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Libertad a los patriotas paraguayos
La detención por Interpol en Argentina, el 2 de mayo pasado, de seis
compatriotas paraguayos bajo falsas acusaciones, puso en evidencia en nuestro
país la situación de persecución y criminalización que existe en Paraguay contra
del movimiento popular y el alto grado de colaboración del gobierno argentino en
la persecución internacional a los luchadores antiimperialistas. Sobre la base
de un testimonio fraguado, los detenidos son acusados por el régimen oligárquico
de Paraguay de haber secuestrado y asesinado a Cecilia Cubas (hija de un
reciente ex presidente de Paraguay) y de pertenecer al Partido Patria Libre, en
el intento de demonizar e ilegalizar a dicha organización política.
Paraguay pide la extradición y su embajador en Argentina, Celso Fiorotto
Sánchez, acompañado por el empresario Juan Carlos Blumberg (¿?) (1), reclamó al
Gobierno, a través de un pedido ante el ministro del Interior, Aníbal Fernández,
la expulsión de los detenidos.
Esta situación de persecución y represión tiene una larga historia. Tiene que
ver con las respuestas dictatoriales del régimen paraguayo contra una dinámica y
activa resistencia popular; tiene que ver con la importante presencia militar
usamericana en Paraguay, con la "decisión" de las oligarquías cipayas de
entregar el país como plataforma de intervención armada yanqui en el centro de
América del Sur; tiene que ver con la victoria de Evo Morales en Bolivia y el
avance en un programa de soberanía; tiene que ver con la voluntad imperial de
los Estados Unidos de apoderarse del acuífero guaraní y de la biodiversidad
existente (la más vasta del planeta) en Sudamérica, para lo cual necesitan un
pretexto para profundizar su presencia militar, particularmente en la zona de la
Triple Frontera (región siempre señalada como santuario del "terrorismo
internacional" en los informes anuales del Departamento de Estado); tiene que
ver con la internacionalización de la represión contra los antiimperialistas,
como sucediera en el pasado con el famoso "Plan Cóndor".
Persecución paraguaya y argentina
Los compatriotas paraguayos detenidos están defendidos en Argentina por los
abogados de FIDELA (Fundación de Investigaciones y Defensa Legal en Argentina).
Uno de ellos, la Dra. Liliana Mazzea, redactó un informe, del que reproducimos
gran parte de su contenido, que relata detalladamente la trama jurídico-política
y policial donde el famoso "estado de derecho" deja de existir cuando de
perseguir a los antiimperialistas se trata:
(...) "Cuando en septiembre de 2004 secuestran grupos cercanos al gobierno a la
hija del ex presidente Cubas (asilado un tiempo en Brasil por estar imputado en
el asesinato del Vice-Pte Argaña) inventan a un testigo bien pagado que 'era'
miembro de esa agrupación, para que diga que había dos PPL: uno legal y
otro colateral, que era el que tenía relaciones con las FARC y en sus manos el
secuestro de Cecilia Cubas. Que los que participaron el 13 de enero de 2005 en
una reunión supuesta donde se hablaba en términos elípticos, dieron el punto
final para el secuestro (luego del cobro de una parte del rescate solicitado) y
su sentencia de muerte. Que él no estuvo de acuerdo con esa decisión, junto con
otros entre los que se encontrarían los hoy requeridos por el Paraguay. Luego se
desdijo e incriminó a varios más. Sus comodidades materiales aumentaban en la
medida de sus declaraciones.
Por otro lado, con el pretexto de buscar a los responsables del asesinato del
suboficial Oscar Antonio Noceda, sucedido el 7 de febrero de este año, en el
departamento de Concepción, que, se sospecha, trabajaba con narcotraficantes, el
Presidente dijo que no pararía hasta aniquilar los últimos residuos del Partido
Patria Libre en Paraguay.
