La institucionalización del paramilitarismo en Colombia
Hugo Paternina Espinosa
Nada nuevo bajo el sol
La presencia del narcoparamilitarismo en la política colombiana no es asunto
sólo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Narcotraficantes y paramilitares han
perneado la institucionalidad de arriba abajo y de abajo a arriba. A principio
de los años 80 y es de público conocimiento, lástima que la frágil memoria de
los colombianos no lo recuerde, Pablo Escobar Gaviria estuvo en el recinto del
Congreso y más exactamente en calidad de Representante a la Cámara; lugar hasta
donde le había llevado en condición de suplente a esta Corporación, Jairo Ortega
Ramírez, Representante por el Departamento de Antioquia y personaje éste con
quien había organizado en 1981 el Movimiento Político Renovación Liberal, al
cual muy pronto adhirieron a la organización política Alternativa Liberal,
dirigida por el entonces senador Alberto Santofimio Botero; de quien se sabe
está detenido hoy por hallarlo la Fiscalía General de la Nación comprometido en
el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento (1989) y quien según las encuestas
de entonces lo daban como virtual ganador de las elecciones presidenciales.
En Colombia, la cohabitabilidad del narcoparamilitarismo y la política es un
hecho notorio. La financiación de las campañas políticas por parte de
reconocidos narcotraficantes; en el pasado y en la actualidad, sin duda, es un
hecho que salta a la vista y por más que sus directos beneficiarios hayan
procurado ocultarlo, como lo han pretendido hacer en diferentes momentos, la
empresa ha resultado complicada, cuando no imposible. Salvo contadas ocasiones,
sin embargo, la opinión pública ha conocido la naturaleza real de la
financiación de dichas campañas por parte del narcotráfico y en nuestros días,
por el paramilitarismo. Así, propio es recordar que, ya en 1982 a la campaña de
Alfonso López Michelsen se le acusó de haber recibido dineros de la mafia. Y no
sólo ello, pues preciso señalar es que el mismo Expresidente López, el
Exrepresentante Jairo Ortega, Federico Estrada Vélez (senador entonces), Ernesto
Samper Pizano, Santiago Londoño White y Carlos Nader Simmonds
[1] , el mismo de las amenazas contra el
periodista de la Revista Semana, Daniel Coronell, entre otros, se reunían con el
ya conocido capo Pablo Escobar Gaviria en la suit presidencial de un lujosos
Hotel en Medellín.
Todos estos personajes luego terminarían vinculados a escándalos donde los nexos
política y narcotráfico fue la nota marcante. Por citar sólo un par de casos;
Carlos Nader terminaría detenido en New York en 1983 cuando intentó vender,
siendo Congresista activo, a agentes encubiertos de la DEA
[2] , como no, unos kilos de cocaína, y a Ernesto
Samper Pizano se le señaló por haber financiado su campaña a la Presidencia en
el periodo 1994-1998 con los dineros del Cartel de Cali, lo que daría paso al
Proceso 8000; nombre como se ha conocido al más renombrado caso de simbiosis
entre política y mafiosos en Colombia. En este proceso, pertinente además
resulta decir que, 18 congresistas terminaron comprometidos en este caso y
judicializados los mismos; de igual modo, importantes Ministros (Botero Zea) y
funcionarios de la Campaña "Samper Presidente" fueron condenados por estos
hechos. Entre los Congresistas que resultaron comprometido en aquel repudiable
episodio están, entre otros, Francisco José Jattin, --padre de Zulema Jattin
Corrales—y Jorge Ramón Elías Nader, Expresidentes de la Cámara de Representante
y del Senado, respectivamente; también José Guerra de la Espriella, Jaime Lara
Arjona y Fernando Garavito; quienes no pudieron ocultaron que desde hacía mucho
tiempo atrás venían recibiendo favores económicos de los capos de la mafia, a
cambio, sin duda, de promover en el Congreso proyectos de ley que beneficiara a
sus organizaciones criminales.
La infiltración de dineros de la mafia y hoy del paramilitarismo, empero, no se
remite sólo a la política, también ha infiltrado a la economía y sus gremios y
de igual modo a importantes organismos del Estado; los cuales desde hace mucho
tiempo atrás vienen en un proceso de narcoparamilitarización en todos los
niveles de la administración, en el orden local, regional y nacional; sólo que
ahora parece que nos percatáramos de que el fenómeno es reciente, cuando éste
tiene una avezada historia. Basta sólo recordar que ya en vida de Pablo Escobar
Gaviria importantes oficiales del ejército y la Policía estaban a sus servicios
y hacían parte sustancial de su anillo de seguridad, pues le proporcionaban
información valiosa para sus movimientos: Un hecho que confirma lo aquí anotado
fue la espectacular fuga que propició este capo del cartel de Medellín de la
"Cárcel La Catedral", de Máxima Seguridad, decían, cuando se sabía que el
Gobierno de César Gaviria Trujillo había tomado la decisión de extraditarlo a
los EEUU.
Y de estas relaciones entre el narcoparamilitarismo y la institucionalidad en
Colombia podríamos seguir hablando y de manera profusa, pues ejemplos no nos
faltan. Uno de ellos y quizá el más claro resulta el nexo entre la Policía, el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los Militares y los llamados
Pepes [3] (Perseguidos por Pablo Escobar Gaviria); organización
criminal esta constituida por los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, y por Don
Berna, quienes luego de hacer parte fundamental del Cartel de Medellín y ser
hombres de confianza de Pablo Escobar Gaviria, pasaron a enfrentarlo, hasta
propiciar su muerte y, en apariencia, la desaparición de su empresa del crimen,
o más bien quedarse con su franquicia. No hay duda que a esta cruzada contra
Escobar se unió la DEA y también el Cartel de Cali. Por todo ello, grandes
favores le debe el Estado en Colombia al narcoparamilitarismo: primero, por
ayudarles a enfrentar el crecimiento de la insurgencia y del movimiento popular
en un momento en que lo requería, y segundo lugar, a los PEPES, por haberse
quitado la figura asesina de Escobar de encima. Al juzgar por los
acontecimientos actuales y a manera de sorna, justo premio ha dado el Estado en
Colombia al narcoparamilitarismo hoy al haberlo legalizado a través de la ley de
"Justicia y Paz".
