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El pasado 28 de abril llegaron a Montevideo unos 100 activistas, representando a 3.000 familias integrantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) que venían marchando desde Bella Unión (departamento de Artigas), de donde partieron el sábado 22. Los "caminantes" sumaron a sus reivindicaciones particulares sobre el tema de la vivienda, las de los "peludos" cañeros de aquella ciudad artiguense y las de miles de trabajadores rurales y urbanos que en todo el país han creado cooperativas de producción para poder enfrentar el latifundio, el desempleo y la miseria salarial. A lo largo de los más de 600 kilómetros recorridos por la marcha, desde la largada en el barrio Las Láminas de Bella Unión hasta el recibimiento en Montevideo ante las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas, se fueron acumulando actos, contactos y reclamos, pero también alientos para continuar luchando.
La Ley 13.728, de 1968, conocida como Plan Nacional de Viviendas fue creada para remediar la problemática existente por aquel entonces. Sin embargo, la estructuración del acceso a la vivienda para trabajadores, jubilados y demás sectores populares que generó, perdura junto a su vigencia legal hasta nuestros días. En su texto se legalizaron las cooperativas de viviendas, se creó la Unidad Reajustable (UR), y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) pasó a ser la principal entidad en el financiamiento de la construcción de viviendas. Esta normativa establece en su primer artículo que "Toda familia, cualesquiera sean sus recursos económicos, debe poder acceder a una vivienda adecuada que cumpla el nivel mínimo habitacional definido en esta ley. Es función del Estado crear las condiciones que permitan el cumplimiento efectivo de ese derecho". Por aquellos años, el "sueño de la casa propia", un lastre que parece llegar debajo del brazo de cada uruguayo cuando nace, se hacía realidad. Enormes complejos habitacionales le dieron techo propio a miles que accedían a créditos blandos del BHU, o podían ahorrar dinero sin apremios. Por otro lado, el surgimiento de FUCVAM y el cooperativismo por ayuda mutua sumó otro tanto, permitiendo que entre ambos sistemas el 80% de los uruguayos lograran ser propietarios o usuarios cooperativistas.
LA SITUACION Y LAS PROMESAS Pero la realidad ha cambiado mucho desde esos tiempos de apogeo. Y en la última década la vivienda se ha vuelto uno de los principales problemas para los trabajadores. La permanente reducción de los créditos e inversiones del BHU, y la enorme sobrecarga de intereses sobre los morosos, ha generado no solamente que miles de familias no puedan acceder a una vivienda nueva, sino también cada vez hay más casas vacías debido a los desalojos y abandonos por falta de pago o la emigración. Este vaciamiento abarca a todos los sectores: viviendas propiedad del BHU, el sistema cooperativo o las ofertadas para venta o alquiler por privados que negocian especulando con los precios. Los alquileres han vuelto a subir después de una breve baja provocada por la crisis de 2002, pero además de los precios altos (se necesita por lo menos un salario entero de un miembro del núcleo familiar para el alquiler), está el problema de la garantía. Los propietarios que ofertan (muchos de los cuales acumulan decenas de inmuebles), aceptan solamente en garantía otras propiedades o la intermediación de la Contaduría General de la Nación (sólo para empleados públicos) u entidades privadas que lucran con este problema.
Este escenario ha expulsado a miles de familias hacia los cinturones urbanos para conformar asentamientos, en los cuales por lo general se empieza con una vivienda precaria y sin los servicios básicos.
El programa de gobierno del FA proponía la implementación de un Plan Nacional de Vivienda para el quinquenio, que comenzaba en un "Plan de Urgencia" en 2005. Los mismos incluían construcción, mejoramiento y mantenimiento de viviendas priorizando a los sectores más afectados por el problema. Teniendo en cuenta el concepto de vivienda de interés social, aquella que dentro de las normas de habitabilidad tiene un costo mínimo para ponerse a disposición del alcance de las familias de menos recursos, la propuesta del FA planteaba también una intervención estatal en el mercado inmobiliario para regular la especulación, aunque a través de incentivos y no de restricciones. Pero a más de un año de la asunción de Vázquez, los problemas lejos de una solución, se han agravado. Al estancamiento de los planes prometidos, hay que sumar la desaparición -ahora total- del BHU como entidad financiera del sector, el aumento desmedido de los alquileres y la falta de una propuesta para la reestructuración de las deudas de los morosos (entre estos hay muchas cooperativas de vivienda).
EL COOPERATIVISMO EN PROBLEMAS FUCVAM, una de las organizaciones sociales más activas del país y que nuclea a más de 300 cooperativas de vivienda, ha iniciado un serie de movilizaciones reclamando la implementación de un cronograma de préstamos para nuevos emprendimientos (1.400 familias ya tienen todos los trámites prontos). Por otra parte, se reclama la reestructuración de la deuda de 92 cooperativas financiadas por el BHU, que ya han pagado las casas por lo menos dos veces y aún son consideradas deudoras, debido a la manipulación que las anteriores administraciones del banco realizaban sobre las refinanciaciones para que los balances cerraran. Una de las propuestas de los cooperativistas es utilizar los fondos de las AFAPs para financiar la construcción de nuevas viviendas. Según FUCVAM, existe una notoria diferencia con el actual plan del gobierno actual y las necesidades de vivienda en el país: mientras para evitar un déficit de casas es necesario construir 14.000 viviendas por año, el gobierno plantea levantar ¡14.000 en todo el quinquenio! Por otra parte, en las recientes movilizaciones lideradas por esta federación, se expresaron argumentos en contra de la propuesta de reforma tributaria, ya que la misma beneficiaría al capital y no al trabajo.
De lograrse los reclamos de FUCVAM, miles de trabajadores podrán seguir accediendo a una vivienda. Sin embargo, muchos más no lo lograrán. Las exigencias de los créditos, la falta de participación y el estancamiento de la propia federación no han permitido que ésta se adecue a la situación económica y salarial de la mayoría de los trabajadores de este país, que tienen ingresos tan bajos que quedan excluidos de poder acceder a una vivienda a través de FUCVAM. Así, alrededor de muchas cooperativas de vivienda, se han ido extendiendo asentamientos, separando a trabajadores según sus ingresos y el tipo de vivienda, cuando todos son afectados por el capitalismo de un modo u otro. Quizás cuando todos los trabajadores, cooperativistas, inquilinos, habitantes de asentamientos, etc., nos unamos para luchar juntos por nuestros reclamos, el problema de la vivienda y todas las barbaridades del capitalismo tendrán sus días contados.              

Fuente: lafogata.org