Cuando los compañeros de PPL viajan 4 en marzo y 2 en abril para Argentina a
pedir refugio, estaba en apelación por la querella la excarcelación de estos
compañeros, por haber entendido el Juez de Garantías que con un solo testimonio
(controvertido por otra compañera de la misma organización) no era
suficiente para disponer la prisión preventiva. Fueron perseguidos
permanentemente y detenidos y torturados en varias oportunidades hasta que
entran a nuestro país, con su abogada defensora de dd.hh., Dra. Talavera, y se
dirigen primero al Ministerio de Relaciones Exteriores y luego al CEPARE (2) a
pedir el refugio pertinente. Narran la persecución a ellos y a su Partido, y le
dan un certificado provisorio de reclamantes de refugio. Cuando el gobierno
paraguayo se anoticia de este pedido, sin aguardar los pasos procesales para
dictar resolución en la apelación, se apresura y el 28 de abril dicta la prisión
preventiva de todos ellos, presionando inmediatamente al gobierno argentino para
que sean expulsados. El Comité cita para el día 2 de mayo a dos solicitantes de
asilo, que fueron acompañados por otro compañero. Allí ingresa la policía
con la orden de INTERPOL y arrestan a los tres DENTRO DEL CEPARE. A otros dos
los detienen en una modesta casa de Florencio Varela con golpes e insultos,
teniéndolos más de dos horas en el piso a patada va, patada viene. Y al último
cerca de su lugar de trabajo, a cientos de kilómetros, con helicópteros y
sobreactuación en la detención, con Crónica (3) incluída.
Pero no todo es negativo con relación al poder político, judicial o de seguridad
argentinos, especialmente para los quejosos que la justicia y la administración
es lenta: el pedido formal de uno de los detenidos se realizó en el CEPARE el 26
de abril y ya el 2 de mayo había resolución denegatoria. Lo más destacable de
sus risibles argumentos, es que Paraguay es un país democrático, rige el Estado
de derecho, lo que permite pensar en la legitimidad de los actos de Gobierno
(incluido el Poder Judicial), por lo que el peticionante tendría un "juicio
justo, Joe", y que del bajo perfil que denota su actividad política no es
posible deducir una persecución motivada políticamente. Como no pudieron
acercarle la lapicera para notificarse dentro del CEPARE, porque un hábil
'Federico' (4) intuyó que estarían haciendo trámites de refugio, preguntó en la
entrada si había paraguayos, y ante la contestación positiva en la entrada del
edificio, se introdujo y los llevaron detenidos, sin ninguna oposición de los
máximos funcionarios del Comité. Les notificaron el día 4 en Devoto. Por otro
lado no todos los detenidos pertenecen al PPL, ya que algunos no son afiliados
al mismo sino sólo integran o dirigen organizaciones campesinas.
Cabe aclarar que cuatro de los hoy detenidos habían intentando pedir asilo
territorial cada uno en distintas embajadas: de Venezuela (les dijeron que sí),
de España (que sí pero no podían por no estar dentro del Tratado de Montevideo),
de Brasil (les dijeron que sí) y la de Argentina en Paraguay, les manifestaron
que era mejor ir directamente a pedir asilo dentro del país. Así les fue.
Esta ilusión del país de los derechos humanos, que está en el imaginario de
hasta algunos funcionarios argentinos, les produjo un error trágico a estos
compañeros campesinos, militantes de izquierda y de organizaciones agrarias
paraguayas. Ahora nos queda demostrar que la tortura, la persecución política y
'el aniquilamiento al PPL' decretado por el Presidente recientemente es práctica
rutinaria en el Paraguay de hoy".
Bolivia dijo no
Contrastante con el comportamiento del gobierno argentino fue la conducta del
gobierno de Bolivia. El paraguayo Angel Acosta Centurión, también perseguido
bajo la falsa acusación de haber participado en la planificación del crimen de
Cubas, fue capturado por la policía boliviana el viernes 12 de mayo y liberado
dos horas después, pese a la existencia de una orden de detención de la Interpol.
De la misma forma, el paraguayo Blas Franco, que está en Bolivia en una
situación similar a la de Acosta Centurión (ambos están tramitando el refugio en
la Cancillería boliviana en La Paz), no fue detenido, pese a existir, también,
la orden de Interpol de hacerlo.
