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Latinoamérica
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Sobre el decreto de nacionalización de Bolivia
Preocupación esclarecedora
Editorial de Gara
Buena parte de los gobiernos europeos y la propia Comisión Europea han
reaccionado con preocupación y muestras más o menos contenidas de desagrado ante
la decisión del Gobierno boliviano de recuperar el control sobre sus
hidrocarburos. Se trata de una alarma que esclarece de manera nítida el código
de valores y el orden de prioridades de estos gobiernos, incluidos aquellos que
se dicen de izquierda. Porque, como ha aclarado el portavoz de energía de la
Comisión Europea, Ferrán Tarradellas, la medida adoptada por el Gobierno
boliviano no va a tener impacto en al seguridad del suministro de hidrocarburos
a la Unión Europea, cuyos estados apenas importan una cantidad «insignificante»
de petróleo de aquel país y ninguna de gas.
Ni las autoridades comunitarias ni los gobiernos europeos pueden estar tampoco
preocupados por la legalidad del decreto. No cabe hablar de «inseguridad
jurídica» como hizo Javier Solana. En primer lugar, la decisión está avalada por
la propia Constitución de Bolivia. Además, está respaldada mayoritariamente por
los bolivianos, no sólo porque en su día auparan al poder a Evo Morales, que ya
incluía este punto en su programa electoral, sino porque en el referéndum
vinculante celebrado el 18 de julio de 2004, nada menos que el 92,2% de los
votos válidos respondieron sí a la pregunta: «¿Está usted de acuerdo con la
recuperación de todo los hidrocarburos en la boca de pozo para el Estado
boliviano?».
Si la medida adoptada por el Gobierno boliviano no afecta al suministro de
hidrocarburos a la Unión Europea, es perfectamente constitucional y cuenta con
el respaldo abrumadoramente mayoritario de los propios bolivianos y bolivianas,
¿por qué están preocupados y enfadados los gobiernos europeos y las autoridades
comunitarias? Lo explicó el portavoz de la Comisión Europea Johannes
Laitenberger: «La medida afecta a ciertas empresas europeas». Ahí está el quid
de la cuestión, que el código de valores y el orden de prioridades de los
gobiernos europeos antepone salvaguardar los intereses de las empresas a los de
los bolivianos y que confunden los intereses de esas mismas empresas con los de
sus países. Ninguno de estos gobiernos se mostró contrariado mientras las
empresas incumplieron las condiciones de decretos anteriores ni los principios
de la Constitución boliviana. Sólo lo hacen ahora, cuando ven que estas empresas
privadas pueden perder una parte de sus beneficios, obtenidos en gran medida, no
se debe olvidar, de no respetar la legalidad de Bolivia. -
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