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Desalojos, represiones y detención de campesinos sin tierras es el resultado de una nueva acción en la escalada de violencia policial en tres departamentos de Paraguay. Mientras que las estadísticas oficiales señalan que más del 80 por ciento del territorio está en manos de menos del 10 por ciento de la población, grupos policiaco-militares expulsan de sus tierras a labriegos. La extensión del latifundio y de la frontera sojera se señala como motivo de desalojo. Ayer, se realizaron distintas movilizaciones para repudiar las políticas de Estado que lleva a cabo en su gestión el presidente Nicanor Duarte Frutos.
En el distrito de Guayayby, en el norteño departamento de San Pedro, en la madrugada del 9 de agosto, la fiscal Lilia Ruíz, junto con una delegación de 150 policías antimotines, allanó en forma violenta el Asentamiento Paraguay Pyahu (Nuevo Paraguay), al tiempo que detuvieron a Richard Almada y Antonio Escalante, este último herido de bala.
Además, destrozaron las precarias viviendas de un asentamiento en una propiedad de 1010 hectáreas, reclamadas por el supuesto propietario, Calixto Saguier. Sin embargo, esta ocupación lleva ya cinco años.
La fiscal justificó el procedimiento al señalar que los campesinos del asentamiento se dedican al cultivo de marihuana y que existen cerca de 50 órdenes de captura contra los ocupantes (Diario Última Hora, 11/08/06).
Por otra parte, en el distrito de Yuty, departamento de Caazapá, centenares de policías y cascos azules (antimotines) desalojaron a 200 familias de una tierra de 5000 hectáreas sin título. Estas tierras, según señaló la denuncia de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), son trabajadas por brasileños, quienes destruyen las reservas boscosas y el cauce de agua potable.
En dicha denuncia además se advierte que "los compañeros/as están acampados en los costados de la propiedad, bajo amenaza de de ser detenidos y desalojados de la vía pública". Del mismo modo se afirma que cortan carreteras y ocupan latifundios improductivos para reclamar al gobierno el cumplimiento de sus promesas de distribución de tierras y la concreción de la Reforma Agraria.
Además, en el Asentamiento Limoy II, del distrito de San Alberto, departamento de Alto Paraná, sojeros brasileños -acompañados de paramilitares armados- atropellaron a los asentados para despojarlos de las tierras recuperadas y darlas a los empresarios sojeros. Estas y otras acciones criminales son custodiadas por policías y militares, comandados por el jefe militar Domingo Martínez.
De acuerdo a los datos, dichas tierras fueron vendidas en forma ilegal por funcionarios del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) a empresarios sojeros, en su mayoría brasileños. Las mismas estaban destinadas para los campesinos paraguayos beneficiados dentro de la Reforma Agraria.
Uno de los objetivos del INDERT es el desarrollo económico y social de la población campesina, promoviendo el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando su tenencia. Sin embargo, los propios funcionarios de la institución comercializan grandes extensiones de tierras a través de documentos apócrifos.
El bajo precio de la tierra en Paraguay en relación con otros países de la región ha sido uno de los factores que atrajo a productores brasileños del sector agrícola y ganadero durante los últimos años. Estos empresarios realizaron compras masivas de pequeñas parcelas en asentamientos campesinos de los departamentos fronterizos y otros, como Caaguazú y Caazapá. Con el transcurrir del tiempo, adquirieron más parcelas y las adhirieron a las primeras. Formaron así grandes propiedades cuyo suelo sería destinado fundamentalmente a la plantación de soja. Las consecuencias que ocasiona la extensión de este modelo productivo para el sector campesino son ampliamente conocidas. Además, no sólo afectan las áreas rurales, sino que, al expulsar a los campesinos del campo, los problemas también se agudizan en los centros urbanos.
Desde hace más de un año, las organizaciones de labriegos entregaron al presidente Nicanor Duarte Frutos un programa de expropiaciones de fincas ociosas en manos de latifundistas extranjeros, pero no han recibido ninguna respuesta.