Álvaro Uribe Vélez, el personaje que hoy encarna la extrema derecha en Colombia
y el Presidente más señalado por tener vínculos con el narcotráfico, sin
sonrojarse y sin ningún empacho entendió que había llegado el momento del
reconocerle y de agradecer al narcoparamilitarismo "su vocación de patria", como
en el fondo así lo piensan, pero no expresan muchos políticos de oficio, y
también y sin equívoco alguno, singulares miembros de los más representativos
grupos económicos del país. Su mérito está en visibilizar lo que otros siempre
pretendieron ocultar, muy a pesar que vieron como conveniente la existencia del
paramilitarismo como una fuerza de contención de todo aquello que era mirado por
la institucionalidad como una amenaza a su existencia. La elite en Colombia,
tiene, efectivamente, mucho que agradecer a los Castaño Gil, y a Salvatore
Mancuso, entre otros asesinos, por su contribución al mantenimiento del status
quo. Con Uribe Vélez el narcoparamilitarismo pasó en Colombia de ser una
organización criminal a ser un actor político y de allí al cogobierno como lo
manifestara hace poco tiempo Antanas Mockus, candidato a la Presidencia por el
Movimiento Alianza Social Indígena.
Así, los narcoparamilitares pasaron de ser finqueros a mediados de los 80 y
principios de los 90, a manejar pequeñas alcaldías al finalizar esta década y de
ahí a permear e instalarse en importantes instituciones del Estado en la década
del 2000, con importante capacidad resolutiva, bien es señalarlo. Algunas
Gobernaciones, La Fiscalía
[4] General de la Nación, el Congreso
[5] , las Universidades
[6] (la de Córdoba en especial), la Corporación de
los Valles del Sinú y San Jorge en Córdoba y el mismo DAS. En regiones donde su
poder es incontestable han reforzado el gamonalismo como práctica política y han
adobado a este con la presencia de sus armas; las cuales han servido no sólo
para oponerse a cualquier reforma política sino para imponer una contrarreforma
agraria, al punto que como lo plantean el Instituto Agustín Codazzi (IGAC) y
CORPOICA, "el 61% de la tierra en Colombia está en poder del 0.4% de los
propietarios, mientras que el 96% de estos deben conformarse con apenas el 24%
de la tierra" [7]
.
Como dato puntual, Uribe es uno de los grandes terratenientes y ganaderos de
Colombia y con él se ha terminado de imponer la cultura mafiosa y
narcoparamilitar en los asuntos públicos y también la cultura caballística de la
cual ha hablado Alfredo Molano; lo cual ha hecho que ganaderos y terratenientes
sean fervorosos creyentes en su política de "Seguridad Democrática". En Córdoba,
por ejemplo, santuario del paramilitarismo y su zona de despeje desde hace 15
años, Uribe tiene extensas propiedades de tierra, de las cuales Castaños en su
día y también Mancuso fueron sus vigías, aunque no lo reconozca, o diga, como
dice, de forma timorata, que a este último sólo lo vio dos veces y sobre todo
antes de convertirse en paramilitar. Antes había dicho que lo había visto una
sola vez, hoy la cuenta sube y no nos extraña que luego resulte que no fueron
dos veces, como ahora ya reconoce, sino que hasta hicieron negocios. Y es
posible que así sea puesto que la mentira bajo el mandato de Uribe se impone, o
lo que es lo mismo, la verdad está herida y de muerte.
Insisto que la presencia del narcoparamilitarismo en las instituciones
colombianas no es un fenómeno nuevo, quizá lo nuevo pueda ser la intensidad de
su presencia y el alcance que este hoy tiene al interior del Estado, que no es
poco, pues no se reduce sólo al perímetro nacional sino que tiene una cobertura
de orden internacional, como así se comprueba por las acciones del
archiparamilitarizado y narcotizado DAS en contra del gobierno de Venezuela. Lo
que acontece con el DAS en Colombia, sin duda, es un fiel reflejo de la
institucionalización del narcoparamilitarismo que hoy se vive en el país;
acelerada la misma, como lo hemos dicho, por la forma aquiescente de cómo Uribe
viene interlocutando con narcotraficantes y paramilitares y facilitándole
importantes espacios de acción institucional.
En el gobierno de Uribe no son pocos los funcionarios de alto rango, de su
extrema confianza, por decir lo menos, que han terminado haciéndoles importantes
concesiones a reconocidos personajes asociados con la criminalidad y el hampa, o
han estado ellos muy cercanos a grupos criminales, de lo que no escapa, por
cierto, el candidato-presidente, que justo es reconocer, fue una especie de
portavoz del Programa "Medellín sin Tugurios"; iniciativa que lideró Pablo
Escobar en su momento. Así, Resulta difícil pensar que el Presidente no tenga
conocimiento sobre la calidad de las personas a quienes nombra en distintos
organismos del Estado; los escándalos que a diario saltan nos conduce a unas
preguntas obligadas ¿por qué el Presidente Uribe se rodea tan mal y por qué
tolera y consiente que sus funcionarios a través de sus actuaciones
institucionales le den tanto pábulo al narcoparamilitarismo? ¿Esta forma de
actuar obedece a una política de gobierno o es un acto de funcionarios díscolos?
La lista de funcionarios nombrados por Uribe que aparecen con vínculos con
narcoparamilitares no es corta. Citemos algunos de sus connotados funcionarios.
Los funcionarios de Uribe: pronarcoparamilitares.
