Propuestas de luchas para Chile

MIR Chile
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A LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS, A LOS POBRES DEL CAMPO Y LA CIUDAD, A LOS ESTUDIANTES, A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, A LOS EXPLOTADOS, A LOS OPRIMIDOS, A LOS EXCLUÍDOS POR EL SISTEMA, AL CONJUNTO DEL PUEBLO

LA CONCERTACIÓN GANA LAS ELECCIONES GRACIAS A LOS VOTOS DEL PUEBLO, PERO EN REALIDAD GOBIERNA PARA LOS DUEÑOS DEL PODER Y LA RIQUEZA.

El pasado 11 de marzo de 2006, asumió como Presidenta de la República la Sra. Michelle Bachelet Jeria. Muchos sectores del pueblo y de las clases medias han puesto en ella sus esperanzas de una rectificación en la conducción política, económica y social del Gobierno. Esperan que ahora sí, que la Concertación tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, Bachelet, junto a los diputados y senadores concertacionistas, saquen mejores leyes y conduzcan el Estado en beneficio del pueblo.

Sin embargo, más allá de las simpatías y esperanzas que despierta la Sra. Bachelet, el carácter de clase de un gobierno y lo que se puede esperar de él no está dado por la personalidad del o la presidente, sino por los intereses de clase que ese gobierno defiende globalmente durante su gestión.

A pesar de todo el discurso "social" levantado por Bachelet y la Concertación para captar el voto de los pobres, a pesar de los puerta a puerta en las poblaciones y ferias libres, los intereses de clase de este nuevo gobierno no son los del pueblo, sino que son los intereses de los dueños del poder y la riqueza, los intereses de las clases dominantes de este país: los grandes grupos económicos empresariales nacionales, las empresas extranjeras, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el imperialismo norteamericano. Intereses de clase que son mejor defendidos hoy por una Concertación que asegura mayor crecimiento económico en paz social, que por una derecha política en crisis, prisionera de sus peleas internas y ampliamente odiada por su vil actuación durante la Dictadura Militar.

Intereses de clase representados por el gobierno de Bachelet, por ejemplo, a través de sus principales nombramientos de ministros, subsecretarios y asesores, que en su gran mayoría, o son tecnócratas defensores del actual modelo económico neoliberal de los ricos, puestos ahí no para cambiar el modelo sino que para profundizarlo (Andrés Velasco, Alejandro Foxley, Vivianne Blanlot, Karen Poniachik, Ingrid Antonijevic, Eduardo Bitrán), o son políticos vinculados al trabajo de inteligencia de la Concertación, que durante estos 15 años han estado haciendo el trabajo sucio en la guerra encubierta contra los sectores revolucionarios y en la represión y desarticulación de las luchas sindicales y reivindicativas de los trabajadores, pobladores, estudiantes y Mapuche, entre otros (Isidro Solís, Andrade, Martín Zilic, Juan Carvajal)

UN CUARTO GOBIERNO DE LA CONCERTACIÓN, PARA PROFUNDIZAR EL MODELO ECONÓMICO NEOLIBERAL Y PARA CONTROLAR LA PROTESTA SOCIAL EMERGENTE.

Tras las modernas autopistas, los imponentes edificios, los grandes y relucientes centros comerciales, tras todas las impactantes cifras económicas del Chile de los publicistas del capitalismo... son los trabajadores y el pueblo hambreado y empobrecido quienes siguen pagando los costos del funcionamiento del sistema y continúan postergados en sus aspiraciones de democratización política y justicia social y económica.

