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Latinoamérica

Los otros militares 
Reparación a soldados opuestos a la dictadura

Miguel Bardesio
El País

Unos 500 efectivos fueron despedidos en el período de facto por motivos políticos; 100 marcharon presos y sufrieron torturas de sus propios colegas.

Una Ley reciente reconstruye sus carreras y los indemniza. Cuatro de esos militares cuentan los detalles de cómo se vivía dentro de los cuarteles en los años más duros de la historia reciente.
"El infierno chico".
Así llamaban los militares a una casa de Punta Gorda, lindera al Hotel Oceanía, que emplearon durante la dictadura para torturar a detenidos políticos. Por varios meses del año 1976, allí estuvo Carmelo López, encapuchado y sometido a la picana eléctrica, a los "plantones" -obligado a mantenerse parado por horas o días- o "colgadas" -con las manos atadas del techo-; querían que diera más información, más nombres, como quisieron por la misma vía de otros tantos uruguayos en esa época, acusados de "sediciosos".
La única diferencia es que Carmelo López se desempeñaba en aquel momento como Mayor del Ejército. Y un día, mientras recibía golpes en "el infierno chico", miró abajo, por la luz de la capucha, y reconoció por los zapatos al Oficial que le estaba pegando: el agresor había cursado de punta a punta la carrera militar con él. "Era un compañero de años y hasta semanas atrás, habíamos compartido un curso; no lo podía creer", relató López, que prefirió no revelar el nombre del torturador, ahora fallecido.
"¡Sos vos!, hijo de...", le increpó en aquel entonces y el otro disimuló la voz y se fue. Tiempo después, López llegó a Cárcel Central, donde permaneció recluido hasta fines de 1984: "Ocho años, ocho meses y 10 días", resumió el Mayor, que había sido acusado de "comunista" por un tribunal de honor militar.
Según cifras aproximadas, al menos unos 500 militares -60 Oficiales y 440 miembros del personal subalterno de las Fuerzas Armadas- fueron despedidos durante la última dictadura por razones políticas. Una historia de represión interna poco conocida pero que ahora regresa al tapete con la aprobación en diciembre de la Ley 17.949, que indemniza, reconstruye la carrera y devuelve años para el cómputo jubilatorio de aquellos militares que entre el 1 de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 "hubieran sido destituidos, desvinculados, dados de baja, o pasados a situación de reforma o similares, por motivos políticos e ideológicos", tal como establece el artículo 1ro. Se trata de una Ley parecida a la 15.783, que amparó en 1985 a los funcionarios públicos (ver nota aparte) con la diferencia de que llega 21 años después del restablecimiento de la democracia.
En la órbita militar, dar de baja es sinónimo de despido y la situación de reforma es una sanción, privativa a los Oficiales, que implica separación de funciones, pérdida del derecho a ascenso y reducción del salario a la tercera parte; "algo parecido a lo que en la Edad Media eran los leprosos", valoró el capitán retirado Edison Arrarte, otro militar afectado que al igual que López, pagó el sobreprecio de nueve años de cárcel.
Aunque la cifra no se ha calculado con precisión, López estimó que del total de militares despedidos, unos 100 -40 Oficiales y 60 soldados- estuvieron además en prisión, sobre todo desde 1976, cuando el ala "dura" de las Fuerzas Armadas se afianzó en el poder.
El 30 de abril pasado finalizó el plazo para la presentación de casos previstos en la Ley 17.949 y según fuentes del Ministerio de Defensa, se presentaron 697 solicitudes. Una comisión presidida por la ministra Azucena Berruti analizará cada situación y se expedirá afirmativa o negativamente en los próximos meses. Del total de casos a estudio, hay unos 400 nuevos, esto es: que no se habían presentado para las reparaciones parciales de 1991 (devolución de grado) y 1997 (pase a retiro -jubilación- con el grado que tenían al momento de la sanción).
López, Arrarte, el capitán Antonio Buela y el soldado radiotelegrafista Gregorio Fidel Arballo, entre algunos otros, formaron en 1985 la "Comisión de militares destituidos por motivos políticos e ideológicos"; organismo que operó como impulsor social de la Ley 17.949 y de las reparaciones anteriores. Aseguran que el resarcimiento completo llega recién en este 2006 "porque los anteriores Gobiernos no querían que volviéramos a la actividad.
"Si nosotros teníamos una visión política del asunto, obviamente no había interés en que regresáramos a las Fuerzas Armadas, para evitar que nos reuniéramos con nuestros antiguos camaradas", dijo Arrarte.