A este respecto, el diario ABC Color, de Asunción, Paraguay, informaba el 18 de
mayo sobre esta situación y citaba las trascendentes declaraciones del
viceministro del gobierno boliviano, Rafael Puente: "El viceministro boliviano
dijo además que tiene 'ocho hojas de información procedente de Paraguay', según
la cuáles, 'los grandes presuntos culpables del asesinato de la hija del ex
presidente Cubas son agentes de la policía paraguaya'. 'Hasta el extremo de que
el presidente (Nicanor) Duarte se vio obligado a expulsar de la policía a 52
agentes y oficiales, sospechosos no de este asesinato, sino de una serie de
secuestros que ya eran parte de un negocio estabilizado', agregó. Señaló que,
según esos mismos informes, cuya autoría no reveló, 'una forma de intentar
evitar que siga cayendo la sospecha sobre los oficiales de la policía es
inculpar al partido Patria Libre'. 'Pero esos son informes que vienen de allá y
que a nosotros no nos toca resolver. Lo único que dejó claro es que, eso de la
presunción tiene muchos contenidos y a ambos lados. Nuestra posición aquí ha
sido que todo tiene que hacerse por la vía legal', apuntó. 'Se necesita lo que
se llama el exhorto suplicatorio que tiene que provenir de la autoridad judicial
competente de Paraguay'".
Con este proceder, el gobierno de Bolivia deja en evidencia claramente la
alevosía con la que actúa el régimen en Paraguay y, al mismo tiempo, la alevosía
de la colaboración argentina para encarcelar a los seis paraguayos detenidos en
nuestro país. A casos como éste se refieren los halagos hacia la Argentina que
figuran en el "último informe anual sobre terrorismo mundial" del Departamento
de Estado de los Estados Unidos, publicado a fines de abril, donde se señala una
"cooperación muy buena" de la Argentina con Estados Unidos en la lucha contra el
"terrorismo" en el campo operacional.
La Represión contra el Partido Patria Libre de Paraguay
A continuación reproducimos extensamente partes de algunos informes que
hemos recibido de los compañeros del Partido Patria Libre, en la expresión del
Ing. José Rodríguez, Secretario General Adjunto:
"Están incursos (los procesados y detenidos) en acusaciones de tipo fascista de
la oligarquía paraguaya, que pretende involucrar a cuanto afiliado o militante
de nuestro partido en procesos de Criminalización de las Luchas sociales del
pueblo, en una vasta campaña de persecución ideológica y política y de netas
acciones de Terrorismo de Estado contra nuestra organización desde el año 2002".
"En ese año, en el mes de enero, fueron secuestrados y torturados varios
compañeros de Patria Libre por parte de organismos de seguridad del Estado
-Policía, Inteligencia Militar, Ministerio Público, Gobierno- con la
participación y dirección directa del ex fiscal general del Estado, Oscar
Latorre, de dos ex ministros (destituidos por el gobierno), de Justicia y
Trabajo -Silvio Ferreira- y del Interior -Julio Fanego-, amén del conocimiento
cierto que tenía el presidente de la República de ese operativo que intentó
aniquilar nuestra organización revolucionaria.
Nuestros compañeros, incluido nuestro líder histórico, el compañero Juan
Francisco Arrom, junto a Anuncio Martí, fueron rescatados por sus propios
familiares -que recibieron denuncias de vecinos- de una prisión clandestina y
por dos medios de prensa, el Canal de TV Nacional Telefuturo y la Radio Nacional
Ñandutí AM. Al rodear la casa-prisión clandestina donde tenían secuestrados y
torturados por 14 días a nuestros compañeros, los secuestradores -policías y
militares- huyeron del lugar; el rescate de los compañeros fue acompañado por
toda la población en directo por los medios de prensa. Centenares de personas
acudieron en minutos al rescate de los compañeros, protegiéndolos de la policía
que intentó capturarlos bajo cargos de 'rebelión armada y secuestros en alianza
con las FARC de Colombia'.
Durante el flagelo salvaje de los dos líderes de Patria Libre, el gobierno
intentó forzarlos a que asignen documentos ante el Ministerio Público
declarándose culpables de rebelión armada y secuestro junto con las FARC de
Colombia y el general Lino Oviedo. Los compañeros resistieron la tortura física
y psicológica de todo tipo que les fue infligida durante 14 días y al ser
rescatados quedaron varios días internados, en particular el compañero Arrom,
por 14 días en recuperación en un hospital de Asunción.