Las escandalosas desigualdades e injusticias sociales que han venido ocurriendo en nuestro país desde la imposición del modelo económico neoliberal durante la Dictadura Militar, lejos de superarse, se han profundizado durante los tres últimos gobiernos de la Concertación (1990-2005): la concentración del poder económico en muy pocas manos, mientras las grandes mayorías nacionales viven sumidos en la pobreza o viviendo de prestado, endeudados hasta el cuello; la amenaza a las pensiones de los trabajadores que implica la existencia del sistema privado de AFP´s; la explotación, la inseguridad y las malas condiciones de trabajo, la informalidad laboral, el desempleo; la gran desigualdad de los ingresos; la privatización y la mala calidad de la educación; el desmembramiento y privatización creciente del sistema de salud pública; el negociado de bancos e inmobiliarias con el problema de la vivienda; la extensión de la delincuencia social, la inseguridad y la desconfianza en los barrios y las poblaciones más pobres del país; la falta de oportunidades que afectan a las mujeres, los más jóvenes, a los ancianos y a los más desposeídos; el saqueo que las grandes empresas están haciendo de los recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos, en especial a las generaciones futuras; la persistencia de la lógica de guerra contra los pobres que mantienen las FF.AA. y las policías, la represión a los movimientos sociales e indígenas, el manto de olvido que se pretende imponer sobre los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la Dictadura y la Transición, etcétera.

Esa es la trastienda del éxito económico del que hablan nuestros gobernantes y empresarios. Los problemas que ya no se pueden esconder debajo de la alfombra y que le han venido reventando en la cara a la Concertación. El gran empresariado no puede seguir desarrollando su ofensiva contra el pueblo, impulsando sus proyectos de flexibilización laboral, sus agendas "Pro-Crecimiento", sus millonarias inversiones mineras y energéticas, en un contexto de creciente malestar social.

Frente a las crecientes movilizaciones sociales, frente al descontento sordo de una gran mayoría que paulatinamente deja de creer en el sistema, porque no se siente escuchada en sus inquietudes, ni representada en sus intereses, ni atendida en sus problemas y demandas, frente a una emergente crisis de legitimidad del sistema político y económico, las clases dominantes se han alineado ordenadamente detrás de la candidata de la Concertación y nueva Presidenta, ya que la amplia adhesión popular que tiene Bachelet asegura la continuidad de las políticas neoliberales, la gobernabilidad social del país y un bajo costo político por reprimir a los más descontentos, como muestra ya en estas primeras semanas el trato que se le ha dado a los pobladores allegados de Peñalolén y la zona sur de Santiago, en lucha por su derecho a la vivienda digna.

LA ÚNICA ALTERNATIVA PARA EL PUEBLO ES CONFIAR EN SUS PROPIAS FUERZAS Y LUCHAR POR SUS DERECHOS.

La historia de nuestra patria demuestra que los trabajadores y el pueblo nada podemos esperar de la legalidad de los patrones. Que es la lucha popular la única herramienta capaz de llevar adelante las transformaciones de las estructuras de explotación y opresión e imponer la justicia en el país.

Luchas como las de los trabajadores de la pesca industrial y artesanal; las de los portuarios; las de los deudores habitacionales y allegados; las de los estudiantes y del magisterio; las de los trabajadores subcontratistas de la minería, de los grandes supermercados y embotelladoras; las del Pueblo-Nación Mapuche, etcétera, son un importante referente para los trabajadores y el pueblo en un momento en que la gran mayoría se mantiene pasiva y atemorizada de arriesgar su fuente laboral, frente a las amenazas de los patrones y el gobierno.

Aunque todavía son luchas dispersas unas de otras, son movilizaciones masivas, con dirigentes sociales consecuentes y comprometidos con las clases populares, que han hecho de estas movilizaciones reivindicativas una escuela de organización y lucha para sus asociados, superando las limitaciones de la legalidad patronal y la nula voluntad de las autoridades no sólo de acoger sus demandas, sino incluso de reconocer su derecho a la protesta.

Así va germinando la conciencia que sólo a través de la lucha popular se podrán lograr los cambios democráticos en lo económico, político y social, que los trabajadores y el pueblo reclaman, y que el congreso, el gobierno y los patrones niegan.

Surge la necesidad impostergable de luchar unidos por nuestras demandas, por nuestros derechos irrenunciables, por la victoria del pueblo, para parar la ofensiva empresarial que se viene con el gobierno de Bachelet. Pero el movimiento popular, para que se desarrolle, requiere de organización, de conducción y unidad local, regional y nacional. Sólo así las combativas luchas que han venido dando algunos sectores populares podrán ir convergiendo en el desarrollo de un poderoso movimiento popular.