Bernardo Moreno Villegas. En la actualidad es el Secretario de la Presidencia de
la República y fue hasta hace poco tiempo Director de Financiera de Desarrollo
Territorial (Findeter). Se le achacan, según Alfonso de la Espriella
[8] , de ANNCOL noticias, importantes vínculos con
el reconocido narcotraficante Gildardo Ceballo Zuluaga, de quien se dice,
financió su campaña a la fallida gobernación del Quindio. Se presume de igual
modo que bajo la dirección de Findeter reorientó importantes capitales hacia
municipios de amplio manejo paramilitar, tanto en la Costa Atlántica como en el
eje cafetero.
Da cuenta la fuente citada, además que, Gildardo Ceballo Zuluaga, --su
financista electoral--, es un reconocido auspiciador de los paramilitares en el
Quindio y también fue contribuyente de la pasada campaña presidencial de Álvaro
Uribe Vélez, y quien éste y en agradecimiento por su contribución le ha nombrado
a su hijo en el consulado de Colombia en Boston, lo cual quiere decir que el
asunto trasciende a Moreno Villegas y toca al presidente Uribe. Ceballo Zuluaga,
al parecer, había sido investigado por el DAS en el Quindio y según de la
Espriella, la rápida intervención de Bernardo Moreno ante el triste célebre
Jorge Noguera, Exdirector del DAS, actual Cónsul en Milán y de quien nos
referiremos más adelante, propició que la investigación se archivara y/o
modificara parte sustancial de la misma. De Jorge Noguera, y no es por
desconocer la presunción de inocencia, hay que esperar lo peor.
Otro personaje con alto grado de responsabilidad en el actual gobierno y que se
le han comprobado importantes relaciones comerciales y empresariales ---y así lo
reconoce ella—con reconocidas personas asociadas a la mafia, en especial, al
Cartel del Norte del Valle, es Lía Nicolasa Heenan Sierra, actual Presidenta de
la Central de Inversiones S.A (CISA) y quien fue nombrada directamente por el
Presidente Uribe en esta entidad del Estado; Corporación ésta asociada al Fondo
de Garantías de Instituciones Financiera (FOGAFIN) y desde la cual tenía o tiene
la responsabilidad de comprar y vender todos los activos de la aún existente
banca estatal – la poca que queda--- o la que hace ya mucho rato entró en
liquidación; o lo que quiere decir, fue regalada al capital transmonopólico
financiero internacional. La funcionaria en mención como lo da a conocer el
periodista Norbey Quevedo
[9] de la Unidad Investigativa del Espectador, fue
la Vicepresidente de Crédito de Findeter y a juzgar por los hechos descrito era
de la más absoluta confianza del actual Secretario de Presidencia y Exdirector
de Findeter, Bernardo Moreno. Éste, al parecer, fue quien la recomendó ante
presidencia para ocupar el cargo que hoy desempeña.
Lía Nicolasa y Bernardo Moreno desde hace algún tiempo tenían relaciones con
Luis Antonio Hernández Zea y con Gabriel Puerta Parra, importantes ejecutivos de
la empresa Intercontinental de Aviación; empresa que junto a otras
pertenecientes a este mismo grupo eran señaladas por el Gobierno americano de
hacer parte de un complejo de empresas dedicadas al narcotráfico. Parece ser que
Lía Nicolasa heredó las relaciones de Moreno y fue mucho más allá, pues pasó de
funcionaria de Findeter y atender las peticiones de empréstitos realizadas por
éstos señores, a convertirse en una valiosa socia dentro del entramado de
empresas que el cartel del Norte de Valle tiene en Colombia y a través de las
cuales realizaba sus operaciones de envío de droga a los EEUU y promovía el
blanqueo de divisas. Así, el 29 de julio del año 2004, la flamante Presidenta de
CISA, Lía Heena, constituyó, -----tal como lo da a conocer el periodista
Quevedo---, junto a Luis Hernández Zea, Manuel Arturo Rincón, Fernando Parga,
María Isabel Cáceres y Mauricio Alberto Peraza, la Empresa Panatel, la que se
encargaría de ofrecer los servicios de internet y telefonía en distintos puntos
del país donde la entidad en liquidación, Intercontinental de Aviación, tenía
locales.
La inversión inicial de la empresa Panatel fue de "200 millones de pesos y la
sociedad quedó repartida, dice la fuente citada, por 9 empresas, entre ellas:
Super 9 comunicaciones S.A., Acociviles S.A., Prosositel S.A., Redsat de
Colombia S.A., Fusión Turismo y Eventos., Asociación Turística Internacional y
Lía Heena Sierra, quien adquirió 10.000 acciones de la sociedad" A varios socios
de Panatel, a la entidad misma y a un grupo de empresas a ellas asociadas el
gobierno americano, en especial la Oficina del Tesoro, en el año 2004, pudo
comprobar que algunas de estas empresas asociadas a Panatel enviaban a través de
la aerolínea Intercontinental de Aviación Drogas a los EEUU. El mismo
departamento del Tesoro encontró que Luis Hernández Zea y Gabriel Puerta Parra
estaban vinculados a la estructura mafiosa del cartel del Norte del Valle y, en
particular, Puerta Parra tiene proceso abiertos por droga y crimen en un
Tribunal de Columbia y de la Florida, respectivamente. Además de ello, Luis
Hernández Zea, aparece referenciado en la lista Clinton, tal y como lo da a
conocer Norbey Quevedo.
La Fiscalía General de la Nación en febrero del 2005 a través de una fiscal de
la Unidad Nacional para la extinción de bienes, procedió a actuar contra las
propiedades y acciones de Puerta Parra y Luis Hernández Zea, lo que incluyó su
poder accionarial en Panatel; empresa que hoy está en proceso de liquidación, lo
cual no es excusa para que Heena Sierra piense que su responsabilidad ética,
profesional y posiblemente penal sobre este caso queden en el aire.
