Latinoamérica

El conflicto Bolivia-Petrobrás evidenció toda la crisis política brasileña, que se tiñó con ribetes de barbarie con la llamada "crisis de seguridad", en la que el comando del crimen organizado, PCC (Primer Comando de la Capital), pasó a atacar abiertamente a la policía, una acción que, en apenas tres días, produjo ya más de 100 muertos, en ambos lados. Quien afirme que el episodio, iniciado en San Pablo pero ya extendido a otros estados, nada tiene que ver con la crisis histórica del Brasil, no ve u olvida que el PCC, que demostró ser capaz de un poder de movilización y de fuego equivalente al de una fuerza armada regular, recluta sus miembros principalmente entre la juventud más pobre de las grandes ciudades, en las que el índice de desempleo de la juventud supera holgadamente el 30%.

El 15 de mayo, San Pablo amaneció paralizada tras una nueva serie de ataques, en la tercera jornada consecutiva. Sólo en la madrugada del 15, 90 autobuses y 13 bancos fueron incendiados. Los motines seguían en 50 cárceles donde los presos retenían en torno de 250 rehenes. Lula aprovechó para proponer la militarización del conflicto, con la oferta de enviar fuerzas federales, incluyendo tropas del Ejército, para "restablecer el orden" en San Pablo. Claudio Lemos, gobernador de San Pablo, lo rechazó. Están preparados para desplegarse en el principal estado de Brasil unos 4.000 efectivos de la Fuerza Nacional de Elite, así como de la Policía Federal, de los cuerpos de inteligencia, y de las Fuerzas Armadas.

El jueves 11, 765 presos fueron trasladados a la cárcel de Presidente Venceslao, 620 kilómetros al oeste de San Pablo. El viernes ocho líderes fueron llevados al Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado, al norte de esa ciudad. Entre ellos estaba el líder del PCC, Marcos Willians Herba Camacho, Marcola, que el sábado fue trasladado a la cárcel de Arthur Bernardes, a 600 kilómetros al oeste de la capital paulista, una de las de máxima seguridad del país.

El Primer Comando de la Capital fue creado en agosto de 1993, en la cárcel de la Casa de Custodia de Taubaté, a 130 kilómetros de San Pablo. Su nacimiento se debió, según sus miembros, a la necesidad de "combatir la opresión dentro del sistema presidiario". La declaración era una respuesta al asesinato de 111 presos, el 2 de octubre de 1992, en la cárcel de Carandirú.

Todo se habría desatado por un "desacuerdo" entre el PCC y el gobierno del estado de San Pablo. Las autoridades habrían querido desarticular la fuerza del Primer Comando mediante el traslado de sus principales jefes a una prisión de máxima seguridad del interior. Marcola tiene 38 años y pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Tiene el cuerpo marcado de tantos abusos sufridos en los Institutos de Menores donde estuvo alojado.

Si el conflicto inicial con la dirección del PCC (que se encuentra en prisión) tuvo todas las características de un "ajuste de cuentas por quiebra de contrato", la rebelión posterior en las cárceles tomó como eje la lucha contra la condición infrahumana en que son mantenidos las centenas de miles de presos y detenidos en Brasil, originados en su casi totalidad en las clases más pobres (en Brasil existe, inclusive, un régimen especial y diferenciado de detención para los presos que posean graduación universitaria).

El conflicto, en el que la policía ha comenzado a responder utilizando el asesinato vengativo a mansalva, ha evidenciado también la completa independencia de los cuerpos represivos en relación a los representantes "civiles" del Estado, y la descomposición de los aparatos policiales y militares de represión, infectados hasta los tuétanos por la corrupción y la coparticipación en las actividades criminales. La mini-guerra civil, que ha provocado el toque de queda en San Pablo a partir del día 15, tiene todas las características de una guerra entre aparatos competidores, de un conflicto inter-mafioso. Pero afecta a toda la población trabajadora, lo que habla de un proceso de descomposición social avanzado.