Como Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), creemos necesario impulsar las demandas populares como una plataforma de lucha para unir, organizar y movilizar a los trabajadores y el pueblo. Sólo una amplia unidad social y política le permitirá al pueblo chileno constituir una fuerza social capaz de hacer frente al bloque dominante. Sólo el impulso de la movilización con independencia frente a las maniobras y amenazas del gobierno, el empresariado y los partidos tradicionales permitirá la elevación de los niveles de conciencia, organización y capacidad de lucha de los sectores populares, convirtiéndolos en fuerzas sociales reales, con capacidad para irrumpir y modificar la escena política del país con sus demandas y propuestas.

EL MIR HACE UN LLAMADO A LUCHAR:

I. POR LOS DERECHOS ECONÓMICOS GENERALES DEL PUEBLO

1. Reorientación de la política económica del Estado, exigiendo prioridad al desarrollo nacional, la integración regional, la independencia y autonomía frente al Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, y reales políticas de desarrollo científico-tecnológico, de creación de empleos productivos, redistribución del ingreso, seguridad alimentaria y superación de la pobreza en el país. Derogación del artículo 19 N°21 de la Constitución Dictatorial-Concertacionista, que impide al Estado cumplir ese rol.

2. Revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio firmados por los gobiernos de la Concertación. Revisión de cláusulas de inversión extranjera.

3. Rechazo a nuevas privatizaciones de las pocas empresas públicas que dejaron los militares y la concertación (ENAP, CODELCO). Revisión del proceso de privatizaciones de empresas públicas durante la dictadura y la transición, así como de las recientes concesiones de infraestructura en el país. Indemnización económica para el Pueblo de Chile por el saqueo de las empresas del Estado.

4. Contra la concentración económica, liquidar a los grandes grupos económicos. Regulación, fiscalización y control de las prácticas laborales, comerciales, financieras y ambientales de los grandes monopolios empresariales.

5. Derogación del Código de Minería y de toda legislación que facilite la entrega de los recursos naturales de Chile a las trasnacionales. Indemnización económica por el perjuicio al pueblo de Chile, perseguir la elusión y evasión del pago de impuestos de las compañías mineras. Derogación de la Ley Reservada del Cobre.

6. Fin al sistema de AFP´s. Previsión tripartita, retorno del 100% para todos los trabajadores, ampliando el financiamiento y cobertura del actual INP.

7. Eliminación de los impuestos regresivos que afectan más a los sectores populares y medios (como el IVA). Aumento de los impuestos a los sectores de mayores ingresos y las grandes empresas. Aplicación de impuestos de extracción (Royalties) a las grandes empresas que explotan recursos naturales de todos los chilenos (minerales, marinos, forestales, etc.)

8. Aumento general de sueldos y pensiones, tanto del sector privado como del público, que reduzca la desigual distribución del ingreso en nuestro país. Salario mínimo proporcional al doble de una canasta familiar, calculado de forma realista y proporcional al número de componentes de cada familia.

9. Establecimiento de un programa especial de empleo y desarrollo productivo sustentable para las regiones, zonas y sectores sociales perdedores del modelo neoliberal.

10. Reorientación del modelo de desarrollo económico, contra la depredación ambiental y sobreexplotación de los recursos naturales, en desmedro de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de Chile.

II. POR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES CHILENOS

1. Exigir la creación de una política estatal de creación de empleos productivos permanentes y de calidad, vinculados a una estrategia nacional de desarrollo.

2. Derogación del Código Laboral Dictatorial/Concertacionista y reforma a los tribunales del trabajo, con participación protagónica de las organizaciones sindicales y populares.

3. Negociación colectiva e interempresa para todos los trabajadores.

4. Derecho a huelga efectiva, sin reemplazos ni represión policial. Respeto al fuero sindical.

5. Rechazar la existencia de empresas de servicios transitorios, de suministro de personal y los contratos de servicios temporarios. No a los enganchadores ni a la nueva esclavitud del siglo XXI.