Lo inexplicable es que el Presidente Uribe que conocía esta repudiable actuación
de uno (a) de sus funcionari@s y no le haya pidiera la renuncia o haya
prescindido de ella. Como en otros casos, Lía Nicolasa ante su posible salida
del gobierno dice: "Creo que si es decisión del presidente Uribe que yo renuncie
por esta situación, pues acato esa decisión". Si tuviera dignidad la mencionada
funcionaria renunciaría, pero ni ella ni su principal jefe la tienen, con lo
cual se da por sentado que continuara en el cargo y de hecho, aún parece seguir
en el. Esta pasividad frente a hechos de tan gran envergadura nos reafirma en la
convicción de que el proceso de institucionalización del narcoparamilitarismo en
Colombia es un hecho y que el cogobierno con este es inocultable, lo que denota
la naturaleza pronarcoparamilitar del gobierno de Uribe.
Dentro de esta misma lógica descrita, el caso de Luis Ortiz López, Exdirector
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) resulta igual de indigno.
Éste funcionario renunció luego que una investigación de la Procuraduría General
de la Nación y difundida por los medios de comunicación, pusiera de presente que
había entregado con total impunidad cerca de 18.000 hectáreas de tierras a
personas que no sólo no tenían derecho a recibirlas sino que además le entregó
una Finca a José Eleazar Moreno
[10] , Alias Comandante Jaime, de las Autodefensas
de Puerto López, Meta, y quien al recibir la propiedad aún se encontraba como
miembro de esta agrupación criminal. De este modo, las tierras que en principio
debían ser entregadas a los campesinos desplazados eran por este funcionario
otorgadas a terratenientes y algunos paramilitares. La Procuraduría encontró
irregularidades en 37 adjudicaciones de tierra de las que correspondía al
Municipio de Puerto López. El mencionado funcionario renunció sólo cuando la
investigación tomó rumbo de escándalo, antes, el gobierno ni siquiera se había
tomado la iniciativa de pedir responsabilidades por este avieso proceder.
Otro de los sonado personajes involucrado en todo este proceder que favorece a
narcotraficantes o a paramilitares, es Roger Taboada
[11] , Exdirector del Fondo Nacional Agrario
(FINAGRO) y de quien se sabe transfirió, – más no aprobó--- créditos por más de
25.000 millones de peso al Fondo ganadero del Caquetá y, en especial, a Micky
Ramírez, un reconocido personaje vinculado en los años 80 al cartel de Medellín
y, en particular, a Pablo Escobar Gaviria. En estos créditos adjudicados el
Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, debió haber asumido sus
responsabilidades políticas y renunciar, sin embargo, el Presidente Uribe ante
la gravedad de los hechos sólo optó por aceptar la renuncia de Taboada. Como en
el caso anterior, el Gobierno calló y vino a aceptar la renuncia del Director de
Finagro más por la presión de la prensa que por una obligación moral e
institucional. Hasta hoy el Ministro de Agricultura sigue en el cargo y dice lo
que en este tipo de casos dicen todos los funcionarios nombrado por Uribe: "hago
lo que el presidente me diga: Aunque he pensado renunciar. Estoy dispuesto a
asumir mi responsabilidad" Este tipo de planteamiento deja patentado la poca
vergüenza y ética que tienen los funcionarios que ha nombrado el señor
Presidente y también la connivencia institucional de su gobierno frente a este
tipo de actuaciones; las cuales denotan hasta donde el favoritismo para con el
narcoparamilitarismo es evidente.
Y el gradiante más alto de toda esta perversión institucional la representa, sin
duda, el caso de Jorge Noguera, Exdirector del DAS y hoy Cónsul en Milán. Este
personaje fue vinculado a la campaña Uribe Presidente en el año 2001 en el
Departamento del Magdalena, en calidad de gerente de la misma. En esta zona del
país a Noguera se le asociaba con los paramilitares. Éste había ocupado un
importante cargo, Secretario de Gobierno, siendo gobernador de aquel
Departamento el actual Director del Instituto de Estupefaciente, Juan Carlos
Vives Menotti, quien fue quien lo recomendó ante Uribe. Obtenida la victoria por
parte éste, pensó que la mejor gratificación que podía hacerle a Jorge Noguera,
dado los importantes resultados logrados electoralmente en el Magdalena, era
vincularlo como un cuadro dentro del esquema de su Política de Seguridad
Democrática y en correspondencia con ello le ofreció el cargo de Director
Administrativo de la Policía secreta (DAS).
Noguera a su vez vinculó a Rafael García, a quien le nombró en el DAS como Jefe
del Área de Informática y persona con quien había trabajado antes en la campaña
y en otras entidades. Muy pronto Rafael García mostró su catadura y empezó a
limpiar expedientes de reconocidos narcotraficantes pedidos en extradición y
también de toda suerte de paramilitares. Además de ello participaba en una red
de blanqueo y lavado de activos. Una investigación interna demostró las zafias
actuaciones del jefe de informática y su enjuiciamiento por la Fiscalía General
de la Nación no se hizo esperar. Ahora la Unidad de Fiscales ante el Tribunal de
Bogotá le ha llamado a juicio y le imputa los delitos de enriquecimiento
ilícito, concierto para delinquir, falsedad y fraude, entre otros. La esposa de
Rafael García, se sabe, tiene detención domiciliaria y ha sido vinculada al
proceso por enriquecimiento ilícito. Ha trascendido que ella giró un cheque por
valor de 10 millones de pesos a Jorge Noguera, el cual él señala que fue en
calidad de empréstito.
El exjefe del Área de Informática del DAS ha venido haciendo importantes
revelaciones que afectan profundamente la credibilidad del organismo y la de sus
principales responsable en su momento. Más adelante volveré sobre las
interesantes denuncias que ha realizado el personaje en mención, las cuales nos
darán singulares pistas para comprender lo ilegítimo e ilegal que es el gobierno
de Uribe y el grado de paramilitarización que enfrenta la institucionalidad en
Colombia. Por ahora sólo veamos algunas ejecutorías del Exdirector del DAS y
algunos escándalos en este organismos, los cuales comprometen seriamente al hoy
Cónsul de Colombia en Roma.
