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El gobierno ecuatoriano anuló el contrato que le permitía operar en su país a la petrolera estadunidense Occidental (Oxy), tras culparla de vender ilegalmente parte de sus acciones.
Iván Rodríguez, ministro de Energía y juez del caso, señaló que ''cumplidos los presupuestos determinados, se resuelve aceptar la demanda y petición presentada por Petroecuador, y se declara la caducidad del contrato de participación para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo de la compañía, lo que implica la inmediata devolución al Estado de las áreas contratadas y la entrega de todos los equipos, maquinarias y otros elementos''.
Por su parte, el procurador general, José Borja, principal detractor de la compañía, rechazó la defensa de la petrolera y demandó su expulsión en medio de los aplausos de sectores de izquierda e indígenas que demandaban el respeto a la soberanía nacional, presuntamente violada por Occidental.
El gobierno resolvió anular el contrato de Oxy, tras un dispendioso proceso iniciado en 2004 contra la multinacional por vender, sin autorización oficial, 40 por ciento de sus acciones a la canadiense Encana, ahora propiedad de la china Andes Petroleum.
La decisión deja sin efecto el convenio mediante el cual Occidental explotaba 100 mil barriles diarios de crudo en la Amazonia ecuatoriana desde la década de los noventa, y afecta a la totalidad de los campos que gestiona Oxy, incluidos el bloque 15 y los campos Limoncocha y Edén-Yuturi de los que la estadunidense extrae 7 por ciento de su producción mundial de crudo y en los que ha invertido más de mil millones de dólares.
El fin del contrato de Oxy se produce en momentos en que la región sudamericana es sacudida por esfuerzos de los distintos países, como Venezuela y Bolivia, por aumentar el control de sus recursos naturales.
Arreglo amistoso, rechazado
Oxy, que se presenta como el principal inversionista en Ecuador, planteó al Estado un arreglo amistoso que incluía la entrega de 20 millones de dólares y el 50 por ciento de las ganancias excedentes por el alza de los precios del crudo.
Si bien una controvertida norma ya obliga a las petroleras extranjeras a repartir esas utilidades, Oxy argumentaba que el Estado podría perderlas si prosperaban las demandas de las compañías, y por ello ofrecía incluir en un arreglo amistoso una cláusula que garantizara el desembolso.
No obstante, este lunes el presidente de Petroecuador, Fernando González, rechazó el ofrecimiento, con el argumento de que es contrario a la ley.
''En mi calidad de presidente de Petroecuador rechazo la propuesta transaccional por ser contraria a la ley, inviable y lesiva a los intereses de mi representada'', señaló González en una carta pública al ministro Rodríguez, quien actúa como juez de última instancia del caso.
Apoyado en ese procedimiento, el gobierno retiró a la estadunidense la licencia de operaciones y, de paso, calmó a los sectores indígenas y populares que exigían la salida de la multinacional.
Sin embargo, la decisión también podría sepultar sus posibilidades de cerrar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por cuanto Washington había supeditado la firma del acuerdo a un arreglo amistoso con la petrolera, según admitieron funcionarios de Quito.
El equipo negociador estadunidense mantiene suspendidas las conversaciones desde abril, pese a los llamados del gobierno de Alfredo Palacio para reanudarlas, dejando fuera las tratativas del caso Oxy y de las petroleras afectadas por la medida que las obliga a repartir sus utilidades excedentes.
Cronología Occidental-Ecuador
21 de mayo de 1999: Occidental Petroleum Corp. (Oxy) suscribe un contrato de participación con Ecuador para la exploración del Bloque 15, ubicado en la región amazónica.
24 de octubre de 2000: Oxy firma un acuerdo con la empresa canadiense EnCana Corp. En la primera fase del convenio Occidental transfiere a la petrolera EnCana ''el derecho a recibir 40 por ciento de la producción y 40 por ciento de utilidades netas de Occidental que proviene del Bloque 15''. En la segunda fase Occidental propone una cesión futura a EnCana de 40 por ciento del bloque sujeto a autorización del Ministro de Energía, según Occidental.
17 de enero de 2001: el Ministro de Energía confirma que la primera parte del acuerdo ''Farmout'' se puede realizar sin previa autorización, mientras la cesión requiere la aprobación de las autoridades ecuatorianas cuando se concrete la operación.
15 de junio de 2004: Occidental solicita una autorización al Ministro de Energía para iniciar la cesión del título legal a EnCana.
12 de agosto de 2004: La Procuraduría del Estado acusa a Occidental de incumplir el contrato suscrito por Petroecuador por haber transferido, sin previa autorización, el 40 por ciento del Bloque 15 a EnCana. Argumenta una violación al contrato suscrito en 1999 con la estatal Petroecuador.
4 de julio de 2005: Ecuador anuncia que revisará proceso contra Occidental. Petroecuador integra una comisión especial con técnicos del Ministerio de Energía y la Procuraduría para actualizar la información.
3 de agosto de 2005: El presidente de Petroecuador, Carlos Pareja, demanda el fin del contrato con Occidental al ministro de Energía, sobre la base de las acusaciones de la Procuraduría de violaciones contractuales. El ministro de Energía, Iván Rodríguez, despide a Pareja.
15 de noviembre de 2005: Ecuador notifica a Occidental que abrió proceso formal para analizar el pedido de caducidad de Petroecuador.
18 de enero de 2006: Occidental anuncia que posterga inversiones en los bloques que opera en Ecuador por la disputa contractual.
7 de febrero de 2006: Occidental presenta pruebas de descargo al ministro de Energía para desvirtuar acusaciones de Petroecuador sobre supuestas violaciones contractuales. Aduce que la caducidad sería ilegal y violatoria a las leyes y la Constitución de Ecuador.
9 de febrero de 2006: El ministro de Energía entrega la respuesta de Occidental a Petroecuador y Procuraduría, e inicia un periodo de prueba de 10 días en el proceso administrativo.
16 de febrero de 2006: El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, dice que la decisión final sobre el caso de Occidental se tomará con base en las recomendaciones que realice la Procuraduría.
17 de febrero de 2006: El procurador, José Borja, emite un pronunciamiento definitivo sobre las acusaciones contra Occidental y ratifica las violaciones contractuales. Recomienda declarar la caducidad del contrato.
15 de mayo de 2006: Petroecuador rechaza la posibilidad de arribar a una salida negociada para el conflicto con la petrolera, por la inexistencia de una base legal que sustente un acuerdo. El ministro de Energía, Iván Rodríguez, como juez natural del conflicto, declara la caducidad del contrato con Occidental y le ordena a la compañía devolver las áreas petroleras bajo su gestión en la región amazónica.
Ningún portavoz de Occidental quiso comentar la situación del proceso. La compañía tiene la posibilidad de apelar una posible ruptura forzada de su contrato ante las cortes locales e internacionales, pero existen versiones contrapuestas respecto a si debe o no entregar inmediatamente a Petroecuador sus campos petroleros.     

Fuente: lafogata.org