6. Por un trabajo estable con contrato indefinido; Fin a la polifuncionalidad.

7. Por un trabajo digno, con un sueldo justo; Por igual trabajo, que se pague igual salario; Por igual trabajo, que se respeten los mismos derechos;

8. Fin a la discriminación de jóvenes, mujeres y adultos mayores; Respeto al Fuero Maternal;

9. Indemnización por años de servicio y seguro de desempleo real para todos los trabajadores

III. POR LOS DERECHOS DE LOS CAMPESINOS SIN TIERRAS

1. Reasignación del uso de la tierra ociosa, dando soluciones de carácter comunitario y definitivo a las familias sin tierra de localidades rurales (campesinos, arrendadores, pequeños agricultores sin títulos, pirquineros, crianceros)

2. Implementación de un programa especial de acceso a crédito para Campesinos Sin Tierras, los cuales, por falta de títulos de dominio han sido excluidos en forma permanente de los Programas de INDAP.

3. Desarrollo de una política de protección de las Economías Familiares Campesinas. Apertura de un poder comprador del Estado para los productos de primera necesidad elaborados por los campesinos pobres.

4. Defensa del medio ambiente y la biodiversidad contra los intereses de las empresas trasnacionales. Impedir la liberación del plantío comercial de cualquier semilla transgénica antes de tener la investigación completa sobre sus consecuencias para el medio ambiente y la salud de las personas.

5. Frenar el proceso de inscripción individual de las aguas en los terrenos comunitarios.

6. Sancionar de forma ejemplar a todos los enganchadores, empresarios agro exportadores y dueños de fundo responsables de amedrentamiento, violencia psicológica y física en contra los trabajadores temporeros y sin tierra.

IV. POR LOS DERECHOS SOCIALES DEL PUEBLO

A LA SALUD:

1. Mejoramiento del Sistema Nacional de Salud. Transformar el AUGE en el desarrollo de un Plan Nacional de Salud Pública, con énfasis preventivo, con mayor asignación de recursos para personal, equipamiento e infraestructura.

2. No a la Ley de Autoridad Sanitaria ni al autofinanciamiento y gerencia empresarial de los hospitales públicos.

3. Participación de la comunidad organizada en la gestión de salud primaria de las municipalidades. Transformación del actual enfoque medico paliativo por un enfoque centrado en la prevención.

4. Fin a la mercantilización de la profesión médica. Reformulación drástica de los planes y programas de estudios universitarios del área de la salud.

5. Evaluación de la gestión de Corporaciones, Departamentos de Salud y Consultorios. Creación de un marco regulatorio equitativo para el financiamiento de la salud municipal. Defensa de los presupuestos de consultorios municipales: No a la reliquidación del aporte estatal a los consultorios por el DL 181.

6. Control de los laboratorios farmacéuticos y a las cadenas de farmacias. Creación de un nuevo Formulario Nacional para la producción de medicamentos genéricos según las necesidades sanitarias de nuestra población. Desarrollo con apoyo del estado de la investigación en biotecnología farmacéutica.

7. Contra el patentamiento y robo de la diversidad genética de nuestro país; Por el rechazo a la experimentación de medicamentos con nuestra población, por parte de las transnacionales farmacéuticas.

8. Reformulación y control efectivo del sistema de seguro privado de salud (Isapres); sanciones efectivas a la colusión para perjudicar a los afiliados. Fin a la discriminación de embarazadas y enfermos crónicos y catastróficos. Fin a las reducciones y rechazos de licencias médicas por criterios económicistas de las Isapres. Fin del cheque en garantía y sanciones efectivas, penales y civiles, a las negligencias médicas.

10. Mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Salud: Aplicación universal del Estatuto, incorporación del personal a plazo fijo, nivelación de categorías, igualdad de derechos y beneficios SAPU y servicios de urgencia; Incentivo al retiro permanente;

A LA VIVIENDA:

1. Fin a la privatización de la vivienda social en Chile. Reformulación de las políticas públicas de vivienda, en conjunto con las organizaciones nacionales de allegados y deudores habitacionales.

2. Denunciar y Combatir la especulación inmobiliaria de las empresas constructoras en colusión con funcionarios estatales. Creación de un fondo de terrenos urbanos adecuados para la construcción de viviendas sociales dignas. Viviendas en sus comunas de origen para los allegados.

