Nuestro Planeta

Francisco Herreros
El Siglo

Como cabía apostar sobre seguro, y como es apenas natural en el depredador modelo económico vigente, la Comisión Regional del Medioambiente de Atacama aprobó el proyecto minero de Pascua Lama, que en sus diez años de vida útil le rendirá a Barrick Gold utilidades superiores a los diez mil millones de dólares por la explotación de cerca de 17 millones de onzas de oro, treinta millones de onzas de plata y cinco mil toneladas de cobre, contra una inversión de sólo mil quinientos millones de dólares.
La resolución impide la intervención de los glaciares Toro I y II y Esperanza, aspecto que le permitió al Intendente regional, Rodrigo Rojas, ufanarse del consabido funcionamiento de las instituciones, toda vez que, según sus palabras, las decisiones fueron adoptadas "por las instancias adecuadas, de manera unánime y fundada, y como resultado de un proceso transparente e informado".

Complicidad oficial

En rigor, el examen minucioso de los antecedentes disponibles permite concluir que la reunión de la Corema no fue sino una pantomima que encubre la complicidad oficial con un imperdonable desastre ambiental, con todas las formalidades que prescribe la ley, como no podía ser distinto en la equívocada estrategia económica seguida por el gobierno, rehén y colonia de la visión cortoplacista del interés empresarial, que confunde crecimiento con desarrollo y que apunta a apropiarse impunemente de la renta de recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos.
Pretender que la prohibición de intervenir los glaciares equivale a respetar la institucionalidad ambiental, no es sino una grosera simplificación que busca confundir y manipular a una opinión pública ya de por sí suficientemente desinformada.
En tal sentido, no es menor -ni casual- que la norma en la aprobación de proyectos de inversión de semejante envergadura, sea que suceda en verano, cuando el período de vacaciones relaja la resistencia de la ciudadanía organizada. Así también ocurrió, por ejemplo, con resoluciones que benefician a Celco en Nueva Aldea y Valdivia.
Enseguida, dejar intactos los glaciares no impedirá en modo alguno la contaminación de las aguas superficiales del río Huasco y las napas subterráneas del valle, con químicos tóxicos, como arsénico y cianuro, y la contaminación del aire provocada por el mercurio, típica de una explotación a tajo abierto, todo esto con incalculables consecuencias para la agricultura del Valle del Huasco, sin perjuicio de efectos colaterales en planos como la actividad cultural y el turismo.
Efectos que ninguna resolución de carácter burocrático podrá aminorar.
En otras palabras, oro para Barrick Gold y cianuro para los habitantes del Valle del Huasco.

Chiste de mal gusto

La afirmación de que la resolución de la Corema es el producto de un "proceso transparente e informado" más parece un chiste de mal gusto.
Los chilenos no conocen el oscuro expediente de Barrick Gold en materia de intervencionismo y corrupción en los doce países de cuatro continentes donde tiene explotaciones mineras, ni la manipulación de antecedentes en sus sucesivos estudios de impacto ambiental de Pascua Lama, que un organismo de escaso perfil técnico como la Corema, no está en condiciones de detectar.
Menos conocen aún el silencioso, sistemático pero eficaz trabajo de lobby, realizado durante años en nivel más alto de las autoridades de la Concertación, el que culminó con el Tratado Minero entre Argentina y Chile, firmado por los presidentes Frei y Menem, en 1997.
Menuda transparencia.
Tan falso como lo anterior es el argumento justificatorio de que el desarrollo de este proyecto minero traerá trabajo y bienestar a la región.
En primer lugar, y en virtud de pródiga legislación generada por la Concertación para la minería transnacional, Barrick Gold, por una producción anual de unas 775 mil onzas de oro, va a obtener ingentes utilidades durante varios años, sin necesidad de pagar un solo dólar de impuestos, como de hecho ocurrió en el mineral El Indio, que compró en 1994 y que explotó hasta su cierre, en 2002, siempre declarando pérdidas.
Enseguida, la propia empresa reconoce que, entre los dos países, la etapa de construcción requerirá alrededor de cinco mil trabajadores, mientras que la fase de operación, sólo mil 500.
Sin embargo, la agricultura del Valle del Huasco genera ocho mil 500 puestos de trabajo, los que podrían subir a quince mil, si mediante obras de regadío, se incorporan otras cuatro mil 500 hectáreas a la producción. Trabajo permanente, de carácter sustentable, que no agrede al medioambiente.

Política suicida

En consecuencia, resulta inevitable preguntarse la razón de esta política suicida contra el medioambiente y los intereses de la mayoría de la población.
La respuesta es sólo una: el modelo de acumulación hecho suyo por la Concertación, que le asigna a Chile el papel subordinado de proveedor de recursos naturales de escaso o ningún valor agregado, y que le obliga a abrir sus fronteras al capital transnacional, todo esto a cambio del ilusorio espejismo del crecimiento económico, estrategia que se reduce a transformar capital natural en capital financiero.
Claro, todavía queda el recurso de apelación a la Comisión Nacional del Medioambiente y al Consejo de Ministros, instancias que integrarán funcionarios de la próxima administración.
Pero tratándose de un modelo que obedece más a una lógica estructural que a la voluntad individual de los administradores del mismo, esperar un cambio sustancial en decisiones como las comentadas, es una ilusión carente de fundamento, lo que no significa en modo alguno asumir el síndrome de la derrota anunciada. Revertir una decisión tan desafortunada como la autorización al proyecto minero de Pascua Lama es posible, pero en relación de directa proporcionalidad con la fuerza, movimiento y organización que pueda colocar la ciudadanía consciente.   

Fuente: lafogata.org