Jorge Noguera: "Nuestros Vladimir Montesinos", su Jefe, Uribe
En calidad de Director del DAS, Jorge Noguera, "nuestro Vladimiro Montesinos",
nombró [12] en las regionales del organismo a funcionarios con un
pasado plagado de violación a los derechos humanos y con notorios vínculos con
reconocidos narcoparamilitares. Así, hizo nombrar como jefe seccional del DAS en
Boyacá a Antonio Triviño, en la Guajira a César Mesa, en Tolima a Oscar Carreño,
en el Cesar, al coronel en retiro Jairo Giraldo, en el Meta a Ismael Malaver, en
Bolívar a Rómulo Betancourt, en Norte de Santander a Mauricio Rosales y en el
Departamento del Atlántico, a Emilio Vence Zabaleta.
Hay que anotar que los tres últimos directores señalados ya habían sido
funcionarios del DAS y bajo Noguera fueron reincorporados. Betancourt; por
ejemplo, ingresó nuevamente el 3 de julio del 2003 y hasta el 9 de octubre del
2002 era trabajador de la Empresa de Juegos de Azar Uniapuestas; entidad esta de
propiedad de Enilse López, alias la "Gata" y quien para refrescar la memoria fue
fiel contribuyente, como otros mafiosos, a la campaña de Uribe Presidente en el
año 2002; aportó como consta en los registro de contribución la friolera de 100
millones de pesos. Como es de público conocimiento, fue detenida en el mes de
febrero del presente año por lavado de activo y por apoyar a grupos
paramilitares en el sur de Bolívar y los Montes de María; en el Departamento de
Sucre. Betancourt dice que para reingresar al DAS en su seccional del
Departamento de Bolívar fue propuesto por Jorge Visbal Martelo, Expresidente del
gremio de ganaderos de Colombia y exemabajador en Canadá; sin embargo, Rafael
García, el exjefe de Informática de esa entidad señala, y eso tendría que
probarlo la Fiscalía, que su reincorporación a este cuerpo lo consultó Jorge
Noriega, el Exdirector del DAS, con el reconocido y criminal jefe paramilitar
Jorge 40.
Otro de los reincorporados fue Emilio Vence Zabaleta. De este personaje se
podría decir que "no tiene historia sino prontuario" y una carrera de amplia
colaboración con los paramilitares de Fidel y Carlos Castaños Gil, quienes le
consideraban muy cercano. Se desempeñó como Director seccional del DAS en
Departamento de Córdoba entre mediados de la década de lo 80 y finales de la
misma; es decir, en el momento en que los paramilitares irrumpieron con su
régimen de terror en aquella región e impusieron las masacres y los asesinatos
selectivos contra miembros del movimiento social y, en particular, contra
sindicalistas, indígenas, estudiantes y miembros de las organizaciones políticas
de izquierda: A luchar, Frente Popular y la Unión Patriótica.
Bajo su dirección los paramilitares actuaron con total impunidad y poco fue lo
que se hizo desde ese organismo para parar la embestida de los paramilitares
contra la población civil. A finales del 80, cuando sale de la dirección del DAS
en Córdoba, fue trasladado a la dirección de ese mismo organismo al Departamento
del Cesar; donde se presume, prestó importante cobertura al surgimiento de los
paramilitares en esa región. Salió del DAS en 1999 por violación a los derechos
humanos y quien lo volvió a reintegrar fue exactamente el Presidente Uribe, pues
éste señaló en su momento que los ganaderos de Córdoba le habían solicitado,
"gracias a su excelente labor allá" que lo reintegraran. ¿Qué ganaderos se lo
pidieron: Rodrigo García, Salvatore Mancuso, Jaime García, Jesús María López
Gómez, Abraham Gánen; etc?
Recuerdo, Uribe es ganadero en Córdoba, él también seguro quería reintegrarlo,
pues de gran ayuda fue este personaje para los hermanos Castaño Gil en su
momento y para el paramilitarismo en su conjunto, pues estuvo además de Córdoba,
en Cesar, Sucre y finalmente en el Atlántico; lugares de amplio manejo
paramilitar hoy. Es de señalar que Vence Zabaleta fue reincorporado como
Director Seccional del DAS en Barranquilla y salió de la entidad en julio de
2005 cuando se comprobó que preparaba atentados contra el presidente Uribe;
atentados que luego le desmontaba y ello con el objeto de ganar confianza y
reconocimiento de su labor ante éste y Jorge Noguera, Director del DAS. Cuando
la Fiscalía iba a proferir medida de aseguramiento en su contra se fugó y
apareció cinco meses después para entregarse a la Fiscalía
[13] ; quien lo acusa de numerosos delitos.
El caso de Mauricio Rosales, Director del DAS en el Departamento de Norte de
Santander, no ofrece nada diferente a la permisividad de ese organismo para con
los paramilitares y narcotraficantes que operan en esa sección del país. Se sabe
que desde allí se ha estado produciendo una avanzada paramilitar contra el
gobierno de Venezuela y que éstos operan con total impunidad en aquella región.
También es poco lo que este Director ha hecho en el Departamento por enfrentar
los nexos de políticos
[14] y narcotraficantes, pues se sabe que Carlos Emiro
Barriga, al parecer hoy congresista electo y Rafael Barriga, su hermano, son
responsables de conformar grupos paramilitares en Norte de Santander.
