Latinoamérica

Néstor Restivo
Clarín

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, dijo anoche que "no hay puertas cerradas" en Bolivia para el sector privado, que tras "2 a 3 meses de auditorías" vendrá la negociación real con cada petrolera para que se adecuen al nuevo marco legal, y que era esperable su reacción adversa,"tanto como la algarabía que sintió el lunes el pueblo boliviano".

Soliz Rada, abogado y periodista enrolado en la izquierda nacional latinoamericana, exiliado en Argentina en los años 70 (trabajó en La Opinión), habló en exclusiva con Clarín vía telefónica desde La Paz.

—¿Cómo encarará la negociación con las empresas?

—Desde la semana que viene iremos hablando con cada una de ellas, pero la negociación real vendrá después de las auditorías, que tomarán entre dos o tres meses. O sea, de 180 días, la mitad se irán en auditorías.

—¿Cómo evalúan la reacción que tuvieron las petroleras?

—Hasta ahora es la esperada. Está en los márgenes previstos. Lo del presidente de Repsol y su tristeza era obvio, tan obvio como el regocijo que sintió el 1ø de mayo el pueblo boliviano. Sabíamos que habría reacciones adversas. Lo mismo esperábamos de gobiernos como los europeos o Estados Unidos. Pero vemos el futuro con gran optimismo. No hay puertas cerradas.

—Sorprendió el rol del Ejército en el control de los pozos.

—Hubo dos razones. Una que, como en cada intervención fue un fiscal de campo de YPFB y otro del Ministerio público, con actas para levantar, la presencia militar servía como factor disuasivo para prevenir eventuales reacciones contrarias, por ejemplo que no los dejaran entrar a fiscalizar los campos. Pero hasta ahora por suerte no ocurrió nada de eso. La otra razón fue que la algarabía que sintieron los movimientos populares y sociales también se extendiera a las FF.AA. Esa fue la decisión del gobierno.

—¿Se habló con otros gobiernos antes de tomar la medida?

—Fue una decisión soberana, digna, aunque Evo Morales obviamente tiene diálogo con los presidentes del Mercosur, como lo tuvo el sábado con Hugo Chávez y Fidel Castro en Cuba.

—El decreto de nacionalización habla de utilidades de 82% para el Estado y 18% para los operadores de grandes pozos. Pero a la vez sugiere continuar con el 50/50 que estableció la reciente Ley de Hidrocarburos. ¿Lo puede explicar?

—El 18/82 es provisional y atañe sólo a dos megacampos, San Alberto y Sábalo, operados por Petrobras. De allí sale 70% del gas que va a San Pablo y parte del que va a Argentina. San Alberto fue descubierto por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que hizo su primer pozo productivo. Nos consta que ahí Petrobras no gastó nada y hace años amortizó sus inversiones. Es más, según nuestros cálculos, aun si hubiéramos decidido 10% de utilidades para Petrobras y 90% para el Estado, igual seguirían gozando de tantas ganancias como tienen en otras zonas.

—¿Ya van a aplicarlo?

—Primero haremos auditorías en los dos campos, al cabo de lo cual habrá tres escenarios: dejar la relación 18/82, subirla o bajarla si vemos que hubo una mala estimación. Y si hubiéramos exagerado el cálculo, devolveremos a Petrobras lo cobrado de más.

—¿El resto de los campos sigue con la relación 50/50?

—No es tan exacto: hay yacimientos pequeños o marginales que no resistirían esa proporción. Para ellos, lo que quedará en manos del Estado podrá ser menos. Pero hoy ya no hay contrato en Bolivia donde YPFB no tenga el 50 más 1 del negocio. Sólo como último recurso, si no acepta, se confiscará.

—¿Y también se determinará con las auditorías?

—Sí, las haremos en todos los campos.

—A diferencia de Brasil, que depende mucho del gas boliviano, Argentina importa apenas 3 o 4% de su consumo a Bolivia. Pero está el tema precio. Argentina les paga 3,18 dólares el BTU. Y en otros lugares del mundo se paga de 7 a 10 dólares. ¿A cuánto quieren cobrarlo?

—Lo que puedo decir es que venimos conversando con el gobierno argentino y que en los próximos días discutiremos la cuestión precios.    

Fuente: lafogata.org