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La segunda gran metida de pata de los ayatolás de la impunidad revela un estado de desesperación que impide aprender de los tropezones. La decisión de un magistrado de conceder la extradición a Chile de tres oficiales involucrados en el secuestro y asesinato del ex agente de la DINA Eugenio Berríos desencadenó una andanada de críticas e improperios contra el gobierno, un patotero intento de provocar temor sobre quienes debían concretar la medida. La decisión de la Presidencia de adelantar el viaje de los extraditables cortó de raíz la asonada. La respuesta debió ser tomada como una advertencia de que el recurso de los ponchazos no funciona. Fue, como quien dice, un tiro por la culata.
Ahora, los mismos que desde las asambleas del Círculo y el Centro Militar capitanearon el vocerío, repitieron el recurso ante la detención de otros seis oficiales (José Gavazzo, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama) reclamados por el juez federal argentino Guillermo Montenegro, dispuesto a juzgarlos por el secuestro, desaparición y asesinato de María Claudia García de Gelman y otra multitud de crímenes cometidos en Argentina bajo el paraguas del Plan Cóndor.
El nuevo improperio tomó la forma de una pomposa carta abierta a los poderes del Estado y a la opinión pública, cuyas consecuencias no meditaron sus firmantes, los tenientes generales Gregorio Álvarez, Guillermo de Nava, Juan Curutchet, Fernán Amado, Carlos Daners, Carlos Berois, Juan Rebollo, Raúl Mermot, Juan Geymonat y Santiago Pomoli.
La "carta de los comandantes" fue, para usar la frase célebre de otro connotado militar, como llegar al borde del abismo y dar un paso al frente. Desde el fondo del abismo surgió, como en las inefables picadas del coyote que persigue al correcaminos, una silenciosa nubecita de polvo, más elocuente que cualquier estrépito. Sus efectos fueron demoledores: una decisiva contribución al desmoronamiento de la caducidad, un impulso significativo a la corriente que propugna la anulación de la ley, y un relevo de pruebas, por la vía de la confesión, para confirmar la responsabilidad institucional en los crímenes de la dictadura. Los diez comandantes quedaron inermes a las puertas de los juzgados y expuestos a un nuevo pedido de extradición si el juez Montenegro accede a la solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Néstor Kirchner, que actuó con celeridad no bien se difundió, el jueves 18, el texto de la misiva.
El pasaje capital de la carta está comprendido en su párrafo final: "Quienes suscriben la presente declaran que comparten y asumen plenamente las responsabilidades institucionales y sus eventuales consecuencias, por los actos del servicio cumplidos por los integrantes del Ejército, como un compromiso solidario e intransferible". Más arriba, los firmantes afirmaban que "en diferentes momentos hemos ejercido la conducción de la fuerza manteniendo unidad de criterio en lo referente a su esencia, honor, valores y tradición. Esta valoración incluyó la defensa de sus integrantes, a quienes se atribuían violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Sustentaba esta posición, el principio de que aquellos que actuaron en cumplimiento de órdenes de su mando y más aun en esta especial situación, lo hacían bajo la responsabilidad de la propia fuerza, en la persona de su comandante".
Dos aseveraciones fueron particularmente irritantes, incluso para aquellos que defienden la ley de caducidad aprobada para soslayar el desacato de los mandos a las decisiones dictadas por la justicia ordinaria, que implicaba el interrogatorio en los juzgados de algunos de los oficiales que hoy enfrentan la extradición a Argentina. Una se refiere a la actitud de "solidaridad" con los seis militares presos que motivó el pronunciamiento; y otra al escaso éxito de los objetivos de la ley de caducidad cuyo espíritu, afirman, ha sido tergiversado por la interpretación que el actual gobierno hace de sus alcances. Las críticas de los ex comandantes al gobierno hicieron hincapié en la actitud asumida ante los pedidos de extradición, que a su juicio viola "el criterio ancestral de que los problemas de los uruguayos se arreglan entre los uruguayos". Esperanzados de que asumiendo la responsabilidad institucional que recae en el mando superior, en virtud del principio de autoridad y subordinación, se podían revertir las extradiciones, los firmantes cometieron una imprudencia que sustentó la iniciativa del gobierno argentino de reclamarlos a ellos, además de a sus subordinados, ante los magistrados de la otra orilla: "Se refuerza entonces nuestra convicción en el sentido de que si es responsable el Ejército y su mando por hechos del servicio o como consecuencia del mismo, cumplidos en el país, ello vale con mayor énfasis para lo que eventualmente sea fuera de él", afirmaron.

