Latinoamérica

Los que pudieron salir hoy bajo fianza no lo harán. La huelga de hambre de los detenidos continúa por sexto día.
Sus abogados reconstruyen nuevos detalles del operativo donde fueron detenidos los presos políticos más flamantes del foxismo y develan las irregularidades procesales. Cartas van y vienen de adentro a afuera. Las que vienen del interior del penal de Santiaguito, escritas en envolturas de cigarros, pequeñas hojas o girones de papel, contienen letras temblorosas y palabras conmovedoras o trepidantes.
Aquí se respira la resistencia. Cartulinas, mantas, tiendas de campaña y toldos modestos erizan los alrededores de la cárcel donde se encuentra la mayor parte de los detenidos en Atenco el día 4. Familiares, amigos y compañeros montan sonora guardia para que los detenidos los oigan en sus celdas y sepan que están con ellos. "Este 10 de mayo las madres de los presos políticos lo celebramos en pie de lucha", se lee en un mensaje contra la alambrada. Por el sonido, Silvio Rodríguez y su Sueño con serpientes dicen del reptil: "Oh, la mato y aparece una mayor, con mucho más infierno en digestión".
Al paso de las horas y los días la historia de los detenidos en Atenco y trasladados al penal de Santiaguito en condiciones que avergonzarían a otras policías que no fueran la del estado de México, se torna más elocuente.
Acallados de muchas maneras a partir de su aprehensión, se las han arreglado para hacerse oír, leer y sentir.
Y si bien un buen número podrían salir si pagara fianza, hoy anunciaron que no lo harán, en solidaridad con los 28 que no alcanzan ese beneficio, pues se les imputan delitos graves, que si acaso fueron cometidos (secuestro equiparable, por ejemplo), no fue por ellos.
Es el caso del doctor Guillermo Selvas y su joven hija, Mariana; de la comerciante mazahua Magdalena García Durán, y del trabajador telefonista Jorge Salinas, quienes llegaron al lugar de los hechos la noche del día 4, como muchos de los detenidos, y los delitos que se les imputan habrían sido cometidos la víspera.
Estas personas acudieron al mitin de la otra campaña en la Plaza de las Tres Culturas y sólo después se desplazaron hacia Atenco.
Mientras varios policías mexiquenses de mirada amenazadora rinden su declaración contra los detenidos en las salas del penal, la abogada Bárbara Zamora describe cómo Magdalena García Durán, originaria de San Antonio Pueblo Nuevo y comerciante en el Distrito Federal, "no tuvo derecho a traductor", a pesar de ser mazahua, pues "la señora entiende español", según el secretario del juzgado.
Cuando Magdalena escuchó de qué la acusan, no entendió. "Es que son términos jurídicos", justificó el secretario. "Los analfabetos como ella no los conocen". Y también explicó, con indiscutible elegancia: "Que hable mazahua no quiere decir que sea mazahua; yo podría hablar en inglés y no soy de Estados Unidos".
Esto es nada comparado con las brutales patadas que recibió en la entrepierna al ser arrojada al camión de la policía que la trajo aquí, mientras el gobierno, representado por el agente que la pateaba, la saludaba: "Pinche vieja hija de la chingada". Una "granadera" la arrastró del cabello al fondo del vehículo: "Ya estás vieja para andar en esto. Te vamos a matar, perra. Ya verás cómo te vamos a cortar la cabeza".
Magdalena es la misma espléndida mujer que habló en el Zócalo capitalino el primero de mayo en nombre de las indígenas comerciantes de la otra campaña.
Vende fruta. Pertenece al Congreso Nacional Indígena. La policía le da trato de "perra".
El abogado Juan de Dios Hernández notifica que no saldrán, a pesar de que podrían hacerlo, 23 reos de la causa 96/06, ni cinco de la causa 95/2006.
Permanecerán adentro, y en huelga de hambre con los demás. Sólo uno, internado en el hospital, aceptó salir, "pues requiere de una operación cardiaca urgente".