Ahora, la mayoría de los afectados son mayores de 60 años y no tienen edad para el regreso. Otros han fallecido. Contra lo previsible, ninguno de estos cuatro militares tiene una visión revanchista de la historia reciente: no apoyarían una derogación de la Ley de Caducidad y Buela, por ejemplo, no cree que las FF.AA. deban "pedir perdón". Y ninguno reniega de su profesión de militar, a la que hubieran regresado en 1985 si hubieran tenido la posibilidad y garantías. "Hay que separar la paja del trigo; una cosa es la institución militar, que tiene su rica historia, y otra es este pequeño contingente de torturadores, asesinos y desaparecedores", dijo Arrarte.
DE COMPAÑERO A ENEMIGO En 1972, el capitán Edison Arrarte prestaba servicio en un cuartel de Infantería del Ejército en el interior del país. Un día, "llegó detenido un muchacho" y "se empiezan a ensañar con él"; o sea, lo sometieron a tortura.
Arrarte interrumpió esa operación, trajo un médico para el joven y discutió con el Oficial a cargo del cuartel. Poco tiempo después, un tribunal de honor falló con el pase a situación de reforma de Arrarte, que desde entonces se dedicó a dar clases de matemáticas.
Por 1976 se dio una "gran razzia de Oficiales" y el capitán fue detenido y derivado al "infierno chico", donde estuvo desde enero hasta abril de ese año. Después, pasó a Cárcel Central y terminó sus años de prisión en el Penal de Punta Carretas; fue uno de los últimos en salir de ese establecimiento, a fines de 1984.
Además del acomodamiento interno de 1976, Arrarte identificó por lo menos otras dos purgas: en 1968, sobre todo hacia integrantes del personal subalterno y en 1973, luego de la crisis del 9 de febrero, cuando algunos militares se opusieron a un eventual golpe de Estado. Sin perjuicio de ello, otros Oficiales y soldados fueron removidos a lo largo de todo el período de facto.
El único de estos cuatro militares afectados que no estuvo en prisión fue el soldado Arballo, que tuvo la "mala suerte" de llamarse Gregorio Fidel, no sólo por el Fidel, sino porque su padre se llamaba igual y había integrado para las elecciones de 1966 una lista de un partido de izquierda. Al descubrir ese nombre, los mandos militares pensaron que era él, pese a que Arballo hijo tenía seis años en 1966 y lo dieron de baja sin más trámite.
A diferencia de Arrarte, López y Buela no se enfrentaron directamente con un Oficial superior, aunque "tenían la marca en el lomo". La inteligencia interna -Compañía de Contrainteligencia- puso bajo la lupa a todo el personal de las FF.AA. de la época. "Uno iba oponiéndose, haciendo algún comentario informal en contra del régimen y de alguna manera, lo iban encasillando", explicó López. Arballo dio un ejemplo: "Si el jefe de una unidad hacía un chiste sobre los comunistas y uno no se reía, ya sospechaban y a lo mejor, entraba en la lista para la próxima purga". Los cuatro negaron que hayan tenido alguna actividad política en aquel momento; sólo pensaban "distinto".
El pase a reforma de Antonio Buela se definió en 1977 por un tribunal de honor que tomó como prueba un boletín del Ministerio de Defensa que lo señalaba como cómplice de los militares ya procesados y encarcelados por "sediciosos" o "comunistas". Como no había prestado aún 20 años de servicio, no le correspondió que le pagaran el tercio del sueldo por lo que quedó sin ingreso. "Y vendía libros, era peón de fundición, hacía lo que podía, porque tampoco te dejaban trabajar", consideró.
La situación de Buela se agravó en 1979. Un compañero de él, el Teniente Julio César Cooper, se había exiliado en Suecia y desde allí denunció ante las Naciones Unidas la existencia de presos políticos y tortura en Uruguay.
Y en Montevideo, los mandos militares creyeron que Buela tenía algo que ver en esas manifestaciones porque efectivamente mantenía una amistad con Cooper; se escribían cartas o hablaban por teléfono y Buela iba a menudo a la Embajada de Suecia porque pensaba tramitar la visa para emigrar a ese país, dada su precaria situación económica del momento.
"Me vinieron a buscar a mi casa -relató Buela- y me sometieron al trato de cualquier preso político, es decir, primero me preguntaron por las buenas y después, por las malas. Ellos pensaban que había algún intercambio, una especie de complot que involucraba también al estado sueco, con mis visitas a la Embajada; era un delirio que sin embargo creían, porque tenían una cabeza muy especial; estaban imbuidos en lo que se conoció como la Doctrina de Seguridad Nacional, un pensamiento fascista por el cual, aquel que no piense de una manera, pasa a ser enemigo".
MONSTRUOS El Mayor López no sólo conocía de cerca a uno de sus torturadores, sino que había sido compañero en la Escuela Militar de los ahora Coroneles Ricardo Arab y José Nino Gavazzo (ambos acusados de múltiples asesinatos y actualmente detenidos, a la espera de una eventual extradición a Argentina), a lo que definió como "estudiantes normales". Nada hacía sospechar en lo que se transformarían después.