3. Por la creación de una empresa social de construcción de viviendas, que de trabajo a los chilenos y construya urbanizaciones y casas dignas.

4. Control real de la calidad de las construcciones, en todas sus etapas, por las propias organizaciones de allegados y sin casa.

5. Combatir la usura de los altos intereses en créditos hipotecarios bancarios. Resistir los desalojos y poner fin a los remates de viviendas de la población empobrecida por el modelo.

6. Término al negociado de INVERCA, no a la privatización de las deudas Serviu. Subsidio y dividendo diferenciado según niveles de pobreza. Postergación del pago de dividendos a los cesantes y quienes ganen menos del ingreso mínimo mensual; condonación inmediata de dividendos a mujeres jefas de hogar, jubilados y pensionados y familias que tengan entre sus miembros a incapacitados laborales, enfermos catastróficos o terminales.

7. Denuncia y Rechazo a las políticas comunicacionales oportunistas del Gobierno, que en las cámaras aparece interesado por los problemas de los pobladores, mientras bajo la mesa alienta la especulación inmobiliaria más descarada y divide a los pobladores organizados.

A LA PREVISIÓN

1. Asimilación del sistema de pensiones asistenciales a las pensiones mínimas, aumentando el monto de estas al nivel del sueldo mínimo.

2. Reparación del daño previsional que afecta a los empleados públicos y retrasa en exceso sus jubilaciones.

3. Reforma al sistema previsional en su conjunto. Fin al sistema de AFP´s, partiendo por mayor fiscalización a la gestión de las AFP´s y la AFP estatal sobre la base del actual INP. Sistema solidario, universal y tripartito.

4. Régimen de pensiones basado en años de servicio de acuerdo a condiciones de trabajo. Mantener entre el 100% y el 85% del sueldo promedio el retorno de las pensiones. Garantía estatal a retornos menores del 85%.

A LA EDUCACIÓN

1. Por la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), porque niega la participación del conjunto de la comunidad universitaria, porque obliga a las instituciones de educación superior a convertirse en empresas que sean capaces de autofinanciarse lo cual finalmente conlleva a la privatización de la educación.

2. Por educación gratuita para los sectores populares y de calidad para todos, en todos los niveles. Aumento del financiamiento estatal en educación. Pase estudiantil único y gratuito para todo el país, que funcione todos los días del año..

3. Por el aumento de los presupuestos para el impulso de iniciativas de desarrollo científico y tecnológico en las universidades. Desarrollo de una red nacional de investigación científica aplicada a los sectores productivos y problemas sociales del país.

4. Evaluar el Sistema Nacional de Educación en todos sus niveles (preescolar, escolar, media, técnica y superior). Evaluación de los DEM, DAEM y Corporaciones Municipales. Reformular el colapsado sistema municipal. Que el MINEDUC recupere su rol y funciones históricas en la administración y desarrollo de la educación. Por una superintendencia de educación que vele por una educación de calidad y el respeto a los derechos de profesores y estudiantes, en todos los niveles.

5. Por programas de estudio al servicio de los intereses populares y el desarrollo nacional, y por el derecho de los estudiantes, docentes y sectores productivos a participar en su elaboración. Líneas de formación profesional en Salud, Educación, Vivienda y Fomento Productivo.

7. Cambio al Consejo Superior de Educación, incorporando a representantes de las organizaciones académicas, del magisterio y estudiantiles.

8. Fin del sistema de subvención por asistencia media. Por un sistema de financiamiento integral, diferenciado, que refuerce a los municipios más pobres y aquellos con menos alumnos por su condición geográfica.

9. Por el respeto a las formas de organización de estudiantes y profesores, su derecho a organizarse y la autonomía frente a la administración de los planteles. Por el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y por el derecho a defender sus intereses y reivindicaciones.

10. Fin a las amenazas, la persecución y la represión de los estudiantes y profesores organizados. Denunciar e impedir que a los estudiantes se les cancele la matrícula o sean expulsados por movilizarse, defender sus derechos y expresar sus puntos de vista.