Las suites de Santiaguito Una carta es leída en el plantón. Llega "desde la suite rebelde número dos" de Santiaguito: "Hoy cumplimos nuestra primera semana encerrados injustamente, viviendo en carne propia y presenciando la violación constante y cotidiana de cualquier cantidad y tipo de derecho o garantía".
Los autores de la misiva se presentan como "jóvenes estudiantes, adultos mayores, mujeres de todas las edades, todos golpeados, violados, humillados, algunos de los cuales fuimos sacados de nuestra casa: mamá, papá, cuñado, arrancados de la misma casa junto con el hijo; hoy todos calificados como delincuentes organizados, secuestradores y atacantes de las vías de comunicación".
En los tribunales, añaden, "un anciano de 85 años, molido a golpes, es acusado de secuestro equiparado. Somos testigos los que estuvimos presentes, pero debería serlo también el pueblo de México". Y saludan a sus interlocutores, que escuchan con fervor: "Hoy la dignidad pernocta y declama fuera del penal de Almoloyita, en la Palma y en todos los lugares donde se hallan secuestrados sus hijos, esposos, hermanos, madres, compañeras, hijas".
Aún se dan tiempo para declarar: "la otra campaña avanza, compañeros, compañeras, familia; avanza en el marco del desarrollo y agudización de la lucha de clases". Y una posdata: "La incomunicación sigue siendo una constante. No hay médico para quienes lo requieren. El compañero Fernando Miguel López Bárcenas no recibe sus medicamentos. Sufre de esquizofrenia".
Los que ya salieron, cuentan los integrantes del plantón, iban tan lastimados que no podían abrir los ojos, y contaban que a las mujeres violadas en la detención "las obligaban a cubrirse la cabeza, para que no reconocieran a su violador".
Estas y otras historias recorren el plantón, donde el dolor no es tan evidente como el ánimo de lucha y resistencia. Al menos de los familiares más expansivos. También hay gente taciturna, hermanas tristes, novios cabizbajos, madres al filo de un nervio tensado al máximo. "La mía es la más dulce y laxa de la experiencias. Hay compañeras que fueron violadas. Hay compañeros diseminados en el tumulto de la población (del penal)", tranquiliza un muchacho a su madre en un papelito que ella atesora en su bolso.
Viernes 12 de mayo de 2006 Editorial de LA JORNADA Gobierno mendaz y sangriento  Conforme se multiplican y consolidan los datos y testimonios de la barbarie represiva perpetrada en Texcoco, San Salvador Atenco y Almoloya de Juárez desde el 3 de mayo hasta la fecha, las más altas autoridades federales y estatales se empecinan en la negación de la realidad y en la mentira. Es revelador el alcance del coro en el que participan Los Pinos, diversas dependencias federales y el grupo de gobierno mexiquense que asegura que nunca pasó lo que pasó: no hubo golpizas y lesiones severas a los detenidos, la policía estatal no asesinó a un menor de 14 años ni saqueó hogares humildes, los abusos sexuales documentados y formalmente denunciados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son un invento.
El presidente Vicente Fox dijo en Viena que hubo diálogo entre los tres niveles de gobierno y las víctimas de la represión "antes, durante y después" de la cruenta ofensiva policial. Afirmó que su régimen "no ha ocultado nada en estos últimos seis años en lo que se refiere a los derechos humanos" y aseguró que la intervención de la fuerza pública en Texcoco y Atenco fue para aplicar la ley "a quienes violentaron la situación de tranquilidad y paz de las familias" de esas localidades. El mandatario mintió por partida triple: no hubo ninguna disposición al diálogo por parte de las autoridades, las dependencias gubernamentales llevan más de una semana tratando de ocultar sus graves violaciones a los derechos humanos y, si bien los inconformes cometieron algunas agresiones injustificables y bárbaras contra efectivos policiales, fueron éstos los que alteraron gravemente "la paz y la tranquilidad de las familias" y los que quebrantaron de manera masiva las disposiciones legales y el marco constitucional: cateos y detenciones ilegales, robos en domicilios, golpizas a casi todos los detenidos, abusos sexuales y violaciones.
