Editorial de Gara

El conflicto desatado por la agresión israelí contra Líbano ha acaparado la agenda internacional. En los 34 días de hostilidades que han precedido a un alto el fuego cuyas virtualidades están por demostrar, apenas ha habido espacio en los medios de comunicación para otras crisis que, como la que afecta a Oriente Medio, hunden sus raíces en las desigualdades fomentadas, primero por la colonización, y luego por la reordenación de esos territorios y sus gentes en base a las relaciones de fuerza surgidas de las dos grandes contiendas bélicas mundiales.

Sin embargo, durante las cuatro semanas en que Líbano ha centrado la atención, la escalada de tensión ha sido también la tónica dominante en otro conflicto armado, el de Sri Lanka. Aunque es díficil que alcance la misma dimensión, en lo que a contestación internacional se refiere, que la matanza de Qana, el Ejército cingalés perpetró ayer una nueva masacre contra el pueblo tamil al bombar-dear un albergue escolar situado en territorio bajo control de la guerrilla del Ejército de Liberación de la Patria Tamil (LTTE). Escolares de entre 17 y 20 años de edad se convirtieron en el objetivo del Ejército cingalés, y los balances aún provisionales hablan de 60 jóvenes muertas y unas 120 heridas.

Como hiciera el Gobierno de Israel tras la matana de Qana, las autoridades de Colombo trataron de argumentar que el LTTE utilizaba la instalación civil atacada como base. No obstante, la Fuerza Aérea cingalesa no aportó prueba alguna de unas acusaciones refutadas por Unicef y observadores extranjeros del alto el fuego. En Qana o en Mullaitivu, la única evidencia es que unas Fuerzas Armadas atacan instalaciones civiles provocando masacres que no pueden «explicarse» como actos de guerra. Esa comunidad internacional que elabora «listas negras» en las que incluye entre las «organizaciones terroristas» al LTTE ­que reclama con las armas el derecho de los tamiles a decidir su futuro­, ¿tiene algún calificativo para las acciones armadas gubernamentales que siembran el terror en la población civil?

La comunidad internacional, que dejó en manos noruegas las labores de buenos oficios en el diálogo tamil-cingalés, tiene la responsabilidad de actuar, cuando todavía se está a tiempo, para ayudar a salvar los acuerdos de 2002. La perspectiva contraria es la vuelta a un escenario de conflicto armado de doloroso recuerdo para la población de Sri Lanka. -