De todos los directores del DAS hasta ahora referidos y que fueron traídos por
Jorge Noguera; Mauricio Rosales es el único que aún se encuentra vinculado a la
entidad. Noguera ante la espesura de los hechos tuvo que sacar en su momento a
Vence Zabaleta; los demás quedaron vinculados pese a denuncias que los
comprometían con la mafia o los paramilitares. El actual director del DAS,
Andrés Peñate, decidió el día 30 de Noviembre del 2005 prescindir
[15] de los directores de Bolívar, Cesar, Tolima,
Guajira, Boyacá, Meta y del Subdirector de Sucre, Francisco Murillo, por
entender que estas seccionales están permeadas por el paramilitarismo y el
narcotráfico, a lo que él llama corrupción. Y corrupción también fue el
escándalo que saltó cuando Enrique Benítez, uno de los funcionarios más antiguos
del Cuerpo, denunció ante la Procuraduría en el año 2004 a Jorge Noguera y
Giancarlos Auque, Exsecretario del DAS, nombrado por Noguera, por la compra poco
transparente de un armamento y medios de comunicación para la entidad; además de
señalarlo de evitar que contra reconocidos capos del narcotráfico y los
paramilitares se desplegaran acciones. A Benítez el castigo que le impuso
Noguera fue trasladarlo y posteriormente declararlo insubsistente.
La narcoparamilitarización del DAS
La situación en el DAS, sin embargo, bajo la administración de Jorge Noguera,
más que conjurarse se agudizaba. Como si de un cáncer se tratara la situación
hizo metástasis cuando el 25 de octubre del 2005 se conocieron las reveladoras
denuncias [16] hechas por José Miguel Narváez
[17] , ExSubdirector del DAS; hombre de extrema
derecha, y quien puso de manifiesto que el Subdirector de Inteligencia de ese
organismo, Enrique Aríza, y otros detectives, estaban gestionando una especie de
franquicia del DAS en materia de comunicaciones y de información policial que
sirviera a los paramilitares para sus fines y propósitos.
Estos tres funcionarios de la más alta confianza del Presidente se trenzaron en
torbellino de mentidos y desmentidos frente a este hecho; lo que ocasionó que el
Presidente Uribe declarara a Narváez insubsistente pocos días después; aceptara
la renuncia a Aríza y como premio otorgara a Noguera el honor de salir con la
renuncia en la mano, no echado y, de igual modo, un contrato en donde lo
nombraba como Cónsul en Milán. Es decir que, así premia Uribe a los funcionarios
que buenos favores hacen por no atacar a los paramilitares y a los
narcotraficantes. Tal es la putrefacción y el grado infiltración
narcoparamilitar del DAS, entidad que depende de Presidencia, que Uribe dijo que
había pensado en su cierre; como coartada publicitaria, seguro, porque en la
práctica y al parecer este organismo sigue dando que decir por su creciente
grado de infiltración narcoparamilitar.
Rafael García: Exinformático del DAS prende el ventilador.
La situación se ha vuelto en el DAS insostenible y más ahora que el imputado
Rafael García; exjefe de Informática y ante la evidencia de los hechos ha
decidido prender el ventilador y ha puesto al descubierto toda la putrefacción
que habita en el DAS. Ha denunciado que el Exdirector de esta entidad, Jorge
Noguera, junto a él confeccionaron una audaz trama para cambiar los resultados
de las elecciones en los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira y Bolívar y
con ello beneficiar en más de 3oo mil votos a hoy Presidente Uribe y evitar con
ello el paso a la segunda vuelta en las elecciones del 2002. Para ello compraron
el padrón electoral de estos departamentos y fraguaron la presunta trama, lo que
nos dice, de ser cierta esta importante acusación, que el gobierno del actual
Presidente carece de toda legitimidad y legalidad, pues podría estar basada su
elección en resultados falsos.
Este proceder, dice García, se llevó a cabo con la ineludible colaboración de
los paramilitares, con quien al parecer Jorge Noguera tenía estrechas
relaciones. Resulta llamativo que las votaciones para Presidente en el 2002 se
cambiaran en algunos municipios de la Costa Atlántica la tradicional adscripción
electoral de los mismos. Municipios que habían votado a Serpa en las elecciones
en 1998 y en guarismos importantes pasaron a votar, algunos, en más de un 80%
por Uribe, lo que nos dice que hubo una alta concentración de la votación, lo
que pone a dudar sobre la transparencia del acto eleccionario.
De acuerdo a la investigación de la Revista Semana
[18] , Uribe obtuvo el 66% de la votación en el
departamento del Magdalena; justo en los municipios donde Dieb Maloof y Luis
Eduardo Vives, (los expulsados de los partidos uribistas en las últimas
elecciones) obtuvieron la mayor concentración de votos; lo que quiere decir en
zona de amplio manejo paramilitar. El 34 % restante lo obtuvo en distrito fuera
del área de dominio de las autodefensas. Con Serpa aconteció lo contrario, en
zona de influencia paramilitar obtuvo el 31% de la votación y el 69% por fuera
de aquellas zonas. Señala la misma fuente que Serpa, por ejemplo, en el
municipio del Difícil, en Magdalena, perdió el 84% de electores en el 2002
respecto a 1998.