Mientras el mandatario invierte la realidad en sus declaraciones en el extranjero, y se enfrenta a las primeras protestas internacionales por la escalada represiva, sus empleados, en el país, se enredan en su propia incoherencia o, peor aún, se ven traicionados por sus propias palabras.
Miguel Angel Yunes Linares, subsecretario de Seguridad Pública, y sobre quien recaen numerosos señalamientos como violador de derechos humanos en sus tiempos de priísta fue el encargado de las tareas represivas en Veracruz en el gobierno de Patricio Chirinos, y jefe de reclusorios del gobierno federal, aseguró que los efectivos policiales que tomaron Atenco a sangre y fuego "actuaron de acuerdo a la norma". El dicho de este funcionario confirma el testimonio de participantes en el operativo que fue presentado anteayer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; cabe inferir, en suma, que "la norma" consiste en lesionar a los ciudadanos, abusar sexualmente de las mujeres, saquear y destruir las viviendas y llevarse detenida "a la gente que pudiéramos", según dijeron los policías entrevistados al referirse a las órdenes que recibieron de sus superiores.
Yunes Linares, presuntamente involucrado en la red de agresiones sexuales contra menores que encabezaba el pederasta Jean Succar Kuri, inventa que en la incursión no hubo violaciones sino "abusos deshonestos". ¿Será esta novedosa figura legal, tipificada e incorporada ayer por el declarante al Código Penal, parte de "las normas" que Yunes considera aceptables? Aparte de lapsus y aportaciones legislativas que no corresponden a sus funciones, el político veracruzano expresó ayer una inadmisible y amenazante descalificación al trabajo de defensa de los derechos humanos. Se refirió al Centro Pro como "un grupo que se ha dedicado a proteger a grupos violentos" y especuló que tras las denuncias por las atrocidades gubernamentales de la semana pasada hay la intención de "frenar o inhibir la acción de las policías". Como en el discurso de las dictaduras militares del pasado reciente en el continente, la defensa de los derechos humanos se homologa con la sedición. Sobran los motivos para alarmarse.
Junto con el subsecretario de Seguridad Pública federal, su jefe formal; Eduardo Medina Mora, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Lauro López Sánchez, y el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se empecinan en negar la existencia de denuncias concretas por las agresiones sexuales las que han podido documentarse hasta ahora, que son 23 perpetradas por agentes de la fuerza pública. Mienten todos ellos y practican lo que Fox asegura que no hace su gobierno: "nosotros no ocultaríamos nada y nunca hemos ocultado nada en lo que se refiere a los derechos humanos". Mienten por partida doble cuando dicen que no pueden actuar en tanto no se presenten las querellas, no sólo porque éstas fueron interpuestas el martes pasado por la CNDH, sino porque la autoridad está obligada por ley a perseguir de oficio esta clase de delitos.
Acaso abrumado por las consecuencias de una práctica a la que no había recurrido sino hasta hace poco tiempo la represión violenta, el foxismo se escuda ahora en lo que ha hecho en forma regular, sistemática y constante desde antes de llegar al poder: mentir. Esta Presidencia no impulsó un crecimiento anual de 6 por ciento, no resolvió el problema de Chiapas ni en 15 minutos ni en todo el sexenio, no fue capaz de dotar a los hogares mexicanos de "vocho, changarro y tele" ni de "lavadoras no de dos patas", no combatió la corrupción precedente sino que se alió con ella y llevó la práctica a marcas históricas, no actuó con apego a un espíritu democrático y republicano, no respetó al Legislativo, no fortaleció los sistemas educativo y de salud los redujo, por el contrario, a niveles de depauperación sin precedente, no veló por la vigencia de los derechos humanos, y ya en su penoso y alarmante tramo final, se manchó las manos de sangre, como lo manifestó ayer el titular de la CNDH. El foxismo llega a su término tan mendaz como lo fue siempre y, por añadidura, ensangrentado.        

Fuente: lafogata.org