El terrorismo de Estado continúa impune 30 años después. Al amparo del pacto del
Club Naval primero, de la sanción de la Ley de Impunidad después, de la negativa
a investigar por parte de los sucesivos gobiernos blancos y colorados, y del
fraude de la llamada "Comisión para la Paz", mas tarde. "Comisión para la Paz"
que expresaba el "estado del alma" de Jorge Batlle, pero también de Gonzalo
Fernández representante del propio Tabaré Vázquez, por entonces presidente del
Frente Amplio. La mayoría de las direcciones frenteamplistas le dieron su apoyo.
Una "Comisión para la Paz" cuyas conclusiones mentirosas sirvieron, por ejemplo,
para liberar a Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura, comprometido en el
asesinato de Elena Quinteros, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William
Whitelaw y Rosario Barredo. Un Juan Carlos Blanco, pieza clave de la siniestra
Operación Cóndor, coordinación criminal de los regímenes dictatoriales del Cono
Sur. Algunos de sus integrantes están requeridos hoy por la justicia argentina,
como resultado de la anulación en ese país de las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida.
A más de un año de instalado el gobierno "progresista", la impunidad se
mantiene. Al amparo de una "política de derechos humanos" que se ha planteado
como objetivo "dar vuelta la pagina" y "reconciliar a las Fuerzas Armadas con la
sociedad". Para ello se ha propuesto, con poco éxito, resolver algunos casos
paradigmáticos, con mucha prensa, como el caso Gelman, encontrar algunos restos
de desaparecidos, y convertir, por la vía de dichos hallazgos, en delitos
prescriptibles de homicidio, lo que era, hasta ese momento delitos
imprescriptibles como el de desaparición forzada. El trabajo sucio en este
aspecto - sugiriendo la aplicación de la prescripción a delitos considerados de
lesa humanidad por los organismos internacionales de DDHH - le ha correspondido,
una vez más, al vocacional Gonzalo Fernández, pero habría que ser muy ingenuo
para pensar que es una línea personal de quien es nada menos que secretario de
la presidencia de la República.
El gobierno (y la justicia) mantiene libres y en sus cargos a reconocidos
represores, como el propio comandante de la Fuerza Aérea, quien confesó
públicamente haber participado como piloto, en los vuelos de la muerte. O mira
para otro lado cuando los gorilas golpistas encabezados por el Goyo Álvarez, con
en el documento hecho público en "el día del ejército". Apenas en el haber, la
concesión de las extradiciones a Chile y el anuncio (por ahora solo eso), de las
extradiciones a Argentina. En los dos casos, resultado de iniciativas judiciales
de otros países.
La "política de derechos humanos" del gobierno Tabaré Vázquez se acompaña de una
intoxicación mediática, de una verdadera operación de "marketing". En donde
juegan un papel decisivo los actuales dirigentes del MLN -Tupamaros. Ellos se
han convertido en los más fervientes escuderos de la "teoría de los dos
demonios", convalidando así las torturas, las violaciones, los asesinatos de sus
propios compañeros y de los compañeros de otros, en términos de una especie de
"honor militar". Convalidando también las tesis que pretenden, de parte de
quienes formaron parte del régimen dictatorial y de las clases dominantes,
justificar la represión en términos de una guerra entre iguales. Una guerra en
la que - lejos de las resoluciones de las Convenciones de Ginebra y cerca del
genocidio yanqui en Irak - todo está permitido.
Obviamente, este trabajo de demolición de la memoria colectiva e histórica, que
hacen los exguerrileros convertidos a la "razón de Estado", ha tenido una piedra
fundamental: a poco de asumir la presidencia, el propio Tabaré Vázquez sentenció
que respecto "a los hechos de la dictadura"…."todos somos culpables".
En este contexto, la "inserción de las Fuerzas Armadas" y su "modernización
doctrinaria" hacen parte de las orientaciones sobre "seguridad hemisférica" que
vienen del Pentágono. De allí el seminario sobre Defensa Nacional realizado en
la Intendencia Municipal de Montevideo. De allí la coincidencia entre los
"especialistas" militares y de los "tres presidentes" (Sanguinetti, Lacalle,
Vázquez), en cuanto al diseño represivo del aparato militar y la justificación
tanto de su existencia como el perfeccionamiento "profesional" de las Fuerzas
Armadas. (ver Agenda Radical Nº 233, 16 de mayo 2006). Nada nuevo bajo el sol.
Ahora con la coartada de la estrategia "contra el terrorismo", las Fuerzas
Armadas continuarán siendo el núcleo duro del Estado y último recurso de las
clases dominantes y el imperialismo para, cuando sea necesario, aplastar al
movimiento popular.
¿Cuáles propuestas desde la izquierda y los movimientos sociales?
La lucha incansable y consecuente de los familiares y organizaciones de derechos
humanos, los pronunciamientos, movilizaciones y escraches de movimientos
sociales y organizaciones de la izquierda radical, han logrado mantener viva la
lucha contra la impunidad. Consiguiendo que torturadores y asesinos empiecen a
recorrer los juzgados y verse enfrentados a sus víctimas de ayer.
La colosal manifestación de la "Marcha del Silencio" el pasado 20 de mayo,
confirma la existencia de una masiva conciencia democrática. Las 75 mil personas
en la calle, refuerzan la lucha por Memoria, Verdad, Justicia, Castigo a los
Culpables. El "Basta de Impunidad" de la consigna, alimentan una perspectiva de
lucha y de nuevas respuestas y alternativas. En tal sentido, es que desde Agenda
Radical, planteamos algunas pistas que pueden incorporarse a una plataforma y a
una campaña popular que:
1) Apunte al desmantelamiento del aparato represivo. Es decir, a bloquear la
intención de reclicar a las fuerzas militares para convertirlas en instrumentos
represivos "más eficaces", y contraponerle una lucha sistemática por la
disolución de las Fuerzas Armadas. Sobre la base de que acciones concretas y
sobre cuales mecanismos, es necesario un debate, un acercamiento, un intercambio
de ideas entre las diversas organizaciones sociales y políticas que compartan
ese objetivo;
2) Con respecto a la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado, de los
crímenes de la dictadura, el objetivo debe ser Juicio y Castigo. Se trata de
investigar, juzgar y castigar aplicando y respetando las convenciones
internacionales en la materia. Dichas convenciones internacionales han sido
ratificadas por nuestro país y sistemáticamente ignoradas, incluso por este
gobierno "progresista"..
3) Para ello, es necesario y urgente Anular la Ley de Impunidad, construyendo un
amplio movimiento (y de alianzas) que permita luchar por su anulación,
derogación retroactiva o cualquier otra formula jurídica que pueda encontrarse.
Para ello es fundamental desarrollar la más amplia movilización política y
social.
4) En la lucha contra la impunidad del Terrorismo de Estado y por el
desmantelamiento del aparato represivo luchamos contra la impunidad de los
asesinos del Filtro, el desprocesamiento de los luchadores sociales de la Ciudad
Vieja, de los ocupantes de tierras en Bella Unión, de los trabajadores de
Cooprograf. Es decir, contra toda criminalización de la protesta y la
resistencia obrera y popular.
Colectivo Militante, 22 de mayo 2006
* Agenda Radical es el boletín informativo del Colectivo Militante, grupo que
integra la Coordinadora de Unidad Revolucionaria (CUR).