En los días previos, el 8 de mayo, la influyente OAB (Orden de Abogados del Brasil) decidiera no dar curso al pedido de impeachment del presidente Lula, por su participación en el escándalo de corrupción parlamentaria y gubernamental. Con la ventaja que tenía en las encuestas electorales, esto significaba dar el visto bueno a la reelección de Lula. Pero esto estaba lejos de cerrar la crisis. No sólo porque faltaba definir el candidato a vicepresidente y, consecuentemente, las alianzas políticas del PT para la disputa electoral. La propia OAB encaminó, sin impeachment, un pedido de investigación parlamentaria de las actividades criminales de Lula.

En realidad, toda la crisis pasaba al PMDB, que por su número de gobernadores, diputados, intendentes, consejeros municipales, constituye el mayor aparato político del país, potencialmente decisivo en cualquier elección. En la convención pre-electoral del PMDB venció la tesitura de no presentar candidato propio en el pleito presidencial de octubre, defendida por el ala pro-gobierno del partido. Pero esto plantea la perspectiva de una completa división del PMDB en la campaña electoral, entre la candidatura de Lula y la de la derecha declarada (PSDB, que presenta la candidatura del ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, responsable directo por el caos bárbaro instalado en San Pablo a partir del día 12).

El impasse político brasileño refleja la profunda división de la burguesía local, del gobierno, y del propio imperialismo, llevada al paroxismo por el conflicto de Petrobrás-Bolivia. La explotación del gas boliviano beneficiaba a Petrobrás porque se lo vendía a sí misma a un precio muy bajo, en perjuicio del fisco boliviano (menos de 3 dólares por millón de BTU, contra 12 dólares en el mercado internacional) para luego revenderlo en Brasil. El reclamo de Bolivia de aumentar el precio en un 65% cortaba este negocio. La nacionalización boliviana tuvo el efecto adicional de poner a la luz la situación de quiebra potencial de Petrobrás, cuyo valor ha sido afectado por las medidas tomadas en Venezuela y Bolivia.
La presión extraordinaria del gobierno de Lula sobre Evo Morales, para que reculase, reveló el carácter profundamente pro-imperialista de la izquierda democratizante que tomó al PT como modelo. 49% de las acciones de la "estatal" brasileña son controlados por accionistas yanquis, y otro 11% por testaferros "nacionales" (Petrobrás es una "estatal" que cotiza en Bolsa de Valores). Salvó la honra del Brasil el que el Sindicato Petrolero de San Pablo defendiese a Bolivia contra presión de su propio país sobre la nación del Altiplano. Y regístrese que el importante Sindicato Petrolero de Sergipe, en su asamblea general celebrada en Aracaju el 5 de mayo (para la elección de sus delegados al CONAT) se pronunció por: "Apoyar la lucha del pueblo boliviano por la nacionalización del petróleo y el gas; proponer que la Conlutas apoye y se integre a la Campaña Internacional por la Nacionalización sin Indemnización del Petróleo y el Gas en toda América Latina".
El mismo 8 de mayo el gobierno envió su "paquete sindical" al Congreso, conteniendo el reconocimiento oficial de la media docena de centrales sindicales (CUT, CGT, CAT, CGTB, SDS y Fuerza Sindical) existentes en el país, y la creación del Consejo Nacional de las Relaciones Laborales, con participación sindical, lo que da un carácter orgánico-institucional al colaboracionismo clasista en que se basa el gobierno de "centroizquierda". Las centrales se apresuraron en reivindicar para si los 20% del Impuesto Sindical hoy enviados al Ministerio de Trabajo (el Impuesto Sindical es cobrado obligadamente a todos los trabajadores registrados, sindicalizados o no, y consiste en la donación del valor completo de una jornada de trabajo), lo que aumentaría espectacularmente su recaudación. Y pensar que la CUT (vinculada al PT), la más importante de las centrales, nació luchando contra la "estructura sindical corporativista" y el Impuesto Sindical...

Con las centrales reconocidas por el Estado, en función de su "representatividad", esto les garantiza poder legal para negociar salarios a espaldas de los sindicatos y organizaciones de base, y de las asambleas de trabajadores. La burocratización y la intervención estatal en las organizaciones obreras van de manos dadas. La llamada "reforma sindical" está siendo implementada por Medida Provisoria, una especie de decreto-ley, esto es, substraída a cualquier debate político.