Apunta también esta investigación que, en este mismo municipio, al finalizar las
elecciones en el 2002, en una de las mesas se escrutaron 40 votos, pero que los
paramilitares hicieron marcar 400 tarjetas electorales más, a favor de Uribe,
obviamente, para lo cual se valieron del hecho de tener en sus manos el padrón
electoral, que como lo ha dicho Rafael García, habían comprado los mismos con la
intención de llevar a Uribe hasta la presidencia. Uribe obtuvo la Presidencia en
la primera vuelta con una votación de 5.862.655 votos, lo que equivale al 53% de
total electoral. Si a esta cifra se le restara, como dice la Revista Semana, los
337.085 votos que Uribe obtuvo en los departamentos de la Costa referenciados
por García y donde se presume que hubo fraude electoral, entonces Uribe no
hubiera ganado la Presidencia en la primera vuelta como terminó ocurriendo
La denuncia realizada por Rafael García pone en cuestión la legitimidad y la
legalidad del actual gobierno. Y la pone por diversas razones, Primero, porque
se configuró y al parecer, una vulgar estafa electoral; segundo, porque
premeditadamente importantes personajes cercanos a Uribe se asociaron con el
paramilitarismo afín de consagrar a éste como Presidente; tercero, que hay que
recordar que en el Magdalena como en otros sitios no pocos personajes vinculados
en el pasado con el narcotráfico estuvieron en la campaña de Uribe. El caso del
Magdalena sigue ofreciéndonos sorpresa, pues ahora se sabe que Raúl Montoya
Flórez [19] , también denunciado por García, y quien hizo parte de
la Campaña Uribe Presidente en este Departamento, le fue negada la visa para
entrar a los Estado Unidos por tener, al parecer, vínculos en el pasado con el
cartel de Medellín y en especial con el Luis Carlos Molina Yepes, banquero de
aquella organización criminal y de quien en 1985 recibió por lo menos cinco
cheques que sumaban 56 millones de pesos. Montoya Flores en la actualidad era
directivo de la campaña de Uribe a la reelección y dado el tenor de las
denuncias, lo hicieron renunciar a la misma. Su hija, sin embargo, fue nombrada
por Jorge Noguera como Jefe de Protocolo del DAS, con lo cual la endogamia
pronarcoparamilitar se impone en las instituciones del Estado y todo ello con la
mirada cómplice del Presidente Uribe.
El gobierno de Uribe pretende desestabilizar a Venezuela
Otras de las denuncias que García deja al descubierto y que insistimos, es la
Fiscalía la que tiene que demostrar el grado de veracidad de las mismas, es que
desde el DAS se han estado fraguando acciones de desestabilización del Gobierno
de Hugo Chávez [20]
. Algunos hechos del gobierno de Uribe contra la
llamada "Revolución Bolivariana" en Venezuela nos conducen a pensar que estas
denuncias tienen un importante grado de credibilidad y más cuando hoy sabemos
que del centro de Caracas fue secuestrado Rodrigo Granda, un miembro importante
de las FARC hace poco tiempo y también que en el año 2004 más de 110
paramilitares fueron detenidos en las afueras de Caracas; cuando se proponían,
al parecer, realizar operaciones de desestabilización en aquel país.
En ambos casos y como ya es costumbre, Uribe salió a decir que esto era mentira.
Los hechos han terminado comprobando que, ni uno ni otro caso eran exageraciones
del Gobierno de Venezuela y mucho menos de su Presidente Hugo Chávez como el
Gobierno de Colombia y un sector de los medios de comunicación en este país
dijeron. Dado todos estos antecedentes, cobra importancia entonces relacionar
que el crimen del Fiscal Danilo Anderson, en Caracas, el año pasado, podría
tener algún nexo con estos movimientos desestabilizadores desde Colombia y, en
particular, desde el Gobierno de Uribe, que como sabemos, es la avanzada de los
EEUU en su lucha por derrocar al gobierno de Hugo Chávez, a quien consideran un
enemigo en la zona, pues dicen que Venezuela es un santuario del crimen.
Podríamos decir que, los EEUU al no resultarles el golpe militar con el
Impresentable Pedro Carmona, exiliado como no, en Colombia, ahora procuran a
través de los paramilitares colombianos y con la anuncia del gobierno de Uribe,
sin duda, generar un clima propio del terrorismo internacional de Estado. Hay
que señalar que, el Exinformático García ha señalado que paramilitares de Jorge
40 y el Exdirector del DAS, Jorge Noguera, estaban directamente vinculados a
esta criminal y terrorística trama desestabilizadora; de la que debe tener algún
tipo de información el Presidente Uribe, pues es preciso recordarlo, es él, el
Comandante en Jefe de las Fuerza Militares y Principal responsable del DAS.
Y si Jorge Noguera está comprometido, según García, con toda esta tropelía,
Andrés Peñate [21]
, es decir, el nuevo Director del DAS, no escapa a
todas estas criminales acciones, pues ahora hemos sabido que hace poco tiempo
estuvo reunido con un grupo de militares venezolanos, golpista, como no, y en
donde al parecer se estaban fraguando operaciones encubiertas contra el gobierno
de Venezuela. A estas reuniones, se cree, asistían importantes mandos del
ejército norteamericano y también presuntamente algunos miembros de la embajada
de EEUU en Colombia. Todo lo anterior nos conduce a pensar que el proceder de
este organismo está muy lejos de ser una postura díscola y solitaria de un
funcionario antichavista; éstas acciones denotan un grado importante de
sistematicidad y parecen obedecer a una política de Estado y Gobierno que
procura una profunda y singular desestabilización del orden constitucional en el
vecino país. Si no es así, está en mora el Presidente Uribe para que demuestre
todo lo contrario. Por hoy está en el ambiente que Uribe además de
institucionalizar el narcoparamilitarismo en Colombia, ahora procura y con
esmero transportar a Venezuela su corrosivo actuar. Al amparo, seguro, de los
EEUU.
Apuntes finales
Y también Rafael García ha señalado que Jorge Noguera y algunos directores
departamentales del DAS estaban actuando en la dirección y el sentido de acabar
con toda la oposición política en Colombia. Los crímenes de importantes
sindicalistas, investigadores, periodistas e importantes personalidades de la
oposición política parecen darnos importantes certidumbres de que Uribe con tal
de quedarse cuatro años más en el poder, con la anuencia de los EEUU, está
dispuesto a desplegar toda una criminal acción contra quien se opone a su
narcoparamilitarizado unanimismo. Esto apenas es el comienzo, peores días
vendrán con Uribe. Ante más de lo mismo, propio y apropiado resulta entonces
pensar en lo distinto. Que conste que me sumo a la advertencia hecha ya por
otros. Con las elecciones y eso no los dice el diccionario de ciencia política,
los dictadores de nuevo cuño ya no requieren de golpes de Estado, llegan a
través de procesos eleccionarios, pero ellos, de igual modo, también nos brindan
la posibilidad inmensa de quitarlos. Quitemos a Uribe ya. Antes le digo: ¡váyase
Señor Presidente ¡
[1]
Ver reportaje concedido por Carlos Nader Simmonds En: http://archivoatrabiliario.blog.put.com//2005/09/elventiladordecarlosnader.html.