Estos actos de Terrorismo de Estado movilizaron a toda la población. El Gobierno
se vio obligado a destituir al Comandante de la Policía Nacional y al Jefe de
Inteligencia de la Policía Nacional. Disolvió el Servicio de Inteligencia
Militar, dependiente del presidente de la república, y destituyó a dos ministros
directamente involucrados en esos hechos.
El Parlamento Nacional llevó a Juicio Político tanto al fiscal general del
Estado -Oscar Latorre Cañete- y al presidente de la república de entonces, Luis
Ángel González Macchi, por cargos de graves violaciones a los Derechos Humanos,
a las Libertades de Organización, de Expresión, Políticas e Ideológicas, Abuso
de Poder en ejercicio de la función pública, Prácticas de Secuestro y tortura
con fines políticos, Terrorismo de Estado.
Ambos funcionarios del gobierno no fueron destituidos al no lograrse la mayoría
necesaria de 2/3 para la destitución de ambos. Para la destitución del fiscal
general en la Cámara de Diputados se lograron 41 votos a favor y 31 en contra,
pero no se llegó a los 2/3 requeridos. En tanto que en el caso del ex presidente
González Macchi se ganó el Juicio Político en la Cámara de Diputados, pero
faltaron pocos votos para su destitución en la Cámara de Senadores.
El caso motivó la intervención de la CIDH-OEA que pidió medidas cautelares a
favor de los compañeros de Patria Libre y el juzgamiento por Terrorismo de
Estado en el Parlamento Nacional del fiscal general del Estado (Oscar Latorre) y
el ex presidente Luis Angel González Macchi. El Estado paraguayo está siendo
procesado en la CIDH-OEA por el caso de secuestro y tortura de nuestros líderes
refugiados en Brasil. El caso en el ámbito judicial fue llevado a la absoluta
impunidad.
Esta oleada represiva en Paraguay ha cobrado numerosas víctimas en los últimos
años, entre ellos unos 200 activistas campesinos asesinados, como también
sindicalistas del gremio de prensa desaparecidos -como el caso actual de Enrique
Galeano- o directamente asesinados por los factores de poder del gobierno de
turno.
Toda esta campaña represiva ha coincidido con el proceso de fortalecimiento del
movimiento Patria Libre, fundado en el año 1990 por un grupo de líderes
intelectuales, estudiantiles, campesinos, sindicalistas y barriales. En el mismo
año 2002, luego de ser rescatados con vida los compañeros que fueron
secuestrados y brutalmente torturados, 15.000 personas apoyaron con su firma y
afiliación la constitución del Partido Patria Libre (PPL) que fue inscripto en
el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El PPL organizó una alianza
electoral con fuerzas populares y de izquierda, logrando por primera vez en la
historia política de la izquierda revolucionaria, la obtención de 1 % para la
lista nacional de Senadores de la República -fraude de por medio ya que cinco
sondeos de empresas independientes arrojaron el resultado la conquista de una
banca en el senado paraguayo para el PPL-.
El mismo año 2002 dic victorias rotundas al movimiento popular del país, con la
plena y decisiva participación de Patria Libre en movilizaciones nacionales que,
tras 15 días, derrotaron la ley 1615 de Privatizaciones y la Ley Antiterrorista
promocionada por la embajada de Estados Unidos en la Cámara de Diputados.
Nuestro partido siguió actuando políticamente, a pesar de la fuerte y tenaz
persecución, y en el año 2003, el partido decidió que para evitar la
criminalización de tres de sus dirigentes, los mismos solicitaran Refugio
Político al CONARE del Brasil. El Refugio fue otorgado el 1 de diciembre del
2003, a los compañeros Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. Ellos se
encuentran actualmente en Brasil bajo protección del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
Muy a pesar de la oligarquía vendepatria que gobierna el país, el PPL sigue
constituyendo una fuerza estratégica del movimiento popular paraguayo, habiendo
ganado una nueva batalla política en el año 2005, cuando grupos ultraderechistas
pretendieron forzar nuestra proscripción como partido político basando sus
acusaciones en la supuesta y falsa participación de nuestros militantes en
hechos de secuestros extorsivos junto a miembros de las FARC de Colombia.