En este cuadro se reunió, del 4 al 7 de mayo, el CONAT (Congreso Nacional de los Trabajadores), en Sumaré, convocado por la Conlutas (Coordinación Nacional de Luchas), un acuerdo de sindicatos minoritarios en ruptura con la CUT por la completa integración de ésta al Estado. El CONAT reunió a unos 3000 delegados, con amplia mayoría del PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), y representación minoritaria del PSOL y pequeñas organizaciones de izquierda. La intención original de proclamar la Conlutas como nueva central sindical tropezó con la resistencia, principalmente, del PSOL (o, mejor dicho, de las corrientes del PSOL interesadas en el asunto), lo que llevó a la proclamación de una nueva "entidad nacional", de naturaleza sindical, estudiantil y popular, pero con estatutos, congresos, dirección, etc.
La cuestión de fondo en el debate es si la Conlutas, con esta nueva naturaleza (ya no es más una simple "coordinadora") se integrará al proceso de reforma sindical, reivindicando su reconocimiento como central (y participando, lógicamente, de la repartija de fondos que ya se anuncia). Pero este debate, esbozado de manera oblicua en el Congreso (donde sólo se votó la "formalización" de la entidad) fue también realizado en al aire, en un evento donde predominó el aparatismo, el elemento estudiantil y el "sindicalismo de clase media", en detrimento de la expresión (minoritaria) de la lucha y la organización de los trabajadores. Así, el debate "organizativo" estuvo al margen de un debate político general, sobre la situación política brasileña, latinoamericana e internacional, y del abordaje de las tareas generales e inmediatas del movimiento obrero.

Para el PSTU, el CONAT era también un elemento de presión sobre el PSOL para llevarlo a un "frente clasista" en las elecciones de octubre, en que el dirigente (del PSTU) Zé Maria de Almeida ocupase la candidatura a vice de la carismática candidata a presidente Heloísa Helena (del PSOL). Aunque diversas asambleas previas se habían pronunciado en ese sentido, el propio PSTU retiró la cuestión del debate y la votación en el CONAT.

La despolitización conciliadora del debate no trajo ningún rédito, ya que el PSOL, casi simultáneamente, proclamó casi todas sus candidaturas, ignorando el "frente clasista". Para vicepresidente de Heloísa se proclamó a Cézar Benjamín, un intelectual de poco peso (inclusive intelectual), ex PT, ex PMDB, que ni siquiera es afiliado al PSOL, e identificado con la defensa de posiciones nacionalistas burguesas (incluido el "fortalecimiento de las Fuerzas Armadas"), en suma, un elemento que ni siquiera huele a clasismo. La intervención electoral del PSOL se ha desvirtuado, por lo tanto, de cualquier fisonomía clasista.

El cuadro de inmovilismo político y social, que la Conlutas pretendió quebrar con métodos básicamente aparatescos, comienza sin embargo a ser quebrado "desde abajo". La Volkswagen, principal firma automovilística e industrial del país, anunció un plan de despido de casi 6.000 de sus 22 mil trabajadores. Por sus efectos en la cadena productiva (auto-partes), comercial y familiar, la medida antiobrera de la Volks afecta a 600 mil personas. Masivas asambleas han respondido a la patronal. Pero en vez de la huelga general de todo el sector metalúrgico, la burocracia de la CUT y Fuerza Sindical impulsó huelgas escalonadas a partir de la última semana de mayo. Un frente de ruptura del acuerdo patronal-gubernamental-sindical, sin embargo, se ha abierto.

Como luchas estudiantiles y, principalmente, agrarias, siguen en curso, de lo que se trata es de apuntar una perspectiva de conjunto, señalar la completa corrosión del régimen burgués en el Brasil (incluida la barbarie policial), defender la lucha del pueblo y la nación boliviana contra el chantaje y las amenazas de Petrobrás-Repsol, marcar a fuego el pro-imperialismo del PT y la centroizquierda en general, plantear la unidad revolucionaria y socialista de América Latina. Al servicio de esa agitación política y programática debería estar la intervención de la izquierda revolucionaria en la campaña electoral. 

Fuente: lafogata.org