Medio Oriente - Asia - Africa

Daniel Adalberto Straga

El reciente pronunciamiento de la magistratura israelí ratificando la ley que niega el derecho a vivir en ese país a palestinos que contraen nupcias con árabes israelíes demuestra la persistente política de apartheid desplegada por Tel Aviv sobre  el  pueblo palestino.
A la sistemática perpetración de delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad israelíes, se adiciona ahora una auténtica prohibición de contraer matrimonios mixtos. 
La Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel, tal como se denomina la legislación segregacionista, prohíbe a los israelíes casados con palestinos de los territorios ocupados vivir con sus cónyuges en Israel. Este hecho les obliga a elegir entre vivir ilegalmente con la familia en Israel o trasladarla a los territorios ocupados en una situación de conflicto bajo la ocupación militar.
A pesar de la excepción de cierta franja etaria, la prohibición procura que esas parejas no alcancen plenos derechos en Israel y a su vez, el aspirar a la unificación de los lazos familiares.
La medida judicial retrotrae a la humanidad a los tiempos del apartheid sudafricano, donde estaba vedado a personas de distinta raza contraer matrimonio con otra de otro grupo racial.
Esta ley del tiempo de Sharon se parece en mucho aquella del supremacismo  sudafricano:  la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos No 55 de 1949, la cual prohibió los matrimonios de blancos con no blancos. Ésta fue seguida por la Ley de Inmoralidad No 21 de 1950 la cual reguló hasta las actividades privadas de los ciudadanos al prohibir la "fornicación ilegal", y "cualquier acto inmoral e indecente" entre una persona blanca y una persona africana, india, o de color.
 Los gobiernos del Kadima o del Likud podrían asimilar también esta última.
Es que, tanto en el régimen de Daniel F. Malan como en el del racismo israelí, el objetivo parece ser el mismo: era restringir el número de oprimidos. En Sudáfrica había que restringir los batunstanes, en Israel a los palestinos sobre todo aquellos que viven en territorio israelí y más específicamente en Jerusalén Oriental, calificados de 'amenaza demográfica' por algunas autoridades israelíes.
Esta resolución colisiona contra toda la normativa humanitaria que se opone a toda forma de racismo o discriminación. Es evidente que por razones de nacionalidad, enmascaradas en la sempiterna cantinela de la "seguridad", se está violentando el art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, así como toda la normativa emanada de Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Explícitamente los mentores de esta legislación remarcaron la selectividad que impone el Estado de Israel. Y con ello conculcando la Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973. Esta convención obliga a los Estados adheridos a adoptar inmediatamente medidas positivas para eliminar toda incitación a esa discriminación o todo acto de discriminación. Israel, hace todo lo contrario. Fomenta la discriminación.
La aplicación de la mencionada ley, ahora con el aval judicial,  hubiera merituado la instrucción ante el Tribunal Penal Internacional, claro está si Israel no hubiera repudiado el Estatuto de Roma.  Si un país como Israel que desarrolla una política de segregacionismo en el marco de la eliminación respecto del pueblo palestino no puede  ser alcanzado por el derecho penal internacional, el mismo -así como la instancia de la Comisión de Derechos Humanos - es pura quimera. 
La comunidad internacional no puede permanecer siempre al margen de esta realidad. No es posible que, las Naciones Unidas mantengan la ominosa posibilidad del veto para los integrantes del Consejo de Seguridad.
Israel, al ser el aliado estratégico del imperialismo estadounidense, puede vulnerar todos y cada uno de los pactos de derechos humanos que está garantizada su inmunidad. Cualquier acción que se sustancie en su contra en el seno de la orbe será obstaculizada por el veto de EE UU. Ni siquiera se formula la posibilidad de aplicar sanciones de cualquier tipo como las que, oportunamente, la humanidad penalizó al sistema sudafricano.
En este mundo unipolar, Estados Unidos sostiene y defiende un estado racista.
Como diría la politóloga francesa Ariane Chebel d'Appollonia el racismo es una de las formas más descarnadas de considerar al "otro" como inferior. 

Fuente: lafogata.org