[2]
Ver historia del Exrepresentante a la Cámara Carlos Nader S. El
hombre de los contactos secretos. En: El Espectador, Periodismo investigativo.
http://historicos.elespectador.com/peridismo_inv/2005/junio/nota3.tm [3]
Sobre su origen puede verse el capitulo VII, titulado la "Guerra
contra Pablo Escobar" En: Mi Confesión, Carlos Castaño revela su secretos.
Biografía autorizada a Mauricio Aranguren Molina, Bogotá, Oveja Negra, 11ª
Edición. [4]
La fiscal Ana María Flórez Silva, Exdirectora de Fiscalías de
Norte de Santander huye hoy de la justicia por Vínculo con los paramilitares.
[5]
Salvatore Mancuso llegó a decir que el 35% del actual Congreso
era proclive al paramilitarismo. En las elecciones del 12 de marzo del 2006
varios congresistas: senadores y representantes a la Cámara, están señalados por
tener vínculos o bien con los paramilitares o con los narcotraficantes. [6]
Claudio Sánchez, es el actual rector de la Universidad de córdoba
y quien se reunía en Santa Fe de Ralito con Salvadores Mancuso, allí se reunían
junto con todo el Consejo Superior de la Universidad a debatir la situación del
claustro educativo. Durante su periodo como rector varios familiares de Mancuso
han sido nombrado en cargos directivos de la Universidad. [7]
Asociación Campesina de Antioquia, "La lucha por la tierra en
Colombia y la política de desarrollo agrario",En:
www.//docencia.udea.edu.co/lm9/moodle/file.php?file=/65/cartilla_propiedadde
la tierraydesplazamientoforzado en colombia.doc [8]
De la Espriella, Alfonso, Bernardo Moreno, El secretario de Uribe
Vélez, ANNCOL, 24 de mayo 2006. [9]
Quevedo, Norbey, "Los líos de la más alta ejecutiva de central de
inversiones S.A—CISA--.Malas compañía de una presidenta. En: Semanario El
Espectador; periodismo investigativo febrero del año 2005. http://www.elespectador.comhtml/archivo/periodismo_inv/2005/marzo/nota1.htm
[10]
Ver El Tiempo, "Jefe Para recibió tierras de Incoder", 24 de
agosto del 2006. http://www.gda.com/consulta_noticias.php?idArticulo=117649 [11]
Ver Portafolio, Agro en Crisis y con escándalos en sus entidades,
Bogotá, 11 de abril del año 2006 [12]
Diario El Tiempo "Dudas sobre su conducta, habrían provocado
salida de seis directores del DAS, Bogotá, justicia, abril 9 del año 2006.
Consulta realizada el 24 de abril del mismo año. [13]
Después de varios meses de fuga apareció el día 10 de Noviembre
del año 2005 en el municipio de Ciénaga Magdalena ante la prensa y lo hizo para
decir que era inocente y que ahora se entregaba porque Jorge Noriega, ya había
salido de Director del DAS, lo que le daba, al parecer, alguna garantía. Sobre
el particular se puede consultar la versión digital del Diario el Tiempo, "No
monté ataques contra Álvaro Uribe: Exdirector del DAS en Atlántico: Emilio Vence
Zabaleta" Noviembre 10 2005. htttp://Eltiempo.terra.com.co/judi/2005-11-11/ARTICULO-WEB=_NOTA_INTERIOR-2604894.html.
[consulta realizada el 30 de abril del año 2005 [14]
Al respecto puede verse el Semanario El Espectador "Informe DAS
contra senador" Redacción Judicial, Bogotá, domingo 23 de abril de 2006. [15]
Sobre las insubsistencias se puede ver El Diario El Tiempo,"dudas
sobre su conducta, habrían provocado salida de seis directores regionales del
DAS", sección Justicia, Bogotá, lunesv24 de Abril del 2006. [16]
Sobre los hechos que originaron la renuncia de Jorge Noguera y
Enrique Aríza; y la destitución de José Miguel Narváez ver la entrevista
realizada a este último por el semanario El Espectador "Exsubdirector del DAS
responde a escándalo tras su salida", Judicial, Bogotá, 0ctibre 30 del año 2005.
[17]
Un perfil de este funcionario se puede ver en Diario El Tiempo,
¿Quién es José Miguel Narváez, el desencadenante de la más grave crisis en el
DAS?, Justicia, Bogotá, abril 24 del 2006. [18]
Ver Revista Semana, "no dejaré que empañen mi Campaña: Uribe".
Versión Digital (Sf) Fecha de consulta abril 24 del 2006. Web. http://semana.terra.com.co/wf_InfoArticuloNormal.aspx?IdArt=93850
[19]
Sobre quien este personaje se puede ver las Ediciones del Diario
El Tiempo de los días 22 y 24 de abril del año 2006. La primera en la sección
Especial y la otra en la sección Política [20]
Ver sobre el particular, la Entrevista en exclusiva que concedió
Rafael García a la Revista Semana. "Había Un plan de desestabilización contra el
Gobierno venezolano" Semana.com. Consulta realizada el día 24 de abril del 2004.
[21]
El Director actual del DAS y los militares venezolanos se
reunieron e Bogotá, en el mes de diciembre del año 2005; se pretendió encubrir
este encuentro bajo el supuesto que se trataba de una reunión "académica". El
mismo Uribe reconoció ante la evidencia de los hechos que ese encuentro se había
producido. Ante la gravedad del asunto Andrés Peñate tuvo que reunirse con Jesse
Chacón, Ministro de Interior de Venezuela para aclarar los hechos. Ver Aporrea
en Blog. Viernes Diciembre 23 del año 2005. Jefe del DAS se reúne con Jesse
Chacón
