Si no por un fraude cibernético o a la manera tradicional en las casillas, el
país estaría ante una elección de estado en la que, desde meses antes de la
votación y acentuadas en los últimos días de las campañas, el gobierno de
Vicente Fox, su partido Acción Nacional y una serie de fuerzas económicas y
políticas desplegaron acciones de todo género para impedir el arribo del
centroizquierdista Manuel López Obrador, cuya alianza con los partidos del
Trabajo y Convergencia Democrática enfrenta ahora a la maquinaria
mediático-oficial dispuesta a hacer valer el triunfo del candidato oficial
Felipe Calderón en un proceso inesperadamente inacabado cuyo desenlace puede
resultar en una profunda división política en el país.
El compás de espera impuesto por el Instituto Federal Electoral (IFE) al
posponer el anuncio de las tendencias preliminares de los sufragios emitidos en
300 distritos electorales el domingo pasado, plantea la inminencia de la
impugnación de de la elección por parte de la coalición de Andrés Manuel López
Obrador ante las instancias calificadoras de los comicios y con ello un proceso
cuyas consecuencias serán un conflicto poselectoral -- impugnaciones previstas
por parte de los proclamados perdedores en tribunales y hasta amenazas de
violencia.
El dato de cerca de 14 millones de votos para cada uno de los dos primeros
lugares sugeriría, por una parte, la ominosa derechización de una porción
importante de la sociedad mexicana y por la otra la imposibilidad de los
elementos de un espectro de centro izquierda para mostrar a plenitud la
perspectiva de cambio de una política que por espacio de cuatro sexenios ha
acentuado la desigualdad económica y la miseria y ha entregado al capital
extranjero valiosos recursos que pertenecen a la nación.
El no resultado desde las primeras horas después de la elección alienta asimismo
las críticas al sistema electoral mexicano y hacia la parcialidad de las
autoridades supuestamente encargadas de registrar y sancionar evidentes delitos
electorales que se dieron en los meses y semanas previos a la elección. En
el empeño de "pluralidad" extensa de un nuevo concepto de la democracia y en la
complacencia para satisfacer intereses de grupo o de caudillaje corporativo, se
ha dado la proliferación de partidos carentes de una verdadera base política y
cuya presencia contribuye -ahora se ve-a empañar más que a clarificar el saldo
de la contienda.
Si, como observadores políticos y expertos en procesos electorales coinciden en
señalar, debe descartarse el fraude cibernético y en las urnas por los métodos
clásicos del pasado, no ocurre así con las evidencias de inducción al voto y de
múltiples delitos electorales cometidos por el aparato oficial y el propio PAN
desde meses antes de la votación y que se intensificaron en los últimos días
ante la pasividad sospechosa de las autoridades encargadas de registrarlos y
sancionarlos, concretamente el Instituto Federal Electoral y la Fiscalía
Especial para Delitos Electorales.
El gobierno y el PAN recurrieron a todo: al intento de desafuero del candidato
del PRD siguió una larga lista de acciones para impedir su llegada a la
presidencia. Entre las últimas: acusaciones sin fundamento por un supuesto
fraude a un hermano de Andrés Manuel López Obrador y al candidato del PRI a la
gubernatura de Jalisco; violación de la página en internet del candidato del PRD,
reactivada por hackers para introducir una carta apócrifa que de ser cierta
habría violado la suspensión de toda manifestación de proselitismo en los días
previos a la elección e invitado a sus seguidores a no aceptar la derrota en los
comicios; una campaña de inducción del voto en favor de Acción Nacional mediante
llamadas telefónicas para las cuales se hizo uso de datos del padrón electoral
que el PAN obtuvo con la complicidad de funcionarios del Instituto Federal
Electoral y, por supuesto, el discurso permanente del presidente Vicente Fox en
favor de la continuidad de su política de gobierno y de alerta a los ciudadanos
respecto al "peligro" de votar por el "populismo" de López Obrador.
La campaña para sumar votos a Felipe Calderón buscó golpear por igual al PRD y
al PRI. Uno de los últimos intentos por allegar votos al aspirante Felipe
Calderón fue la intempestiva resolución que abrió la detención domiciliaria del
ex presidente de la República Luis Echeverría, en la fase final de un proceso
que, según se preveía los medios judiciales, debió concluir con el rechazo a la
acusación de genocidio en los sucesos del 2 de octubre de 1968 y en todo caso
con un fallo en el que se considerara que el entonces secretario de Gobernación
no fue el responsable de la participación del ejército. Pero al parecer el
Magistrado Máttar tenía un proyecto de recambio para lo que se ofreciera, o bien
preparó uno de emergencia. Lo cierto es que, de acuerdo con testimonios
del personal del Segundo Tribunal Unitario, el miércoles por la noche y el
jueves durante todo el día se trabajó ahí a marchas forzadas para integrar la
resolución finalmente entregada a la Fiscalía de Carrillo Prieto. Sea que
el magistrado hubiera dispuesto de un "plan B" o que haya preparado una
resolución de última hora, es fácil imaginar las razones del cambio, similares a
otras en las que fallos judiciales discutibles se han inclinado hacia los
intereses del poder.
En el compás de espera, la relación de fuerzas entre el Ejecutivo y el
Legislativo que se espera del resultado de las elecciones, con el PAN como la
primera mayoría pero con una oposición adversa y resentida, no augura ni
garantiza una situación de gobernabilidad ni será signo de un verdadero avance
democrático para el país.
