercados".

"Nuestro millón de agricultores no debe ser sacrificado en esta Ronda. Si estos países siguen atacando nuestros conceptos de productos especiales y mecanismo de salvaguardia especial, ya no tendrá sentido continuar estas negociaciones".