La división de aguas en el FF.AA, como en el resto de la sociedad, se comenzó a procesar en la década de 1960. "En esa época -recordó Arrarte-no hubo año en que no se hablara de la posibilidad de un golpe de Estado. Había una especie de alerta permanente y entre los Oficiales existía preocupación por el avance del comunismo sobre nuestras costas, sobre todo después de la revolución en Cuba; era un temor que en algunos se transformó en obsesión y en otros directamente en una paranoia".
Con el movimiento guerrillero en la calle, las acciones de las Fuerzas Armadas se incrementaban. Primero, actuaron como apoyo a la Policía y más tarde, con la declaración de estado de guerra interna, directamente se hicieron cargo de la seguridad. En aquella primera etapa, Arrarte, Buela y López actuaron todos en las instancias de combate a los tupamaros; luego, ya habían quedado relegados a segundos planos.
Buela recordó, por ejemplo, que en patrullajes durante el año 1971 detuvo a varios integrantes de la guerrilla y los derivó a la Policía. "Pero una cosa es la lucha contra un elemento subversivo, como era el MLN, y otra es actuar como Ejército de ocupación en tu propio país", dijo el Capitán. Con todo, él consideró en su momento que el golpe de estado de 1973 era una "salida posible a la crisis del país; esa pastilla me la comí", dijo el capitán que no participó de ninguna forma en aquella operación; "ya me habían retirado la confianza".
En aquellos años estaban de moda entre los Oficiales las novelas de guerra del escritor francés Jean-Paul Dartetlie, que recreaba episodios bélicos protagonizados por Ejércitos coloniales. "Hay que remarcar eso; eran Ejércitos coloniales, que operaban fuera de fronteras, no es lo mismo que ingresar en un conflicto interno. En los problemas internos, las FF.AA.
pueden intervenir, está previsto en la Constitución, pero debe hacerse con mucho cuidado, porque no hay que olvidarse que se va contra la sociedad civil", dijo Buela.
En paralelo, ganaba cada vez más terreno entre los uruguayos la visión militar de Estados Unidos, con la imagen del "supersoldado". Así, se fueron cruzando los cables para que dentro de las FF.AA. surgiera una fracción ultranacionalista que encontró apoyo en ciertos sectores de la sociedad civil y en ámbitos políticos. O bien, la relación pudo ser al revés.
"Estos militares, que fueron los menos en aquel momento, se consideraban mesiánicos, arregladores de situaciones. Entonces, esa convicción los llevó a recorrer un camino de barbarie brutal, porque todo medio se justificaba en el fin de organizar una sociedad que ellos consideraban desorganizada", aseguró Arrarte y se preguntó: "¿De dónde salieron estos monstruos? No salieron de la Escuela Militar, nosotros no estudiamos para monstruo, estudiamos para ser Oficiales del Ejército. Los monstruos aparecieron después y también en la sociedad civil; hubo médicos, abogados, hasta sacerdotes que colaboraron con la dictadura. Bastó que una situación límite los pusiera a prueba y aparecieron".
Ni antes, ni durante el régimen, las Fuerzas Armadas actuaron como un todo compacto, sino que existieron escalas de resistencia. "Muchos Oficiales, aún no estando 100% de acuerdo, se asimilaron, navegaron por esa situación y siguieron en la carrera", dijo Buela, quien consideró que a veces, las "órdenes se podían evitar" sin ir a la confrontación con el mando. Y López agregó: "A mí nunca me dieron una orden ilógica; esas sabían a quiénes dárselas, a los que estaban de acuerdo con esa barbarie".
El clima de guerra fría, el afán mesiánico y la influencia de sectores de poder económico y político, hicieron que las Fuerzas Armadas, en algún momento de los años 70 "confundieran" al enemigo y después de derrotar al movimiento guerrillero, la emprendieran contra los sindicatos, las agrupaciones de estudiantes y los partidos de izquierda. "Ese fue el gran error: meter en la misma bolsa a gente que tiene derecho constitucional con otra que violentó las Leyes. Y además, no había proporción ninguna en ese enfrentamiento. Yo fui algunas veces a controlar protestas estudiantiles e iba a caballo, con casco de guerra, con fusil, armado hasta los dientes y ¿qué me podían hacer esos muchachos? Me tiraban piedras, sí, pero cuánto daño puede ocasionarle al país que unos muchachos tiren piedras, qué amenaza subversiva había ahí", indicó Buela.
El capitán relató otro episodio que ilustra con claridad las diferencias en las Fuerzas Armadas. Un día de 1971, unos estudiantes del liceo Dámaso Antonio Larrañaga, en la calle Centenario, hicieron una protesta con quema de cubiertas. Buela, con otros militares, llegaron al lugar a controlar el disturbio y al verlos, los jóvenes se refugiaron a la entrada del liceo. Los militares, dirigidos por Buela, se quedaron del otro lado de la calle; tenían la situación controlada. Sin embargo, al poco tiempo llegó otro Oficial, sacó una metralleta y apuntó.          

Fuente: lafogata.org