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No se puede perder la memoria
Gustavo Espinoza m. (*)
Hemos asistido recientemente a los actos programados en recuerdo de las víctimas
de la horrenda matanza de los Penales -emblemático caso de genocidio- ocurrida
en el Perú hace veinte años, el 19 de junio de 1986, mientras en la ciudad
sesionaban solemnemente los representantes de la Internacional Socialista,
ligada al gobierno de entonces.
Los recordatorios han tenido lugar en una circunstancia especial y sorprendente.
Ocurre, como lo recordó emotivamente el sacerdote en su Homilía, que quien
ordenó la matanza, es hoy nuevamente Presidente de la República; y quien la
ejecutó -el Almirante Luis Giampietri- es su vice Presidente.
En estas circunstancias, los que murieron aquella vez atravesados por los obuses
y la metralla, volvieron a morir. Quizá también por eso los han recordado los
suyos con un profundo dolor, convencidos, sin duda de que la memoria es lo
único que no se puede perder.
Las matanzas consumadas en esa fecha en la Colonia Penal de El Frontón - isla
situada frente al puerto del Callao a la que se conoce también como "la isla del
diablo"-; y en el CRAS de San Pedro de Lurigancho -un penal ubicado a 9
kilómetros del centro de la ciudad- reunieron todos los requisitos de
premeditación, ensañamiento, alevosía y ventaja, que sólo un Estado Terrorista
en la cúspide de su desenfreno, puede administrar.
Pese a que han transcurrido ya veinte años de los luctuosos sucesos, las
autoridades no han entregado los cuerpos de los muertos. Tampoco han revelado el
lugar verdadero de sus tumbas. Los pocos huesos que han sido hallados, no han
sido sometidos a pericias elementales por médicos forenses, para saber siquiera
si pertenecen realmente a quienes perecieron en tan aciaga circunstancia.
Hay que recordar, para horror del mundo que en el marco de este genocidio, en el
CRAS de San Pedro -en el Pabellón Industrial- a más de una veintena de presos
que cayeron abatidos en el ataque formal de las fuerzas especiales que operaron
en la acción, se sumaron las vidas de 124 presos que fueron ejecutados luego,
uno por uno, y con disparos en la nuca, cuando ya se habían rendido.
Y en El Frontón, 128 reclusos perecieron al ser bombardeado el Pabellón Azul
por la Marina de Guerra, que después remató a casi todos los sobrevivientes.
Algunos -muy pocos- alcanzaron a vivir para contar la historia.
Todo eso ocurrió ante el estupor del mundo en base a un así llamado "Amparo
Legal". El gobierno de entonces, jefacturado por el Dr. Alan García Pérez dictó
para ese efecto el Decreto Supremo 06-96 MJ que declaró los centros
penitenciarios "Zona Militar Restringida" para impedir el acceso a ellos de
medios de prensa, abogados defensores, parlamentarios, o funcionarios civiles;
salvo por cierto, de las autoridades del oficialismo que en la coyuntura
"coordinaron" la ejecución de la orden, como sucedió con Agustín Mantilla
Campos, Vice Ministro del Interior de entonces.
Aunque brillaron por su ausencia los líderes de la "izquierda oficial", -ya
acabó la campaña electoral-, familiares de los difuntos, defensores de los
derechos humanos, sacerdotes comprometidos con esa causa y algunas personas con
memoria, estuvimos unidos en esa dolorosa circunstancia que puede repetirse en
nuestro país porque sus autores tendrán pronto entre sus manos nuevamente los
resortes del Poder (fin)
(*) Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
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