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Campaña internacional contra el acuerdo pesquero entre UE y Marruecos
El convenio violaría el Derecho Internacional y permitiría a los barcos
europeos pescar en completa ilegalidad en las aguas de Sahara Occidental
Afrol News
El gobierno saharaui ha recordado el parecer jurídico emitido en 2002 por el Secretario adjunto de Temas Jurídicos de las Naciones Unidas, Hans Corell, que estipula que toda explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental constituye una "violación de la legalidad internacional", mientras la descolonización de ese territorio no autónomo no esté acabada a través de la organización de un referéndum de autodeterminación democrático y transparente.
Un equipo de activistas de 19 países de Europa mantiene una campaña
internacional para impedir que la Unión Europea (UE) ratifique su acuerdo de
pesca con Marruecos, estimando que en su estado actual violaría el Derecho
Internacional y permitiría a los barcos europeos pescar en completa ilegalidad
en las aguas de Sáhara Occidental. La UE anunció el jueves su deseo de que el
acuerdo entre en vigor en verano. El gobierno saharaui ha reclamado de la Unión
Europea (UE) que separe las aguas territoriales saharauis de sus acuerdos de
pesca con Rabat, estimando que los recursos naturales del Sahara Occidental
pertenecen a su pueblo aún bajo la dominación colonial marroquí, cuyas riquezas
no pueden ser explotadas por el ocupante, según el Derecho Internacional.
"El gobierno saharaui hace un llamamiento a los gobiernos de la Unión Europea
para hacer que sus pueblos eviten mezclarse en una actividad ilícita e inmoral,
que reconoce la ilegal presencia colonial marroquí en el Sahara Occidental y que
participa en intensificar la inestabilidad en la región", indica un comunicado
del ministerio de Información de la RASD.
España, en cuanto potencia administrativa en virtud del Derecho Internacional,
admitió recientemente que desde su retirada del Sahara Occidental en 1976 hasta
el presente "no ha habido disposiciones jurídicas sobre el estatuto jurídico de
las aguas" del territorio. Destacar que de las 119 licencias solicitadas al
menos 95 irían destinadas a buques españoles.
El gobierno saharaui ha recordado el parecer jurídico emitido en 2002 por el
Secretario adjunto de Temas Jurídicos de las Naciones Unidas, Hans Corell, que
estipula que toda explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental
constituye una "violación de la legalidad internacional", mientras la
descolonización de ese territorio no autónomo no esté acabada a través de la
organización de un referéndum de autodeterminación democrático y transparente.
Para el ejecutivo saharaui, el territorio "sigue estando bajo la responsabilidad
de la ONU" y "ningún país reconoce a Marruecos ningún tipo de soberanía sobre el
Sahara Occidental", recordando que Estados Unidos "separó claramente al país de
los Acuerdos de Libre Cambio con Rabat".
La UE está dividida sobre la situación jurídica de las aguas territoriales del
Sahara Occidental, ocupado militarmente por Marruecos, y los pescadores
comunitarios deberán esperar a que los servicios jurídicos del Consejo de la
Unión se pronuncien el próximo jueves sobre la legalidad o no del acuerdo de
pesca firmado con Marruecos.
El comisario europeo de Pesca, Joe Borg, anunció que el nuevo acuerdo pesquero
firmado entre la Unión Europea y Marruecos entrará en vigor el próximo verano y
no en mayo, como se ha hablado en las últimas semanas. El acuerdo debe ser
aprobado por el Consejo de Ministros de la UE y examinado también por el
Parlamento Europeo, recordó Borg.
La campaña "Pescad en otra parte" pide a los cargos del Parlamento Europeo y a
los Estados miembros de la UE que "prohíban expresamente toda pesca hecha por
barcos europeos en las aguas del Sahara Occidental".
Nick Dearden, director de campaña por la asociación británica War on Want,
denunció que "el mismo año en que el pueblo saharaui conmemora los 30 años que
ha pasado en campamentos de refugiados, la UE firma un acuerdo de pesca que
permitirá a países europeos aprovecharse de su miseria. Pedimos a la UE que
enmiende ese acuerdo, que en el estado actual está en completa contradicción con
la política y los principios de la UE y de sus Estados miembros".