El líder campesino Rafael Luis Aguayo, titular de MCNOC, indicó que en estos momentos hay 300 mil familias sin tierra propia, que viven "con un futuro incierto". De hecho, las estadísticas oficiales señalan que en Paraguay más del 80 por ciento de las tierras están en manos de menos de 10 por ciento de la población.
Militarización en el área rural
La militarización en el campo se agravó desde el 2003, año en que fue emitido el Decreto 167 que autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con la Policía Nacional.
Así lo menciona en su Informe la Misión Internacional de Observación, que visitó el campo paraguayo entre el 15 y 20 de julio de 2006 y cuyo objetivo era verificar la situación del pueblo a partir de la Ley 2594, que otorga inmunidad a los efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Esta misión tenía como objetivo verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y civiles, así como observar la escalada general de militarización.
El informe menciona denuncias sobre ocupación militar de tierras y locales de las organizaciones campesinas, como en el caso de la Organización Campesina de Desarrollo Comunitario del Guaira (OCDCG), en Paso Yobai, en que el asentamiento "8 de Diciembre" sufrió un allanamiento por parte del ejército y la toma del local de la organización, incautando sus bienes y medios de comunicación y haciendo huir a su dirigente, Isidoro Paredes. Esta situación data del año 2004 y se mantiene hasta la fecha.
Las denuncias competen a la actuación de los cuerpos de seguridad constitucionales (ejército y policía) y a los Consejos de Seguridad Ciudadana, creados recientemente por el Ministerio del Interior y que son cuerpos combinados policíaco-militares. Son estos grupos los señalados como autores de las represiones, desalojos, violaciones e incluso asesinatos de dirigentes y miembros de las organizaciones campesinas.
En Yvy Yau, la Misión tuvo informe de la desaparición forzada del periodista Enrique Galeano, de 49 muertos y varios desaparecidos en los últimos dos años.
En San Pedro de Paraná, departamento de Itapúa, se denuncia la presencia de un destacamento militar en medio de cuatro asentamientos campesinos que fueron despojados de 5 Has. con el propósito de construir la sede del destacamento. Además de intimidar a la población campesina, los militares realizan actividades de fragmentación comunitaria y proselitismo político al plantear a las comunidades que ellos pueden gestionarles sus reivindicaciones sin necesidad de llevar a cabo acciones de protesta y con mayor celeridad que las organizaciones sociales que los representan.
La extensión del latifundio y de la frontera sojera se señala como motivo del desalojo de los campesinos. Según fue reiteradamente denunciado, los empresarios sojeros se valen de una empresa denominada Guardias Rurales S. A. para realizar las expulsiones y apoderarse de las tierras campesinas, a tal punto que se habla de "zonas liberadas" donde las fuerzas del Estado no intervienen. Esto fue denunciado por todas las organizaciones campesinas que fueron entrevistadas.
Junto a los desalojos y asesinatos vinculados a la extensión de la frontera sojera, se reporta una alta incidencia de morbilidad derivada del uso masivo de agrotóxicos y signos visibles de enfermedad. Se tiene registro de muertes por los agrotóxicos y de casos de hidrocefalia.
Marchas campesinas en 10 departamentos
La Coordinación Nacional "Por un país para la mayoría" organizó ayer, martes 15 de agosto, una marcha simultánea en 10 departamentos. La protesta fue en repudio a las políticas contrarias a los intereses nacionales implementadas por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Las movilizaciones se acompañaron de debates en Asunción, Concepción, Caaguazú, Canindeyú, Guairá, Itapúa, Misiones, Caazapá y Ñeembucú.
La Coordinación está integrada por la Federación Nacional Campesina (FNC), el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pyahurâ (MPRPP), la Corriente Sindical Clasista (CSC), Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares-Movimiento Sin Techo (CONOP-MST), el Departamento Mujer y Asambleas Populares de Paraguay Pyahurâ.           

Fuente: lafogata.org