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San Salvador Atenco: el derecho a la protesta
Magdalena Gómez
En nuestro país, como se ha señalado para América Latina, el derecho acostumbra
hacer lo que no debe: maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe
proteger, ignora a quienes debe mayor atención y sirve a quienes debe controlar.
Si graves resultaron los enfrentamientos provocados por la decisión municipal
texcocana de impedir con el uso de la fuerza pública que ocho vendedores de
flores se asentaran en una calle, a sabiendas de que el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra de Atenco les apoyaba y saldría en su defensa como lo hizo,
más graves aún son las abrumadoras violaciones a derechos humanos perpretadas
contra habitantes de San Salvador Atenco y la escalada desatada para encarcelar
a sus líderes y simpatizantes.
Llama la atención en especial que a Ignacio del Valle lo ubicaron en un penal de
alta seguridad acusado de "secuestro equiparado" y nos enteramos de que al
grueso de los detenidos los acusan de "delincuencia organizada". Este líder fue
sacado con violencia de la casa donde se encontraba sin que mostraran orden de
aprehensión ni de cateo y después justificaron su detención con unas órdenes,
que supuestamente existían desde febrero pasado.
Ni qué decir del linchamiento mediático, sobre todo en televisión, donde pasaron
unas imágenes y otras no, policías golpeados antes que ciudadanos pisoteados. Y
nos hablaban de lo ilegítimo que resulta recurrir a "la violencia" sin
consideración crítica alguna a la desproporción de la fuerza pública empleada y
al desatino de meter policías en un asunto que requería más y más negociación.
En este escenario era también previsible que la otra campaña habría de
apoyar al Frente en Defensa de la Tierra, pues es parte de la misma.
En pocas horas desde el Yunque-gobierno se posicionaron en defensa, dicen ellos,
del Estado de derecho, afirmando satisfechos que nadie puede estar por encima de
la ley, y a Peña Nieto se le olvida su tutor Montiel y a Fox los desesperados
esfuerzos por impedir que se esclarezcan los negocios de los Bribiesca Sahagún.
Y en ese clima, a río revuelto, Calderón se apresta a señalar que su
contrincante más fuerte está con los que violan la ley porque desde el Gobierno
del Distrito Federal defendió al "México profundo", mientras Madrazo va aún más
lejos y abre fuego contra el EZLN y el subcomandante Marcos señalando que
está violando la ley de amnistía. En ese contexto, desde Guanajuato López
Obrador señaló respecto al conflicto en Atenco: "El camino de la violencia no
conduce a nada, hay que dialogar, dialogar, dialogar y dialogar. Hay que tener
paciencia y no utilizar la fuerza pública, porque la violencia genera más
violencia".
No es novedad el uso faccioso del derecho y la invocación de la ley. Recordemos
que los grandes líderes en la historia de nuestro país han sido luchadores
sociales a los que el poder, en su momento, se sirvió del derecho para
criminalizarlos.
Por ello es importante que enfoquemos la actual escalada con un lente que
permita ubicarnos todos y todas de cara a los derechos constitucionales
fundamentales, dentro de los cuales, siguiendo a Roberto Gargarella, el primer
derecho es el derecho a la protesta, pues es el que permite luchar por los otros
derechos, siendo conscientes de que vivimos en un país con profunda desigualdad,
con amplios márgenes de impunidad, con una democracia precaria e incipiente. Los
campesinos de Atenco no se han movilizado por gusto; es la necesidad de defender
sus derechos lo que a ellos y a los demás movimientos les ha servido de motor.
Ni qué decir del EZLN, al que el Estado reconoció que su levantamiento obedeció
a causas legítimas y justas que deberían resolverse y en lugar de ello les ha
querido dar gato por liebre.
Así que el lente que el Estado debería utilizar para acercarse a estos
movimientos es el constitucional antes que el penal, pues es su deber proteger
la protesta en lugar de acallarla. Requerimos un vuelco en la mirada para
enfocar el derecho desde las personas antes que desde el Estado. Sólo desde ahí
podremos sentirnos todos y todas agraviados por los atropellos y delitos
oficiales de que están siendo objeto los detenidos en Atenco; sin conocer de qué
se les acusa, han sido incomunicados; muchos están muy golpeados, hay mujeres
violadas, no se les han respetado las mínimas garantías y el clima de
intimidación para todo el pueblo de Atenco sigue creciendo. Se difunden
declaraciones contra los líderes obtenidas sin condiciones de paz para la libre
expresión.
Nada de esto es inocente: desde el Yunque-gobierno se han calculado puntualmente
los efectos políticos que tendrán las movilizaciones por la liberación de
presos. A corto plazo apuestan a impactar el proceso electoral y abonar el voto
del miedo, y a futuro pretenden inhibir la protesta social y estigmatizarla como
ilegal y violenta.
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