El pez por la boca

Apostando a que podía prevalecer el criterio de la ley de caducidad, que perdona genéricamente sin saber a quién y por qué, los ex comandantes dieron por sentado que la admisión de la responsabilidad en tanto mandos superiores podría también quedar en ese limbo genérico que elude las consecuencias concretas. Pero no fue así, y se les reclamó a los firmantes que especificaran los hechos concretos que asumían en su declaración. En un principio la respuesta fue: "Todos". Pero en las primeras de cambio recularon. ¿La responsabilidad institucional incluye el asesinato de María Claudia García? La respuesta de Mermot fue sugerente: "¿A quién se le puede ocurrir que un comandante pudiera ordenar tales actos?" (El Espectador, jueves 18). Entonces habrá que preguntar uno por uno, en todos los casos, para saber el alcance exacto de esa responsabilidad asumida. ¿Incluye los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la desaparición de Julio Castro, el martirio de Gerardo Gatti?, y así hasta completar la lista de los crímenes.
Por lo pronto, la confesión de la responsabilidad, episodio en el que hasta ahora ningún juez uruguayo consideró del caso actuar de oficio, impulsó al abogado Pablo Chargoñia, que actúa en las demandas a instancias del PIT-CNT, a solicitar del juez Luis Charles el interrogatorio al Goyo Álvarez en la investigación que se sustancia por la desaparición de Washington Barrios, ocurrida en Argentina en setiembre de 1974. Álvarez, el único de los diez firmantes que ejerció la comandancia del Ejército durante la dictadura, será cartón ligador. Pero en el caso de Barrios, precedido por los asesinatos en Montevideo de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanich, está implicado otro de los firmantes, el teniente general Rebollo. Y si, como instala la confesión de responsabilidad institucional, la premisa es que los actos de los subordinados están sujetos a la obediencia debida, Rebollo no escaparía a su responsabilidad por el secuestro y asesinato de Berríos, ocurrido en 1993 cuando ejercía la comandancia del Ejército.
Revulsiva en más de un sentido, la "carta de los comandantes" fue unánimemente rechazada, aunque por motivos diferentes. El ex ministro de Defensa de Sanguinetti, Yamandú Fau, dijo, crípticamente, que le parecía "algo muy raro". El senador Francisco Gallinal, líder de Correntada Wilsonista, calificó la carta de "valentonada inadmisible. Ellos siguen complicando la situación. El Ejército no es el responsable de la dictadura. Los responsables son los que usurparon el nombre del Ejército para dar el golpe de Estado". El senador Jorge Larrañaga, en un acto del Partido Nacional en homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz, condenó a los firmantes de la carta, retrucando unas afirmaciones de Álvarez: "Cayeron en el desprecio de la sociedad que no los recordará más que por lo que significan sus crímenes y atrocidades". Álvarez, preguntado sobre si la confesión de responsabilidad implicaba un pedido de perdón, afirmó: "Prefiero caer de espaldas antes que caer de rodillas". El general retirado Óscar Pereira, al que un tribunal de honor degradó por haber sostenido, hace dos años, la responsabilidad institucional del Ejército en los crímenes cometidos durante la dictadura, se tomó su revancha: "(Álvarez) se olvidó de una cosa, porque el que huye siempre cae boca abajo y quizás ese sea su destino final". Reivindicado por el presidente Vázquez, que revocó la sanción, el general Pereira fue más allá: "La ley de caducidad legalizó la delincuencia militar".

La creciente demanda de anulación

Nudo gordiano, la anulación de la ley incorpora nuevos pronunciamientos detonados por la carta abierta y por la impresionante marcha popular del sábado 20 que, al cumplirse los 30 años de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, hizo retumbar el silencioso reclamo de verdad y justicia de 75 mil personas.
Luego de esta manifestación, el ministro José Mujica no dudó en admitir que la propuesta de anulación tiene cada vez más respaldo popular. Reconoció que "se está camino a la derogación", aunque advirtió que "la gente no debe pensar que por la derogación de la ley se llegará a hacer justicia". Matilde Rodríguez, viuda de Gutiérrez Ruiz, se pronunció por la anulación o la derogación, pero estimó que es necesario hacerlo por la vía de un plebiscito popular. Zelmar Michelini, hijo, propuso la anulación por vía parlamentaria, pero con una instancia de habilitación de consulta popular para que puedan expresarse quienes se inclinan por mantenerla vigente. Voceros del gobierno, en tanto, han reiterado que la derogación o la anulación no están en los planes de la actual administración, cuya posición de mantenimiento de la ley fue definida en la campaña electoral. Pero el ministro de Cultura, Jorge Brovetto, aceptó como válida la posibilidad de impulsar un plebiscito.
Un paso más allá de los pronunciamientos será dado por el PIT-CNT el próximo 19 de junio, que iniciará su campaña por la anulación en un acto en la ciudad de Paysandú. La central sindical estima que la mejor vía es la sanción de una ley anulatoria en el Parlamento; pero si tal solución no prospera se iniciará la recolección de firmas para habilitar un plebiscito. .   
 
Fuente: lafogata.org