Profesores

1. Reforma del Estatuto Docente. Luchar contra las evaluaciones punitivas, discrecionales y con lógica empresarial y los despidos anuales que están efectuando los Departamentos de Educación municipales y corporaciones privadas. Resistir la evaluación docente sin una carrera profesional.

2. No al cierre de escuelas municipales. Control de condiciones laborales, pedagógicas y de infraestructura en las escuelas particulares subvencionadas.

3. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación, a conformar el Sindicato Único de Trabajadores de Educación.

4. Eliminación de la figura de los profesores "a contrata"; Titularidad profesores JEC (Jornada Escolar Completa). Terminar con la privatización de la educación.

5. Desarrollo de un nuevo currículo y reorientación de los planes y programas de estudio de las carreras de pedagogía. Pago de todos los perfeccionamientos docentes

6. Reposición de las horas de Filosofía, Francés y Artes. Equipos multidisciplinarios para los estudiantes con necesidades educativas especiales.

Estudiantes secundarios

1. Por una educación de calidad. Que la JEC signifique un aporte efectivo a la educación de los estudiantes y no sólo una medida de control social.

2. PSU con arancel diferenciado.

3. Por beneficios estudiantiles para compañeros de menos recursos. Seguros de salud permanentes y para todos. Becas de Alimentación, salas cuna y Residencias.

4. Por políticas de empleo y de capacitación reales para los jóvenes egresados de enseñanza media.

5. Reformular el sistema de Enseñanza Media Técnico Profesional, fortaleciendo su relación con los sectores productivos y problemas sociales del país, articulándose a una red nacional de desarrollo científico y tecnológico.

6. Derogación definitiva del Servicio Militar Obligatorio.

Estudiantes Universitarios

1. Resistir la privatización de las Universidades Públicas y fortalecer su función. Reestructuración y aumento del financiamiento fiscal a las Ues estatales. Fin a los subsidios a los más ricos. Eliminación de las discriminaciones y desigualdades en el acceso de los sectores populares a la universidad. El Estado debe contextualizarse las necesidades de cada Universidad y con ésto redestribuir el AFD y aumentar el porcentaje del PIB a la educación pública.

2. Abrir la universidad a la comunidad organizada mediante la implementación de un plan que permita el desarrollo cultural del entorno. La universidad debe romper el cerco con su pueblo y debe contribuir a la formación de un pueblo culto, organizado y solidario.

3. Por evaluación docente semestral y con sanciones claras para aquellos que sean mal evaluados.

4. Por la implementación de la Asistencia Libre, como una forma de permitir el ingreso de los trabajadores a la universidad, así como también para terminar con un mecanismo que permite el despliegue de arbitrariedades por parte del cuerpo docente.

5. Acreditación obligatoria para todas las universidades. Organismo acreditador integrado por representantes estudiantiles y de trabajadores. Por una universidad al servicio del desarrollo nacional, de los trabajadores y el pueblo. Luchar por una segunda Reforma Universitaria.

6. Requisitos específicos de acreditación para las universidades privadas. Fin a las universidades inmobiliarias. Derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, fin al subsidio estatal de las universidades privadas. No a la especulación bancaria de los créditos estudiantiles.

7. Reformulación del Formulario Único de Acreditación Económica (FUAS). Apoyo económico a los que llevan más de un año estudiando. Alza de aranceles de acuerdo a IPC. Congelamiento de aranceles de Octubre a Marzo.

8. Renegociación de deudas universitarias. Fin al chantaje de la no entrega de documentos académicos o impedir la titulación de los alumnos con deuda.

9. Cogobierno universitario: Elección por sufragio universal triestamental –académicos, estudiantes y trabajadores- de las más altas Autoridades Universitarias. Claustro triestamental para la definición de políticas, planes y programas de desarrollo estratégico de las universidades. Instancia normativa separada de las instancias ejecutivas y constitución de una instancia triestamental de fiscalización y control administrativo-financiero de la universidad, de funcionamiento periódico. Revocabilidad de todos los mandatos.