En noviembre del 2005 el PPL realizó su Congreso Ordinario como partido,
ratificando sus ejes estratégicos de lucha por el PODER POPULAR DEMOCRATICO
REVOLUCIONARIO, LA LIBERACION NACIONAL Y EL SOCIALISMO, LA LUCHA
INTERNACIONALISTA A FAVOR DE LA REVOLUCION CUBANA Y VENEZOLANA, LA CONDENA DEL
ESTADO PARAGUAYO POR HECHOS DE TERRORISMO DE ESTADO Y EL RETORNO A LA PATRIA DE
NUESTROS LIDERES REFUGIADOS POLITICOS EN BRASIL, A MAS DE LA PLATAFORMA DE
REIVINDICACIONES SOCIALES-ECONOMICAS PARA LA CLASE OBRERA, EL CAMPESINADO, LA
JUVENTUD Y TODO EL PUEBLO PARAGUAYO.
En el caso reciente de un nuevo secuestro y asesinato -Cecilia Cubas- que a
todas luces fue obra de un ajuste de cuentas entre grupos de la oligarquía donde
las sospechas apuntan a miembros de los propios organismos de seguridad del
Estado, el gobierno y el Ministerio Público, con apoyo de sectores
ultraderechistas de la prensa, arremetieron de nuevo contra el Partido Patria
Libre (PPL).
A raíz de la detención de dos ex afiliados que fueron expulsados del partido,
uno de ellos sindicado como supuesto 'cerebro' del hecho, realizaron una campaña
por la proscripción de nuestra organización.
Una obra del fascismo criollo que fue derrotada por la lucha abierta y digna del
partido, a nivel nacional e internacional. Una acción fascista que apuntó no
sólo al PPL sino a todo el espectro del movimiento popular, con consignas
antisocialistas, militarización del campo y persecución a organizaciones
campesinas etc. tratando de hacer retroceder las posiciones
político-revolucionarias existentes en el movimiento popular y atemorizar a la
población en relación a la izquierda".
Solidaridad y movilización para liberar a los presos
Como lo destaca la abogada de FIDELA, Liliana Mazzea, en el informe citado,
refiriéndose a los seis compañeros injustamente detenidos hoy en Argentina,
"sólo con la solidaridad de las organizaciones sociales y políticas argentinas y
del mundo podremos revertir este proceso y liberarlos de las garras fascistas
gubernamentales paraguayas, como así también lograr que 'Caníbal' Fernández haga
lugar a la apelación que formularemos contra la decisión del CEPARE de negarles
el asilo".
Es por eso que, desde el MPR QUEBRACHO, convocamos a las fuerzas de la
Resistencia a ejercer la solidaridad con estos compañeros luchadores,
perseguidos por patriotas.
Argentina, 25 de mayo de 2006.
NOTAS
(1) Juan Carlos Blumberg es un empresario textil que, a partir del asesinato de
su hijo Axel en un secuestro extorsivo, encabezó una cruzada derechista por el
endurecimiento del Código Penal contra los pobres. Relacionado con sectores del
poder de los Estados Unidos, con frecuente presencia en la principal metrópoli
del delito organizado que es Miami, preside la Fundación "Axel", financiada por
varias agencias yanquis para accionar en pos de militarizar la respuesta del
Estado frente a la "violencia" de los excluidos.
(2) Comité de Elegibilidad para los Refugiados. Depende del Ministerio del
Interior. Es el organismo nacional que otorga la condición de refugiado.
(3) Crónica es el principal noticiero por cable que, en Argentina, transmite las
24 hs. Es el más referenciado socialmente en lo que a transmisión de noticias en
vivo se refiere.
(4) "Federico" es una manera en que popularmente se denomina a los agentes de la
Policía Federal en Argentina.
MPR-QUEBRACHO
www.quebracho.org.ar