Latinoamérica
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Movimiento campesino y protesta poselectoral
Víctor M. Quintana S.
Para el movimiento campesino mexicano esta puede ser la última llamada. Y no
porque uno desconfíe de la enorme capacidad de resistencia de los hombres y de
las mujeres del campo, sino porque tal vez no pueda haber otra oportunidad para
llevar adelante un proyecto que les permita avanzar estratégicamente y
consolidarse en lo productivo, en lo económico, en lo social y en lo político,
más allá de las tácticas individuales o familiares de sobrevivencia.
Sumarse a la demanda por limpiar las elecciones presidenciales, por impugnar el
amañado triunfo del candidato del PAN, significa dos cosas fundamentales para
las organizaciones campesinas. La primera, fortalecer el vasto movimiento
ciudadano que lucha por que la democracia avance y se mantenga viva en este
país. La segunda, detener el proyecto privatizador, elitista y excluyente que se
ha impuesto en el medio rural desde 1982 y que Vicente Fox ha proseguido con
extrema diligencia, y que Felipe Calderón seguirá imponiendo como parte del
proyecto del poder económico trasnacional del que es portador.
Durante el sexenio que termina, el movimiento campesino logró unirse y
arrancarle al gobierno federal el Acuerdo Nacional para el Campo, en abril de
2003. Sin embargo, el gobierno de Fox ha logrado sustraerse a los compromisos
fundamentales de este pacto porque el movimiento campesino bajó la guardia y se
dividió. Y lo mismo haría Felipe, de llegar al poder, con unas organizaciones
campesinas divididas, pasivas o pasmadas.
Porque con Acuerdo Nacional por el Campo, sin él o contra él, los resultados de
la política agropecuaria foxista son muy evidentes.
Estancamiento productivo: entre 2000 y 2005 el PIB del sector agropecuario
creció sólo 1.5 por ciento en promedio contra un 2.6 por ciento de la economía
en general, y en el año anterior tuvo un decrecimiento de 1.5 por ciento.
Agravamiento de la dependencia alimentaria: en 2005 las importaciones de
productos agroalimentarios representaron 40 por ciento del consumo total, contra
15 por ciento en 1982 y 20 por ciento en 2004 (datos del Centro de Estudios para
el Desarrollo Rural Sustentable de la Cámara de Diputados). Las importaciones
agroalimentarias durante los primeros cinco años del foxismo fueron 52 por
ciento mayores que las de un periodo similar con Ernesto Zedillo.
Destrucción de empleos rurales: más de 2 millones en lo que va de vigencia del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin que los dos secretarios de
agricultura foxistas hayan intentado detenerla.
A esto habría que añadir el manejo sectario de las dependencias del sector
agropecuario: los apoyos preferenciales a los grandes productores del ramo y a
las empresas trasnacionales. La extrema burocratización de programas como el
Procampo y el uso de las gestiones de algunos legisladores del blanquiazul
como único medio para que algunos productores accedan a los apoyos oficiales, a
cambio de sus apoyos electorales al partido en el poder.
Ante esta situación, las organizaciones campesinas más importantes, salvo la CNC,
y dada la apertura mostrada por Andrés Manuel López Obrador, lograron que éste
signara con ellas el 10 de abril pasado, el documento Un Nuevo Pacto Nacional
para un Futuro Mejor para el Campo y la Nación. Se trata de un verdadero
proyecto alternativo para una sociedad rural más justa y sustentable, basado en
25 compromisos de política concretos, evaluables y exigibles. Una especie de
Acuerdo Nacional para el Campo Plus, para que gobierno y movimiento campesino
reactiven el campo bajo nuevas premisas. Fue firmado con convencimiento y sin
regateos por López Obrador, y marca la orientación básica que seguirá su
gobierno en la materia.
Si se consuma el fraude que lleve a Calderón a la Presidencia, el medio rural
seguirá siendo el espacio de la catástrofe económica, social y ambiental para
los más y el paraíso para unos cuantos agroexportadores. Por eso es importante
que el movimiento campesino se reactive teniendo como eje inmediato la demanda
por limpiar las elecciones presidenciales. Una demanda que lo vuelva a
aglutinar, haciéndolo converger en la unidad de acción, sin subordinarse a
ningún partido, pero sí coordinándose con ese amplio movimiento ciudadano que ha
venido emergiendo por todo el país.
Tomar las calles, las carreteras y los puentes, otra vez, en aras de la
democracia electoral no sólo hará que el movimiento campesino contribuya con lo
que debe a la democratización de este país. También redundará en su
fortalecimiento como actor político, en la capacidad de exigirle al nuevo
gobierno que se comprometa con el proyecto rural que las campesinas y los
campesinos han construido para el bien de todos.