V. A LA JUSTICIA PARA TODOS

1. Trato digno e igualitario para todas las personas sin discriminación de ningún tipo.

2. Rechazo a la criminalización de una generación de jóvenes excluidos del sistema educativo y del mercado laboral. Fin a los controles de identidad y detenciones por sospecha discriminatorios hacia los jóvenes y hacia los pobres. Rechazar la Ley de Rebaja de Imputabilidad Penal.

3. Rechazo a la criminalización de la protesta social. Por el derecho del pueblo a defender sus intereses y organizarse y movilizarse por ellos. Por la derogación de las leyes que criminalizan la legítima protesta social (Leyes de Seguridad Interior del Estado, Antiterrorista, de Rebaja de Imputabilidad penal y de Control de Armas) y por el rechazo a la aplicación de medidas represivas administrativas en las empresas, reparticiones públicas, universidades y colegios.

3. Reforma a la Reforma Procesal Penal: fin de los testigos sin rostro; limitación de atribuciones y control de las Fiscalías.

4. Disolución inmediata de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), sucesora de la DINA y CNI. Denuncia pública de los agentes encubiertos e informantes de la ANI en las organizaciones sociales. Regulación, control y supervisión efectiva de los organismos de inteligencia dependiente de las FF.AA. y Policial.

5. Restricción de las atribuciones, control y supervisión de la justicia militar. Fin a los juicios militares a civiles. Fin a los juicios militares a militares involucrados en delitos en tiempo de paz.

VI. POR LOS DERECHOS HUMANOS

1. Derogación inmediata de la ley de Amnistía de 1978.

2. Justicia y Verdad sobre los Detenidos–Desaparecidos, Presos Políticos, Relegados, Torturados, Exiliados, y todas las victimas de la represión dictatorial. Combate al blanqueo de los represores directos y ex funcionarios del régimen militar.

3. Reapertura indefinida de los registros sobre tortura, sin exclusiones (Comisión Valech); Derogación de las disposiciones que impiden el conocimiento público y el acceso del Poder Judicial a la información registrada por la comisión.

4. Reparación material, social y política, equivalente y sin plazos a todas las víctimas de la Dictadura.

5. Reformulación del sistema de salud para las victimas de las violaciones a los Derechos Humanos. No es justo, ético, ni posible, que los beneficiarios de la tarjeta PRAIS tengan el mismo rol que el de los indigentes en el servicio publico.

6. Investigación penal independiente para las violaciones a los Derechos Humanos contra activistas políticos y sociales ocurridas durante los 15 años de administración Concertacionista.

7. Libertad inmediata a todos los presos políticos chilenos, Mapuche e internacionalistas. Indulto inmediato a todos los presos políticos que cumplen penas de extrañamiento en el extranjero.

8. Lucha por los Derechos Humanos de segunda generación, sistemáticamente violados por el funcionamiento del modelo neoliberal.

VII. POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

1. A vivir su propia identidad: reconocimiento constitucional de que Chile es un Estado Plurinacional, ya que esta constituido por más de una nación.

2. Recuperar el control sobre los territorios ancestrales (agua, suelo, subsuelo, aire, bosques, animales, plantas medicinales, etcétera), en muchos casos intervenidos y usurpados por los Estados, por empresas nacionales y extranjeras o por particulares; Demarcar inmediatamente todas las áreas territoriales indígenas y oficializar la legalización colectiva de todas las tierras de las diferentes comunidades indígenas.

3. Fortalecer y promover los valores comunitarios y las capacidades locales como instrumentos de desarrollo comunitario; Fomentar el conocimiento y la conservación del patrimonio natural como espacio para el desarrollo y promoción de nuestra cultura.

4. Por el reconocimiento, apoyo y valoración de la cultura de los pueblos originarios, incluyendo su derecho a administrar justicia de acuerdo a sus practicas ancestrales y el rescate e implementación oficial de las prácticas de salud ancestrales para las comunidades que requieran su acceso.

5. Por la incorporación de programas de educación intercultural bilingüe en las comunas urbanas de mayor concentración indígena y en las I, II, VIII, IX y X regiones, desde el nivel preescolar hasta la enseñanza secundaria.

6. Lucha contra la persecución, criminalización y represión contra el Pueblo Nación Mapuche. Libertad a los presos políticos Mapuche.

VIII. POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

1. Combate al sistema Patriarcal capitalista, neoliberal y globalizador que se sustenta en la opresión de clase y género.

2. Lucha contra los explotadores que amparados en el modelo neoliberal, se enriquecen a costa del trabajo flexible, la maquila, la extensión horaria, el trabajo a domicilio y el no pago de beneficios sociales, empobreciendo cada día más y más a las mujeres.

3. Por el rescate de la memoria de las mujeres encarceladas, torturadas, ejecutadas y desaparecidas por el terrorismo de Estado durante la Dictadura Militar, y de aquellas víctimas de la represión durante el período de transición. Exigimos Verdad y Justicia!!

4. No más femicidios. Exigimos justicia para todas las mujeres víctimas de la violencia sexista, en nombre de Javiera Cabrera Leiva, que a sus 6 años de vida fue asesinada por su padre.

5. Defensa del derecho y la soberanía sobre nuestros cuerpos y denuncia de las políticas anti abortivas, que ponen en riesgo la salud física y mental de las mujeres. Denuncia del negociado que se esconde tras el aborto clandestino y la falsa ética de los profesionales de la salud que se lucran con el cuerpo de las mujeres.

6. Por la solidaridad con las mujeres Mapuche, denuncia de la represión desatada contra su pueblo frente a la defensa y legitima recuperación de la ñuke mapu, usurpada por las forestales.

7. Lucha contra la represión de las lesbianas, especialmente jóvenes estudiantes y por la defensa de su derecho al amor, al trabajo, al respeto y la dignidad.

IX. POR EL DERECHO A LA CIUDADANÍA DE LOS EXILIADOS Y EMIGRADOS POR RAZONES ECONÓMICAS

1. Derecho a voto para todos los chilenos residentes en el exterior, sin exclusiones.

2. Que los chilenos organizados en el exterior tengan mayor participación en las instancias consulares y embajadas.

3. El derecho a doble nacionalidad para todos aquellos chilenos que tuvieron que nacionalizarse en otros países por razones de trabajo y salud.

4. Reapertura de las aplicaciones para exonerados, presos políticos y de aquellos que sufrieron la tortura, ya que en su oportunidad el gobierno de la Concertación limitó la difusión de los contenidos y plazos de las medidas reparatorias parciales emprendidas.

5. Establecimiento de acuerdos de seguridad social con los países de residencia.

6. Que la DICOEX (dependiente del Ministerio de RREE) entregue cuentas de los dineros usados en el exterior en proyectos culturales y quienes los han usado para evitar casos de corrupción y mal uso de los recursos fiscales. Que existan representantes de los chilenos organizados en el exterior para hacerla más democrática y de real utilidad y que preste un servicio efectivo de orientación a las familias que aun no han vuelto a Chile para su integración y asistencia en salud y vivienda los primeros meses de llegada al país.

X. POR LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL PUEBLO

1. Derogación de la Constitución de 1980; Convocatoria a asamblea constituyente con participación de todos los sectores organizados del pueblo.

2. Derogación del actual sistema electoral binominal que reparte cargos entre la Concertación y la Derecha, y su reemplazo por uno proporcional.

3. Terminar con la prohibición de que los dirigentes sociales y sindicales puedan ser candidatos a cargos de elección popular. Terminar con la discriminación por edad y escolaridad para los candidatos a cargos de elección popular.

4. Establecer la revocabilidad del mandato de las autoridades elegidas si no cumplen, a nivel comunal, regional y nacional.

5. Establecer el plebiscito como mecanismo expedito de consulta al pueblo en temas de importancia nacional, regional y comunal, y que este pueda ser convocado responsablemente por la comunidad organizada y no sólo por el gobierno u otras autoridades políticas.

6. Restitución del derecho a voto y a ejercer cargos de elección popular a los luchadores sociales que fueron prisioneros políticos durante la Dictadura y estos 16 años de democracia restringida.

7. Mayor participación institucional de las organizaciones populares (funcionales y territoriales) en la gestión, control y fiscalización de los municipios

¡ES LUCHANDO COMO AVANZA EL PUEBLO!